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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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AFP

Corridas de toros: Congreso de la CDMX discute abolir una tradición de 500 años

En México solamente cuatro estados mexicanos prohíben las corridas: Sonora, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo. Otros siete las protegen como patrimonio cultural.
AFP
Por AFP
21 de febrero, 2022
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Después de cinco siglos, las corridas de toros podrían quedar desterradas de la Ciudad de México por una iniciativa parlamentaria que confronta las tesis del maltrato animal y el derecho de las minorías.

Aunque el debate no es nuevo en la ciudad –que alberga la plaza de toros más grande del mundo, para 50 mil espectadores–, es la primera vez que el Congreso local vota a favor de prohibir la fiesta brava.

Solo falta una votación en el pleno, sin fecha establecida, tras el aval en diciembre pasado de la Comisión de Bienestar Animal, que al mismo tiempo abrió un diálogo con los afectados.

Equiparando su causa con la de la comunidad LGBTI o por la despenalización del aborto, los taurinos afirman que se vive una “época de respeto a las minorías” y al “libre pensamiento”.

“¿Dónde cabe la palabra prohibir?”, dice a la AFP Rafael Cué, cronista y miembro de Tauromaquia Mexicana, que reúne a aficionados, criadores, matadores y empresarios taurinos.

Lee más: Diputados discutirán con gremio taurino antes de prohibir corridas de toros en CDMX

La CDMX es también un baluarte progresista, pionera en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto legal, además del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho y trato digno, según la constitución local de 2017.

Tauromaquia Mexicana cuestiona si “poderes públicos” pueden imponer “opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos”.

“Se podría, de esta forma, prohibir la interrupción legal del embarazo o del matrimonio igualitario”, alegó en un comunicado.

Proponen que las iniciativas que buscan abolir los espectáculos donde los animales reciben maltratos hasta morir sean debatidos desde una perspectiva de “libertades” y no de “gustos, modas o lo políticamente correcto”.

Los toros son animales, no cosas

Para el diputado izquierdista Jorge Gaviño, promotor de esas leyes en el Congreso local, el argumento taurino asume que “los animales son cosas” e ignora conceptos como el “derecho difuso”, donde actos como el maltrato en un espacio público impactan a una comunidad.

“A mí me afecta de manera indirecta cuando matan y lesionan a un animal ‘sintiente’ en una plaza pública para diversión. Está afectando mi convivencia en sociedad, entonces tengo la obligación y el derecho de actuar en contra de este supuesto derecho de un tercero minoritario”, apunta Gaviño.

Parte del cartel de la temporada capitalina que finalizó el domingo, Juan Pedro Llaguno, torero mexicano de 22 años y nieto de criadores, relata que “muchísimas veces” ha matado animales que conoce desde que nacen, algo que define como “una sensación divina”.

“Tener el privilegio de poderlo torear es lo más bonito que hay porque lo conozco desde chiquito y por fin puedo llegar al ruedo con él a crear algo inolvidable, algo inexplicable”, comenta a la AFP.

Llaguno subraya que el toro bravo “nace para ser lidiado” y morir en la plaza. “Es la forma de despedirse de la vida dignamente, con el público reconociendo su bravura”.

Cuatro estados mexicanos prohíben las corridas: Sonora, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo. Otros siete las protegen como patrimonio cultural.

Te contamos: Congreso de Quintana Roo prohíbe las corridas de toros y las peleas de gallos

Debate Regional

Pero Gaviño, del partido PRD, asegura que “científicamente se puede comprobar” que el animal sufre durante la lidia.

En su defensa, los taurinos también reivindican el valor económico de la industria de bovinos de espectáculo en México: en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos, según datos del sector corroborados por la Secretaría de Agricultura.

Gran parte de este derrame se produce en la capital, si bien 80% de los festejos ocurren en pueblos del resto del país, señala Cué.

Aunque abierto a buscar alternativas para quienes dependen de los toros, Gaviño considera inadmisible que “situaciones económicas” trunquen la prohibición.

Para que entiendas mejor: Congreso de CDMX aprueba en comisión prohibición de corridas de toros

El debate sobre las corridas se extiende a países de la región como Venezuela, de larga tradición taurina. Jueces prohibieron festejos en dos estados en diciembre y enero, mientras el fiscal general, Tarek William Saab, tilda estos eventos de “matanzas públicas”.

También cursa un proyecto de ley que prohibiría espectáculos con maltrato animal.

En junio de 2020, Bogotá decidió prohibir el maltrato y muerte del toro en las corridas. En contraste, el máximo tribunal de Perú rechazó ese mismo año abolirlas.

Los otros países donde están permitidas son España, Francia, Portugal y Ecuador, aunque en este último varias ciudades, incluida Quito, proscribieron en 2011 la muerte del toro en el ruedo.

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