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La solución a esta crisis: ni gubernamental ni marchante
La solución a la crisis evidenciada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no puede venir de la clase política, pues ha demostrado consuetudinariamente su ineptitud para llegar a ella. La sociedad civil organizada tampoco hemos sido de gran ayuda y no hemos ofrecido alternativas que incidan y transformen al Estado.
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28 de octubre, 2014
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Por: Javier Berain (@javierberain)

No me sentía así de mal desde que una mañana de marzo de 2010 cuando no pude entrar por la puerta por la que normalmente ingresaba a la universidad debido a que personal de limpieza tallaba la sangre del piso de dos ejecutados al interior del Tec de Monterrey. No me sentía tan mal desde que el Estado mexicano asesinó a dos de mis compañeros para posteriormente ocultar de manera torpe y burda la aplastante realidad. No me sentía tan desamparado como ciudadano desde aquella mañana en la que Rafael Rangel Sostmann, rector en aquél entonces, se puso del lado del gobernador Rodrigo Medina y del presidente Felipe Calderón y abandonó los cuerpos fríos de Jorge y Javier mientras se les acusaba de “narcotraficantes abatidos”. No me sentía tan extraviado como estudiante desde aquella vez en donde la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey enmudeció y aún cuando la verdad salió a la luz permaneció inerte y del lado de la corrección política.

Hoy vivimos en un país diferente. Nos tomó cuatro años y 90,782 homicidios dolosos no responder de la misma manera como sociedad. Los sucesos acontecidos en Tlatlaya, en donde el ejército mexicano ejecutó extrajudicialmente al menos a doce personas una vez que estaban sometidos, ya no recaen en una sociedad como la de 2010. La complicidad del gobierno de Eruviel Ávila no es tolerada de la misma manera que la de Rodrigo Medina en 2010.

El caso de los 43 desaparecidos en Iguala representan exactamente todo lo que está mal en este país; la colusión del crimen organizado en nuestras policías, la herencia de puestos de elección popular, el entramado de relaciones de complicidad entre los partidos políticos, la impotencia del ciudadano común para incidir en la cosa pública. Iguala es la gota que derramó el vaso, un vaso que se llenó gracias al aumento de homicidios, secuestros y extorciones derivados de una fallida política de seguridad iniciada por un gobierno panista y continuada por el actual gobierno priista. “Fuimos sorprendidos” dice el PRD sobre las acciones de José Luis Abarca después de admitir que lo postularon sólo por la necesidad de ganar elecciones a pesar de los rumores sobre nexos con el narco. Quizá fueron sorprendidos también por el actuar de Ángel Aguirre, de conocimiento público es que mientras siendo gobernador interino de Guerrero 11 campesinos fueron asesinados por el ejército en El Charco. El gobernador interino aquella vez no hizo nada, tal vez su cálculo político en Iguala fue business as usual.

Hoy los tres partidos principales han tenido comportamientos similares en los últimos años en cuanto a atropellar derechos humanos con nulo remordimiento de conciencia; qué decir de acciones de responsabilidad política o social. Empiezo a sospechar que los otros partidos no se han comportado así no por ser mejores sino porque no se les ha dado la oportunidad de gobernar. Me inunda un sentimiento de querer rescatar el lema de la crisis del 2001 en Argentina: “Que se vayan todos”.

La solución no puede venir de la clase política, pues ha demostrado consuetudinariamente su ineptitud para llegar a ella. Tengo que confesar que la sociedad civil organizada tampoco hemos sido de gran ayuda y no hemos ofrecido alternativas que incidan y transformen al Estado. Grandes movilizaciones por sí mismas tampoco generan los cambios sistémicos tan deseados para desterrar los problemas sistémicos de este país, su horizontalidad genera amplia convocatoria, pero aún no hemos podido aterrizarlos en proyectos que logren lo anterior.

El 77.7% de los mexicanos creemos que los problemas de la sociedad se deben resolver con participación de sociedad y gobierno, no tengo claro cómo se debe operar la participación de unos y otros, pero me queda claro que el tiempo se está agotando y rápido. La reforma política debió haber abierto espacios a la participación política de los ciudadanos, en lugar de ello nuestro Congreso la cercenó y la hizo inoperante para miles de mexicanos sin acceso a estructuras corporativistas. Las puertas se cierran y la presión social aumenta. Este pacto social ya no da para más y avanzamos peligrosamente hacia el estado natural del que nos hablaba Hobbes.

Insisto, la solución no vendrá sólo del gobierno, como tampoco vendrá solamente con las marchas. Como país necesitamos empezar una conversación que acabe con un modelo de democracia procedimental y apenas representativa a una en donde movimientos sociales como los que hemos visto surgir en los últimos años se conviertan en movimientos transformadores del Estado. Comulgo con el mensaje de @rexiste: “Fue el Estado”. Lo que no veo es al Estado, del cual formamos parte usted y yo, surgir con una solución a este problema. Ayotzinapa no se resuelve con la remoción de un gobernador inepto, Ayotzinapa se resuelve con cambios sistémicos, cambios que incluyan a usted y a mi en la forma que se gobierna este país.

 

*Javier Berain estudió Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey, trabajó en el área de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es Director de Arena Ciudadana.

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