La decepción de las familias de los 10 mineros atrapados hace casi un mes
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Coahuila: la decepción de las familias de los 10 mineros atrapados hace casi un mes

Las familias de los mineros atrapados en Coahuila pierden la esperanza de verlos con vida después de que el gobierno asegurara que su rescate necesitará de 6 a 11 meses más.
31 de agosto, 2022
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A poco de cumplirse un mes de la tragedia este próximo sábado, la esperanza de los familiares de los diez mineros atrapados en un pozo de carbón en México se apaga poco a poco.

El primer varapalo fue cuando, después de que las galerías donde trabajaban se inundaran el 3 de agosto por el agua de minas cercanas abandonadas en Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, una nueva inundación echó por tierra el trabajo de casi dos semanas de bombeo de líquido y hubo que volver a empezar.

El golpe definitivo para las familias fue cuando las autoridades les comunicaron el pasado jueves que la estrategia a seguir ahora sería la de hacer un tajo a cielo abierto para descender 60 metros y llegar donde están los hombres en la mina de El Pinabete.

¿El mayor problema? Que serán necesarios al menos seis meses para hacerlo, lo que terminó por dinamitar el ánimo de las familias.

“De seis a 11 meses de trabajo es mucho, ¿qué nos van a entregar entonces de mi hermano?”, le dice a BBC Mundo Magdalena Montelongo, hermana de Jaime, uno de los mineros atrapados.

“Al principio teníamos mucha esperanza. Pero fue pasando el tiempo y cuando se vino la otra ola de agua… se va perdiendo. Ahorita, como ya van a hacer esto, se me hace difícil que los veamos con vida”, reconoce resignada la mujer.

En todo este tiempo no ha habido ningún contacto con los mineros, quienes no tenían comida ni agua potable. El gobierno, sin embargo, ha rechazado oficialmente que se les dé por muertos.

Volvió a la mina para ayudar a sus compañeros

Con 61 años, Jaime Montelongo es el veterano del grupo de los hombres atrapados.

Hijo y padre de mineros, lleva trabajando en ello desde los 14 años y, aunque ya estaba retirado desde el año pasado, decidió regresar a la mina porque “se sentía bien”.

Map

Su hermana Magdalena habla de él intercalando tiempos verbales en presente y pasado, fruto probablemente de la incertidumbre. Recuerda cómo uno de los mineros sobrevivientes le contó que Jaime pudo haber escapado junto a él, pero decidió ayudar a sus compañeros.

“Oyeron un fuerte estruendo, y luego otro. Mi hermano empezó a hablar al resto por el radio: ‘¡gente, gente!’, pero no había respuesta. Entonces él le dijo a este compañero que se fuera en el bote y regresó para avisar al grupo”, relata la mujer.

Su colega sobreviviente se subió al bote y, en cuestión de segundos, estaba prácticamente cubierto por toda el agua que llegaba con fuerza. Logró salir, pero de Jaime nunca supo nada más.

“No sé, creo que él sentía el deber y la responsabilidad de traerse a los demás compañeros… nunca pensó la magnitud del problema que se venía”, dice su hermana, quien lo define como alguien “muy noble” y bueno. “Los muchachos de la mina decían que sí se enoja, pero que no los regañaba”.

Jaime Montelongo

AFP
Jaime Montelongo trabaja en la mina desde los 14 años.

Sobre el nuevo método de rescate elegido, la mujer asegura no estar de acuerdo. Las autoridades, sin embargo, defendieron que esta es la propuesta más sólida y de menor riesgo para los rescatistas según los análisis de especialistas.

“La otra (opción) es que sigamos bombeando, que saquemos toda el agua de Pinabete, de Conchas Norte, de Mina 6, acuérdense que Pinabete está rodeada de minas, pero esto (…) llevaría 24 meses. El tema es que puede haber un gran riesgo de colapso”, dijo Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil.

Rechazo e indemnizaciones

Inicialmente, los familiares se negaron a aceptar esta nueva estrategia por todo el tiempo que requerirá. Montelongo no entiende por qué no se optó por esta técnica desde el principio ni por qué las autoridades mexicanas se demoraron dos semanas en pedir asesoría de especialistas extranjeros.

“Se dejó pasar mucho tiempo, pienso que en la primera semana los podrían haber rescatado pero hizo falta gente más capacitada para este tipo de situaciones”, opina.

Familiares de mineros

AFP

Finalmente, el pasado fin de semana, las esposas de los mineros aceptaron la técnica del tajo a cielo abierto.

En la zona se levantará un memorial y el gobierno también les entregará una indemnización “por encima de lo convencional”, según adelantó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque no se ha determinado la cantidad.

“Para nosotros, nuestro hermano no tiene valor económico. En ese momento dijimos ‘ya no hay nada que hacer más que resignarnos y entregar nuestro hermano a Dios’. Estamos decepcionados e impotentes, no nos han dejado otra opción”, lamenta Montelongo.

López Obrador, quien insistió en que las tareas de rescate no se detendrán y que “no va a suceder lo de Pasta de Conchos” -en referencia a otra mina en Coahuila donde una explosión de gas en 2006 dejó 65 muertos, de los que 63 cuerpos nunca fueron recuperados-, dijo entender el dolor de las familias.

Este domingo, el mandatorio admitió que los familiares no estaban satisfechos al principio con la opción del rescate planteado por el gobierno.

“No aceptaban por el tiempo. Se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, estaban muy alterados y no querían nada, y ya, pues han aceptado”, dijo el presidente, quien se comprometió a “trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos”.

AMLO en la zona del derrumbe

Gobierno de México
López Obrador visitó la zona del siniestro el 7 de agosto.

El papel de familiares y esposas

Magdalena Montelongo tampoco oculta su decepción por el hecho de que las autoridades no hayan tomado en cuenta la opinión de otros familiares de los mineros, sino que solo se reunieron con las esposas “una por una y a puerta cerrada” para plantearles la opción del tajo abierto, a la que finalmente dieron el sí.

La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPdC), un colectivo defensor de los derechos de los mineros, criticó que solo se escuchen la opinión de las esposas.

“No es justo ni correcto porque, antes de ser esposos, fueron hijos y hermanos. Todos son víctimas. Pero el gobierno habla con las esposas porque así se ahorra broncas: los familiares pueden ser más objetivos y no se les puede presionar con indemnizaciones… a las viudas, sí”, dice Cristina Auerbach, defensora de Derechos Humanos en OFPdC.

El colectivo tampoco aprueba la nueva estrategia al considerar que es irreal ni aún el plazo de seis a 11 meses. “Si es una mina a cielo abierto, requieren mover cuando menos cinco millones de toneladas de tierra (equivalente a llenar tres veces el estadio Azteca), más de 1600 trabajadores, camiones de carga de 200 y 300 toneladas…”.

Mina del accidente

AFP
La nueva técnica para el rescate de los mineros comenzará en los próximos días.

“Cuando estaban aquí los especialistas extranjeros, se habló de encapsular y poner barreras para aislar el pozo del agua de las minas cercanas. Nunca se habló de tajo a cielo abierto”, cuestiona Auerbach en entrevista con BBC Mundo.

También critica que la propuesta no venga de cuadrillas de rescate de empresas de la región ni de expertos en minas de carbón, sino que esté liderada por Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La CFE no tiene minas de carbón, solo lo compra, ni tiene experiencia en rescate minero. ¿Entonces por qué va a encargarse de los rescates? Es absurdo, no sabemos por qué”, afirma.

Mayor región carbonífera de México

Tras lo ocurrido, la Fiscalía solo acusó hasta el momento a un joven como “probable responsable en explotación ilícita del subsuelo”.

Según el propio López Obrador, este podría no ser el dueño de la empresa responsable de la mina sino un simple prestanombres sin poder real con el que se trate de evitar que se conozca el nombre del concesionario.

Coahuila se ha convertido en un verdadero punto negro para desarrollar esta profesión. Sin contar grandes minas a cielo abierto, al menos 153 personas han muerto en el estado desde 1996 en pozos y pequeñas minas y cuevas, según un conteo de OFPdC.

“El trabajador está en la mina por necesidad, pero lo hacen en condiciones inhumanas y por 200 pesos (unos US$10) por tonelada de carbón. ¿Quiénes son los beneficiados? Los dueños, que son los que más ganan. Y también la Secretaría de Trabajo debería inspeccionar esas condiciones”, responde Magdalena Montelongo a la pregunta sobre quiénes son responsables de esta situación.

Jaime Montelongo

AFP
La familia de Jaime Montelongo improvisó un altar con su imagen a las afueras de la mina.

En Coahuila se produce el 99% del carbón utilizado en México por la CFE, empresa estatal clave en el proyecto energético del presidente. Pese a esta alta cifra, Auerbach puntualiza que el carbón solo representa “el 4% de la matriz energética” del país.

“Si oyes lo del 99%, piensas que es una locura pedir que se detenga la producción porque dicen que genera desarrollo en la región… pero lo que deja es una estela de muerte brutal. Si fuéramos más sensibles, después de esta tragedia deberíamos dejar de consumir ese 4%”, opina.

La miembro de OFPdC dice estar sorprendida por el hecho de que no se estén revisando todos los contratos de concesiones de minas en la zona.

“Todo el mundo sigue sacando carbón como si nada. Así que es cuestión de tiempo que vuelva a suceder”, concluye.


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Cuartoscuro

Desde regaños, hasta anticoncepción forzada: 3 de cada 10 mujeres viven violencia obstétrica

De las 7 millones 810 mil 538 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un hijo o hija entre 2016 y 2021, 2 millones 455 mil enfrentaron alguna forma de violencia en la atención obstétrica durante su último parto.
Cuartoscuro
Por Marcela Nochebuena, Itzel Soto/ Data Cívica, Janet Oropeza y Matilde Pérez/ Fundar
6 de septiembre, 2022
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Tres de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años en nuestro país sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. 

Esto significa que de las 7 millones 810 mil 538 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un hijo o hija entre 2016 y 2021, 2 millones 455 mil enfrentaron alguna forma de violencia en la atención obstétrica durante su último parto, es decir, el 31.4%, de acuerdo con los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Algunos de los hechos de violencia obstétrica reflejados en la ENDIREH van desde gritarles o regañarlas al momento del parto, ignorarlas cuando preguntan dudas sobre su embarazo o su bebé u obligarlas a permanecer en posiciones incómodas, hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o degradantes. Además, prevalecen formas graves de violencia obstétrica como la realización de cesáreas y la colocación de dispositivos para no tener más hijos sin consentimiento o sin explicación. 

Aunque la violencia obstétrica está tipificada como tal en las leyes locales de 28 estados, la encuesta utiliza el concepto “maltrato en la atención obstétrica” para englobar, según su propio glosario, diferentes violencias contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva que pueden manifestarse en amenazas de retirarles su tratamiento por parte de los profesionales sanitarios, sufrir violencia física u obtener malos resultados de salud si no obedecen. También contemplan la culpabilización, así como la humillación y el abuso verbal, es decir, frases expresadas durante el trabajo de parto cuando ellas manifiestan dolor u otras emociones, inquietudes o necesidades.

Sin importar la cantidad de población que atienden, de acuerdo con los resultados de la ENDIREH los mayores porcentajes de maltrato están en los servicios públicos de salud, que registran prevalencias de entre 27 y 40% dependiendo de la institución. En tanto, en hospitales y servicios privados la prevalencia va de un 15 a 19%.

Por entidad federativa, el mayor porcentaje de mujeres que reportaron haber vivido maltrato en la atención obstétrica, se ubica, según la encuesta, en San Luis Potosí (38.9%), Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México (38.5%), mientras que los menores índices se registraron en Tamaulipas (25.4%), Tabasco (24.4%) y Chiapas (18.8%).

De acuerdo con un análisis de los resultados de la ENDIREH realizado por Data Cívica, en el grupo de mujeres de 15 a 24 años es donde más incidentes de violencia obstétrica se reportaron. En este mismo grupo de edad, al analizar por situación de maltrato, el mayor porcentaje (11.3%) corresponde a aquellas que dijeron haber sufrido gritos o regaños, seguido por haber sido presionadas para que aceptaran algún método anticonceptivo (9.6%) y haber sido ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o sobre su bebé (9.4%). El siguiente grupo que más maltrato reportó es el de 25 a 34 años, con las mismas formas de violencia en los primeros lugares. 

Además, la ENDIREH refleja que el porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de maltrato obstétrico es más o menos el mismo entre aquellas que se autoadscriben como indígenas y aquellas que no. Los gritos y regaños fueron reportados en mayor medida por la población no indígena (10.6 contra 8.7%) pero la presión para aceptar algún método anticonceptivo es mayor en el caso de mujeres indígenas (9.5 contra 8.6%).

El nivel de escolaridad de las mujeres de 15 a 49 años que vivieron sucesos de violencia durante su último parto también refleja algunas diferencias en torno a los incidentes reportados: por ejemplo, destacan los gritos o regaños en mujeres con licenciatura o posgrado (10.8%), al mismo tiempo que la presión para aceptar algún método anticonceptivo hacia mujeres sin escolaridad (10.1%), más alta que en cualquiera de los otros grados de estudio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud materna es un componente esencial de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Se refiere a que en el embarazo, el parto y el puerperio se garantice la salud y bienestar de las mujeres y sus bebés mediante un trato respetuoso, culturalmente aceptable y de calidad. 

Leer más | 1 de cada 3 mujeres sufre maltrato en el parto; México rebasa nivel de cesáreas que aconseja la OMS

Anticoncepción obligada y cesáreas sin consentimiento

Respecto a los tratamientos médicos no autorizados, el Inegi reporta que un 23.7% de mujeres que tuvieron una cesárea vivieron este tipo de violencia, en tanto que también se ejerció hacia un 16.9% de las que tuvieron un parto. En el primer caso, existe una reducción respecto a 2016 (25.9%).

Para el levantamiento de la encuesta, se consideraron como tratamientos médicos no autorizados no informar de manera clara a las mujeres por qué es necesario hacerles una cesárea, no haber recabado su consentimiento o autorización para hacerla, ser presionadas para aceptar un dispositivo o cirugía para ya no tener hijos o hacerlo sin preguntarles, negarles anestesia o bloqueo para disminuir el dolor sin explicaciones u obligarlas o amenazarlas para firmar un papel sin informarles el objetivo. 

Entre 2016 y 2021, 3 millones 718 mil 900 mujeres tuvieron un hijo o hija por cesárea, entre las cuales 319 mil 319 no dieron permiso para que se las practicaran, es decir: el 8.6% de las mujeres que tuvieron una cesárea en los últimos cinco años no la autorizaron. 

Por otro lado, a 759 mil 505 mujeres, que representan el 9.7%, las presionaron para que aceptaran algún dispositivo o cirugía como método anticonceptivo, mientras que a 333 mil 284 mujeres les colocaron algún método anticonceptivo o las operaron o esterilizaron para ya no tener hijos o hijas sin su consentimiento, es decir, al 4.3%. De acuerdo con el Informe Sombra de organizaciones de la sociedad civil ante la ONU, esta práctica está considerada como tortura y otras formas de tratos crueles e inhumanos. 

En nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no define de forma explícita a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, pero contempla figuras como la violencia psicológica, física e institucional, en las que puede encuadrarse. Hasta el momento, de acuerdo con el informe “Justicia olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 28 entidades federativas han incorporado definiciones de violencia obstétrica en sus leyes estatales.

En su propio glosario, la ENDIREH incluye en la definición de maltrato obstétrico actos de violencia de los que no se levantaron datos, como las amenazas o la falta de confidencialidad. Además, a diferencia de otros ámbitos de la encuesta, no se incluye ninguna información relativa a con quién compartieron la situación de violencia que sufrieron o en qué casos y ante qué instancias la denunciaron, por lo que tampoco es posible conocer las respuestas y acciones ante esta forma de violencia. 

De acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar, los datos que revela la ENDIREH en su versión 2021 son alarmantes porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y perpetuada desde las propias instituciones de salud pública, sin que las autoridades tomen medidas para atenderla o erradicarla.

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