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Cómo es la poco conocida relación de México y Bolivia (y qué pasará con el exilio de Evo Morales)

México y Bolivia han tenido siempre relaciones de bajo perfil. Ahora muchos se preguntan cuál es el futuro de este vínculo tras el asilo al expresidente Evo Morales, y la crisis de gobierno en ese país sudamericano.
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18 de noviembre, 2019
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Históricamente Bolivia es un referente lejano para la mayoría de los mexicanos. Pero desde los últimos días ya no es así.

El país de América del Sur se convirtió en uno de los temas más importantes para México.

El asilo político otorgado al expresidente Evo Morales provocó una intensa controversia, y también roces diplomáticos con el nuevo gobierno de Bolivia.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada por las autoridades bolivianas, e inclusive la mandataria interina Jeanine Áñez declaró que los mexicanos “me dan pena” por conceder el refugio.

También cuestionó que se permita al exmandatario mantener su actividad política.

“México tendría que exigirle a Evo Morales que cumpla con los protocolos de asilo, y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está” dijo la presidenta. “Eso es verdaderamente vergonzoso”.

Jeanine Áñez

Getty Images
Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia: “Me dan pena los mexicanos”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las críticas. La Constitución mexicana, advirtió, garantiza la libertad de expresión al expresidente.

En este escenario, muchos se preguntan cómo ésta crisis puede afectar la relación entre ambos países.

La relación

Hasta ahora el impacto es poco porque en realidad la relación entre ambos países siempre ha sido de bajo perfil, e inclusive muchos en México desconocen cómo son esos vínculos, coinciden especialistas consultados por BBC Mundo.

Desde 1867 cuando establecieron lazos diplomáticos la relación entre ambos países ha sido “simbólica”, explica Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Para México, Bolivia generalmente es algo poco relevante en términos comerciales y políticos” dice a BBC Mundo.

Por ejemplo desde 1995 existe un acuerdo mutuo de libre comercio, pero el intercambio de mercancías es menor en comparación con otras naciones.

Bolivia

Boris Miranda
Bolivia vive una intensa crisis interna.

En 2018 la balanza comercial entre los países fue de sólo 37 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En ese mismo período el intercambio de México con Estados Unidos, su principal socio comercial, ascendió a 97.148 millones de dólares.

Tampoco existe una afluencia turística importante. Por ejemplo, en lo que va de este año alrededor de 17.000 bolivianos han viajado a México.

Esta cantidad representa el 10% de los visitantes de América del Sur según informes del Instituto Nacional de Migración (INM).

La clave es Evo

Los números son una cara del peso de Bolivia para México y la política exterior que aplicó durante más de 30 años, coinciden especialistas.

Algo que empezó a cambiar con la elección del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió recuperar el vínculo con los vecinos del sur.

“Con su victoria hubo un cambio importantísimo, una suerte de vuelta de tuerca en una dirección más fuerte en materia de política exterior”, indica Loza Otero.

Evo Morales

BBC
Evo Morales dice que volverá a Bolivia.

Un elemento central en este camino fue el gobierno del entonces presidente Evo Morales, con quien el mandatario mexicano mantiene una afinidad ideológica, señala Adolfo Laborde, investigador de la Universidad Anáhuac.

“No había un gran impulso de la relación México-Bolivia hasta que se da el cambio de la 4T” o Cuarta Transformación, como se conoce al movimiento de López Obrador.

“Se da la coyuntura y empieza a haber espaldarazos de Evo hacia el presidente de México y viceversa” dice Laborde a BBC Mundo.

Pero no está claro el tipo de acercamiento que empezó a construirse con Bolivia, dicen especialistas. “El tema es más político que económico o de un lazo histórico” advierte Laborde.

El investigador de Flacso coincide. “En realidad es un acto simbólico. Tiene que ver en cuánto se alinea México en un discurso internacional bolivariano”.

“O también en cuánto elige un discurso que sería más coherente con su postura de no intervención, parecido al que tuvo con Venezuela”.

Loza Otero se refiere al momento en que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de ese país.

AMLO

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López Obrador cambió la política exterior de México.

El gobierno de AMLO, como se conoce al presidente en México, mantuvo el reconocimiento a Nicolás Maduro como mandatario venezolano, y llamó a una solución pacífica al conflicto interno.

En todo caso el debate actual de algunos mexicanos sobre Bolivia no se refiere a ese país sino a Evo Morales, especialmente en la coyuntura que representa el gobierno de López Obrador.

“Representa un líder con grandes aciertos económicos que le dio pluralidad a Bolivia, representación a los campesinos, indígenas y mujeres” asegura Laborde.

Algo que en la actual administración se pretende rescatar para México. “Pero de eso a que Bolivia sea un marco de referencia, no. Podemos hablar de Evo, más allá de eso no“.

El futuro

En este escenario muchos se preguntan cuál será la relación con el gobierno interino de Jeanine Áñez.

Bolivia

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La crisis en Bolivia puede intensificarse, dicen especialistas.

Algo que se ve complicado y no sólo por las críticas de la mandataria boliviana, advierte Adolfo Laborde.

“Son dos regímenes opuestos, hay un viraje claro en Bolivia, se fractura lo que se había cosechado en los últimos 14 años como las alianzas regionales”.

El canciller Marcelo Ebrard dice que México “no vería con buenos ojos” a un gobierno que no emane de un proceso democrático y constitucional.

Y al mismo tiempo la presidenta Áñez reconoce que por lo pronto no se comunicará con López Obrador.

Por su parte, la canciller en funciones, Karen Longaric, cuando el periodista de la BBC Will Grant le preguntó si afectaría las relaciones de su país con México el exilio de Evo Morales, respondió: “Le transmití a la embajadora de México en Bolivia que estábamos muy dolidos por la actitud del señor López Obrador que estaba alentando una base operativa política desde su territorio para desestabilizar un gobierno constitucional de carácter transitorio en Bolivia”.

Karen Longaric

Getty Images
La canciller en funciones de Bolivia, Karen Longaric.

Y agregó: “lamentamos mucho que una institución como el asilo político, que históricamente México la ha respetado como uno de los pilares de los derechos que tiene el individuo, México la ha destruido, la ha vilipendiado. Yo me pregunto qué dice el pueblo mexicano, ¿valen más los intereses políticos de buscar intereses geopolíticos para una doctrina política, una ideología política, que el acervo histórico que tenía ese pueblo respecto a los derechos humanos y al asilo político?”.

Hasta ahora la controversia se mantiene en declaraciones. Los académicos consultados por BBC Mundo descartan que, al menos en el corto plazo, aumente la crisis.

“Realmente México podría ignorar ese tipo de comentarios” dice Nicolás Loza. “Los efectos sobre nuestra propia imagen en el mundo y del gobierno mexicano en el país no son muy relevantes”.

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Cuartoscuro

Militarización, grupos criminales y despojos provocan desplazamiento forzado en 16 comunidades indígenas

Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras.
Cuartoscuro
14 de septiembre, 2022
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En México, al menos 16 comunidades originarias viven situaciones de asedio y desplazamiento forzado, relacionadas a la militarización de la seguridad pública, la presencia de grupos criminales, paramilitares, conflictos agrarios y despojos, de acuerdo con un informe realizado por la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés).

Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras, “que viven amenazadas y en situaciones de verdadera catástrofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida a atender dichas situaciones”.

Por ello, organizaciones sociales pidieron a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary –quien estuvo en México del 29 de agosto al pasado 9 de septiembre– que tome en cuenta a esta población para la elaboración de su informe final sobre la situación del país, mismo que entregará en junio de 2023.

Las comunidades afectadas

En Chihuahua, el IPRI documentó que las comunidades de Monteverde, el Manzano, San Elías Repechique, Tehuerichi y Huitosachi han tenido que abandonar sus tierras, a causa de amenazas y el asedio de grupos del narcotráfico, a pesar de que han ganado amparos para que las autoridades los protejan y reconozcan su tenencia de las propiedades que les han sido arrebatadas.

Familias indígenas rarámuris, relataron al IPRI que tuvieron que abandonar su casa en 2014, luego de que algunos de sus integrantes fueron secuestrados y asesinados. Aunque después intentaron volver a su rancho, las amenazas constantes a través de mensajes de texto, y la presencia de hombres armados en Monteverde, Chihuahua, las obligaron a huir nuevamente, cediendo sus sembradíos de manzanos a los de mariguana y amapola.

De manera similar, en la comunidad de El Manzano, municipio de Uruachi, por lo menos 37 personas tuvieron que abandonar sus casas y pertenencias desde 2015, cuando un grupo criminal llegó a controlar el territorio para la siembra de enervantes, sometiendo a trabajo forzado a sus habitantes.

Pese a que en estos casos, como en los de Repechique, Tehuerichi y Huitosachi, los habitantes de las comunidades indígenas buscaron el apoyo gubernamental para recuperar sus bienes, según el informe del IPRI, “las autoridades han sido omisas y no hay respuestas de su parte”, aún cuando instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno emitir medidas de protección.

Indígenas tsotsiles y de la comunidad de Acteal, Chiapas, han denunciado la incursión del crimen organizado en sus comunidades, que con ataques armados han provocado asesinatos, desplazamiento forzado y el asedio constante de sus pobladores, aunque las autoridades mexicanas atribuyen dicha situación a una disputas territoriales.

En 2016, siete familias tsotsiles que vivían dentro de tierras en disputa fueron despojadas por la fuerza de 60 hectáreas de terreno, y fueron obligadas a refugiarse en las montañas, y ante la inacción de las autoridades, las agresiones se recrudecieron en las comunidades de Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro, Cotzilnam y Tselejpotobtic, situación que ha dejado como saldo varias personas heridas y asesinadas, así como el desplazamiento de otras familias.

En Acteal, defensores comunitarios han sido asesinados y viven bajo amenazas constantes de grupos cuyo interés es el control territorial de la población, así como la intimidación partidista, sin que las autoridades intervengan, por lo que el IPRI concluye que “es más factible o benéfico producir una imagen errónea de conflictos intercomunitarios que buscar alternativas al problema de fondo”.

Mientras, en Zitácuaro, Michoacán, indígenas de pueblos mazahua y hñahñu han denunciado amenazas, extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado, motivados por grupos criminales que buscan sacar ganancia de la tala ilegal de los bosques y la siembra de aguacate.

En Yucatán, la comunidad de Homún, uno de los 53 municipios dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, denuncian que viven una situación de amenaza y desprotección, debido a la instalación de una granja de cerdos que ha contaminado los cuerpos de agua con los que los pueblos indígenas guardan un vínculo espiritual.

Desde 2017, han presentado diversas acciones legales, entre ellas una denuncia ante autoridades de protección ambiental, amparos, recursos de revisión, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado una respuesta a favor de los pobladores que se quejan de los malos olores y las enfermedades causadas por los desechos de la granja que los despojó de los cenotes que cuidaban y administraban para generar ingresos turísticos.

En el caso de la comunidad de Chablekal, en el mismo estado, indígenas mayas llevan peleando desde 1927 que el gobierno los dote de tierras a través de un modelo de comunidad agraria, y no como ejido, debido a que con la creación de ejidos en tierras ancestrales se les han arrebatado terrenos que consideran suyas por tradición “desde tiempos inmemoriales”.

La situación se ha venido agravando luego de que, a final de la década de los 90, Chablekal fue alcanzada por la especulación inmobiliaria, lo que motivó la venta de tierras, la depuración del padrón ejidal y la privación de los derechos agrarios de la población con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, con el que se limitaban las garantías de los propietarios que se negaran a poner a la venta sus terrenos.

Para otras comunidades de Sonora, Guerrero y Oaxaca, el asedio y el desplazamiento forzado ha sido motivado por sus labores de defensa del territorio contra megaproyectos que buscan establecerse en sus tierras.

Desde 2010, el pueblo yaqui de Loma de Bacum, Sonora, comenzó una lucha contra la construcción de un acueducto que surtiría de agua a la capital del estado, Hermosillo. La comunidad se amparó, primero, porque no fueron consultados sobre el megaproyecto, y en 2014 contra la suspensión del mismo, pero fueron ignorados por la empresa constructora que, en 2019, consiguió un fallo a su favor para comenzar con la obra.

Además de las amenazas y asedio que vive esta comunidad debido a su lucha por la defensa del territorio, han sido obligados a abandonar sus tierras, y en algunos casos, sus habitantes han sido víctimas de desaparición.

En Oaxaca, desde el año 2006, 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, afrooaxaqueños y mestizos constituyeron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para luchar en contra de la imposición de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reyna” y el proyecto del Río Verde.

En Guerrero, por su parte, en 2003 indígenas y campesinos de municipios cercanos a Acapulco y Juan R. Escuderos, se organizaron y crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, para protestar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo, cuyo impacto negativo calculado en este momento sería contra 24 comunidades y desplazaría a más de 25 mil personas.

Leer más | Migrar y desaparecer: 25 indígenas de Chiapas desaparecieron en su camino al norte y no se les registró

Pueblos indígenas exigen reconocimiento como víctimas

En el marco de la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la especialista escuchar a las comunidades afectadas y considerarlas en su informe final, además emitieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano, para atender la problemática que se incrementa conforme los conflictos territoriales avanzan y los grupos criminales ganan terreno a lo largo y ancho del país.

Pidieron la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que actualmente se encuentra congelada en el Senado de la República, así como que se reconozca y se otorgue la calidad de víctimas sin que sea necesario que presenten una denuncia penal o que se emita una recomendación de un organismo público de derechos humanos.

Asimismo, exigieron reorientar el abordaje del tema de la seguridad pública y restablecimiento de la paz, con un enfoque integral de derechos humanos; establecer una estrategia nacional de prevención enfocada en eliminar las causas estructurales que influyen en los desplazamientos internos y cumplir con las leyes vigentes.

También solicitaron la implementación de una política pública para garantizar medidas de reparación integral, entre ellas el retorno seguro de las víctimas a sus comunidades, o la reubicación en condiciones dignas de las personas, lo más parecidas a las que tenían previo al desplazamiento.

Al concluir su visita por México, la relatora Cecilia Jiménez-Damary señaló que, aunque no hay una estadística oficial sobre el número de personas afectadas, se estima que cientos de miles han sido desplazadas internamente a causa de la criminalidad, los desastres, la minería, la tala ilegal y conflictos locales.

Jiménez-Damary subrayó que la impunidad y las fallas en el sistema de justicia y de seguridad también son factores que inciden de manera importante en el desplazamiento de personas que por temor prefieren dejar sus hogares.

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