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Por Oceana México
ATARRAYA publica temas sobre océanos, diversidad marina, protección y restauración de los mare... ATARRAYA publica temas sobre océanos, diversidad marina, protección y restauración de los mares de México, así como temas de la agenda pública del sector pesquero nacional. Twitter: @OceanaMexico (Leer más)
La pesca a tres años de gobierno de AMLO
La pesca ilegal es la mayor amenaza para las y los pescadores, pero también para la salud de los océanos. Es un problema tan grande, que incluso rebasa las facultades de la autoridad pesquera y requiere de la coordinación de diversas dependencias.
Por Renata Terrazas
14 de julio, 2021
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De la pesca viven alrededor de 300 mil familias de manera directa. Todas ellas dependen de la pericia de quienes salen a pescar, pero también de las decisiones y acciones del gobierno federal. Porque por buenos que sean los pescadores, hay problemas que no se resuelven desde la panga.

A tres años de la administración de López Obrador tenemos muy pocas cosas que celebrar en materia pesquera: perdimos la certificación para exportar camarón a Estados Unidos; enfrentamos un embargo pesquero por la pesca ilegal que amenaza a la vaquita marina, una especie endémica de México; pescadores enfrentan una pandemia sin apoyo institucional. y la pesca ilegal crece.

En este contexto, la pesca ilegal es la mayor amenaza para las y los pescadores, pero también para la salud de los océanos. Es un problema tan grande, que incluso rebasa las facultades de la autoridad pesquera y requiere de la coordinación de diversas dependencias.

Eliminar la pesca ilegal es un clamor de quienes se dedican a la pesca. Desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, la demanda es la misma. El impacto que tiene la pesca ilegal al bolsillo de los pescadores es bastante significativo y se refleja con menos peces en el mar y precios más bajos de los productos, colocándolos así en una situación de competencia desleal.

Según la FAO, a nivel mundial la pesca ilegal representa una pérdida de 10 a 23 mil millones de dólares anuales, y representa aproximadamente el 20% de las capturas. Para México no hay un cálculo sobre el impacto económico, pero sí una estimación de la extensión de la pesca ilegal. Según un informe de 2013, casi la mitad de la producción pesquera es de origen ilegal.

Este problema afecta a los pescadores con permiso, que ven disminuida su captura porque es extraída por pescadores que realizan la actividad sin permiso, en épocas de veda, en áreas marinas protegidas o de forma ilegal; pero también afecta su competitividad, sobre todo cuando hablamos de exportaciones.

La pesca ilegal también pone en riesgo la exportación a los países de mayor importancia en el mercado internacional y de nuestros principales socios comerciales en materia pesquera, como lo son Estados Unidos, la Unión Europea y próximamente Japón, ya que solicitan que se demuestre la legal procedencia del producto.

Sin embargo, por grave que sea, la pesca ilegal no pueden resolverla los pescadores solos. Tampoco ésta se resuelve con programas sociales ni subsidios. Lo que se requiere son acciones concretas por parte de la autoridad para castigar esta práctica y cerrarle la puerta del mercado mexicano.

Al problema más grave que enfrentan las y los pescadores habría que responderle con la misma dimensión por parte del Estado mexicano. Pero hemos visto lo contrario, una disminución de los recursos destinados a la inspección y vigilancia a la autoridad pesquera. Un ejemplo son los subsidios entregados a pescadores para realizar actividades de inspección y vigilancia, pasaron de 63 millones en 2018 a cero desde 2019 1.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado 2 que las acciones de inspección y vigilancia son insuficientes y no cubren las áreas de pesca ni siquiera en temporada de veda, se carece de un diseño programático, no se lleva registro de las acciones de inspección y vigilancia, y la coordinación entre las distintas  autoridades es mediocre.

Al abandono de las acciones para combatir la pesca ilegal, esta administración ha optado por apostar por transferencias económicos a través del programa Bienpesca. Sin embargo este programa, que consta de pagos por 7,200 pesos anuales por pescador, no sustituye las acciones coordinadas del Estado para combatir el mayor mal que enfrenta la pesca y que dificulta a los pescadores hacer su trabajo día con día.

Incluso este programa enfrenta retos en su ejecución que limitan su alcance, tal y como lo señaló la ASF en su reciente informe sobre la cuenta pública. Ahí menciona que Bienpesca enfrenta problemas de implementación, sobre todo porque falla en mantener una coordinación entre instituciones correspondientes y por controlar las transferencias económicas y a quién se destinan.

A tres años de una administración que pone primero a los pobres le ha hecho falta reconocer que en la pesca ha fallado. Quedan aún tres años en los que, con voluntad política del presidente; del titular de la SADER, Víctor Villalobos, y del comisionado de CONAPESCA, Octavio Almada Palafox, pueden sentarse las bases de los cambios que protejan esta actividad y aseguren el sustento de las más de 300 mil familias que dependen de la pesca, no solo por medio de transferencias directas, sino por medio de políticas de aseguren que quienes se dedican a la pesca puedan realizar su trabajo, cerrándole la puerta a la pesca ilegal por medio de acciones concretas como una política de trazabilidad, asegurando la sustentabilidad y la existencia en el futuro de especies pesqueras con políticas de restauración.

@OceanaMexico

 

1 Causa Natura, Pescando Datos, Subsidios Pesqueros 2011-2020, disponible aquí.

2 Auditoría de Desempeño: 15-5-08100-07-0350-350-DE

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