El 'Chernóbil mexicano': cómo ocurrió el mayor incidente nuclear de América
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El 'Chernóbil mexicano': cómo ocurrió el mayor incidente nuclear de América

Un empleado de un hospital en México manipuló una maquina de terapia de cáncer que tenía una fuente radiactiva. La cadena de sucesos que siguió generó en 1984 el mayor incidente nuclear en la historia del continente.
25 de octubre, 2020
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La búsqueda de desechos radiactivos

BBC/CNSNS
Ciudad Juárez, México, vivió una inquietante alerta por radiación en la década de 1980.

La activación de alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos fue el primer indicio de que algo andaba mal.

En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de de radiación de ese, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica.

Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo, que pasaba por simple coincidencia por ahí, tenía un elevado nivel de radiación.

La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América dada la extensión que abarcó.

Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el “Chernóbil mexicano” por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética.

Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto-60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México.

El otro gran incidente de radiación en América fue en 1987 en Goiânia, Brasil, que causó al menos cinco muertes y una decena de personas con padecimientos crónicos.

Un entierro en Goiânia, Brasil, en 1987

Getty Images
El de Ciudad Juárez y el de Goiânia, Brasil, han sido los incidentes con radiación más grandes del continente.

En el caso de México, unas 4,000 personas tuvieron algún grado de exposición.

Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas.

“Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en ese estado ya no no es riesgoso, esa es una gran aberración de manejo de material radiactivo“, dice a BBC Mundo Gerardo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien participó en la investigación académica de aquel suceso.

Como muestran la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud.

La compra inutilizada y no reportada

Una extensa investigación del Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) publicada en 1985 describe cómo se generó la situación.

El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto-60 fabricada en Estados Unidos.

Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente “nunca fue avisado” y por ende “jamás extendió la autorización”.

Una unidad de terapia con cobalto

Getty Images
El cobalto-60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad.

En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que “no se cumplían los requisitos mínimos” de seguridad, según la CNSNS.

El cobalto es un material radiactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto-60 para pacientes con cáncer”, explica Espinosa.

La extraen del hospital como “chatarra”

Pasaron seis años hasta que, en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente.

El trabajador “desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de allí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto-60. La operación la realizó sin ninguna ayuda”, dice la investigación.

“El objetivo era vender como chatarra las partes”.

Ilustración de la fuente de cobalto

CNSNS
Sotelo perforó la fuente blindada de cobalto-60, lo que causó la salida de material radiactivo.

Debido a que el cilindro con la fuente radiactiva pesaba unos 100 kg, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga.

Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Yonke Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido.

Sin embargo, la manera en cómo el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves.

“La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas: aparatos de ventilación, catres y todo eso y, la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así“, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984.

Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo.

Un rastro de radiación por Ciudad Juárez

El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6,000 gránulos o “pellets” de cobalto-60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio de Yonke Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez.

Pero los dos grandes focos de radiactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra.

Pellets como los del incidente de Ciudad Juárez

CNSNS
Los gránulos de cobalto-60 son diminutos, pero representan una fuente de radioactividad decadente hasta por 35 años.

“Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto-60 por las fábricas de productos de acero, en las fundiciones”, dice la investigación, que señala que la empresa Aceros de Chihuahua SA (Achisa) como el principal comprador de hierro.

El descubrimiento por casualidad

El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México (Estados Unidos).

Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México.

A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó: “se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radiactivo”.

Laboratorio Nacional de Los Álamos

Getty Images
En el Laboratorio Nacional de Los Álamos se detectó el camión con radiación.

Espinosa explica que este material radiactivo “tiene una vida media de 5 años” y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva.

“Si tienes 100 átomos radiactivos, en 5 años tendrás 50, en otros 5 años nada más 25. Se considera que tienen 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años”, así que en 1984 el cobalto-60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia.

La camioneta estacionada

La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Fénix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez.

La fuente de desechos encontrada

CNSNS
La fuente de cobalto-60 fue encontrada en el sitio de compra-venta de chatarra Yonke Fénix.

Además de establecer “blindaje” en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto-60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez.

La pequeña camioneta Datsun, estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con EE.UU., donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante: las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1.000 R/h

“Eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 R/h que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana”, dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz, de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Los gránulos o pellets quedaron regados por los locales de comercio de hierro.

“En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante”, dice el informe de la CNSNS.

La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos.

“Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radiactiva. Y ese fue el problema”, recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
La población poco supo de la situación que se había dado, explica Espinosa.

“Nadie supo que había material radiactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta”, añade.

El material sacado de Ciudad Juárez

La degradación natural del cobalto-60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3.000 curios (Ci) en 1977 a 450 Ci para febrero de 1984.

“Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo”, explica Espinosa.

Además de Yonke Fénix y Achisa, la investigación de la CNSNS detectó que tres empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación.

Las instalaciones de Achisa

CNSNS
Unas 6.600 toneladas de varilla fueron fabricadas con hierro contaminado, según la investigación.

Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos conaminados.

En total, 6,600 toneladas de varilla y 3,000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas.

La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17,600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe.

“Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos (pilares) de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material. Y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran”, recuerda Espinosa.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Gránulos de cobalto-60 fueron detectados incluso en una carretera por la que pasó un vehículo con hierro contaminado.

El experto explica que, si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que 90% del material contaminado sea asegurado y desechado.

4,000 personas expuestas

La investigación indica que unas 4,000 personas resultaron “expuestas a la radiación” de las cuales un 80% recibió dosis inferiores a 500 mrem.

Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación.

Otro 18% recibió entre 0,5 y 25 rems, mientras que 2%, o unas 80 personas, estuvieron expuestas a más de 25 rems. De todas, cinco personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 rems en un periodo de dos meses, según la CNSNS.

“Para las cinco personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 rem, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales por ejemplo en manos y pies, acortamiento de la calidad de vida”, explica el doctor Cruz.

“El efecto de esas dosis puede llevar a daños del material genético hereditario al menos a dos generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse pasados al menos cinco años”, añade.

La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre problemas de salud detectados en las personas expuestas.

Sobre Vicente Sotelo Aldarín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso meses después que tuvo malestares que luego desaparecieron: “creyeron que era diabetes”.

Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que “el señor se perdió”.

Los trabajadores de Yonke Fénix “dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies o manos”, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros, según la CNSNS.

Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente, sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre.

Pero luego de unos meses. los empleados de Achisa “se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas”, reportó Proceso en aquella época.

Señal de peligro por radiación.

Getty Images
Sotelo Aldarín asegura que no había ninguna advertencia de riesgo en la máquina que tomó.

Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía “una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma”.

“En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda”, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas.

BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible: “no contamos con más registros de esa época”.

Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación.

El “cementerio” radiactivo

Encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo fue el siguiente problema a resolver: tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medioambiente.

“Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radiactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total“, recuerda Espinosa.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
En un espacio desértico conocido como “La Pedrera” fue excavado el “cementerio” de desechos.

Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno, por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado “La Pedrera”.

Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado, como la camioneta de Sotelo Aldarín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo.

Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel “cementerio” de desechos radiactivos que debería estar protegido ha quedado en el abandono.

La CNSNS dijo a BBC Mundo que “se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa”.

“Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente”, añade.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
La camioneta manejada por Sotelo Aldarín fue enterrada en el tiradero construido.

Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.

Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad: “pero sí creo que fue muy mal manejado”, considera.

La radiactividad es como el fuego: si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no la manejas bien, hay quemaduras”, continúa.

“La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable. Cosa que ahí no ocurrió”.


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Cuartoscuro

Renuncias, investigaciones por presuntas irregularidades y divisiones internas amenazan al Consejo de Salubridad

De acuerdo con las fuentes consultadas, los pleitos internos han sido en torno a las políticas de salud, como la farmacéutica, es decir el acceso y la disponibilidad de medicamentos para la población; y la de atención a enfermedades raras.
Cuartoscuro
11 de julio, 2022
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Las denuncias por presuntas irregularidades, así como discrepancias y jaloneos entre sus integrantes, amenazan el funcionamiento del Consejo de Salubridad General (CSG).

Así lo confirmaron a Animal Político fuentes federales e internas de la Secretaría de Salud, que pidieron no revelar sus nombres debido a lo delicado de la situación en el ámbito sanitario.

Consejo de Salubridad: Las investigaciones

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas dos investigaciones contra César Cruz Santiago, secretario técnico de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, y Mario Moreno Nava, subdirector de área, integrantes ambos del Consejo de Salubridad General (CSG). 

De acuerdo con información proporcionada a este portal, las investigaciones abiertas contra Cruz y Moreno son por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y por haber ordenado publicar el Compendio de Medicamentos y Materiales de Curación, al parecer, sin permiso.

“El Compendio ya estaba aprobado desde 2018, pero no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así que ellos (Cruz y Moreno) ordenaron que se publicara”, dijo una fuente interna de la Secretaría de Salud. 

Otras versiones públicas aseguran que se les acusa de omitir requisitos y procesos técnico-administrativos para facilitar el ingreso de medicinas, equipos y material de curación al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Fuentes federales se negaron a proporcionar mayor información sobre las investigaciones contra César Cruz y Mario Moreno, puesto que estas están en curso. Tampoco dijeron qué sucederá o quién reemplazará a los integrantes del CSG que han salido en medio de una tormenta de acusaciones y discrepancias. 

Las discrepancias

A las denuncias se suman las discrepancias entre sus secretarios general y técnico, José Ignacio Santos Preciado y José Alberto Gómez Rodríguez, con el titular de Salud y el subsecretario, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los pleitos internos han sido en torno a las políticas de salud, como la farmacéutica, es decir el acceso y la disponibilidad de medicamentos para la población; y la de atención a enfermedades raras.

“Las discrepancias se han generado por el papel que le corresponde al Consejo en las políticas de Salud y el poder que Hugo López Gatell quiere acaparar, al alegar que hay funciones que se duplican entre este órgano y su subsecretaria”, dijo la fuente.

Otros expertos aseguran que organizaciones de la sociedad civil estaban impulsando, con apoyo de las farmacéuticas, este registro de enfermedades raras, por lo que el subsecretario López-Gatell decidió echarlo para atrás, aunque esto signifique dejar sin la atención adecuada a quien las padece.

Todo lo anterior provocó la salida del CSG de siete de sus integrantes, entre ellos Santos Preciado, Gómez Rodríguez, Cruz Santiago, Moreno Nava y Juan de Dios Padilla Béjar, director de Sistemas de Información; Manuel Bandala, abogado del Consejo y Jorge Marín, secretario particular de Santos Preciado.

A esta administración federal, en específico a Jorge Alcocer y Hugo López Gatell, se les ha acusado de pretender debilitar al CSG con miras a desaparecerlo, aunque eso ameritaría una reforma constitucional, porque su figura está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los desaires

Una de las críticas al gobierno mexicano en la respuesta a la epidemia de COVID-19 es que se tardó mucho en convocar al Consejo de Salubridad General (CSG) y que éste nunca tomó un papel relevante en la estrategia. La administración actual le dio ese rol a otro órgano, que algunos especialistas ubican como de menor envergadura. 

El gobierno federal convocó primero al Comité Nacional para la Seguridad en Salud, un ente que se creó en 2003 con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el entonces secretario del ramo, Julio Frenk, y que a la fecha opera sin tener un reglamento interno que precise sus atribuciones y funcionamiento.

Fue hasta el 19 de marzo que se convocó al CSG, pero, según las fuentes,  se le relegó a avalar solo lo que dictó la Secretaría de Salud en materia de medidas sanitarias.

“El consejo está diseñado para ser un órgano de carácter transversal, que atienda todo el tema de salud pública, pero también temas que resultan impactados con una epidemia, como los de índole económico, laborales, de migración; por eso participan las otras secretarías”, dijo David Sánchez Mejía, abogado especialista en derecho sanitario. 

La última afrenta, antes de la renuncia de sus siete miembros, fue que el 13 de julio se tenía programada una reunión para discutir la Política Nacional Farmacéutica, pero Santos Preciado y su grupo no estaban convocados. 

Consejo de Salubridad General: ¿Qué es y qué hace?

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado en el que participan secretarios de Estado (entre ellos Alcocer, quien funge como su presidente), así como cuatro representantes de las secretarías de Salud de las entidades, también miembros destacados de la academia, como el rector de la UNAM, y del sector sanitario, como el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. 

Su integración colegiada es porque sus decisiones exceden el ámbito de la salud pública e impactan en lo económico, laboral y de finanzas públicas; así como en los tres niveles de gobierno. 

Su misión es identificar asuntos prioritarios de salubridad general -incluyendo crisis y epidemias-, convocar a su análisis y a la generación de alternativas de política, instrumentando acuerdos y prácticas que las impulsen y dar seguimiento a su ejecución.

Entre sus facultades está también elaborar, junto con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el presidente de la República, el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer niveles de atención, así como actualizarlos y difundirlos. 

También tiene entre sus atribuciones elaborar, publicar, mantener actualizado y difundir el Catálogo de medicamentos Genéricos y rendir opiniones y formular sugerencias al presidente de la República respecto al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de salud.

El caso Cofepris

En esta administración hubo ya otro caso en el que se obligó a renunciar a funcionarios acusándolos de corrupción. En septiembre de 2021, la Secretaría de Marina tomó las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y sacó a funcionarios. 

Muchos meses después, en junio de 2022, Alejandro Svarch Pérez, el titular de la Cofepris informó, en la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, los resultados de ese operativo. 

Señaló que hubo una remoción inmediata de 32 funcionarios con cargos de corrupción.

“La fórmula: o pagabas o tu solicitud estaba condenada al olvido. El acceso a medicamentos estaba a la venta del mejor postor. Se aseguraban ganancias multimillonarias por la falta de competencia en el mercado”, expuso Svarch.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la Secretaría de Marina, a través de su área de inteligencia, sigue integrando una investigación para conocer los alcances de la posible corrupción al interior de Cofepris, para esto se han tenido reuniones con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), como preparativos para la presentación de una denuncia penal en contra de quien resulte responsable.

 

 

 

 

 

 

 

 

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