Nuestros vecinos del norte no podrán comer camarón mexicano por un buen tiempo. La razón es que México sigue “buscando alternativas” para que este producto pesquero recupere la certificación para exportarse a Estados Unidos que perdió desde el 30 de abril de este año, debido a que se detectaron embarcaciones que no usaban Dispositivos Excluidores de Tortugas (DETs).
Las consecuencias que enfrenta el sector pesquero por esta situación son graves y lamentablemente afectan a todas las personas involucradas en la cadena de valor, sin distinguir a quienes sí pescan en apego a las normas ni a la pesca ribereña de camarón que, de acuerdo con las autoridades, no debió incluirse en estas restricciones.
En un comunicado conjunto entre las secretarías de Economía (SE); de Desarrollo Rural (SADER); Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), señalan que más de 63 mil pescadores mexicanos, así como 254 mil personas más, pueden verse afectadas por la medida implementada por Estados Unidos. Según datos de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, en 2020 el valor comercial de la exportación de camarón al vecino del norte fue de 264 millones 558 mil 429 dólares, esto es más de 5 mil millones de pesos.
Desde el momento en que se perdió la posibilidad de exportar, la CONAPESCA aseguró que tomaría cartas en el asunto y para el 5 de mayo anunció que se había logrado un acuerdo para seguir exportando camarón de ribera en tanto se trabajaba en recuperar la certificación del camarón de altura.
La condición era presentar antes del 1 de junio una estrategia para identificar el crustáceo por su origen, algo que no sucedió dado que apenas el 4 de agosto en el comunicado conjunto -mencionado anteriormente- las dependencias señalaron que se buscan alternativas para que se permita nuevamente la exportación del camarón ribereño. Esta comunicación un tanto contradictoria y respuestas parciales son el reflejo de la ausencia de una política pesquera integral que atienda los problemas reales de las y los pescadores.
Las alternativas para México se van reduciendo, pero el gobierno cuenta con la trazabilidad como forma de respuesta a estas situaciones. Tener un sistema que almacene toda la información de la cadena de valor del producto desde la captura hasta la exportación es la opción más viable para garantizar que la pesca de camarón, y en general todo el producto pesquero que exportamos a Estados Unidos proviene exclusivamente de embarcaciones que cumplen con la normativa.
La trazabilidad asegura también a las y los consumidores -norteamericanos y mexicanos- la legalidad de los pescados que consumen. Todas y todos tenemos derecho a consumir productos capturados sin poner en riesgo especies vulnerables o en peligro de extinción y es la autoridad quien tiene la obligación de proveernos estas certezas.
El caso del camarón es solo la punta del iceberg en el sector pesquero, es un ejemplo de los obstáculos para la comercialización de las especies pesqueras si la autoridad mexicana no actúa para garantizar la legalidad de la pesca. Es importante revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por esta administración, en donde los tres países se obligan a combatir la pesca ilegal, proteger especies en peligro y adoptar medidas para un adecuado manejo pesquero, que de no cumplir son sujetos a restricciones comerciales como las que enfrenta nuestro país ahora.
Si las autoridades pueden coordinarse para enviar un comunicado conjunto también pueden unir esfuerzos, inversión pública, capacidades y conocimientos para una política pesquera que no esté dirigida a librar emergencias sino a fortalecer al sector pesquero para que sea más competitivo y sostenible, asegurando el lugar en los mercados que se merecen las pescadoras y pescadores que obedecen la ley, así como garantizar que los productos que consumimos son legales, capturados con artes que no vulneran especies en peligro. La implementación de una política de trazabilidad nos puede llevar ahí.
* Mariana Aziz (@marianaaziz) es directora de las campañas en Transparencia de @OceanaMexico.
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