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Cómo es vivir en Cerrada Andrómaco, el callejón que quedó atrapado entre los edificios de "Ciudad Slim"
El "megadesarrollo" inmobiliario del empresario Carlos Slim en Ciudad de México alberga grandes corporativos y familias adineradas justo a unos metros de un caserío de habitantes bajos recursos.
5 de abril, 2019
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El “pam, pam, pam” de los martillazos se ha escuchado en el barrio Ampliación Granada desde hace dos décadas.

Los golpes secos y metálicos, el rechinante uso de taladros y el estruendoso movimiento de maquinaria pesada se ha convertido en el sonido de fondo en la vida de miles de personas.

No solo quienes viven en esta zona del oeste de Ciudad de México, sino los miles de oficinistas y hasta los turistas están expuestos a la ininterrumpida construcción de edificios de los últimos 20 años.

“Ya nos acostumbramos”, dice con una risa resignada José Reyes, quien al igual que unas decenas de familias ha vivido desde mediados del siglo pasado en este caótico barrio.

“Siempre fuimos los únicos. Cuando yo llegué aquí, todas las casas eran de láminas de cartón. Todo esto eran fábricas”, dice Reyes a BBC Mundo, señalando hacia los grandes edificios que rodean su casa.

Él y otras 200 personas viven en la Cerrada Andrómaco, un estrecho callejón peatonal de unas 60 casas que contrasta dramáticamente con el paisaje de su alrededor.

Apenas a dos cuadras de distancia se encuentra la Plaza Carso, un lujoso conjunto inmobiliario de edificios de oficinas y residencias, un par de museos, un teatro y hasta un acuario subterráneo construidos por el multimillonario mexicano Carlos Slim.

La monumental obra -coronada por el literalmente deslumbrante Museo Soumaya que Slim dedicó a su fallecida esposa- tuvo una inversión inicial estimada en US$800 millones.

“Es el megadesarrollo de usos mixtos más grande de América Latina”, afirma con orgullo el grupo Carso, empresa que fue la punta de lanza para que otras inmobiliarias invirtieran en esta zona.

Las obras empezaron en 2008, pero ya desde el 2000 este sector de naves industriales en abandono comenzó a transformarse en lo que es hoy.

Y desde entonces vecinos de familias de ingresos medios y bajos han visto cómo se transforma el paisaje urbano que ellos conocían en lo que coloquialmente ha sido llamado “ciudad Slim”.

Perdieron el sol

Los habitantes de la capital de México tienen a Polanco como sinónimo de barrio de clase alta.

Ahí se asentaron enormes casonas de familias de altos ingresos, mexicanas y extranjeras, a las cuales se les suman embajadas, grandes edificios residenciales y almacenes.

La zona conocida como Nuevo Polanco, en uno de los extremos de ese barrio, fue la última en desarrollarse luego de que grandes compañías como General Motors, Chrysler y General Tire cerraron sus fábricas.

Fue entonces que los vecinos de las colonias populares Irrigación, Granada y Ampliación Granada comenzaron a ver los enormes boquetes que se abrían para la cimentación de edificios (lo cual no se ha detenido en dos décadas).

“El levantamiento de torres no nos ha generado tanta problemática, siendo honestos. El problema viene después, cuando se empiezan a habitar“, explica José Reyes, líder de los vecinos de Cerrada Andrómaco.

Su callejón colinda directamente con dos torres habitacionales, una de las cuales está siendo construida por la empresa Metro Buildings, y a unos pasos de distancia se elevan más edificios de entre 10 y 20 pisos.

Reyes y sus vecinos han perdido el sol de las mañanas y las tardes, pues encerrados entre grandes muros de hormigón y cristal la noche llega temprano para ellos.

Pero más grave aún, la apertura de cientos de apartamentos habitacionales, oficinas y centros de entretenimiento ha causado una gran sobrecarga a servicios públicos tan básicos como el agua o drenaje.

“Modelo de desarrollo”

Es viernes (y día de pago) y en los alrededores de la Plaza Carso se siente una competencia de ruido entre el bullicio de la gente y los autos que buscan abrirse paso tocando la bocina.

Cientos de empleados entran y salen de las torres de oficinas de casi 60 empresas nacionales y trasnacionales como Nokia, Huawei, Philip Morris, Metlife y la joya de la corona del emporio Slim, América Móvil (una de las 10 empresas más grandes de América Latina).

Pero también hay grandes filas de mexicanos y extranjeros que llegan al Museo Soumaya, el acuario o el teatro que hay en el lugar.

“Es muy impresionante. Muy bonito y elegante”, dice la canadiense Annika Boron luego de visitar el Museo Soumaya en el cual Slim expone parte de las obras de arte de su colección personal.

Carso asegura que su “megadesarrollo” inmobiliario es un “modelo de desarrollo sustentable” que cambió el paisaje olvidado de Nuevo Polanco.

Los márgenes de una vía de tren activa fueron convertidos en un andador peatonal, uno de los mejoramientos barriales más visibles.

“La conjunción de la vida cosmopolita, los espacios culturales y el fácil acceso vial a toda la zona de nuevo Polanco impacta positiva y significativamente en la calidad de vida de los colonos“, afirma el consorcio.

¿Desarrollo para quién?

La antropóloga social Adriana Aguayo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente realizó una investigación sobre el boom inmobiliario en la zona y sus efectos urbanos.

Encontró que desde la década pasada se tenían 176 proyectos de construcción de los cuales se están creando unos 15.700 espacios habitacionales.

Hace cinco años, la población flotante -las personas que cotidianamente pasan el día en la zona por su empleo u otras actividades- ya se contabilizaba en más de 40.000 personas, número que podría duplicarse con la conclusión de nuevas torres.

“Es cierto que el paisaje urbano ha cambiado. El problema es para quién cambia“, dice a BBC Mundo Aguayo.

“Se hizo un desarrollo con una planeación no muy bien pensada. Entre los primeros problemas que empezamos a ver fueron los de tráfico, que ahora es brutal, y en el abastecimiento de agua. Y pocas áreas verdes”, apunta.

Óscar Martínez, vecino del lugar, asegura que “ha sido un cambio brutal” para los habitantes originarios de la zona: “Esta cerrada es lo único que queda como en las caricaturas. Está en medio de muchos complejos (inmobiliarios)”.

Pero un problema general es la movilidad:las estrechas calles siguen siendo las mismas de hace décadas para miles y miles de nuevos habitantes y oficinistas.

“Es incomprensible. La única calle que se ensanchó fue la de Lago Zúrich. Y hasta que ésta no tuvo una remodelación, la gente que vivía en esa manzana podía hacer media hora para salir a las principales avenidas, a una o dos cuadras“, comprobó Aguayo en su investigación.

“Contraste brutal”

Los habitantes de Cerrada Andrómaco no conocen a sus vecinos de los lujosos apartamentos y viceversa.

Su interacción se limita a problemas cotidianos, como el que haya música a alto volumen y la mala vista que generan las “cobijas” tendidas en las azoteas del lado del callejón, o que los residentes de las torres saquen a sus perros a hacer sus necesidades a la calle.

Gabriela López Olvera, del colindante condominio Grand Tower, dice que tratan de “llevar la fiesta en paz” entre vecinos, pues “respetando cada quien su lugar no hay problemas”. Otros residentes abordados por BBC Mundo prefirieron no opinar.

El distanciamiento entre vecinos es notorio y se hace más evidente a la hora de lograr acuerdos como colonia (barrio).

“Quieren tomar decisiones sin tomarnos en cuenta. Yo a Slim ni lo conozco. No lo veo mal, él invierte su dinero para ganar. También las otras constructoras. El problema no son los desarrolladores: los nuevos vecinos que vienen y se sienten dueños de esto”, dice José Reyes.

Para la doctora Aguayo, lo que sucede ahí es un ejemplo muy pronunciado del concepto “gentrificación”, cuando espacios populares son reformados por desarrolladores y sus habitantes originales se ven orillados a irse.

“El contraste es brutal y ellos lógicamente se sienten muy discriminados”, explica la investigadora.

Hay un proceso muy importante de desigualdad social. Esas zonas no han sido remodeladas. No han sido desplazados porque los desarrolladores se han concentrado en los terrenos de las fábricas, pero la presión es muy fuerte. No solamente en términos financieros, sino socioculturales”, añade.

¿Quién se responsabiliza?

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) es el organismo encargado de vigilar que haya construcción ordenada y planeada en Ciudad de México.

Su titular Ileana Villalobos dice que están poniendo a revisión todos los proyectos aprobados en gobiernos pasados luego de que durante la última década se ha criticado el otorgamiento de permisos inmobiliarios irregulares.

“Estamos tomando con mucha seriedad la revisión a los expedientes de las construcciones realizadas bajo este modelo denominado Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) en esta zona”, expuso a BBC Mundo.

Y es que el SAC compromete a las inmobiliarias a destinar recursos para “mitigación” de daños al entorno y a la infraestructura urbana.

Metro Buildings construye junto a Andrómaco su proyecto inmobiliario “Andén 7”, la torre más alta de la zona. Un representante de la firma dijo a BBC Mundo que ellos han cumplido con la ley, incluidas mejoras en la Cerrada.

Pero los vecinos del callejón denuncian que las obras de mitigación, que obtuvieron tras tres años de denuncias, están detenidas por falta de recursos aportados por inmobiliarias al SAC.

A consulta de BBC Mundo, Seduvi promete que en abril entregará un informe pormenorizado de la situación inmobiliaria de la zona, así como reuniones con todos los vecinos “para atender sus necesidades”.

Pero los habitantes de Andrómaco ya no quieren más retrasos. Y dicen que defenderán sus propiedades ante las presiones del entorno para que se vayan.

“A pesar de todo, los vecinos se han aferrado a no vender, a no irse, a no darles la oportunidad de quedarse con todo esto que nos pertenece“, dice Óscar Martínez.


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Cuartoscuro
Habitantes de Xochimilco denuncian omisión del gobierno de CDMX ante despojo violento
Los pueblos originarios de esa alcaldía se han visto obligados a defenderse de invasores que ocupan terrenos de zonas protegidas a punta de pistola. Las autoridades argumentan que son personas "necesitadas de una vivienda".
Cuartoscuro
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Los 14 pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco mantienen una pelea desde hace más de 20 años contra invasores que se han apropiado de sus tierras con armas y amenazas. La batalla ha sido judicial, ante Derechos Humanos y en diversas instancias de gobierno, donde incluso han obtenido fallos a su favor. Sin embargo, ninguna resolución se ha ejecutado, por lo que los habitantes de esa demarcación del sur de la Ciudad de México recurren a lo único que tienen: la unión vecinal.

Uno de los más recientes intentos de estos pobladores por rescatar su territorio -considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987- fue acercarse a la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, después de que ganó la elección en julio de 2018. Según los representantes de dichos pueblos, ella los visitó y les explicó por qué más de cinco mil familias se han apropiado con violencia de terrenos que, además de no ser suyos, no deben tener uso habitacional. “Lo hacen porque tienen necesidad de vivienda”, aseguran que les dijo Sheinbaum en su visita.

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El abogado de los pueblos, Miguel Ángel Elizalde, asegura que más de mil viviendas han sido construidas sobre suelo de conservación en los últimos dos años, “y no se puede alegar pobreza porque ya están terminadas, construir no es barato”, replicó.

Tras una conferencia en la que expusieron su caso, los representantes de Xochimilco relataron a Animal Político la desgracia que cayó sobre su demarcación en las últimas seis administraciones, durante las cuales la lucha por el poder político ha despojado a decenas de familias de su patrimonio y ha estropeado el ecosistema.

“En esta zona se han venido a asentar grupos muy violentos de fraccionadores clandestinos aliados con el poder público y todos cuentan con armamento: Antorcha Popular, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Estos grupos han contado con protección total de los gobiernos de Juan González Romero, Faustino Soto Ramos, Uriel González Monzón, Manuel González, Avelino Méndez Rangel y al actual alcalde, Juan Carlos Acosta”, puntualizó el representante legal.

De acuerdo con el relato conjunto de siete habitantes que expusieron su caso, estos grupos son pagados por la misma delegación para instalarse en terrenos “de labor”, es decir, que no están habitados sino que se usan para siembra, principalmente. Si encuentran resistencia, amenazan con armas y con golpeadores que se enfrentan hasta con personas mayores.

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Si logran asustar al dueño y se va, simplemente se quedan con el terreno, y aunque él regrese con documentos a intentar reclamar su tierra, los invasores muestran otros apócrifos y empieza un litigio que puede llevar años para comprobar la propiedad del predio. Todo esto lo promueven las autoridades, según los pobladores originarios, a cambio de apoyo político para mantenerse en el poder.

“Los originarios vivimos en el Casco del pueblo y las tierras de labor están en la periferia. Llegan con un montón de tiliches, con personas de la tercera edad y niños para que llegue derechos humanos e impida tocarlos. Se instalan casuchas, el cabecilla les da 10 mil pesos y ahí te quedas. Te avisan que están invadiendo tu terreno, te encañonan y te vas. Levantas un acta pero los dos tienen papeles, ¿cuál servirá? Te vas a procesos muy largos, donde tú que eres pobre, no tienes para pagar un abogado. Las personas se mueren y no recuperan su terreno”, relata Elvia Solares, integrante del Colectivo Santa María Nativitas Zacapan.

Según el abogado Elizalde, por lo menos el 60% de las 12 mil 500 hectáreas que comprende el territorio de la demarcación ha sufrido daños por invasiones. Asegura que en 1997 había 179 asentamientos irregulares en toda la demarcación, actualmente esa cifra ya creció a 700 y hay más de tres mil 660 hectáreas en litigio ante las procuradurías Ambiental, General de Justicia y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

En todos los casos hay elementos para ganar -algunos ya los han ganado- pero no se pueden ejecutar las sentencias porque la autoridad alega que existe “una imposibilidad de carácter material” para darles cumplimiento. En muchos otros casos, el propietario es un habitante originario cuyo predio fue heredado por sus ancestros a través de un documento emitido bajo los usos y costumbres del pueblo, que acredita la propiedad pero no está a nombre del heredero, lo que causa que los judiciales que acuden al domicilio no lo reconozcan como propietario.

Inclusive a algunos de los que han interpuesto recursos legales, les ha salido el tiro por la culata. La familia de Jorge Corrales, también integrante del Colectivo Santa María Nativitas, ha sufrido invasiones violentas en las que los golpeadores han llegado a pedirle a su hijo “calma a tu papá o yo sí me lo chingo”, cuando el señor intentó defender sus terrenos. La invasión acabó en litigio y, aunque el fallo le favoreció, él otorgó el perdón a los invasores, quienes después interpusieron otra demanda contra él.

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Existen dos sentencias que obligan a los gobiernos de la Ciudad y de Xochimilco a resolver esta problemática: una del Juzgado Primero de Distrito con fecha 28 de abril de 2014, que ordena la reubicación de 137 asentamientos humanos irregulares fuera de la demarcación, así como la demolición de 23 mil viviendas y la restauración ambiental de suelos. La segunda fue dictada en el Juzgado Décimocuarto de Distrito de octubre 2017, que ordena la restauración integral de suelos.

“Entre estas dos sentencias no se ha dado una sola acción de gobierno tendiente a ejecutar los procedimientos”, lamenta el abogado Elizalde. Además, la Comisión de Derechos Humanos del -entonces- Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2012 por violaciones al derecho a un medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el Área Natural Protegida ‘Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco’.

Las recomendaciones han sido ignoradas por las autoridades hasta ahora, advierten los xochimilquenses, igual que las 31 resoluciones que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad publicó de 2003 a 2010. Una de ellas fue admitida por la doctora Claudia Sheinbaum en 2003, siendo entonces Secretaria de Medio Ambiente capitalina. La resolución le ordenaba retirar los asentamientos humanos irregulares de la zona chinampera frente al barrio 18, así como sanear el suelo.

El área conocida como Ciénaga Chica, reza la resolución de la PAOT, está considerada por la Ley de Desarrollo Urbano como parte del suelo de conservación; por el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco con uso de Preservación Ecológica y por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal con uso Agroecológico Especial, “por lo que los asentamientos humanos irregulares ahí instalados contravienen dichos ordenamientos jurídicos”.

Además, la procuraduría acreditó que los asentamientos humanos irregulares que se han ido estableciendo en la zona obtienen servicios de energía eléctrica y agua potable mediante tomas clandestinas, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano.

“Sheinbaum la aceptó pero no la ejecutó, la dejaron crecer. De 100 familias que tenían que sacar en ese momento ya son más de cinco mil y sigue entrando gente”, indicó Elizalde. Por ello, hoy que la funcionaria es jefa de Gobierno, los pobladores originarios de Xochimilco exigen que las sentencias, recomendaciones y ordenamientos ya existentes, simplemente se cumplan. Mientras tanto, defienden sus propias tierras y las de sus vecinos cuando algún extraño llega a invadirlas, pues saben que la policía no va a defenderlos.

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