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Las propuestas de EPN: Derechos Humanos
Por Arena Ciudadana
8 de agosto, 2012
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Por: Melissa Cedillo (@MeliCedilloM)*

Todo sistema político que se asuma como democrático debe tener contemplado dentro de sus prioridades, el fortalecimiento de los Derechos Humanos como eje rector de su gestión. La protección a las libertades fundamentales y la garantía del acceso a bienes, servicios y situaciones propicias para el desarrollo integral de los habitantes de un país están fuertemente ligados al principio de justicia, equidad, representatividad y garantía de libertad que los gobiernos deben asegurar.

Algunos puntos propuestos en Derechos Humanos por Enrique Peña Nieto engloban aspectos jurídicos y de perspectiva en torno a la garantía institucional, es decir, se orientan a la ejecución y aplicación de tratados internacionales, leyes y procedimientos legales. Es como si al candidato o a los partidos que representa, se les olvidara que en México, el problema no es la existencia de leyes o tratados ratificados, sino la aplicación, ya que sus propuestas no atienden cuestiones operativas y estratégicas.

Una de las propuestas que resaltan es la reglamentación al artículo 29 constitucional, la cual podría ser un arma de doble filo, ya que la declaración de condiciones excepcionales puede dar pie a una serie de violaciones a derechos humanos. Por otro lado, si la ley secundaria que se propone es extensiva y se conjuga con otras reformas, incluso de leyes castrenses –la acotación del fuero y los juicios militares-, podría ser una medida que limite las facultades del ejército y la marina y un paso hacia la protección de la sociedad. Esto no deja de lado la obligación que tiene el Estado en torno a la investigación pasada o reciente de los casos de violaciones a los derechos fundamentales.

Otro asunto que menciona de manera general, es la revisión de programas y propuestas ya implementadas cuyas directrices sean los DDHH, pero no hace referencia específica a cuáles programas y/o políticas públicas, cómo y en cuánto tiempo estarán listas para volver a ejecutarse con los cambios pertinentes. Además, esta medida no expone proyectos nuevos, ni considera la naturaleza dinámica de los derechos de acuerdo con los estándares internacionales, por lo que adolece de directrices claras para planes a futuro.

Issa Luna, Luis Zavala, Ricardo González, Margarita Torres, Tania Arroyo y Dora García, expertos que evaluaron con 4.7 las propuestas de EPN en Derechos Humanos para Arena Electoral, coincidieron en que es importante hacer una revisión profunda sobre la problemática y las posibles vías de solución. Argumentaron que de ello depende la elaboración implementación de programas y políticas públicas adecuadas a las necesidades y el contexto de las poblaciones objetivo, que sean viables y con metas objetivas y medibles, que aterricen los ideales y trasciendan a los enunciados de buena fe y las típicas promesas retóricas.

Las propuestas de Enrique Peña Nieto son pocas y muy generales en comparación con los puntos expuestos por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, quienes ven que el campo de acción no se restringe a cuestiones de seguridad y judiciales –como la autonomía a los ministerios públicos, la eliminación del arraigo, la presunción de inocencia, entre otras-, sino que abarcan temas de acceso a servicios de salud; salud sexual/reproductiva como la legalización del aborto; la equidad de género y protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, sexual, desapariciones y feminicidios; derechos laborales y también aquellos enfocados a los jóvenes.

En mi opinión, la propuesta hecha por la Red que más me llamó la atención fue la revisión de la política económica para garantizar derechos económicos sociales y culturales. El hecho de considerar a la política económica y la distribución del ingreso y la riqueza como una estrategia para proteger y garantizar las condiciones mínimas básicas de una vida digna me parece un verdadero cambio en la forma en que el gobierno mexicano se enfoca a los derechos humanos. Asegurar que cada habitante tenga la posibilidad real de desarrollarse integralmente es una obligación que no debe verse como una acción populista, irresponsable o demagógica, sino que es el compromiso que cada gobierno debe hacer –en equipo con su sociedad civil organizada- para enfrentar las desigualdades que atentan contra la dignidad de cada persona.

 

*Melissa Cedillo es estudiante de la Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales por el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe, parte del staff de @ArenaElectoral y activista ciudadana en la Delegación Álvaro Obregón.

 

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