La negligencia del gobierno de México con relación al recurrente tema de la pesca ilegal tiene al sector pesquero, una vez más, con la amenaza de un embargo comercial.

Esta vez el foco no es el Alto Golfo, la vaquita, ni la totoaba; tampoco son las tortugas del Golfo de Ulloa ni el tiburón Mako. Esta historia ocurre en Playa Bagdad, Tamaulipas, donde la frontera con Estados Unidos empieza, o termina, como se le quiera ver.

El resumen de la historia es sencillo. Desde hace años, por lo menos desde 2015, pero seguramente mucho antes, pescadores ribereños de México salen de este puerto tamaulipeco y entran a aguas norteamericanas a pescar, principalmente huachinango y tiburón. Las autoridades federales de Estados Unidos y estatales de Texas intentan detenerlos, pero los pescadores a menudo los ven venir y logran regresar al lado Mexicano de la frontera a tiempo.

Las pangas mexicanas no siempre logran escapar. En 2016, la Guardia Costera de Estados Unidos capturó 35 embarcaciones pescando ilegalmente de su lado. En 2017, fueron 33. En 2018 la Guardia Costera abrió 51 expedientes con este tipo de casos.

Estas incursiones son noticia cotidiana en Texas, donde la pesquería del huachinango es una de las más importantes. Lo que más irrita a las autoridades estadounidenses es el grado de reincidencia. La misma Guardia Costera ha reportado que existen individuos que han sido detenidos más de 20 veces desde 2014. Los detienen, los regresan, consiguen otra panga y regresan.

¿Cómo sabemos esto?

El Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde se aloja la autoridad pesquera (NOAA Fisheries) tiene que realizar un reporte cada dos años al Congreso Federal de ese país sobre las mejoras existentes al manejo pesquero internacional, incluyendo el combate a la pesca ilegal. En ese reporte, la NOAA también lista los países que ha identificado como culpables de llevar a cabo actividades de pesca ilegal. Estas identificaciones pueden y han llegado a ser la base para que el gobierno americano ponga sanciones comerciales a un país.

El reporte más reciente de este tipo salió el 19 de septiembre. En él, la NOAA identifica por actividades de pesca ilegal a Ecuador, Corea del Sur y a México. El caso citado para identificar a México es precisamente el de la pesca ilegal de embarcaciones mexicanas en aguas de Texas.

Para ser claros, un reporte de este tipo no tiene como consecuencia automática un embargo. Sin embargo, reportes y conclusiones de este tipo sí han conducido a sanciones comerciales en el pasado.

Esto sería suficientemente grave por sí solo. Aquí la situación es agravada por dos factores:

• El reporte de NOAA señala que el gobierno de México ha sido identificado por este mismo fenómeno en DOS ocasiones anteriores, en 2015 y 2017.
• Este es el primer reporte que NOAA hace al Congreso en la era de Trump, una administración notoriamente propensa a usar las sanciones comerciales, incluso contra sus aliados. México ya ha sufrido esto en carne propia con la crisis migratoria.

Este reporte debería ser una alarma mayor. Debería movilizar al gobierno a actuar. Sin embargo, hay pocas razones para ser optimistas. Los reclamos del sector pesquero por el desbordamiento de la pesca ilegal en Campeche, Yucatán, Sinaloa y Oaxaca no han cesado y han topado con pared en la CONAPESCA.

¿La respuesta del gobierno? El presupuesto propuesto para CONAPESCA para 2020 es 35 % menor al de 2019. Las embarcaciones de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA están paradas porque no hay para gasolina. La austeridad de esta administración no considera prioritaria la lucha contra la pesca ilegal.

¿Qué es lo que está en riesgo?

Un embargo pesquero de Estados Unidos a México podría ser catastrófico para un sector ya muy golpeado, que le da empleo a 300,000 mexicanos y alimento a muchos millones más. Según cifras de la misma NOAA, en 2018 las exportaciones pesqueras a Estados Unidos sumaron 627.7 millones de dólares. La gran mayoría de estas exportaciones son enviadas por productores responsables y trabajadores, que hoy ven en riesgo su patrimonio y actividad por la negligencia del gobierno.

Si quedan dudas sobre la gravedad y el alcance de un embargo, basta con preguntarle a los empresarios atuneros que, 20 años después, siguen sin poder exportar a Estados Unidos.

Luchar contra la pesca ilegal es complicado, complicadísimo. Es un reto para todos los gobiernos del mundo y nadie espera que el gobierno mexicano resuelva en un año los problemas que se vienen fraguando hace 25.

Lo que sorprende y entristece es que este gobierno ni siquiera parece querer intentar.

* Pedro Zapata (@pedrobisonte) es Vicepresidente de Oceana México, la organización internacional más influyente centrada en la conservación de los océanos, la protección, restauración de los mares del mundo y en cambios de política pública para aumentar la biodiversidad y la abundancia de la vida marina.