5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año
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5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año

Cuando se cumple un año de la toma del Capitolio, un comité del Congreso continúa recopilando información en una gran investigación para determinar qué pasó y cómo se llegó a ese momento.
6 de enero, 2022
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Ha pasado ya un año desde que una turba de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio de EE.UU. en un intento por frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El recuento más completo de los eventos que llevaron a ese día y de lo que ocurrió durante esa jornada todavía se está recopilando: es la misión de un comité especial de la Cámara de Representantes del país creado para ese fin.

El comité, compuesto por siete miembros del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano, se estableció después de que fracasaran diferentes intentos para crear una investigación independiente.

El comité tiene una tarea titánica: hasta el momento ha acusado a 275 personas de intentar impedir que el Congreso llevara a cabo la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.

Además, ha acusado a más de 300 personas por crímenes menores, que incluyen invasión de una propiedad del gobierno federal y conducta desordenada.

Según miembros del comité, la mayoría de aquellos que han sido contactados han accedido a cooperar.

Sin embargo, unos cuantos de los más cercanos a Donald Trump se han resistido. Han argumentado que poseen privilegios ejecutivos, un principio legal que protege las comunicaciones informales entre los presidentes y sus asesores.

Hasta el momento dos de ellos, el hombre de confianza de Trump Steve Bannon y el exjefe de gabinete Mark Meadows, han sido citados por la Cámara de Representantes acusados de desacato al Congreso.

Bannon enfrentará un juicio penal este año. Otros, como el exasesor de Trump Roger Stone y el exaliado de Trump Alex Jones han invocado la quinta enmienda de la Constitución (la cual defiende el derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse) para no responder preguntas sobre su papel en el levantamiento.

Hay una serie de vacíos y preguntas clave que el comité está buscando responder. Aquí hay algunas de las más urgentes.

1. ¿Qué tan involucrada estuvo la Casa Blanca en la organización de las manifestaciones del 6 de enero?

Bennie Thompson, el presidente de la investigación del Congreso, recientemente mencionó algunos de los elementos que su comité está tratando de entender sobre las marchas que ocurrieron en Washington DC y que precedieron al ataque al Capitolio.

Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con estos eventos, al igual que el tipo de comunicaciones que tuvieron organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso”, dijo.

Uno de esos organizadores, el activista conservador de ultraderecha Ali Alexánder, ya testificó ante el comité, y contó que estuvo en contacto con la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso con antelación.

La naturaleza exacta de esos contactos todavía no se ha revelado públicamente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un discurso el 6 de enero de 2021

Getty Images
Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio durante una manifestación el 6 de enero de 2021.

El testimonio público inicial de Alexánder ante el comité puso algo de la culpa de lo que pasó ese día sobre los líderes de Women for America First (“Mujeres por América Primero”), quienes organizaron el evento cerca de la Casa Blanca, donde Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio.

Además, agregó que hicieron poco por tratar de controlar la violencia y que pudieron haber estado en un hotel, a una cuadra de la Casa Blanca, “bebiendo champaña” mientras ocurría el ataque al Capitolio.

Las actividades en ese hotel, el Willard Intercontinental, han sido de particular interés para el comité del Congreso. Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giulianni, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, el locutor conservador Alex Jones y el confidente de Trump Roger Stone, son algunos de los nombres reconocidos que se vinculan con las reuniones en el hotel.

El comité indicó en su resolución de desacato al Congreso que cree que Bannon tuvo contacto directo con Trump sobre las manifestaciones del 6 de enero en al menos una ocasión. Y Jones dijo que la Casa Blanca le pidió liderar la marcha hacia el Capitolio.

El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones hablándoles a los manifestantes mediante un megáfono

Getty Images
El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones le habló a los manifestantes antes de la toma

2. ¿Tuvo alguien en el gobierno o en los círculos cercanos a Trump alguna razón para creer que el día se iba a tornar violento?

Luego de semanas de llamadas, mensajes en Twitter y batallas legales infructuosas, Trump enfocó su atención en el 6 de enero como el día clave que definiría si podría anular los resultados de la elección.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, escribió en Twitter el 19 de diciembre. “Vayan, ¡será salvaje!”.

Continuó esa línea 11 días después con otro mensaje en Twitter: “SEIS DE ENERO, ¡LOS VEO EN DC!”.

Según un reporte del diario The Washington Post, hubo amplia evidencia de que grupos militantes de ultraderecha estaban preparándose para viajar al Capitolio el 6 de enero, y que estaban siguiendo las declaraciones públicas del presidente como guía.

Las agencias federales de seguridad y el ejército, sin embargo, fueron reacios a tomar medidas más extensas para prepararse, por miedo a llamar la atención y la ira del presidente.

Una sugerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley de asegurar la capital fue descartada por ser muy provocadora. Milley, según el Post, también estaba preocupado por que las fuerzas militares desplegadas en Washington pudieran recibir órdenes contradictorias del presidente.

El 5 de enero, Bannon dijo en su podcast que llegaba una “revolución”.

El infierno se desencadenará mañana”, añadió.

Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.

Varios de los organizadores de las manifestaciones, según un reporte del sitio web de periodismo investigativo ProPublica, estaban preocupados de que el 6 de enero se tornara violento.

Y la marcha de la Casa Blanca al Capitolio generaba una preocupación particular.

Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

Getty Images
Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

“Una marcha de último minuto, sin permisos, sin la policía metropolitana que normalmente estaría allí para fortalecer el perímetro, se sentía insegura”, le dijo a ProPublica Dustin Stockton, uno de los organizadores de la manifestación de la Casa Blanca que fue citado por el comité.

Stockton quería que esas preocupaciones se le extendieran a la Casa Blanca, algo que, según cuenta, le aseguraron que sucedería.

Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo “pacífica y patrióticamente”, pero en otro punto los animó a “pelear como nunca”.

Policías protegen la Cámara de Representantes durante la toma del Capitolio del 6 de enero

Getty Images
La policía le disparó a una manifestante mientras intentaba entrar a la Cámara de Representantes

3. ¿Cómo respondió el presidente cuando el Capitolio estaba bajo ataque?

Desde la época de Richard Nixon, los escándalos presidenciales se han definido por dos preguntas: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Estas son aún relevantes en la investigación del ataque al Capitolio, pero además hay una tercera: ¿qué hizo el presidente una vez se enteró?

Gran parte de la investigación del comité se ha enfocado en tratar de entender las actividades del presidente el 6 de enero: antes, durante y después del ataque.

Es por lo que el comité ha estado enfrascado en una larga batalla legal para obtener documentos, incluyendo registros de llamadas y reuniones, notas y discursos, de los Archivos Nacionales referentes a ese día.

Ya hay algunos detalles sobre la presión que recibió el presidente para que respondiera con más fuerza cuando el Capitolio estaba bajo ataque.

La congresista republicana Jaime Herrera Beutler contó cómo el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, llamó al presidente y le urgió a que hiciera que los atacantes se fueran. Cuando el presidente objetó, la conversación se transformó en un concurso de gritos envueltos en obscenidades.

El senador republicano por el estado de Alabama Tommy Tuberville también habló con el presidente y le dijo que las cosas no estaban yendo “muy bien”, agregando que él y el vicepresidente Mike Pence estaban siendo evacuados del Capitolio.

“Sé que tenemos problemas”, respondió Trump.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows presentó al comité investigador mensajes de texto y correos electrónicos de personalidades conservadoras de TV y miembros de la propia familia de Trump, presionándolo para que el presidente hiciera una declaración televisiva y que tomara mayores acciones para frenar la violencia.

“Tiene que liderar ahora”, le escribió Donald Trump Jr. “Ha llegado demasiado lejos y esto se fue de las manos”.

“Estoy presionando fuerte”, respondió Meadows.

Agentes de policía se enfrentan con manifestantes durante los disturbios del 6 de enero

Getty Images
La batalla para retomar el Capitolio duró varias horas

Las acciones del presidente, sin embargo, son el gran agujero negro en medio de la investigación.

Si Meadows presionó, ¿cómo reaccionó el presidente? Hay reportes que indican que Trump pasó la mayor parte de esa tarde viendo televisión en su comedor privado en la Casa Blanca.

El comité ha citado a funcionarios de la Casa Blanca que pudieron estar cerca del presidente ese día y está en una batalla legal para adquirir documentos gubernamentales que le puedan ayudar a llenar ese agujero negro.

4. ¿Por qué se demoró la respuesta militar y de seguridad al ataque?

En la mañana del 6 de enero, la policía de parques de EE.UU. ya estaba enfrentándose con seguidores de Trump en el Monumento a Washington y en el Monumento a Lincoln.

A los agentes se les indicó que se mantuvieran al margen y que “solo monitorearan” la situación.

Luego de la marcha Stop the Steal (“Frenen el robo”) y del discurso de Trump, la violencia escaló.

Seguidores revoltosos de Trump atacaron a la policía alrededor del Capitolio y forzaron su entrada al edificio, donde ocuparon la cámara del Senado y saquearon las oficinas de líderes del Congreso.

Poco antes de que los manifestantes entraran en el Capitolio, el mayor General William Walker, comandante de la Guardia Nacional de DC, hizo una solicitud al secretario de Defensa interino Christopher Miller para poder desplegar sus fuerzas y manejar la crisis.

La autorización demoró más de dos horas y soldados de la Guardia Nacional no llegarían masivamente al Capitolio hasta una hora después.

Un 'marine' de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

Getty Images
Un ‘marine’ de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

El comité está buscando más pruebas de comunicaciones entre el Capitolio y el Pentágono y contactos, si es que los hubo, entre el Pentágono y funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente.

El ataque al Capitolio representó un increíble vacío en la seguridad de uno de los asientos del poder gubernamental de EE.UU., y todavía no hay una idea clara de quién carga la mayor responsabilidad.

5. ¿Qué tan seriamente consideraron el presidente y la Casa Blanca tomar medidas extraordinarias para invalidar la elección?

Una de las revelaciones más llamativas en los aproximadamente 9.000 documentos que el jefe de gabinete de Trump entregó al comité del Congreso antes de dejar de cooperar fueron correos electrónicos sobre una presentación de PowerPoint de 36 páginas que circuló en la Casa Blanca y entre republicanos en el Congreso.

El autor exacto del documento aún no ha sido determinado, pero contiene varios alegatos conocidos y ya invalidados sobre fraude electoral. Lo que es extraordinario, sin embargo, es la amplitud de sus recomendaciones.

Sugería, por ejemplo, que el presidente declarara un estado nacional de emergencia, desechara todos los tarjetones tabulados electrónicamente y pusiera fuerzas federales de la Guardia Nacional a cargo de la supervisión de un recuento manual de votos físicos en estados clave.

Tales pasos no hubieran tenido precedentes en la historia de EE.UU.

El comité también está mirando reportes según los cuales el presidente estaba presionando a su propio Departamento de Justicia para declarar la elección como corrupta, diciéndoles a funcionarios de alto rango, según las notas de uno de los participantes, lo siguiente: “simplemente hay que decir que la elección fue corrupta y dejarme el resto a mí y al congresista republicano”.

El 3 de enero, el presidente habría contemplado forzar la renuncia del fiscal general en ejercicio Jeffrey Rosen y reemplazarlo por Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general que había redactado una carta dirigida a autoridades electorales en Georgia en la que argumentaba que la victoria de Biden fue fraudulenta y los instaba a declarar a Trump como el ganador oficial.

El presidente se arrepintió cuando Rosen y funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar masivamente.

Clark, hasta el momento, se ha negado a cooperar con la investigación del 6 de enero y podría ser el próximo individuo al que citen por desacato al Congreso.

El vicepresidente Mike Pence era el objetivo final de la presión de Trump, y miembros clave de su equipo están cooperando con la investigación del Congreso.

El comité quiere saber más sobre una reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca el 4 de enero con John Eastman, un profesor de leyes de la Universidad Chapman que creía que Pence podía descartar los resultados estatales de las elecciones y declarar a Trump presidente.

O, al menos, demorar la certificación de los resultados hasta que las legislaturas estatales controladas por los republicanos pudieran tomar acciones para apoyar a Trump.

Según reportes de noticias, la presión para descartar los resultados de las elecciones continuó durante la noche del 6 de enero, cuando Eastman le informó al asesor legal de Pence que todavía tenía tiempo para negarse a certificar la victoria de Biden, incluso mientras en el Capitolio persistía el olor a gas lacrimógeno y aún había vidrios rotos tras la insólita jornada de violencia.


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Cuartoscuro

Caso Odebrecht: Lozoya ofrece 37 pruebas para demostrar su inocencia; Anaya obligado a comparecer el lunes

Entre las pruebas del exdirector de Pemex figuran 22 exfuncionarios de Pemex y Odebrecht que la defensa busca que testifiquen en el juicio. En el caso de Anaya, la FGR buscará que se le encarcele de manera preventiva.
Cuartoscuro
28 de enero, 2022
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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, respondió formalmente a las acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa por el caso Odebrecht. El exfuncionario negó que se haya enriquecido ilegalmente con sobornos de la empresa brasileña, y ofreció al juez 37 pruebas para sostener su defensa en el juicio.

La declaración de Lozoya y la lista de pruebas (entre los que figuran testimonios, documentos y peritajes) fueron enviadas por escrito al juez Artemio Zúñiga esta semana de acuerdo con autoridades judiciales. Con ello la defensa cumplió con el requisito de fijar su posicionamiento respecto a la acusación presentada en diciembre por la fiscalía, y en la que pide sea llevado a juicio, se le declare culpable, y se le impongan las penas máximas que en conjunto suman hasta 39 años de cárcel.

Lo que sigue ahora es que el juez cite a las partes a la audiencia intermedia para que, tanto fiscales como abogados defensores expongan verbalmente su caso, y descubran las pruebas con las que cuentan. Dicha audiencia representa, además, la última oportunidad para el exdirector de Pemex de lograr un acuerdo o buscar una pena reducida. De no hacerlo el juez ordenará que el caso se vaya a juicio.

Por ley, la audiencia intermedia debe realizarse en un periodo de 10 a 20 días después de que la defensa responda a la acusación, lo que en este caso ya ocurrió. Por eso, se prevé que la audiencia intermedia de este proceso abierto bajo la causa penal 261/2019 se lleve a cabo a finales de febrero o principios de marzo.

En su acusación, la Fiscalía sostiene que Emilio Lozoya Austin habría recibido hasta nueve millones de dólares de transferencias provenientes de la constructora Norberto Odebrecht S.A. a través de diversas empresas fantasma constituidas en paraísos fiscales, y con cuentas en bancos europeos.

De esos recursos, al menos seis millones de dólares que se transfirieron al exfuncionario federal fueron sobornos directos que tenían la finalidad de lograr contratos con Petróleos Mexicanos en favor de la constructora. Dos millones de dólares se le pagaron al exfuncionario antes de que asumiera el cargo, y el resto una vez que ya dirigía la empresa del estado y fueron ocurriendo las adjudicaciones.

La Fiscalía también cuneta con declaraciones de directivos de Odebrecht que aseguran que en 2012 transfirieron hasta 4 millones de dólares a Lozoya. Estos recursos se habrían destinado, según los funcionarios brasileños, para apoyar la campaña del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto.

En respuesta a estas acusaciones, autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que Lozoya envió un escrito en el que se reserva el derecho de presentar los argumentos en su defensa hasta el momento en que se realice la audiencia intermedia, aunque con ello ratifica que no acepta haberse enriquecido para beneficio propio con recursos ilegales de la constructora brasileña.

Las pruebas de Lozoya

Para sostener su versión, el exfuncionario del gabinete del expresidente Peña Nieto ha ofrecido una lista de 37 pruebas en su descargo. Se trata de evidencias que de ser aceptadas en la audiencia intermedia tendrá que ser presentadas en el eventual juicio.

De estas 37 pruebas, 22 corresponden a testimonios de exdirectivos de la constructora brasileña y funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. Por orden judicial, estas personas estarán obligadas a presentarse y testificar ante el tribunal de juicio oral que sea asignado para este caso.

A ellos se suman ocho pruebas documentales que la defensa también ha ofrecido. Entre dichos documentos, indicaron las fuentes consultadas, se encuentran las actas de las sesiones del consejo de administración de Pemex en las que se aprobaron los proyectos que se asignaron a la constructora brasileña. Con ello Lozoya busca reforzar la idea de que la decisión contratar a Odebrecht fue colegiada y no decidida por él.

Las siete pruebas de descargo restantes corresponden a peritajes en diversas materias, cuyos detalles se abundarán en la audiencia intermedia. Si se considera necesario, y los fiscales lo requieren, los expertos responsables de dichas pruebas periciales también podrían ser llamados a comparecer al juicio.

Anaya contra la pared

El excandidato presidencial del PAN y exdiputado federal, Ricardo Anaya Cortés, deberá comparecer el próximo lunes 31 de enero a las 9 de la mañana ante un juez de control del Reclusorio Norte para que la FGR le de a conocer la imputación que existe en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

La acusación en contra del panista se desprende de la denuncia que hiciera Emilio Lozoya en la que sostiene que recursos provenientes de la constructora Odebrecht se habrían utilizado para sobornar a legisladores de oposición –entre ellos Anaya– con la finalidad de que apoyaran la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto.

En noviembre del año pasado el juez responsable del proceso en contra de Anaya, Marco Antonio Fuerte Tapia, le ordenó al excandidato que se presente personalmente al juzgado, luego de en anteriores ocasiones se le permitió comparecer a distancia, pero sin obedecer la instrucción de que tenía que hacerlo desde algún sitio en Ciudad de México.

Hasta ahora dicha determinación se mantiene, aunque debido a la contingencia sanitaria desatada por la variante ómicron del COVID-19 (que ha contagiado al 30% del personal judicial en el Reclusorio Norte) el juez analizará si de último minuto le permite conectarse virtualmente.

Si la decisión de que acuda personalmente se mantiene y Anaya no se presenta, el juez anunció desde la audiencia pasada que autorizará a la FGR para que “busque los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias”. Autoridades de la fiscalía adelantaron a este medio que lo que se solicitaría es una orden de aprehensión en contra del exfuncionario, pues desde el año pasado tienen documentado que dejó el país y no ha regresado.

En caso de que el Ricardo Anaya se presente voluntariamente a la audiencia y sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan, autoridades ministeriales confirmaron que solicitarán que se le imponga el encarcelamiento preventivo durante todo el tiempo que dure el proceso, bajo el argumento de que es la única medida factible para garantizar su presencia ante el juez y que no intente darse a la fuga.

En agosto de 2021 Ricardo Anaya anunció que se exiliaría del país tras ser notificado de que se había un proceso penal en su contra y que sería citado ante el juez. Aunque el exfuncionario ha sostenido en repetidas ocasiones que es inocente y que las acusaciones de Lozoya son contradictoras y carecen de fundamento, el panista dijo que se trataba de una persecución política y que la única opción para poderse defender adecuadamente era no ser detenido.

“En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando…”, dijo en ese momento Anaya Cortés.

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