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'Me apuntó directamente y me disparó en el ojo': las denuncias de violaciones a derechos humanos en Chile

Amnistía Internacional publicó un informe que asegura que, desde el comienzo de las manifestaciones en Chile, ha existido una "política deliberada" para "dañar a los manifestantes".
21 de noviembre, 2019
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“(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo”.

Las palabras son de Diego Foppiano, un estudiante de ingeniería de la Universidad Diego Portales que resultó herido mientras participaba de una de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde el 18 de octubre.

Tras el incidente, el joven se dirigió rápidamente al hospital pero, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo.

Hoy todavía tiene el perdigón —el proyectil con el que Carabineros le disparó— inserto en su ojo y está recibiendo atención psicológica debido al trauma.

El caso de Diego no es aislado. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 2.300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de las policías en las marchas y, de ellas, 220 tienen un trauma ocular severo.

protestas chile

Diego Foppiano
Diego Foppiano perdió su ojo izquierdo tras recibir un perdigón por parte de la policía chilena. De acuerdo con el Colegio Médico, 140 personas quedarán con ceguera de un ojo producto de las lesiones.

En conversación con BBC Mundo, Rosa Balcells, médico de la unidad de trauma ocular del hospital El Salvador, asegura que “las lesiones que nos ha tocado ver en el contexto de estas manifestaciones son muy graves, con daños severos del ojo y en un número altísimo de pacientes”.

Y así es como hoy, en muchas de las protestas, se ven a los manifestantes sosteniendo carteles que dicen cosas como “los ojos perdidos no serán en vano” y “aunque nos saquen los ojos, ya vimos”.

BBC Mundo ya había constatado esta “epidemia” de lesiones oculares que desde principios de noviembre tiene en alerta a las autoridades chilenas y que no tiene precedentes en el mundo de acuerdo con el presidente de la sociedad de oftalmología de Chile, Dennis Cortés.

Ahora, la organización Amnistía Internacional publicó un crudo informe sobre la situación en el país sudamericano luego de enviar una misión especial que documentó los sucesos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

El informe asegura que, desde que comenzaron las protestas, ha existido una “política deliberada” para “dañar a los manifestantes”.

“Castigo” a la población: el duro informe de Amnistía Internacional

En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, “están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y “miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas”.

protestas chile

Getty Images
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, dijo Erika Guevara Rosas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que “apretó el gatillo”.

“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, dijo.

Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos” sino que responden a un “patrón consistente” y a un “modus operandi” por parte de Carabineros.

Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.

“La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes”, dice.

“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, agrega.

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Getty Images
Según el informe de Amnistía Internacional, Carabineros ha utilizado escopetas de forme “injustificada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”.

Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió “múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento”.

“Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello”, dice.

“Tortura y malos tratos”

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.

En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.

El primero, es el “uso letal de la fuerza”, donde se afirma que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”.

Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un “militar le disparara en el cuello”.

El segundo, es el referente a “tortura y malos tratos”.

“Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”, se señala.

En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue “violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial”.

“Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”, se agrega.

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Getty Images
Durante más de un mes se han producido diversas manifestaciones en las principales ciudades de Chile donde se exige mayor igualdad y terminar con los “abusos”.

También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de “atropellar o intentar atropellar” a los manifestantes.

Por último, el informe habla sobre “lesiones graves y armas potencialmente letales”, afirmando que ha habido un uso “constante e inadecuado” de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.

También se hace referencia al uso “inadecuado y en cantidades alarmantes” de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con “posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico”.

Finalmente, Amnistía Internacional advierte que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico”, y entrega algunas recomendaciones.

Entre ellos, el cese de la “represión de manera urgente”, la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma “seria y profunda” de la policía.

¿Qué dice Carabineros?

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Getty Images
Carabineros asegura que hay más de 1.900 oficiales lesionados.

Consultado por BBC Mundo, el portavoz de Carabineros, coronel Julio Santelices, aseguró que todos los casos deben investigarse.

“No corresponde calificar anticipadamente antes de investigar. Nosotros pedimos que se investigue y se establezca una verdad jurídica”, dijo.

Además, Carabineros asegura que hay más de 1.900 policías lesionados de distintas consideraciones y reclaman que han recibido impactos de bombas molotov y objetos contundentes.

Con todo, el mes de movilizaciones en Chile ha traído consecuencias. Para algunos, como Diego Foppiano, serán heridas que quedarán para siempre.

Pero él parece estar tranquilo y dice que espera que todo esto haya valido la pena.

“Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país”, concluye.


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Cuartoscuro

Sedena Leaks: el Ejército investigó a 165 candidatos, indagó influencia partidaria y vigiló mítines en elecciones de 2021 

Los informes revelados por el hackeo de Guacamaya indican que soldados hicieron un seguimiento cercano a las contiendas del año pasado, en las que elaboraron fichas detalladas de aspirantes y en algunos casos advirtieron de posibles nexos con el crimen organizado.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Alfredo Maza 
18 de octubre, 2022
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigila los procesos electorales. Tan solo de los comicios de 2021 investigó a cuando menos 165 candidatos, entregó reportes sobre mítines, líderes, movimientos sociales e influencia partidaria estatal, además de que hizo análisis de riesgos durante toda la jornada. 

Así lo revelan diversos reportes contenidos en la información de la Sedena filtrada por el grupo de hacktivistas Guacamaya, en los que también se detallan la influencia de grupos de la delincuencia organizada, sus presuntos nexos con candidatos y el despliegue de seguridad estatal y federal.   

De los comicios de 2021, fueron localizadas al menos 165 fichas de candidatos a diputaciones locales, federales y presidencias municipales de Guerrero, San Luis Potosí, Coahuila y Baja California Sur de todos los partidos políticos, además de diferentes reportes sobre los comicios en Sinaloa, Colima, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Yucatán y el próximo proceso electoral de Coahuila en 2023.  

En su investigación electoral, la Sedena envía órdenes a cada Región Militar para indagar a distintas personas, entre las que se encuentran candidatos. De ellos, se hace una “ficha” que incluye sus datos personales (fecha de nacimiento, domicilio, filiación partidista, CURP, estado civil, religión), perfil académico (con sus historial de estudios), referencias generales (actividades laborales) y “vínculos” con el crimen organizado, datos que se registran en el Sistema de Información Integral del propio Ejército, según se observa en las comunicaciones militares. 

Entre las fichas se encuentran las de 34 candidatos a presidencias municipales de San Luis Potosí, como Irma Álvarez, de Morena, por el municipio de Alaquines; Silvia Galicia, de Fuerza por México, por Aquismón, y María Juárez, del municipio de Axtla de Terrazas, por la coalición de PAN, PRD, PRI y Conciencia Popular, entre otras personas. 

También están 26 candidatos a diputados locales de Guerrero de los partidos Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Solidario, PVEM, PT, PRI, PRD y Fuerza por México, como Carla Altamirano, Jorge Ramírez, María Galeana, Rogelio Hernández, Karina Pineda, Jean Laban y Elsa Torres. Asimismo, 51 aspirantes a presidencias municipales de Coahuila y los candidatos a diputaciones locales de Baja California Sur.   

La Sedena realiza también informes nombrados “Panorama político o proceso electoral”, en los que analiza 21 conceptos de la entidad o municipio, como lo relacionado con información electoral como padrón electoral, número de distritos, municipios administrados por los diferentes partidos, resultados de los comicios previos, abstencionismo, influencia partidista en los principales centros urbanos o municipios donde se pueden originar problemas electorales. 

También hay análisis de “organizaciones sociales que podrían originar presión electoral por influencia política, grupos radicales que podrían desestabilizar la paz social y área de influencia, grupos políticos que se integran para inducir el voto entre la población”, y hasta “posibles escenarios antes, durante y después de las elecciones, pronóstico electoral y vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas que se encuentran dentro de su jurisdicción”. 

FOTO: Cuartoscuro

Su pronóstico para Coahuila, donde se elegirá la gubernatura el próximo año, es que, si bien el PRI “ha sido el partido político con mayor aceptación durante 76 años, tomando en consideración la aceptación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en otros estados, no se descarta la posibilidad que por primera vez en el estado de Coahuila gobierne otro partido”. 

En los análisis electorales también se incluye la relación de los políticos incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió en San Luis Potosí. “Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, mantiene una buena relación con el presidente, distinguiéndose como uno de los gobernantes estatales cercanos, lo cual se confirmó con la designación de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, como candidata a la gubernatura por el partido de Morena”, dice el informe emitido el 17 de mayo de 2021.

Vigilancia a los comicios 

Durante el desarrollo de los comicios, elementos de la Sedena también asisten a actos proselitistas, como da cuenta el informe del 25 de abril de 2021 con carácter “urgente”, realizado por la 27 Zona Militar Gustavo G. León y Leonardo Bravo. 

En él, está sistematizada la información de las actividades de los candidatos por hora, lugar del evento, número de asistentes y lo sucedido. Está el registro, por ejemplo, del acto realizado por Sheila Soto, aspirante a una diputación federal por la coalición PRI, PRD y PAN, en una cancha de la colonia Jardín, donde asistieron 250 personas. “La Lic. Soto Manzano dio a conocer sus propuestas como candidata, las cuales están enfocadas directamente para las personas con escasos recursos económicos considerados como prioritarios”, consigna el reporte.

Sobre el aspirante a la presidencia municipal de Acapulco Ricardo Taja, el reporte asienta que el 25 de abril “realizaron recorridos en la colonia entregando volantes donde se plasman sus propuestas, entre las principales, la cancelación de la deuda ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y predial, bajo el lema ‘Borrón y cuenta nueva’”. 

Sobre Abelina López, candidata a la presidencia municipal de Acapulco que resultó ganadora, la Sedena reportó que en un mitin con 400 personas, dijo que buscaría al presidente López Obrador para solicitarle “ampliar el proyecto Sembrando Vida, la cual (sic) traerá mejores beneficios para las zonas rurales de Acapulco, así como mejores oportunidades de vida. Asimismo dio a conocer que de quedar electa se compromete con la realización de obras públicas (pavimentación de calles y la ampliación de la red de agua potable) para la citada comunidad”. 

Sobre Hidalgo, en la comunicación del 11 de junio de 2021, la Sedena reportó la entrega de constancias de mayoría relativa a los candidatos electos, y advirtió la posibilidad de que “derivado de los resultados por los reconteos de votos y al no verse favorecidos integrantes de los diversos partidos políticos realicen algún tipo de manifestación para mostrar su inconformidad a las autoridades electorales e incluso buscaran recursos para impugnar las elecciones de los que resulten favorecidos”. 

Para realizar estas actividades de vigilancia, participaron también elementos de la Guardia Nacional, como consta en la tarjeta informativa 277/2021/3006, dirigida al mando de Colima, en la que “se informa el arribo de cuatro elementos de la Unidad de Inteligencia de Guardia Nacional procedentes de la Ciudad de México, con el fin de colaborar en esta jornada electoral 2021”.  

Lee: Sedena quiere reforma para encarcelar a quienes posean, manipulen o conozcan información de seguridad nacional sin autorización

Violencia electoral 

Sobre la violencia ocurrida en los comicios de 2021, la Sedena reportó, por ejemplo, el intento de homicidio ocurrido el 14 de mayo en contra del candidato a diputado local por Xochitepec Javier González Estrada, del PVEM. 

Igualmente, el incendio de la casa de campaña de la candidata a una diputación federal por Morena Juanita Guerra o el despojo de la camioneta de Sara Oliva, candidata a diputada local por el PRD, realizado por hombres supuestamente armados.

Los informes también refieren que “las organizaciones delictivas que mantienen presencia en Morelos anteriormente han cooptado a candidatos a cargos de elección popular con la finalidad de financiar su campaña electoral para mantener el control de las actividades”, y ubican a 10 candidatos con presuntos nexos con Guerreros Unidos y Los Rojos

Mientras, entre los focos rojos en Hidalgo, la Sedena reportó que en los municipios de Huejutla y San Felipe Orizatlán “se podrían registrar eventos relevantes”, ante la presencia de Jesús Ángel Sierra Zerón, ‘el Jes’ o ‘el Sierra’, líder de Los Zetas y quien “en elecciones pasadas proporcionó financiamiento económico a los candidatos del PAN-PRD y PES en el municipio de Huejutla”.

Entre los grupos que podrían desestabilizar la paz en San Luis Potosí, la Sedena se refirió a las células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste y a las células del Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, Los Alemanes, Cárteles Unidos de la Huasteca, La Familia Michoacana y de los autodenominados Independientes Unidos; además, advirtió “de manera intermitente” sobre las células vinculadas al Cártel de Sinaloa y al grupo delictivo Talibanes. 

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