Claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet
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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

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Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

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Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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INE investiga transferencia de 32.5 mdp de abogados de candidata del PAN, a empresa fantasma

El despacho Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. hizo depósitos por más de 32 mdp a una empresa fantasma directamente involucrada en los desvíos durante el gobierno de César Duarte.
Facebook Maru Campos Galván
17 de mayo, 2021
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El despacho Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C., del que forman parte abogados de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo depósitos por más de 32 millones de pesos a una empresa fantasma que estuvo directamente involucrada en los desvíos de recursos durante del gobierno del priista César Duarte.

Documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la que tuvo acceso Animal Político señala que, el 26 de febrero de 2016, el bufete jurídico del panista Lozano Gracia hizo dos transferencias vía SPEI por 32 millones 564 mil 287 pesos a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., clasificada por el SAT como empresa fantasma definitiva.

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La Fiscalía de Chihuahua identificó que el Despacho de Profesionistas Futura es una de las cuatro empresas fachada mediante las que la administración del exgobernador Duarte desvió, en abril de ese mismo año, 246 millones de pesos de fondos federales para financiar campañas electorales del PRI, en el caso denominado “Operación Zafiro”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) corroboró que Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. realizó los depósitos a la empresa duartista e inició una investigación desde la Unidad Técnica de Fiscalización. El pasado 8 de marzo, el árbitro electoral envió al bufete jurídico de Lozano Gracia un requerimiento para esclarecer su relación con el Despacho Futura y el motivo por el cual le transfirió 32.5 millones de pesos dos meses antes de que se registraran los desvíos del gobierno de Chihuahua, de acuerdo con el oficio INE/JLE-CM/937/2021.

Actualmente, un grupo de integrantes y exmiembros del despacho de Lozano Gracia y Asociados S.C., así como abogados panistas vinculados a ellos, son los principales defensores jurídicos de Maru Campos en el proceso penal por el que la candidata del PAN fue vinculada a proceso por el delito de cohecho.

La Fiscalía de Chihuahua la acusa de haber cobrado sobornos por más de 9 millones de pesos de parte de César Duarte desde febrero de 2014 y hasta abril de 2016, mes en el que se consumaron los desvíos de la “Operación Zafiro”. Este medio posee copia de los recibos de pago que, según la Fiscalía, confirmarían que Maru Campos era beneficiaria de la “nómina secreta” del exgobernador Duarte.

Para su defensa jurídica, la alcaldesa con licencia contrató a Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, ambos extitulares de la extinta PGR, el primero durante la administración de Ernesto Zedillo, el segundo con Felipe Calderón. Chávez Chávez fue durante años socio en el despacho Lozano Gracia y Asociados S.C., y actualmente dirige su propio bufete jurídico.

Otro defensor de Maru Campos es Jorge Joaquín Díaz López, extitular de la Unidad de Delitos Contra la Salud y excoordinador de Investigaciones de la SEIDO (PGR), y miembro activo del despacho de Lozano Gracia.

Francisco Molina Ruiz, otro integrante de la defensa, aunque no forma parte del bufete jurídico, fue subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo cuando Chávez Chávez era titular de la PGR.

Este medio se puso en contacto con la coordinación de la campaña de Maru Campos para cuestionarle si considera perjudicial la implicación de sus abogados con una empresa de la “Operación Zafiro”. El coordinador, Luis Serrato, afirmó que los litigantes son quienes deben emitir una respuesta, pues la candidata está dedicada a “construir una alianza con los chihuahuenses”.

“Sobre esos temas, creo que deberán ser los abogados de ese despacho quienes hablen al respecto, porque acá en la campaña estamos ocupados en los temas que le interesan a los ciudadanos y sumando voluntades”, refirió.

El nexo fue Daewoo, dice Lozano Gracia

El exprocurador Lozano Gracia reconoció las transferencias efectuadas por su firma de abogados al Despacho de Profesionistas Futura y aclaró que fue un pago por prestación de servicios profesionales; además, aseguró, al momento de los depósitos no estaba enterado de la participación de la empresa fantasma en la trama de corrupción del caso “Zafiro”.

En entrevista, el litigante refirió que está al tanto de la investigación del INE, y dijo que el representante legal de su despacho dio respuesta al requerimiento de investigación del árbitro electoral, misma que se reproduce íntegramente a continuación.

En el oficio INE/JLE-CM/937/2021, el Instituto notificó a Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. que el requerimiento forma parte de un proceso sancionador iniciado por la Unidad Técnica de Fiscalización a raíz de quejas interpuestas por Morena, el PAN y el PRD en contra del PRI por los desvíos de recursos de la “Operación Zafiro” en el marco del proceso electoral 2015-2016.

“Se tiene certeza de que su representada realizó operaciones con la persona moral denominada Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., misma que se encuentra sujeta a investigación por ser parte fundamental en la resolución del procedimiento administrativo sancionador en comento”, señala el oficio del INE.

Tanto en la contestación dada al Instituto como en la entrevista concedida a este medio, Lozano Gracia señaló que el pago de su firma jurídica a Despacho Futura se dio por petición del corporativo de electrodomésticos de origen coreano Daewoo Electronics Corporation México S.A. de C.V. y de su filial DDCAM México S.A. de C.V.

Conforme el escrito, Daewoo era cliente de Lozano Gracia y Asociados S.C. desde 2010. En 2014, el corporativo lo contrató nuevamente para que lo asesorara a fin de participar en la licitación de televisores para el “apagón analógico”.

En el transcurso del trabajo, se expuso, Daewoo le pidió al despacho de Lozano Gracia que contratara específicamente a una persona identificada como María de Lourdes Gallardo Carrillo, a quien el corporativo coreano encargó hacer el estudio de mercado que sería entregado en la licitación, así como gestionar financiamientos en la banca para poder concursar.

Aunque, en efecto, se firmó un contrato de prestación de servicios profesionales entre el despacho jurídico y Gallardo Carrillo, Lozano Gracia aseguró que nunca la conoció personalmente.

Finalmente, Daewoo, a través de su filial DDCAM, ganó una partida de la licitación por 405.4 millones de pesos. Una vez que Lozano Gracia y Asociados S.C. recibió el pago del corporativo coreano, se dispuso a transferir a Gallardo Carrillo sus honorarios. Pero, de acuerdo con el relato, ésta le solicitó el 17 de agosto de 2015 que se le depositara su pago, no a ella, sino a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., de la que era representante legal. Sus honorarios eran por 32 millones 564 mil 287 pesos, se aseguró.

La empresa Despacho Futura había sido constituida apenas cuatro días antes del pago, el 13 de agosto, junto con otras cinco compañías que participarían en la trama corrupta de la “Operación Zafiro”. Otras 13 empresas fachada fueron creadas el 18 de agosto, de acuerdo con documentación en poder de Animal Político.

El abogado Lozano Gracia sostiene que, para hacer el depósito de sus honorarios, se solicitó a Gallardo Carrillo el acta constitutiva de su empresa y comprobante de que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales. Luego, se hizo la transferencia de 32.5 millones de pesos el 26 de febrero de 2016, seis meses después de la constitución del Despacho Futura. Incluso, tras los depósitos, Gallardo Carrillo entregó un comprobante del pago de impuestos por esos ingresos.

Lozano Gracia destaca que, mientras que Futura y otras empresas fachada recibieron recursos públicos del gobierno de Chihuahua, los recursos que su despacho pagó a dicha razón social eran privados y provenían de Daewoo.

“En mi caso, los recursos que yo recibo provienen de esa empresa (Daewoo), no de ninguna entidad pública. Y yo cuando los recibo, recibo mis honorarios, que declaro y de los cuales pago los impuestos correspondientes, y pago a quien había prestado un servicio que me habían indicado (Gallardo Carrillo). Entonces, es un dato diferenciador muy contundente”, sostiene en entrevista.

Lee más: Maru Campos, candidata del PAN, deja casa de 6.8 mdp como garantía al juez en caso de ‘nómina secreta’

Una familia blanquea 547 millones de pesos

María de Lourdes Gallardo Carrillo fue una pieza clave en la creación de empresas de papel utilizadas por la Secretaría de Hacienda y el gobierno de César Duarte para orquestar el desvío de 246 millones de pesos en 2016, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

Mediante cuatro contratos por adjudicación directa, todos esos recursos fueron transferidos el 7 de abril de 2016 a cuatro razones sociales, que después los dispersaron a decenas de personas físicas y morales para que posteriormente llegaran a las campañas del PRI.

Se trata de Servicios y Asesorías Sisas S.A. de C.V. (que recibió 46 millones de pesos), Servicios y Asesorías Sinnax S.A. de C.V. (55 millones), Servicios y Asesorías Samex S.C. (55 millones) y el Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V. (90 millones), todas creadas entre el 13 y el 18 de agosto de 2015.

Gallardo Carrillo y sus parientes figuran como socios y representantes legales de las cuatro compañías, que en conjunto recibieron los 246 millones de pesos malversados por el gobierno de Chihuahua.

Uno de los familiares involucrados es José Juan Saliano González, un policía del Estado de México que fue detenido en octubre de 2016 -meses después de los desvíos- por intentar robar 3 millones de pesos de una empresa que él custodiaba junto con otros dos agentes en Jardines del Pedregal, Coyoacán, según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La familia de Gallardo Carrillo también aparece como prestanombres en los documentos constitutivos de otras 13 compañías de papel de la red “Zafiro”, según documentación consultada por Animal Político: Comercializadora Fing, Constructora y Abastecedora Cofex, Network Securiti Advisor, Novanight, Publicidad Icon, Servicios Empresariales Parley, Constructora y Abastecedora Casmex, Comercializadora Vezcu, Constructora Invelco, Despacho de Profesionistas Faga, Constructora Franfeca, Publicidad Recrea y Comercializadora Sinex.

Así, los parientes de Gallardo Carrillo formaron al menos 17 empresas de la red “Zafiro”. De ese total, el SAT boletinó a nueve como empresas fantasma definitivas que simularon operaciones. MCCI documentó que la mayoría tiene domicilios fiscales en casas particulares de colonias populares de la Ciudad de México y el Edomex.

Una investigación de la UIF, a la que este medio tuvo acceso, señala que 11 compañías del grupo recibieron transferencias millonarias en 2016, no sólo de Chihuahua, sino también de Durango, Morelos, Sonora, Colima, Michoacán y el Estado de México.

Así, además de los 246 millones provenientes del gobierno de César Duarte, esas compañías recibieron otros 301 millones 092 mil 171 pesos de los otros estados, para un total de 547 millones 092 mil 171 pesos desviados.

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