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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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Facebook de Américo Villarreal

Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, acusa a García Cabeza de Vaca de promover orden de arresto en su contra

Américo Villarreal, de Morena, aseguró que el gobernador saliente, del PAN, se reunió con un juez para pedirle que emita ocho órdenes de aprehensión, entre ellas, una en su contra.
Facebook de Américo Villarreal
21 de septiembre, 2022
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El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, de Morena, acusó este miércoles al gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, de promover un “juego sucio” para que un juez emita una orden de aprehensión en su contra, así como de otras personas.

La acusación de Villarreal, quien ganó las elecciones de junio pasado, se da a semana y media de que asuma el Poder Ejecutivo de Tamaulipas para el periodo 2022-2028. Su sexenio inicia el 1 de octubre.

“Hace unos momentos, hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez, que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar ocho órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mía”, dijo Villarreal en conferencia de prensa.

Los señalamientos se dan luego de que desde el gobierno federal se han promovido denuncias contra García Cabeza de Vaca, a quien se atribuyen delitos como delincuencia organizada.

Esto derivó en que en 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara el desafuero del político panista, lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN era primera fuerza, determinó mantener el fuero del gobernador, lo que condujo a una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si el Poder Legislativo federal podía o no retirar la inmunidad procesal a un funcionario local.

El 17 de agosto, la SCJN determinó invalidar la orden de aprehensión y el desafuero de la Cámara contra García Cabeza de Vaca.

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