Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa
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Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa

El gobierno de México compró en 2012 un avión que fue parte de la flotilla de pruebas de Boeing, aeronaves que casi nunca encuentran futuro en la industria. Ese hecho se suma a otros tres factores que hacen que la venta de la aeronave sea un dolor de cabeza para el presidente López Obrador.
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13 de febrero, 2020
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La venta del avión presidencial ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de México.

La aeronave ha estado en oferta desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país en diciembre de 2018. Y no ha conseguido comprador o arrendatario en el mercado aeronáutico mundial.

La última decisión del mandatario, rifarlo a través de la Lotería Nacional, también se ha visto entrampada por las restricciones legales, cargas impositivas y gastos de mantenimiento que implica ceder la aeronave a un ciudadano.

A eso se le suman varios factores que el gobierno mexicano ya conocía desde 2015, cuando ordenó un estudio de la aeronave al que BBC Mundo tuvo acceso.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, predecesor de AMLO, exploró cuánto obtendría por deshacerse de la aeronave que ya por entonces era criticada por su elevado costo.

No obtuvo buenas noticias.

Enrique Peña Nieto desciende del avión presidencial

Getty Images
El presidente Enrique Peña Nieto recibió la aeronave que fue comprada inicialmente por su predecesor, Felipe Calderón.

Y ahora, con la política de austeridad de López Obrador, la aeronave ha permanecido en tierra durante 14 meses y contando, a la espera de un comprador que se anime a adquirirla.

Varios son los factores que hacen complicada la venta o incluso la rifa del avión presidencial.

1. Fue un avión de pruebas

Desde que salió de la fábrica, el entonces N787ZA era un avión “especial”.

Boeing colocó la aeronave como parte de su “flota de pruebas” del modelo 787 Dreamliner, uno de sus desarrollos más destacados de finales de la década de 2000.

Los aviones de prueba son sometidos a extenuantes test para demostrar los límites de funcionamiento como frenado, resistencia, autonomía, detección y manejo de fallas, desempeño en condiciones extremas.

El N787ZA fue puesto bajo algunas de estas desde octubre de 2009.

Un avión de pruebas Boeing 787 Dreamliner en 2009

Getty Images
Los aviones para pruebas son sometidos a intensos exámenes de rendimiento para comprobar su fiabilidad.

5 datos sobre el avión

  • El avión es un 787 Dreamliner. Salió de la fábrica de Boeing el 20 de julio de 2009 con la clave de registro N787ZA.
  • US$218 millones. Fue el pago que el gobierno del presidente Felipe Calderón acordó por la aeronave que reemplazaría al viejo avión presidencial Boeing 757 de 1987.
  • US$530 millones. Fue el costo por el arrendamiento, operación y mantenimiento que incluyó un acondicionamiento y rediseño interior con acabados de lujo.
  • Recibió el nombre “Jose María Morelos y Pavón”, un héroe de la independencia mexicana y fue registrado como XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01).
  • 214 operaciones. Entró en funcionamiento en febrero de 2016 y fue utilizado durante dos años y 10 meses.

Ya con el avión en su poder, el gobierno de Peña Nieto solicitó un estudio de mercado a la consultora aeronáutica británica Ascend, el cual fue entregado en 2015.

De hecho, el estudio fue encargado porque el gobierno de México deseaba “explorar la opción de vender la aeronave”.

En el documento se establece que el hecho de que la aeronave fue un avión de pruebas es un factor que reduce su valor y probabilidad de venta.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El gobierno puso en operación el Boeing 787 Dreamliner para transporte presidencial en 2016.

Daniel Hall, analista sénior de Ascend explicó que el hecho de que fuera avión de pruebas “se traduce en que tiene un mercado más limitado“.

“Muchas aerolíneas con flotillas del Boeing 787 no estarían interesadas en incluir este ejemplar ‘atípico'”, explicó Hall.

“Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero este sería un mercado extremadamente limitado”.

La especificación y desempeño de la aeronave “difieren significativamente de los Boeing 787-8 que se producen actualmente”, por lo que no ofrece las ventajas de los nuevos Dreamliner.

Los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y exhibiciones, y Boeing reconoció que “no tenían valor comercial” por “la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas” que requerían, informó Airways Magazine.

Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016 por el fabricante y su costo fue absorbido por la empresa. El sexto es el que compró México.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El avión que compró el gobierno de México fue parte de la flota de prueba de los 787 Dreamliner de Boeing.

Su valor de mercado para enero de 2016, según el estudio de Ascend, era de entre US$158 millones y US$174 millones, dependiendo del estado de vida útil de sus componentes principales: fuselaje, motores, tren de aterrizaje y unidad auxiliar de potencia.

2. Es un avión muy personalizado

Cuando López Obrador iniciaba su campaña para la presidencia de México, aparecía en un anuncio en televisión y radio prometiendo vender el avión que “no lo tiene ni Obama”.

Y es que a decir del entonces candidato izquierdista, se trata de una lujosa aeronave cuya compra resultaba “ofensiva” para el país en el que la mitad de la población vive en pobreza. Por tanto, prometió venderlo.

El interior del TP-01 consta de acabados finos, incluso con detalles de marmolería, en las cabinas, baños y alcoba del presidente, así como una personalización que lo convierten en un avión “bizliners”; es decir, una aeronave privada de negocios.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El interior de la aeronave fue rediseñado bajo los requerimientos del gobierno mexicano.
El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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Algunos acabados de mármol son parte de los detalles lujosos de la aeronave.

“La venta de aviones comerciales personalizados puede muy posiblemente tomar más tiempo de comercialización” al haber un mercado restringido, advirtió Ascend, por lo que toma 12 meses como mínimo su venta.

“Una configuración altamente personalizada probablemente no se venderá en su forma actual y, por lo tanto, se requerirá un descuento por el costo de readaptación o incluso para un reemplazo total. Esto también puede tener implicaciones mayores en el tiempo que tomaría vender la aeronave”, añadió.

El mercado de clientes se reduce a individuos de alto perfil, empresas privadas, compañías de vuelos chárter y gobiernos.

Ya en 2015 advertía que existía un “riesgo importante” de que no se vendiera la aeronave en 12 meses. De venderse en 24 meses, se perderían casi US$66 millones, mientras que en un plazo de 36 meses, la pérdida ascendería a US$72 millones.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El avión está dividido en cuatro zonas, incluida una alcoba presidencial.

Para enero de 2019, cuando se empezó a gestionar su venta, Ascend pronosticaba ya desde 2015 una pérdida de US$76,26 millones

3. No es de interés para aerolíneas

Reconvertirlo a un avión de pasajeros costaría hasta US$15 millones y un periodo de 18 meses para la instalación de todos los componentes necesarios.

A esto se le suma el hecho de que las aerolíneas comerciales adquieren varias aeronaves en un solo pedido a un precio más ventajoso, por lo que las opciones para el gobierno mexicano se reducen.

“Tiene un mercado más limitado”, reitera Ascend en su informe.

Plano superior del avión

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La reconfiguración del espacio interior costaría varios millones de dólares.
Avión presidencial

Gobierno de México
El avión presidencial cuenta con una elegante sala de juntas.

De encontrarse un comprador en este sector, habría una pérdida de US$128 millones respecto a los US$218 millones del costo original.

“Un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”; es decir, intentar venderlo en el mercado de “bizliners”.

Pero Ascend al final concluye que es mejor conservarlo para uso del gobierno de México.

4. Tener un avión cuesta (aunque sea regalado)

Luego de pasar más de un año en un hangar de Boeing en California, el avión presidencial volará de regreso a México en abril al no haber podido encontrar nuevo dueño.

Ante la situación, López Obrador decidió que la mejor opción será rifarlo; es decir, entregarlo a un ganador a través de un sorteo de 6 millones de boletos de 500 pesos (unos US$26) de la Lotería Nacional.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

El gobierno espera obtener al menos US$130 millones, aunque si se venden todos los boletos ingresaría unos US$160 millones.

Pero al final, el avión no será entregado: López Obrador anunció la semana pasada que la rifa solo será un sorteo de 100 premios de casi US$1 millón y que el avión permanecerá bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana hasta ser vendido.

Al ser cuestionado por qué no entregarían el avión, el presidente dijo: “Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio, que lo disfruten. Porque entonces sí (aparecerán) los memes de dónde estacionarlo”.

Y es que tener al avión en el hangar de Boeing, recibiendo mantenimiento y vuelos para que siga activo, le cuesta US$4.000 por día al gobierno, dijo López Obrador, por lo que el ganador del avión enfrentaría una carga considerable.

A ello se le suma que la ley de Juegos y Sorteos no permitía la entrega de bienes “en especie” ni está facultada para sortear bienes del Estado, pero el gobierno anunció que modificaría la ley para permitirlo.

Y finalmente existen cargas de impuestos federales y locales que deben cubrirse.

El sorteo servirá para “mantener el avión dos años”, pero su depreciación continuará aumentando conforme pase el tiempo.


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Cuartoscuro

Organizaciones y CNDH señalan a senadora por dictamen de salud mental discriminatorio

Organizaciones sociales y la CNDH consideran que la propuesta de Ley General de Salud Mental que se discutirá este miércoles en el Senado viola derechos de personas con discapacidad y las discrimina.
Cuartoscuro
28 de julio, 2020
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La  iniciativa para impulsar una Ley General de Salud Mental en México propuesta por el Partido del Trabajo en el Senado ha generado una serie de críticas por parte de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, pues consideran que fue hecha con recomendaciones de hace 14 años, además de permitir el tratamiento forzado y contener expresiones como “deficientes” o “enfermos mentales”, lo que es violatorio de los derechos humanos.

Será este miércoles 29 de julio cuando la  Comisión de Salud del Senado de la República discutirá la iniciativa presentada por la senadora Geovanna Bañuelos, quien ha señalado -a pesar de las críticas- que su propuesta es necesaria dado el incremento de enfermedades que afectan la salud mental por la pandemia de COVID-19, ante la “ausencia de atención” por parte del Estado mexicano.

Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado revisar el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, al considerar que vulneraría diversos artículos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

El organismo estimó que de aprobarse la ley, se desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, además de que la redacción del documento “refleja una visión anacrónica y estigmatizante, al utilizar referentes conceptuales que no resultan compatibles con las nociones actuales sobre la salud mental”.

Te puede interesar: Ley de Salud Mental que vulnera derechos de personas con discapacidad avanza en el Senado

¿Qué dice la iniciativa?

La primera versión dada a conocer del dictamen de Ley General de Salud Mental explica que su objetivo es crear una legislación para “regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población del territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

De acuerdo con el documento, algunos “factores que pueden ser causa de agravar la salud mental de las personas serían: pobreza, trabajo, educación, violencia y trauma”.

Y ubica como población vulnerable a “mujeres trabajadoras, población rural, niños y niñas en situación de calle, personas con discapacidad, menores farmacodependientes, madres adolescentes, adultos en plenitud, población indígena, población migrante, enfermos mentales delincuentes recluidos” (sic).

Estas personas, dice, deben ser “asistidas y atendidas por el Estado a través de un cuerpo legislativo único y específico que pueda atender todos los diversos factores que envuelven a la salud mental”.

Acerca de los derechos de las “personas con trastornos mentales y del comportamiento”, señala que deben tener un trato digno e incluyente por parte de las instituciones, y a acceder y recibir servicios de salud mental.

También señala su “derecho al consentimiento informado” de cada paciente respecto de su tratamiento. Aunque contempla que esto “se excepturará en el caso de internamiento voluntario, cuando se trate de un caso emergente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado”.

En estos casos, la información del paciente se brindaría “al cónyuge, padre, madre, hija o hijo mayor de edad, tutor o representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto del tratamiento que reciba la o el usuario, en caso de que sea menor de edad o incapaz”.

Los “internamientos involuntarios” solo podrían darse por prescripción médica especializada, “conforme a las mejores prácticas, cuando el usuario presente conductas o acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo, a terceros o a la propiedad, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen”.

Los egresos de centros hospitalarios de atención en salud mental solo podrían darse cuando el médico tratante considere que por mejoría de su estado mental, el paciente puede continuar su tratamiento de manera ambulatoria, o si un familiar lo solicita por escrito.

Si el paciente busca salir del hospital, tendría que recurrir la decisión del médico o de su familia ante autoridades judiciales.

Según la iniciativa, el internamiento solo procederá cuando se haya “agotado todas las opciones disponibles y menos lesivas de tratamiento”.

Cuando se realicen internamientos involuntarios, estos se darían “previa indicación de los profesionales acreditados por la Secretaría de Salud, se realizará mediante resolución judicial, en caso de que este se prorrogue por más de 72 horas. Si el internamiento es menor a 72 horas no es necesaria una resolución judicial”.

Una vez que las condiciones del paciente lo permitan, dice, “deberá ser informado de su situación de internamiento para que, en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario”.

Señala que se deberá dar asistencia social en la materia en establecimientos especializados para menores, personas en situación de calle, adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con alguna discapacidad sin recursos.

Asimismo, contempla que la Secretaría de Educación Pública (SEP) coadyuve para que los centros escolares cuenten con profesionales de la psicología del área clínica y educativa que brinden atención en salud mental, detecten y y diagnostiquen posibles trastornos mentales y de comportamiento, debiéndolos canalizar a instancias que ofrezcan atención psicológica “basada en buenas prácticas”.

Otra de sus funciones será detectar conductas que vulneren el bienestar psíquico del alumno, como posible abuso sexual, tendencias suicidas, adicciones, acoso y violencia escolar, e implementar los protocolos de actuación que atiendan la problemática y eviten la deserción y el bajo rendimiento escolar.

Lee más: Así se vive en un psiquiátrico en tiempos de COVID-19

Las críticas de colectivos y ONG

Víctor Lizama, integrante de Sincolectivo y de la asociación civil Documenta, explica que la crítica a ley se da debido a que  rompe dos principios en la legislación de la salud mental: que tienen que formularse desde parámetros internacionales de derechos humanos, y que las personas con discapacidad psicosocial deben ser tomadas en cuenta durante su elaboración y discusión, lo que, denuncian, no ocurrió en este caso.

“La Ley Bañuelos, como la hemos llamado, permite el tratamiento forzado para personas con trastornos mentales y de comportamiento, y exceptúan para esos casos el derecho al consentimiento informado. Al respecto, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU dice que estas prácticas constituyen violaciones a los derechos de libertad personal y contra la tortura”, indica Lizama.

Además, contempla los internamientos forzados, mismos que son considerados una medida ilegal y arbitraria para la relatora Especial de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

“La iniciativa está construida de acuerdo a un manual de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental de 2006, o sea, hace 14 años. Eso es previo incluso a la creación de la Convención de las Personas con Discapacidad de 2008. Actualmente existen otros parámetros para la atención en la materia, de los que la senadora y sus asesores ni siquiera conocen”.

Otro punto que preocupa a Documenta, A.C. es el de la privación indefinida de la libertad, ya que el proyecto de ley establece que los pacientes podrán egresar de los hospitales solo cuando el médico lo considere, lo que la relatoría Especial de los Derechos de Personas con Discapacidad ha denunciado como una mala práctica.

Ilse Gutiérrez, quien vive con un trastorno mental, dice que a ella y a otras personas con discapacidad psicosocial consideran que la ley discrimina y busca el tratamiento con un enfoque psiquiátrico de personas “farmacodependientes”, así como de las infancias.

Ella forma parte de el movimiento Orgullo Loco en México, donde es coordinadora. Desde hace años, a nivel mundial buscan reivindicar a las personas con discapacidad psicosocial o que se asuman como “locas”, y que se respeten sus derechos.

“Una de las cosas que estamos intentando cambiar es el estigma hacia la salud mental y hacia las personas que tenemos alguna condición psiquiátrica o de salud mental, porque se nos relaciona con el ser peligrosos”, señala.

Por ello Orgullo Loco México se pronuncia en contra de la iniciativa, que considera a las personas con discapacidad psicosocial “como peligrosa o incapaz. Este discurso es un mito, por ello queremos reivindicar nuestras condiciones, no que se perpetúen los estigmas”.

En su opinión, el proyecto de ley que será discutido debe reformarse para tener un enfoque de derechos humanos en los que la voz de las personas con trastornos mentales sean tomadas en cuenta, y se deben reformar las leyes de salud estatales, en las que también se avalan los internamientos forzados y sin consentimiento informado.

Entérate: ¿Cuántos tienen acceso a la salud mental en México?

Confrontación por cambios en el dictamen

La senadora Geovanna Bañuelos asegura que la primera versión de la propuesta de ley, que es de la que tienen conocimiento organizaciones sociales y colectivos, se modificó tras los comentarios realizados por estos grupos a los asesores legislativos.

Sin embargo, Documenta AC y Sincolectivo afirman que ellos no tienen conocimiento de cuáles fueron las modificaciones realizadas al documento, y que no los avalan.

En entrevista con Animal Político, la legisladora afirma que los grupos de la sociedad civil buscan que la propuesta no se apruebe porque se encuentran en contra de la creación de una Ley General de Salud Mental, independientemente de su contenido.

Asimismo, señala que la primera versión del documento fue modificado, y será discutido con una redacción el próximo miércoles, con las “valiosas aportaciones” de los colectivos, aunque estos no reconocen haber participado del proceso de cambios en la iniciativa.

“No es un texto acabado, todavía están opinando distintos grupos parlamentarios, distintos senadores y distintas organizaciones, Nosotros todavía estamos en la etapa de recoger esas inquietudes y perfeccionar el documento”, indica.

“Tal vez porque no se ha tenido acceso a ese documento final se ha estado generando mucha especulación, cosas que en efecto son ciertas que contiene el dictamen es que se crea una nueva ley, que nosotros sostenemos que es la ruta idónea para poder atender de manera integral y crear esta política pública en nuestro país, y el otro es el tema del internamiento, pero nosotros hemos sido cautelosos de observar los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos de personas con discapacidad”, explica.

Víctor Lizama señala que Documenta AC desconoce los cambios, y que sostiene que lo que se requiere para una mejor atención a las personas con discapacidad psicosocial es que se reforme el capítulo de Salud Mental en la Ley General de Salud vigente, pues no debe seguirse separando los temas mentales de los físicos.

“Tenemos que armonizar la legislación y favorecer la transformación de los servicios de atención a la salud mental, que estos se den en comunidad, que la persona usuaria sea partícipe de su propio proceso de recuperación, pero esta ley no está buscando eso”, concluye.

Ilse, por su parte, señala que independientemente de lo que ocurra con la iniciativa de Ley General de Salud Mental, es necesario que las autoridades de los 15 estados que cuentan con leyes locales en la materia reformen los documentos para que también ellos se encuentren armonizados con aquellos que salvaguardan los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues avalan las prácticas de tratamientos e internamientos forzados.

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