El boom de los jóvenes que invierten en acciones a través de apps y su peligro
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El boom de los jóvenes que invierten en acciones a través de apps (y qué peligro tiene)

La bonanza de las plataformas de comercio de acciones en internet está tentando a inversores no experimentados a tomar grandes riesgos, advierten expertos.
2 de julio, 2021
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Con tiempo libre en sus manos, la londinense Andreea Ion, de 25 años, se unió a dos sitios web de comercio de acciones al comienzo de la pandemia de coronavirus.

“Mi novio y yo quedamos atrapados en este apartamento de Londres realmente pequeño, y solo pensamos que teníamos que hacer algo, o nos volveríamos locos aquí”, recuerda.

Durante el último año, inversores más jóvenes como Ion han estado inundando las plataformas de comercio de acciones en línea, incluidas eToro, Freetrade y Robinhood.

Andreaa y su novio Jamie ahora publican juntos en Instagram sobre sus inversiones.

“Estamos siendo testigos de una era en la que todos pueden comenzar a invertir y acumular riqueza con sus teléfonos con tarifas casi nulas por una transacción”, dice Ion, quien vivió en Rumania hasta los 18 años y recientemente completó una maestría en la Universidad de Cambridge .

Pero, ¿es buena esta ola de nuevos inversores?

“Hábito saludable”

Adam Dodds, director ejecutivo de Freetrade, sostiene que la participación en el comercio de acciones es algo bueno: “Lo comparo con comer sano o hacer ejercicio. Es un hábito saludable”, dice Dodds.

Ciertamente ha sido bueno para su negocio.

Los clientes registrados de Freetrade se multiplicaron por seis en 2020, pasaron de 50.000 en enero a más de 300.000 en diciembre y hasta 700.000 ahora.

Casi el 60% de ellos se describen a sí mismos como inversores primerizos, y su edad promedio es de 31 años.

Las mujeres ahora constituyen uno de cada cuatro inversores de la plataforma, frente al 13% de hace un año.

Y no es solo Freetrade. Otras plataformas han visto un aumento de nuevos clientes.

Durante 2020, Robinhood agregó 3 millones de usuarios, un aumento del 30% y eToro agregó otros 5 millones, una ganancia cercana al 40%.

Una forma en que las aplicaciones de comercio de acciones han reducido las barreras para involucrarse en la inversión es mediante la fraccionalización, lo que permite a los usuarios comprar fracciones de acciones enteras.

Por ejemplo, una participación en Tesla de Elon Musk era de US$880 en enero, aunque actualmente ronda los US$688.

Para algunos inversores, comprar una acción consumiría todos los fondos que tienen disponibles para invertir.

Por lo tanto, comprar una fracción de una acción de alto valor permite a los pequeños inversores realizar otras inversiones y distribuir su riesgo.

Adam Dodds

Freetrade
Adam Dodds, presidente ejecutivo de Freetrade describe el comercio de acciones como “hábito saludable”.

Pero esta prisa por invertir preocupa a algunas personas.

Constantin Gurdgiev, profesor de economía en el Trinity College de Dublín, Irlanda, señala que los foros de discusión en línea y las redes sociales pueden ejercer todo tipo de presión sobre los inversores sin experiencia.

Es posible que se los persuada más fácilmente para que se unan a una manada de inversores y se apresuren a comprar una acción sobrevaluada, por ejemplo, o la percepción de costos más bajos podría alentarlos a comerciar más de lo necesario.

La gestión y el análisis de riesgos fracasan y el miedo a perderse algo se hace cargo, dice el profesor Gurdgiev.

“La investigación muestra que un mejor acceso a la negociación y la percepción de menor costo que ofrecen estas plataformas conduce a una toma excesiva de riesgos y a una negociación excesiva por parte de los inversores minoristas”, argumenta.

Para algunos, el comercio puede incluso volverse adictivo, señala.

En esta nueva era de negociación, también han surgido las denominadas acciones de memes, o acciones de Reddit: ésta es una acción que se ha convertido en un foco de intensa atención en las redes sociales.

El minorista de videojuegos, GameStop, es quizás el ejemplo reciente más conocido.

En enero, el precio de sus acciones subió un 1.500% de $ 17,25 a $ 483, luego de que los contribuyentes a un foro de Reddit llamado wallstreetbets alentaron a los inversionistas a comprar.

Constantin Gurdgiev

C GURDGIEV
El profesor Gurdgiev dice que las nuevas apps de inversión podrían alentar tomar riesgos excesivos.

“Sobre las acciones de memes, creo que las veremos de nuevo, para ser honesto”, dice Lewis Harding, un joven de 23 años de Leeds, Inglaterra, que bloguea sobre sus inversiones.

Él cree que los inversores deberían de pasar por una capacitación gratuita después de registrarse en una plataforma de negociación, antes de que puedan comenzar a operar.

La ola anterior de los llamados inversores minoristas surgió en la década de 1990, inicialmente en Estados Unidos.

Los corredores de Internet en línea como E*Trade y Ameritrade aparecieron en servicios como CompuServe y America Online.

Sus comisiones, de alrededor de US$5 a US$7 por operación, eran significativamente más bajas que las de los corredores de bolsa establecidos en el momento de abrir el mercado a los inversores más pequeños.

Muchos de los lotes actuales de aplicaciones comerciales en línea han reducido estas comisiones comerciales hasta cero, abriendo las puertas a nuevos inversores que no tienen mucho dinero.

Pero ha habido críticas a la forma en que las aplicaciones comerciales obtienen ganancias. Para muchas de esas aplicaciones, implica algo llamado pago por flujo de pedidos.

WallStreetBets

Getty Images
El foro de wallstreetbbets en Reddit creó un frenesí de inversión en GameStop.

Robinhood, con sede en Estados Unidos (quizás la más conocida de las nuevas plataformas de negociación), y otras, venden sus pedidos a firmas más grandes llamadas creadores de mercado, que pagan hasta un centavo por acción para ejecutarlas.

Si bien este proceso permite que las aplicaciones ofrezcan a sus clientes comercio libre, significa que cuanto más comercian sus clientes, más de dinero de los creadores de mercado ganan las plataformas de comercio.

Por lo tanto, existe un fuerte incentivo para lograr que sus inversores operen de manera más activa, lo que no es necesariamente lo mejor para ellos.

En algunos países, incluidos Reino Unido y Canadá, el pago por el flujo de pedidos no está permitido en absoluto.

El regulador de los mercados financieros de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores, ha dicho ahora que está investigando la práctica.

También está investigando qué aplicaciones fomentan el sobrecomercio con alertas por correo electrónico, avisos y otras herramientas.

Ganancias

Entonces, ¿cómo ganan dinero las aplicaciones comerciales que ofrecen comercio gratuito en el Reino Unido, donde no pueden vender su flujo de pedidos?

En el caso de Freetrade, gana dinero vendiendo a los inversores una actualización de la plataforma gratuita a una versión premium con más funciones, dice Dodds.

“La gente sabe por lo que está pagando, no es que todo sea gratis y luego haya tarifas ocultas en el margen”, dice.

Pero argumenta que el comercio sin comisiones es importante para democratizar la inversión, es decir, abrirla a inversores más pequeños.

“Realmente no puedes invertir US$140 al mes en ocho o nueve acciones cuando pagas una comisión de US$14-16 por cada operación”, dice.

Mientras tanto, Ion y su novio esperan que invertir en acciones les ayude a mudarse de su pequeño apartamento en Londres y hacer un depósito para su primera casa.

“Nos dimos cuenta de que simplemente vivir de nuestros salarios probablemente no nos llevaría muy lejos, teniendo también en cuenta la inflación”, explica.


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Cuartoscuro Archivo

Inconstitucional, ilegal y opaco el acuerdo de AMLO sobre obras prioritarias: especialistas

“Este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”, señaló el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Ángel, Andrea Vega y Manu Ureste
23 de noviembre, 2021
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Expertos en derecho constitucional y en transparencia concluyeron que el acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el día de ayer por el que se decreta que las obras prioritarias del gobierno deben ser consideradas de seguridad nacional y agiliza permisos exprés, favorece la opacidad y además viola la Constitución.

Dicho Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), advirtieron los juristas y expertos, pretende pasar por encima de lo que establecen el marco legal vigente, motivo por el cual podría ser objeto de demandas de amparo por parte de particulares y de controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por parte de organismos o de otros poderes.

“Este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”, señaló el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.

El jurista detalló a Animal Político que dicho acuerdo rompe con varios principios constitucionales, primordialmente el principio de legalidad al pretender que un decreto establecido en un acuerdo pase por encima de normas legales vigentes.

Juan José Garza Onofre, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que un decreto no puede sobrepasar, por ejemplo, las disposiciones que establecen las leyes ambientales o de obra pública. “Si se quieren hacer estas cosas posibles tiene que legislarse, cambiarse leyes, no gobernar por decreto”, indicó.

David Sánchez Mejía, abogado y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, señala que este Acuerdo declara de interés público y seguridad nacional prácticamente todo, y al redefinir todos los proyectos y obras a cargo del gobierno, parecería que están intentando abrir una puerta para reservar la información asociada a todas estas obras.

En tanto que el artículo segundo habla de instruir a las dependencias y entidades a otorgar autorización provisional, a la presentación de dictámenes, permisos, licencias, para iniciar proyectos u obras.

“Esa autorización provisional se tiene que dar cinco días hábiles a partir de que la solicitan. Imagínate un hospital, necesitas de los planos y muchas cosas, ¿todo eso va a estar en cinco días?”, cuestionó Sánchez Mejía, quien es profesor de la materia Salud y Derecho, en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Lee: Fonatur denuncia ante FGR caso de fraude en ejidos por donde pasará el Tren Maya

Además, un acuerdo de este tipo, dijo el abogado, no puede ir en contra de las leyes que exijan obtener ciertas licencias. “Un acuerdo no puede estar por encima de las leyes y reglamentos que ya existen”, subrayó.

Sánchez Mejía también explicó que, en este Acuerdo, la autorización provisional que se emita tendrá vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, lapso en el cual se deberá dar, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

“Pero habría que ver, por ejemplo, si es que no se presenta la Manifestación de Impacto Ambiental, en algo para el Tren Maya, y empiezan la obra solo con el aviso provisional y entonces tienen un año para acabar con la selva y qué tal si estaba mal y las comunidades no se van a poder amparar porque es un hecho consumado que ya está la vía del tren”, expuso Sánchez Mejía.

“El Acuerdo limitará el acceso a la información pública”

Por su parte, la maestra en Derecho y directora de la organización Intersecta, Estefanía Vela, recordó que el artículo 113 de la ley Federal de Transparencia considera que puede clasificarse como reservada la información que comprometa la “seguridad nacional”.

“No es que en automático se clasifique la información. Se tiene que justificar, haber una prueba de daño. Pero se hará mas difícil acceder a los datos”, advirtió.

Eduardo Bohorquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, coincidió con lo expuesto por Vela: “El hecho de que decreten un tema de seguridad nacional, no significa en automático su clasificación como información reservada, pero es claro que dificulta y encarece el acceso a la información pública”.

Además, Bohorquez expuso que el Acuerdo publicado en el DOF extiende a otras dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el Fonatur, que está a cargo de la obra del Tren Maya, facultades que hasta ayer solo estaban reservadas a las fuerzas armadas para decretar que algo tiene carácter de seguridad nacional, y por tanto poder reservar la información por considerarla confidencial.

“Aunque hay temas procesales pendientes, como la clasificación de la información relativa a cada proyecto como ‘reservada’ o la ‘prueba de daño’ para clasificarla de ese modo, el hecho es que el acuerdo limitará el acceso a la información pública de manera ágil y oportuna”, insistió el experto en transparencia.

La noche de ayer lunes, el INAI anunció que está analizando si el Acuerdo que determina como seguridad nacional obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información y al principio de “máxima publicidad”.

Lee: Exageran, están mal, responde AMLO a la ASF sobre irregularidades en programas y obras

Aunque el organismo advirtió que, tal y como está planteado el documento, y puesto que el argumento de la seguridad nacional es una de las causales para reservar información prevista en la Ley de Transparencia, las distintas dependencias gubernamentales “pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos que el gobierno lleva a cabo”.

“En ese sentido, las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo, y de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”, apuntó el INAI.

¿Se puede revertir el Acuerdo del Gobierno?

Sobre los recursos que pueden presentarse para combatir el acuerdo publicado, el ministro en retiro Cossío destacó que una de las vías es el amparo ante jueces federales de distrito. Esos amparos, a la postre, podrían ser turnados ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otra alternativa, dijo, es la presentación de controversias constitucionales (por invasión de competencias o funciones) , o acciones de inconstitucionalidad (por considerar una norma o decreto va en contra de lo que estipula la Constitución).

De acuerdo con los expertos estos recursos pueden ser tramitados por los legisladores, órganos autónomos o constitucionales (como el INAI o la CNDH), secretarías de Estado o poderles locales, entre otros.

En el caso de las controversias y acciones de inconstitucionalidad, dichos recursos s presentan directamente ante la SCJN, que es la responsable de analizarlos directamente y, en su caso, definir si son procedentes.

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