El mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en EU
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Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Te explicamos qué estados serán los primeros en limitar la interrupción del embarazo ahora que se anuló Roe vs. Wade, en cuáles existe ya legislación que la restringe y cuáles han actuado para fortalecer o ampliar el acceso al aborto.
24 de junio, 2022
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Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo.

Ahora, revocada Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica.

Los primeros que se prevé que prohíban o restrinjan el aborto son los 17 estados señalados en este mapa:

Mapa estados Estados Unidos con leyes gatillo, de activación o desencadenantes para restringir el aborto.

BBC

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadas leyes desencadenante ogatillo:

  • Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Conocidas también como leyes de activación, fueron diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:

  • Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el procedimiento.

Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.

Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor, limitarían el aborto a partir de:

  • La concepción: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.
  • La sexta semana: Carolina del Sur, Georgia e Iowa.
  • La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Mapa estados Estados Unidos con leyes en vigor para restringir o prohibir el aborto.

BBC

La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado.

Desde entonces, la llamada “ley del latido” prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

No contempla excepciones para los casos de incesto o violación, aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.

Inspirada en esa legislación, Oklahoma aprobó en mayo una aún más restrictiva, la más limitante del país hasta el momento: prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto.

Y ahora, con las “leyes gatillo” que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.

Tres excepciones

En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo, o a los casos de violación o incesto.

Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.

Manifestantes marchan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir protección al derecho al aborto el 28 de mayo de 2022 en Washington DC.

Getty Images

Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto.

Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.

Sin embargo, estas leyes estatales no hacen excepciones para las víctimas de violación o incesto:

  • Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

El senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.

Mujer con un cartel durante una marcha antiabortista en Dallas, Texas, el 15 de enero de 2022.

Getty Images

Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron “la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé” y que ahora se oponen al aborto. “Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble”, dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la “ley del latido”.

Por su parte, la legislación de Misisipi —que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wadepermite poner fin a la gestación en casos de violación pero no especifica el incesto.

Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para salvar la vida de la mujer, solo la de estos estados citan la protección de su salud (“evitar un daño físico severo a la madre”):

  • Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, “el estado médico” o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.

Protección al aborto

Paralelamente, hay estados que se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año.

Una activista proaborto y una antiabortista fuera de una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York el 4 de junio de 2022.

Getty Images

De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:

  • Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:

  • California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Estos continuarían brindando el procedimiento no solo a las mujeres de su jurisdicción, sino a aquellas provenientes de territorios en donde esté prohibido.

Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la “ley del latido” entró en vigor han tenido que rechazar “cientos, miles de pacientes porque no son elegibles”, mientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.

Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el incremento era ya de un 800% en comparación con ese mismo periodo en 2020.

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

Perfil promedio de quien aborta

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.

En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.

Perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento.

Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.

En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.

Gráfico perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

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IIRCCC

En 15 años disminuyeron más de la mitad cargos públicos de carrera y aumentaron designaciones: informe anticorrupción

El informe sostuvo que el combate a la corrupción ha fracasado por varios defectos de implementación, principalmente procrastinación para equipar al Sistema Nacional Anticorrupción, así como por simulación en el cumplimiento de normas y exceso de burocratización en los procesos administrativos.
IIRCCC
16 de junio, 2022
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La profesionalización de los puestos en la administración pública federal se ha estancado, pues de 2005 a 2020 los cargos de carrera se redujeron más de la mitad al pasar de 41 mil 164 plazas potenciales a 20 mil 599. 

En cambio, solo entre 2018 y 2020 hubo un aumento de 106 mil 877 plazas entre personal eventual, de honorarios y las clasificadas como “régimen de contratación no especificado”.

Esta es una de las advertencias que halló el Informe sobre el combate a la corrupción en México, realizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC). 

Mediante solicitudes de información y estadísticas de 10 entidades públicas, el estudio comparó el tipo de plazas otorgadas en la administración pública, donde destacan los aumentos y las disminuciones de personal bajo la discrecionalidad y el juicio de quienes toman esas decisiones en el gobierno. 

El informe sostiene que el reclutamiento y el acceso al servicio público no han correspondido con la ley, ni a la evaluación de competencias y méritos.

“La gran mayoría de las plazas de la APF (Administración Pública Federal) no cuenta con controles públicos suficientes para que las decisiones de entrada, ascenso, evaluación y salida de quienes desempeñan funciones públicas, respondan a criterios objetivos basados en la competencia y el mérito. Y debe añadirse que, sobre la base de los datos públicos disponibles, tampoco el SPC (Servicio Profesional de Carrera), pese a su modesta dimensión (apenas el 1.3% del total de los puestos públicos federales), ha sorteado por completo esas carencias”, sostiene el documento.

El informe señala que la existencia de un cuerpo estable de funcionarios públicos no solo aporta a la objetividad y la transparencia de los procedimientos de entrada y salida de las personas servidoras públicas, para evitar el riesgo de la captura política, sino también al uso de otras herramientas de profesionalización que garanticen su competencia. 

En este aspecto, el estudio advierte que, aunque hay un esfuerzo para la impartición de cursos para las personas servidoras públicas, no se pudo verificar “la conexión de sentido entre el diseño de esas herramientas de capacitación y el perfil específico de los cargos públicos a las que van dirigidas”. 

Leer más | México mejora calificación en índice de corrupción pero sigue como el peor de la OCDE

Opacidad, incertidumbre y discrecionalidad en el uso de recursos públicos

El estudio también advierte que persisten grandes áreas de opacidad que impiden conocer con certeza en qué se utilizaron los recursos, pese a las recomendaciones que año con año emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Como ejemplo, destacó las fallas en los procesos de contratación que hace el gobierno.

“Las debilidades y la falta de transparencia respecto a este asunto no son, ni remotamente, nuevas, sino que han sido señaladas reiteradamente por las autoridades de fiscalización —y por la academia, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los partidos políticos y los medios de comunicación—. Empero, en 2020, el 88.3% de las contrataciones totales se llevaron a cabo mediante procedimientos distintos al de la licitación pública: 79%, por adjudicación directa, pese a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala claramente que este es un procedimiento de excepción, al igual que la invitación a cuando menos tres personas, que únicamente deberían aplicarse bajo circunstancias extraordinarias perfectamente fundamentadas y motivadas. De otra forma, no pueden garantizarse las mejores condiciones de compra para el gobierno”, insistió.

Impunidad en casos de corrupción 

Los autores del estudio señalaron que, además de la impunidad en los casos de corrupción, hay un laberinto jurídico en la investigación y sanción a servidores públicos que cometen estos actos. 

“Se advierte que en 2020, se abrieron 32,406 expedientes pero solo se sancionó a 30 personas servidoras públicas. De otra parte, de las 2,831 carpetas de investigación que fueron abiertas en 2020 por presuntos delitos de corrupción, 2,211 fueron ineficaces para imponer sanciones y solo se judicializaron”, reveló el informe.

Destacó que, en 2017 y 2019, el volumen de expedientes abiertos por faltas administrativas pasó de 28 mil 942 a 99 mil 801, y a diferencia de 2020, cuando hubo más de 32 mil expedientes y 30 sancionados, en aquellos años se sancionó a 218 personas. 

Fracaso en el combate a la corrupción

El informe sostuvo que el combate a la corrupción ha fracasado por varios defectos de implementación, principalmente procrastinación para equipar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); de simulación, en el cumplimiento de normas que tienen relación con designaciones, presupuesto e información pública, así como de un exceso de burocratización en los procesos administrativos.

“A la luz de la evidencia que hemos reunido en este informe podemos afirmar que, para combatir la corrupción, ya no es necesario modificar las normas jurídicas que están vigentes sino cumplirlas a cabalidad: lo que ha fallado no es el diseño de las instituciones —algunas de ellas, ejemplares para el resto del mundo— sino el cumplimento de sus cometidos”, afirmaron los autores del estudio.

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