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A dónde irá el dinero y quién elegirá a los beneficiarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

El nuevo director del Instituto asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
26 de mayo, 2019
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La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.

Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.

El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.

El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).

“Así se va a llamar”, reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas”, dijo.

Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.

Presentación de bienes a subasta

Gobierno de México
El presidente López Obrador y el nuevo director del Indepuro, Ricardo Rodríguez, presentaron algunos bienes que serán subastados.

“El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito“, dice Rodríguez a BBC Mundo.

“Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas”, añade.

Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de “populista” y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.

Lamborghini Murciélago a subasta

La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.

El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).

La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.

Un auto puesto a subasta

EPA
Las autoridades confían en que algunos bienes sean subastados al doble del precio base.

Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.

El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).

Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Camionetas de lujo y vehículos blindados están entre los bienes en posesión del gobierno actualmente.

En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.

¿A dónde irá el dinero?

En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como “populismo”.

https://twitter.com/fmartinmoreno/status/1131208755427840000

Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había “discrecionalidad” de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.

“A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación”, responde Rodríguez a los críticos.

“Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes”, añade.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Comunidades de Oaxaca podrían recibir al menos US$1,45 millones de la venta de autos de lujo.
Vehículos puestos a subasta

AFP
Los autos más baratos a subasta son los “escarabajo” de Volkswagen, cuyo precio inicial será de unos US$520.

López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.

Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas “que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.

Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.

Una casa confiscada

Gobierno de México
Una mansión en el sur de Ciudad de México tiene un precio base de alrededor de US$4 millones.

Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.

¿Quién elige a los beneficiarios?

El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.

El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos “clientelares” con fines electorales.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1130114887063965698

El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera “colegiada” en un “gabinete del bienestar” conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.

“Será la decisión de todos”, afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.

Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.

“Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social”, defiende Rodríguez.

“Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá”.


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Cuartoscuro Archivo

Juez autoriza prórroga de tres meses para resolver caso Lozoya

Esto a unas horas de que se agote el plazo para que la Fiscalía presente la acusación en su contra. La defensa argumenta que continúa negociación con FGR para tratar de conseguir un criterio de oportunidad que aún no logran.
Cuartoscuro Archivo
5 de marzo, 2021
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Un juez federal autorizó esta mañana un plazo de tres meses pedido por la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para resolver la situación jurídica de su madre, Gilda Lozoya Austin, quien junto con él se encuentra acusada de lavado de dinero por el caso Odebrecht.

Se trata de una ampliación de tiempo que también se ha solicitado para resolver la situación del propio exdirector de Pemex, aunque en su caso aun no se ha confirmado oficialmente una respuesta.

La prórroga que la defensa de los Lozoya ha solicitado tiene como finalidad ganar más tiempo para tratar de cerrar una negociación que el exdirector de Pemex lleva con la Fiscalía General de la República (FGR) en búsqueda de un criterio de oportunidad que les permita no ir a juicio. Esto a cambio de aportar pruebas que sirvan para impulsar procesos exitosos contra otros funcionarios de mayor rango.

Ver video: Ancira: Lozoya, Altos Hornos y los nexos que llevaron a su extradición

De acuerdo con datos del Poder Judicial la audiencia inició a las 10:30 de la mañana ante un juez de control del Reclusorio Norte y concluyó poco después de las 11 de la mañana. La decisión del juez fue rápida porque no hubo oposición de la FGR para que se autorizara la prórroga pedida por los abogados defensores.

El plazo anterior que el juez del Reclusorio Norte le había concedido a Lozoya vencía el próximo domingo 7 de marzo. Sin embargo, de acuerdo con autoridades consultadas por Animal Político, hasta ahora la FGR no le había concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad que ha estado buscando.

Ya que si bien Lozoya presentó una amplia denuncia contra una presunta red de corrupción que involucra a expresidentes, funcionarios y exlegisladores, hasta ahora la evidencia que aportó no ha permitido aun proceder penalmente en contra de ninguno. Las negociaciones y el análisis de datos continúan.

De no lograrse un acuerdo y dado que Lozoya ya fue vinculado a proceso desde julio del año pasado bajo la causa penal 261/2019, la FGR tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex par ir a juicio.

En ese contexto los abogados de Lozoya le expondrán al juez que amplíe el periodo de investigación complementaria del caso para agotar las posibilidades de un acuerdo o, en su defecto, para terminar de preparar su estrategia de defensa.

Cabe señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar ese periodo hasta por un máximo de seis meses más, siempre y cuando se justifique. La decisión que se tome en este caso también podría afectar el proceso en contra la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin, que al igual que su hijo está en espera de saber si va o no a juicio.

Para atender y resolver la solicitud hecha por la defensa de Lozoya, el juez convocó a una audiencia a puerta cerrada y por el sistema de videoconferencia a las 10:30 de la mañana.

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