Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego
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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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Cuartoscuro

En blanco y negro: la discapacidad en Latinoamérica, según el BID

Los pueblos indígenas tienen una mayor prevalencia de discapacidad, al igual que las personas de grupos de bajos ingresos.
Cuartoscuro
Por Bárbara Anderson / Yo También
29 de noviembre, 2020
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Esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento completo sobre discapacidad: “Somos Todos. Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe”.

Es un reporte interesante que, a poco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad este 3 de diciembre próximo, refresca los conceptos más actuales y los prejuicios aún también actuales en torno a la discapacidad.

“¿Quiénes son las personas con discapacidad (pcd)? Durante mucho tiempo, la respuesta obvia ha sido apuntar a personas ciegas o sordas, en silla de ruedas o un niño con síndrome de Down. Son ‘ellos’. Es algo dentro de sus cuerpos. Pero, ¿y si esto está mal? ¿Qué pasa si esa forma de entender las discapacidades hace que la inclusión de este colectivo social sea mucho más difícil?”, comienza el documento de más de 50 páginas del BID.

Lee: Las mujeres con discapacidad, invisibilizadas en las políticas para contener la COVID-19

También dedica un amplio espacio a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que hace más de una década presentó una “cura” a los conceptos del pasado: trazar un camino para que una sociedad excluyente pueda hacer valer los derechos humanos de todos sus ciudadanos en toda su diversidad.

“¿Qué fue tan disruptivo y liberador en esta nueva definición? Separó las discapacidades de la persona y las situó en la relación que existe entre la deficiencia de la persona y las barreras presentes en su entorno. Por ejemplo, estar en silla de ruedas no es, en sí, una discapacidad. Se necesita de una escalera sin rampa o ascensor para entender esa situación como la discapacidad”, agrega el reporte.

La situación en nuestra región

Uno de cada 8 adultos en el mundo vive con alguna discapacidad, es  decir más de 1,000 millones de personas.

En América Latina y el Caribe, la proporción es similar y se calcula que representan alrededor del 13% de la población total. Y si bien los censos y la manera en la que se relevan los datos varían de país a país (un tema que también sugieren que se homologue), pone como ejemplos a nuestro país y Costa Rica:

Gráficas que muestran la prevalencia de discapacidad en México y Costa Rica. En el primero destaca que la discapacidad física es la más común, seguida de la visual, auditiva, psicosocial e intelectual. En el segundo la discapacidad física también es la más común, seguida de la visual, auditiva, intelectual y psicosocial. Fuente: Huete 2019, utilizando Encuestas de hogares armonizadas del BID para México (2016) y Costa Rica (2017).

En el primero destaca que la discapacidad física es la más común, seguida de la visual, auditiva, psicosocial e intelectual. En el segundo la discapacidad física también es la más común, seguida de la visual, auditiva, intelectual y psicosocial.

Según el mismo informe, en toda la región la tasa de prevalencia de discapacidad es de 4 a 6 veces superior en personas entre los 60 y los 69 años de edad, comparada con quienes están en sus veintes. Y sin dudas, como ya ocurrió en otras regiones como Europa, el envejecimiento de la población aumentará aún más estos números, ya que se prevé que 1 de cada 5 personas tendrá más de 65 años para 2050.

Pero hay un dato no menor en el tema de las variables en el rango de edades: las muy bajas tasas de prevalencia en niños menores de 18 años también pueden reflejar bajos reportes debido a la voluntad de los padres de no estigmatizar a los niños o el desconocimiento de las dificultades dada su edad.

Hay varios datos extras brutalmente reveladores:

En nuestra región más mujeres que hombres viven con una discapacidad. Una mayor expectativa de vida para las mujeres significa que la población en los grupos de edad avanzada es mayoritariamente femenina, lo que tiene un efecto sobre la prevalencia de la discapacidad entre las mujeres en las estadísticas generales.

Los pueblos indígenas tienen una mayor prevalencia de discapacidad, al igual que las personas de grupos de bajos ingresos. Es un círculo vicioso, donde las personas pobres tienen mayor riesgo de discapacidad y las pcd tienen más probabilidades de ser pobres. Para las personas con discapacidad, las vías para escapar de la pobreza se reducen.  Además, como las pcd enfrentan altos costos de tratamiento y asistencia personal, el impacto de los gastos catastróficos de salud en los ingresos familiares es aún mayor.

Entre los jóvenes de 24 a 35 años en América Latina y el Caribe, la tasa de empleo para hombres con discapacidad es 24 puntos porcentuales más baja que para los hombres sin discapacidad, y para las mujeres, es 12 puntos porcentuales menos. Incluso para las personas con discapacidades que tienen empleo, sus salarios son mucho más bajos, lo que refleja diferentes posibles fuentes de exclusión.

Solo 3% tiene acceso a servicios de rehabilitación; en Perú y Haití, menos del 10% de las personas con deficiencia auditiva tienen acceso a tecnologías de asistencia. Y en el caso de la población con discapacidades psicosociales que ha recibido rehabilitación, por citar solo dos ejemplos, es inferior al 25% tanto en Colombia como en México.

En Colombia las mujeres con discapacidad reportan haber sido amenazadas o abandonadas por su esposo o pareja a una tasa 4.5 veces mayor que las mujeres sin discapacidad, y son agredidas físicamente a una tasa de más de 10 puntos porcentuales más.

Un informe de 2015 de Disability Rights International reveló que más del 40% de las mujeres que habían sido tratadas en cuatro instituciones psiquiátricas en la CDMX habían sufrido abusos sexuales, y que 4 de cada 10 fueron obligadas a esterilizarse.

Un ejemplo replicable

En el documento del BID dedican un espacio especial a una iniciativa que ellos mismos apoyaron financieramente, que bien podría escalarse a otros países: el Proyecto Ciudad Mujer (CM) en República Dominicana.

Es un ejemplo de accesibilidad e inclusión integradas vía el diseño universal, donde la infraestructura física no solo está diseñada para ser accesible para personas con discapacidades físicas y sensoriales, sino que los protocolos de capacitación para los controles médicos, la inserción laboral, la violencia contra las mujeres y otros módulos han sido diseñados para que incluyan a mujeres y niños con discapacidades. Los videos con subtítulos también se pueden considerar un tipo de diseño universal a diferencia de las adaptaciones tales como el subtitulado en tiempo real o la interpretación simultánea con lenguaje de señas. En videos con amplia distribución es mucho más rentable incluir los subtítulos que ajustarlos repetidamente.

Adicionalmente, estos subtítulos son útiles para audiencias más amplias. Al implementar de forma adecuada las adaptaciones razonables y el diseño universal, las deficiencias se vuelven meramente anecdóticas.

Incluir a las personas con discapacidad no solo es una cuestión de derechos sino de crecimiento económico: un estudio del propio BID que examina Costa Rica, Chile y México estima que incluirlas al mercado laboral aumentaría el PIB entre un 2% y un 3%.

El reporte incluye un análisis de la gradual transición de escuelas especiales a educación accesible, un pendiente desde el Río Bravo hasta Ushuaia.

Este texto se publicó originalmente en Yo También

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