Claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet
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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

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Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

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Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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Cuartoscuro

CEAV operará en 2022 con déficit de más de mil 600 millones; peligran pagos y contrataciones

Un diagnóstico interno revela que la CEAV requiere para el año que viene más de 2 mil 500 millones, pero se aprobaron menos de mil. No hay dinero suficiente para contratar a casi 150 funcionarios y garantizar pagos a 3 mil victimas.
Cuartoscuro
8 de diciembre, 2021
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) operará en 2022 con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos. Se trata de recursos que se habían solicitado, entre otras cosas, para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados.

En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.

Pero el presupuesto que finalmente aprobó la Cámara de Diputados para la CEAV fue de 958.2 millones de pesos, es decir, un recorte del 62.8 por ciento respecto a lo que había planteado la propia Comisión para su correcto funcionamiento.

Este déficit presupuestal se suma a múltiples dificultades que ha venido acumulando la CEAV, desde la ausencia de una persona que la encabece por más de año y medio, hasta la acumulación de juicios de amparo en su contra por no cumplir con resoluciones o pagos de reparaciones, la falta de personal en diversas áreas clave, entre otros.

Te puede interesar: La CEAV dejó de indemnizar a víctimas de militares en 2020; reparaciones cayeron 100%

De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAV realizada el pasado 12 de agosto, y de la que Animal Político tiene copia, el anteproyecto de presupuesto– aprobado por unanimidad por los 12 integrantes de la junta de Gobierno – fijó en 2 mil 575 millones 720 pesos el presupuesto que requería el organismo para 2022.

Al tomar la palabra el subsecretario Encinas advirtió que dicho presupuesto representaba un incremento superior al 200 por ciento respecto a los 843 millones con los cuales había funcionado la comisión en 2021. Dijo que esta alza en los recursos era necesaria por el incremento en el número de personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, pero además por dos situaciones “extraordinarias”.

La primera de ellas fue la eliminación del fideicomiso del Fondo de Atención a Víctimas y por ende de los recursos que ahí estaban destinados para cubrir las indemnizaciones y reparaciones del daño, sumado a la eliminación de la subcontratación de personal vía “outsourcing” con la cual había operado permanentemente la CEAV. 

Y el segundo motivo es la necesidad que tiene la CEAV de cubrir montos de reparaciones del daño que unilateralmente ha venido fijando la Suprema corte de Justicia de la Nación en casos como el de la Guardería ABC o el de la llamada “Guerra Sucia”. Son resoluciones derivadas de demandas de amparo que la comisión está obligada a cubrir por orden judicial.

El director General de Administración y Finanzas de la CEAV, Hanzel Homero Alvízar Buñuelos, detalló que con el incremento de recursos se buscaba, por un lado, abrir plazas para el personal que ya no es posible mantener subcontratado. Esto luego de que dicho esquema fuera prohibido tras una reforma legal.

“La razón de la variación es el decreto que salió este año y que obliga a cambiar el esquema de contratación de algunas personas que colaboran en la institución, y que estaban mediante outsourcing. Es necesario migrar a esas personas a un esquema de plazas eventuales. Estamos hablando en total de 147 plazas”, dijo el directivo.

También se requería de presupuesto para otorgar servicios de mantenimiento a los equipos informáticos, de nómina y otros con los que cuenta a Comisión y que por años no han recibido el servicio adecuado. “Son equipos que por mucho tiempo no se les ha dado mantenimiento y que si bien siguen funcionado no se quiere poner en riesgo la operación de la Comisión ni la atención a las víctimas”.

Pero el incremento más importante, añadió Alvízar Buñuelos, tiene que ver con la necesidad de garantizar los apoyos económicos a las víctimas, desde traslados e indemnizaciones, hasta reparaciones del daño. Reveló, por ejemplo, que tan solo por medidas de alimentación y alojamiento se requiere de 40 millones de pesos al mes.

“Es importante que quede de manifiesto el ejercicio que se está haciendo desde la CEAV para garantizar que los apoyos que requieren las víctimas estén ahí y con independencia de la extinción de fideicomiso, se mantengan como ha sido este año y estén todos los recursos para las víctimas” dijo el funcionario.

Además de lo anterior se contemplaba invertir en el reforzamiento de los servicios que se otorgan en los distintos centros de atención a víctimas ubicados en los diversos estados del país.

Casi 3 mil víctimas en riesgo 

Durante la sesión de la Junta de Gobierno los funcionarios de la CEAV revelaron que existe un cúmulo de aproximadamente 3 mil potenciales casos de víctimas cuyos pagos de reparaciones e indemnizaciones están pendientes. En algunos casos se trata de nuevas víctimas, pero la mayoría son situaciones que vienen acumulándose desde años anteriores y que no han recibido los recursos a los que tenían derecho.

La Directora General de Asuntos Jurídicos, Grisel Galeano García, expuso que para garantizar el cumplimiento tan solo de estos apoyos era necesario contar con un presupuesto de al menos 90 millones de pesos mensuales, es decir, poco más de mil 80 millones de pesos en el año. 

Sin embargo, al enviar el proyecto de presupuesto al Congreso la Secretaría de Hacienda desestimó lo que había aprobado la Junta de Gobierno de la CEAV y propuso un presupuesto de 968 millones de pesos, apenas un incremento superior al 11 por ciento respecto al año anterior. A ello la Cámara de Diputados le recortó otros diez millones de pesos, para dejarlo en 958 millones.

Reyna Velasco, abogada experta en representación de víctimas, dijo que esta decisión solo viene a perpetuar los problemas que ya de por si enfrentan las víctimas que por años han tenido que litigar en contra de la propia comisión para, primero, destrabar sus casos y se les reconozcan los beneficios a los que tienen derecho, y después para que se les pague.

“Las víctimas constantemente tienen que recurrir a los amparos para que los jueces les cuantifiquen bien los montos a los que tienen derecho y ahora la cosa se ve todavía peor. De por si este año (2021) ha sido ya un completo desastre no solo porque no haya fondo para víctimas, sino por la escasez de recursos para que opere la propia CEAV. Y quien sale perdiendo aquí siempre son las víctimas”, dijo la abogada.

Como ejemplo de esto la abogada dijo que existen cuatro casos de víctimas del atentado con granadas ocurrido en Morelia, Michoacán desde septiembre de 2008 y que a la fecha siguen peleando con amparos que la CEAV diversas situaciones, desde el reconocimiento de su calidad de víctimas hasta la cuantificación adecuada de los daños. Se trata de proceso que se alargan porque, además, la Comisión promueve recursos en contra de las resoluciones de los jueces.

Los problemas en estos casos no solo es el hecho del pago sino temas burocráticos como la lentitud para incluir a las víctimas en los registros, o la cuantificación inadecuada de los montos de indemnizaciones.

“La CEAV ha venido dilatado el cumplimiento muchas de las veces solicitado prorrogas que no tienen razón de ser pues se entiende que los expedientes de estas víctimas ya deberían estar integrados. Y en los que se encuentran en tramite la constante es la misma, son amparo promovidos por omisiones en la integración de expedientes y emisión de resoluciones de compensación o reparación del daño” dijo Velasco.

Lee más: CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato

Año y medio sin comisionado

En junio de 2020 la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, renunció al cargo en medio de una crisis por los recursos presupuestales denunciados por la propia funcionaria, y por el reclamo de diversos colectivos y víctimas que acusaban malos tratos y falta de apoyos. 

Desde entonces el país no ha tenido a una nueva comisionada o comisionado. Al frente de la CEAV quedó de encargado de despacho, Andrés Vázquez, quien un semestre después también presentó su renuncia al cargo.

La responsabilidad de que la CEAV continúe sin titular recae directamente en el Senado de la República el cual no ha nombrado al sucesor. Esto pese a que el Ejecutivo envió desde principios de año la propuesta de tres personas para encabezar al organismo, los cuales comparecieron en marzo ante la Cámara Alta.

En su momento, autoridades del Senado indicaron a este medio que el retraso obedecía a que no se podían llevar a cabo sesiones presenciales del pleno debido a la contingencia sanitaria. No obstante, desde agosto dichas sesiones se reanudaron y el nombramiento continúa sin poder llevarse a cabo.

El pasado 5 de diciembre el senador Ricardo Monreal, presidente de la junta de Coordinación Política del Senado, señaló en un tuit que confía en que la designación de la nueva persona titular de la CEAV pueda materializarse entre esta y la próxima semana antes de que concluya el periodo de sesiones.

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