Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa
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Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa

El gobierno de México compró en 2012 un avión que fue parte de la flotilla de pruebas de Boeing, aeronaves que casi nunca encuentran futuro en la industria. Ese hecho se suma a otros tres factores que hacen que la venta de la aeronave sea un dolor de cabeza para el presidente López Obrador.
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13 de febrero, 2020
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La venta del avión presidencial ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de México.

La aeronave ha estado en oferta desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país en diciembre de 2018. Y no ha conseguido comprador o arrendatario en el mercado aeronáutico mundial.

La última decisión del mandatario, rifarlo a través de la Lotería Nacional, también se ha visto entrampada por las restricciones legales, cargas impositivas y gastos de mantenimiento que implica ceder la aeronave a un ciudadano.

A eso se le suman varios factores que el gobierno mexicano ya conocía desde 2015, cuando ordenó un estudio de la aeronave al que BBC Mundo tuvo acceso.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, predecesor de AMLO, exploró cuánto obtendría por deshacerse de la aeronave que ya por entonces era criticada por su elevado costo.

No obtuvo buenas noticias.

Enrique Peña Nieto desciende del avión presidencial

Getty Images
El presidente Enrique Peña Nieto recibió la aeronave que fue comprada inicialmente por su predecesor, Felipe Calderón.

Y ahora, con la política de austeridad de López Obrador, la aeronave ha permanecido en tierra durante 14 meses y contando, a la espera de un comprador que se anime a adquirirla.

Varios son los factores que hacen complicada la venta o incluso la rifa del avión presidencial.

1. Fue un avión de pruebas

Desde que salió de la fábrica, el entonces N787ZA era un avión “especial”.

Boeing colocó la aeronave como parte de su “flota de pruebas” del modelo 787 Dreamliner, uno de sus desarrollos más destacados de finales de la década de 2000.

Los aviones de prueba son sometidos a extenuantes test para demostrar los límites de funcionamiento como frenado, resistencia, autonomía, detección y manejo de fallas, desempeño en condiciones extremas.

El N787ZA fue puesto bajo algunas de estas desde octubre de 2009.

Un avión de pruebas Boeing 787 Dreamliner en 2009

Getty Images
Los aviones para pruebas son sometidos a intensos exámenes de rendimiento para comprobar su fiabilidad.

5 datos sobre el avión

  • El avión es un 787 Dreamliner. Salió de la fábrica de Boeing el 20 de julio de 2009 con la clave de registro N787ZA.
  • US$218 millones. Fue el pago que el gobierno del presidente Felipe Calderón acordó por la aeronave que reemplazaría al viejo avión presidencial Boeing 757 de 1987.
  • US$530 millones. Fue el costo por el arrendamiento, operación y mantenimiento que incluyó un acondicionamiento y rediseño interior con acabados de lujo.
  • Recibió el nombre “Jose María Morelos y Pavón”, un héroe de la independencia mexicana y fue registrado como XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01).
  • 214 operaciones. Entró en funcionamiento en febrero de 2016 y fue utilizado durante dos años y 10 meses.

Ya con el avión en su poder, el gobierno de Peña Nieto solicitó un estudio de mercado a la consultora aeronáutica británica Ascend, el cual fue entregado en 2015.

De hecho, el estudio fue encargado porque el gobierno de México deseaba “explorar la opción de vender la aeronave”.

En el documento se establece que el hecho de que la aeronave fue un avión de pruebas es un factor que reduce su valor y probabilidad de venta.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El gobierno puso en operación el Boeing 787 Dreamliner para transporte presidencial en 2016.

Daniel Hall, analista sénior de Ascend explicó que el hecho de que fuera avión de pruebas “se traduce en que tiene un mercado más limitado“.

“Muchas aerolíneas con flotillas del Boeing 787 no estarían interesadas en incluir este ejemplar ‘atípico'”, explicó Hall.

“Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero este sería un mercado extremadamente limitado”.

La especificación y desempeño de la aeronave “difieren significativamente de los Boeing 787-8 que se producen actualmente”, por lo que no ofrece las ventajas de los nuevos Dreamliner.

Los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y exhibiciones, y Boeing reconoció que “no tenían valor comercial” por “la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas” que requerían, informó Airways Magazine.

Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016 por el fabricante y su costo fue absorbido por la empresa. El sexto es el que compró México.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El avión que compró el gobierno de México fue parte de la flota de prueba de los 787 Dreamliner de Boeing.

Su valor de mercado para enero de 2016, según el estudio de Ascend, era de entre US$158 millones y US$174 millones, dependiendo del estado de vida útil de sus componentes principales: fuselaje, motores, tren de aterrizaje y unidad auxiliar de potencia.

2. Es un avión muy personalizado

Cuando López Obrador iniciaba su campaña para la presidencia de México, aparecía en un anuncio en televisión y radio prometiendo vender el avión que “no lo tiene ni Obama”.

Y es que a decir del entonces candidato izquierdista, se trata de una lujosa aeronave cuya compra resultaba “ofensiva” para el país en el que la mitad de la población vive en pobreza. Por tanto, prometió venderlo.

El interior del TP-01 consta de acabados finos, incluso con detalles de marmolería, en las cabinas, baños y alcoba del presidente, así como una personalización que lo convierten en un avión “bizliners”; es decir, una aeronave privada de negocios.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El interior de la aeronave fue rediseñado bajo los requerimientos del gobierno mexicano.
El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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Algunos acabados de mármol son parte de los detalles lujosos de la aeronave.

“La venta de aviones comerciales personalizados puede muy posiblemente tomar más tiempo de comercialización” al haber un mercado restringido, advirtió Ascend, por lo que toma 12 meses como mínimo su venta.

“Una configuración altamente personalizada probablemente no se venderá en su forma actual y, por lo tanto, se requerirá un descuento por el costo de readaptación o incluso para un reemplazo total. Esto también puede tener implicaciones mayores en el tiempo que tomaría vender la aeronave”, añadió.

El mercado de clientes se reduce a individuos de alto perfil, empresas privadas, compañías de vuelos chárter y gobiernos.

Ya en 2015 advertía que existía un “riesgo importante” de que no se vendiera la aeronave en 12 meses. De venderse en 24 meses, se perderían casi US$66 millones, mientras que en un plazo de 36 meses, la pérdida ascendería a US$72 millones.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El avión está dividido en cuatro zonas, incluida una alcoba presidencial.

Para enero de 2019, cuando se empezó a gestionar su venta, Ascend pronosticaba ya desde 2015 una pérdida de US$76,26 millones

3. No es de interés para aerolíneas

Reconvertirlo a un avión de pasajeros costaría hasta US$15 millones y un periodo de 18 meses para la instalación de todos los componentes necesarios.

A esto se le suma el hecho de que las aerolíneas comerciales adquieren varias aeronaves en un solo pedido a un precio más ventajoso, por lo que las opciones para el gobierno mexicano se reducen.

“Tiene un mercado más limitado”, reitera Ascend en su informe.

Plano superior del avión

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La reconfiguración del espacio interior costaría varios millones de dólares.
Avión presidencial

Gobierno de México
El avión presidencial cuenta con una elegante sala de juntas.

De encontrarse un comprador en este sector, habría una pérdida de US$128 millones respecto a los US$218 millones del costo original.

“Un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”; es decir, intentar venderlo en el mercado de “bizliners”.

Pero Ascend al final concluye que es mejor conservarlo para uso del gobierno de México.

4. Tener un avión cuesta (aunque sea regalado)

Luego de pasar más de un año en un hangar de Boeing en California, el avión presidencial volará de regreso a México en abril al no haber podido encontrar nuevo dueño.

Ante la situación, López Obrador decidió que la mejor opción será rifarlo; es decir, entregarlo a un ganador a través de un sorteo de 6 millones de boletos de 500 pesos (unos US$26) de la Lotería Nacional.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

El gobierno espera obtener al menos US$130 millones, aunque si se venden todos los boletos ingresaría unos US$160 millones.

Pero al final, el avión no será entregado: López Obrador anunció la semana pasada que la rifa solo será un sorteo de 100 premios de casi US$1 millón y que el avión permanecerá bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana hasta ser vendido.

Al ser cuestionado por qué no entregarían el avión, el presidente dijo: “Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio, que lo disfruten. Porque entonces sí (aparecerán) los memes de dónde estacionarlo”.

Y es que tener al avión en el hangar de Boeing, recibiendo mantenimiento y vuelos para que siga activo, le cuesta US$4.000 por día al gobierno, dijo López Obrador, por lo que el ganador del avión enfrentaría una carga considerable.

A ello se le suma que la ley de Juegos y Sorteos no permitía la entrega de bienes “en especie” ni está facultada para sortear bienes del Estado, pero el gobierno anunció que modificaría la ley para permitirlo.

Y finalmente existen cargas de impuestos federales y locales que deben cubrirse.

El sorteo servirá para “mantener el avión dos años”, pero su depreciación continuará aumentando conforme pase el tiempo.


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Cuartoscuro Archivo

“Me da igual que me digan egoísta por conseguir vacuna con un amparo; salud de mi hija está primero”

La decisión del gobierno mexicano de solo vacunar a menores que tengan alguna comorbilidad ha llevado a múltiples padres de familia a pelear la vacuna en los tribunales.
Cuartoscuro Archivo
17 de octubre, 2021
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Afanasiev Arellano, docente veracruzano, vacunó el jueves 14 de octubre contra la COVID a su hija de 14 años gracias a un amparo que le otorgó un juez de distrito. Y dice que lo tiene muy claro: le da igual que lo tachen de egoísta, irresponsable, fifí, o hasta de sátrapa, como asegura que lo insultaron en su perfil de Facebook, cuando publicó que obtuvo por medio de una abogada el permiso para acceder a la vacuna.

Ahora se siente aliviado, asegura; un poco más tranquilo, al menos, sabiendo que su hija, después de un severo encierro, podrá asistir a las clases presenciales en la escuela con mayor protección en caso de contagio.

Entérate: Gobierno publica guía de vacunación COVID para menores; contempla 44 padecimientos

“Me llamarán egoísta, como dice el Gobierno que somos los padres que ponemos el amparo. Pero por encima de todo está la salud de mi hija y de mi familia”, recalca Arellano, que es natural de Xalapa.

La idea de vacunar a su hija, narra el maestro, surgió cuando comenzaron a enterarse en su círculo familiar y de amistades de casos de niños que se contagiaron de COVID “y que sí presentaron problemas muy severos”. En ese momento, y luego del anuncio del Gobierno Federal de que solo vacunaría a un millón de menores de entre 12 y 17 años que presenten comorbilidades graves, como algunos tipos de cánceres, VIH/sida, o enfermedades congénitas, comenzó a buscar asesoría legal para conseguir la vacuna a través de los tribunales.

Fue entonces cuando conocieron a la abogada veracruzana Diana Edna Meléndez, que luego de conseguir ella misma un amparo para su hija, comenzó a ofrecer a otros padres la posibilidad de acompañar los casos de sus hijos, a cambio solo de que le sufragaran los gastos administrativos y de papelería.

Afanasiev Arellano explica que la escuela de su hija es una institución privada, con espacios al aire libre, grupos reducidos, y exigentes protocolos sanitarios. Pero aún así, considera que es un “gran riesgo” enviar a los menores sin estar vacunados a las aulas. Y por ello, decidió contratar a la abogada, que presentó la documentación del amparo argumentando que el plan de vacunación del Ejecutivo federal viola el derecho a la salud y el interés superior de la niñez.

En dos semanas, a finales de septiembre, la abogada ya tenía la respuesta afirmativa del juez para que se vacunara a la adolescente, que ya recibió su primera dosis.

“Estoy satisfecho, aunque es lamentable que uno como padre tenga incluso que recurrir a la justicia para conseguir una vacuna, y que esa decisión, además, provoque tanta polarización”, plantea el maestro, que cuenta que incluso en su círculo laboral y de amistades ha recibido reclamos por desafiar la orden del Gobierno de López Obrador de solo vacunar a niños con comorbilidades.

“Me han llamado irresponsable y egoísta, y que le estoy quitando la vacuna a un ancianito”, expone con ironía. “Y aunque les explico que incluso un juez ha dicho en el amparo que, en efecto, no hay un plan de vacunación para menores como hija, y que está vulnerable, me siguen diciendo que el Gobierno está trabajando y que hay que esperar a que las autoridades den el permiso. Pero pues yo digo que eso ya es decisión de cada uno, ¿no? -cuestiona-. Para mí, primero está la salud de mi hija. Y por eso estoy peleando por su derecho a que la vacunen ya, como a los demás”.

Marco Antonio Rodríguez Juárez, de 49 años, es padre de un hijo de 13 años. Y, al igual que Afanasiev, decidió buscar la ayuda de una abogada para recurrir al amparo cuando la vuelta a las clases presenciales ya se tornó prácticamente obligatoria en todo el país.

“Si las autoridades de educación nos están obligando a mandar a nuestros hijos a las escuelas, pues entonces deberían vacunarlos antes para protegerlos, así como ya vacunaron a los maestros”, opina el padre de familia.

El 14 de octubre, el hijo de Marco Antonio también fue vacunado con la primera dosis de Pfizer. Dice que el proceso fue relativamente rápido: entregó la documentación que le requirió la abogada y en un plazo aproximado de dos semanas, un juez de distrito ya estaba dando la orden a las autoridades de salud que le otorgaran la vacuna.

Después, esas mismas autoridades hicieron una valoración del estado de salud del menor, hicieron firmar a los padres una carta responsiva por cualquier situación que se pudiera presentar como reacción a la vacuna, y se la aplicaron como a cualquier otra persona.

“Que le hayamos ganado un amparo al Gobierno y al sector Salud para lograr la vacuna para mi hijo es un triunfo”, resalta Marco Antonio. “Ahora todos en casa estamos inmunizados. Y eso, al menos, nos da un poco más de tranquilidad”.

La señora Carmen Martínez, madre de una menor de 9 años que cursa primaria en una escuela pública de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, también busca vacunar a su hija por la vía del amparo. Aunque ella lo tiene todavía complicado, puesto que apenas el pasado 7 de octubre la farmacéutica Pfizer presentó una solicitud a los reguladores estadounidenses para que autoricen la administración de la vacuna anti-Covid a niños y niñas de 5 a 11 años.

Por ahora, tal y como publicó Animal Político el pasado lunes, la mujer solo ha podido interponer, junto a otro grupo de 15 padres y madres, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que las autoridades educativas mantengan el sistema de educación ‘híbrido’, con clases en línea y presenciales, mientras los menores no estén vacunados.

“Pero en cuanto aprueben la vacuna para niños, también voy a meter mi amparo”, asegura Carmen.

Entérate: Vacunan contra COVID a 12 menores de edad en Veracruz tras ganar amparos

Oleada de amparos

Los casos de Afanasiev, Marco Antonio, y Carmen, no son aislados. La decisión del Gobierno mexicano de solo vacunar a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que tengan probada alguna comorbilidad ha llevado a múltiples padres de familia en todo el país a pelear en los tribunales una dosis de la vacuna.

Hasta ahora, el argumento del Ejecutivo federal para no vacunar a todos los menores es que los contagios en niños y adolescentes durante la pandemia ha sido pequeño, con un porcentaje menor al 10%, según expuso el pasado 7 de octubre Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien criticó que los padres que se amparan tienen “una visión extremadamente individualista”, pues recurrir a esta figura legal, dijo, le quitaría la vacuna a otra persona con mayor riesgo ante el virus.

El presidente López Obrador también criticó en su conferencia mañanera de ese mismo 7 de octubre que detrás de los amparos para conseguir vacunas “hay una campaña” orquestada e intereses de las grandes farmacéuticas.

Sin embargo, el número de personas que están recurriendo a esta figura legal está aumentando a un ritmo vertiginoso. El pasado 25 de septiembre, el propio López Obrador anunció que sumaban 250 demandas de amparo en 19 entidades del país. Pero la abogada Diana Edna Meléndez considera que esa cifra ya quedó muy rebasada en estados como Veracruz, donde calcula que ya van más de mil demandas. Tan solo ella, expone en entrevista con Animal Político, lleva amparados a la fecha a 70 menores, de los que 38 ya fueron vacunados y 14 de ellos ya con una segunda dosis.

Y para los próximos días, la abogada espera que esa oleada vaya incluso en aumento, luego de que el miércoles 12 de octubre un juez ordenó al Gobierno Federal vacunar contra COVID- 19 a todos los menores de 12 a 17 años, incluyendo a los que no tienen enfermedades graves, y a modificar incluso la Política Nacional de Vacunación. Una decisión que también fue criticada por López Obrador, que dijo que la vacunación a menores no estará determinada por “intereses de una persona o un grupo” y que la decisión del juez “no es definitiva”.

Por su parte, la abogada Diana Edna Meléndez explica que en los amparos que promueve está litigando “la discriminación de los menores, ya que no los incluyeron dentro del plan de vacunación”.

“En el artículo 1 de la Constitución queda muy claro que no se puede discriminar a nadie por raza, orientación, edad, etcétera”, explica la letrada. “Y además, como son niños los que están vulnerables por esta decisión de dejarlos sin vacuna, también estamos alegando el interés superior de la infancia, que está protegido por instancias internacionales”.

Como resultado, expone Meléndez, la mayoría de los jueces están otorgando los amparos, con el argumento de hacer valer la Constitución y el derecho a la salud de los menores. Aunque también apunta que hay distritos, como el de Orizaba, también en Veracruz, donde los jueces se han mostrado más reacios a conceder los amparos, al igual que en el estado vecino, Puebla.

En cualquier caso, Diana Meléndez dice que ante la creciente demanda de padres buscando la vacuna por la vía del amparo, y ante una posible saturación del sistema de justicia por este tema, lo ideal sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomara cartas en el asunto, “para que resuelva que todos los niños tienen derecho a una vacuna, y que esto presione al Gobierno para ampliar el esquema de vacunación a esta población infantil”.

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