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G. D. Olmo

Cómo es la vida en la Colonia Tovar, el enclave alemán de Venezuela que resiste a la escasez y la inseguridad

Los habitantes de la Colonia Tovar, un hermoso pueblo fundado en el siglo XIX por colonos alemanes en lo alto de una montaña junto al mar Caribe, viven lejos de la escasez y la inseguridad frecuentes en otros lugares del país.
G. D. Olmo
28 de junio, 2019
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“Vivir aquí es una bendición”, proclama con la más ancha de sus sonrisas José Rivera.

En esta fresca mañana de sábado ha montado en la plaza central del pueblo su bien surtido puesto de frutas.

Frambuesas, duraznos, aguacates, moras… José tiene de todo.

Su puesto despliega más colores que la paleta de un pintor expresionista. Por eso atrae cada fin de semana a los turistas que visitan la Colonia Tovar, a pocos kilómetros de Caracas, en lo alto de un montaña.

Este agricultor de 50 años se dice un privilegiado en la Venezuela de la crisis. Heredó una finca que explota junto al resto de su familia: “Toda la vida nos ha ido bien”, dice.

Relatos como este no abundan en la Venezuela actual.

Pero este lugar no es solo venezolano; es también alemán.

Sí, han leído bien; la Colonia Tovar es alemana.

Paseando por sus calles, repletas de cervecerías de estilo bávaro y restaurantes que sirven una amplia variedad de salchichas con repollo agrio, o contemplando su iglesia principal, dedicada a un santo católico que murió mucho antes de que los europeos tuvieran noticia de la existencia de América, cuesta imaginar que el Caribe queda a poco más de 30 kilómetros.

También el blanco caserío con gruesas vigas de madera que salpica su verde y montañoso paisaje recuerda más a la Selva Negra alemana o a los Alpes italianos que a nada que uno pudiera asociar a la tropical Venezuela.

¿Cómo surgió y sobrevivió esta “Alemania del Caribe”?

Colonia Tovar.
G. D. Olmo

En el mercadillo de los fines de semana los turistas pueden adquirir la fruta que se cultiva en los alrededores, conocida por su gran calidad.

El viejo Ciro Enrique Breidenbach es su cronista y conoce la historia mejor que nadie.

“Hacia 1840, durante el gobierno de José Antonio Páez, había una gran emigración del campo a la ciudad y la producción agrícola de Venezuela estaba cayendo, así que se encargó al militar y geógrafo italiano Agostino Codazzi un plan para atraer colonos alemanes que trabajaran los campos”, cuenta, mientras muestra con delicadeza de entomólogo el original del primer contrato de asentamiento suscrito con uno de estos colonos.

Martín Tovar Ponte, uno de los próceres de la independencia, aportó las tierras a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar en las que hoy se asienta la colonia, agraciada por un clima benigno y un suelo fértil que son una de las razones por las que aquí no se da la escasez de alimentos que aqueja a otros lugares del país.

Dos años después, un grupo de 60 familias de la aldea de Endingen, en el actual estado alemán de Baden-Wurtemberg, en apuros tras una época de malas cosechas, aceptaban la oferta de Codazzi e iniciaban una travesía por el Atlántico que les llevaría a las tierras de Tovar.

Nacía así este sitio tan peculiar.

“Codazzi quería mantener a los alemanes aislados de la población local porque temía que el contacto con los venezolanos arruinaría su carácter trabajador”, relata el cronista.

Él mismo, descendiente de alemanes, es un ejemplo vivo de que no lo logró.

Con el tiempo, colonos y autóctonos fueron emparejándose, dando lugar a un excepcional mestizaje germano-venezolano que perdura en la actualidad.

Colonia Tovar.

G. D. Olmo
El cronista de la ciudad muestra un documento con los nombres de los primeros colonos del lugar.

Alemanes en Venezuela

Mariel Rivero, camarera en uno de los mesones típicos de la localidad, está casada con un ciudadano alemán y sus dos hijas tienen el pasaporte de ese país europeo.

“Es muy agradable vivir aquí; la colonia me lo ha dado todo”, cuenta.

Cabellos rubios y ojos azules como los suyos, poco frecuentes en el Caribe, abundan aquí.

Son parte de un legado que los más concienciados de los colonieros, como se conoce a los habitantes de la colonia, tratan de conservar.

Es el caso de Carlos y Tulio Misle, padre e hijo involucrados ambos en proyectos vinculados al origen alemán de la comunidad.

Colonia Tovar.

G. D. Olmo
Mariel Rivero se siente agradecida y sus hijas tienen la nacionalidad alemana.

Tulio viajó a Alemania para formarse y regresó para montar una empresa de producción de vinos y cerveza artesanal que ahora intenta expandir pese al contexto económico adverso en el país.

“Producir aquí una bebida tradicional de la Colonia es un orgullo”, afirma, mientras atiende a los clientes de su negocio.

Carlos, su padre, está empeñado en salvar el alemán coloniero, el habla local resultado de la fusión del español con el alemánico, un raro dialecto del alemán que trajeron consigo los primeros colonos.

“Un grupo de personas comprometidas con el rescate de nuestro acervo cultural llevamos dos años dedicadas a escribir la gramática del alemán coloniero”, cuenta.

Alarmados por un estudio en el que comprobaron que cada vez quedan menos hablantes, se decidieron a “unificar el dialecto para que no se pierda” y han producido un manual para que el curso que viene los más pequeños comiencen a estudiarlo en algunas escuelas del municipio.

Colonia Tovar.

G. D. Olmo
Muchos de los muertos que descansan en este cementerio son de orígenes alemanes.

Uno de los factores que lo han ido arrinconando ha sido el turismo

Pero es también una de las fuentes de riqueza de la Colonia.

Lo sabe bien Ankeith Bracamonte, que hace unos años decidió dejar su puesto de empleado público para fundar una agencia de viajes junto a dos socios.

“El principal atractivo es la gastronomía, que cada fin de semana trae a visitantes, sobre todo de Caracas, pero también de Maracay y Valencia”, indica, refiriéndose a las principales ciudades de Venezuela.

Colonia Tovar.

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La gastronomía alemana es uno de los reclamos turísticos de la Colonia Tovar.

La estampa habitual cualquier fin de semana aquí es muy distinta de las colas, protestas o mercados desabastecidos que suelen proyectar los informativos internacionales cuando hablan de Venezuela..

Entre los que se divierten este fin de semana están Armando Nazerdine y sus dos primos. Hijo de inmigrantes libaneses que se instalaron en Venezuela en la década de 1980 huyendo de la guerra en su país, ahora vive en la Isla Margarita, se siente un venezolano más y da gracias por lugares como este.

“Venezuela es tierra de paz y armonía” cuenta, mientras se balancea en el remolque del vehículo rústico que los pasea a él y a otros visitantes por los alrededores de la Colonia.

A bordo va también Dugleilis Sibad, empleada del Estado que ha venido con una amiga desde Valencia a disfrutar del día.

Acaba de degustar una muestra del chocolate elaborado con el cacao criollo, la variedad local, y está de mejor humor incluso que cuando llegó.

“Todo esto es muy bonito. El clima es muy agradable y hay una gran variedad de frutas, verduras y artesanía”, comenta.

Colonia Tovar.

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La Iglesia que preside la localidad está dedicada a San Martín de Tours, un santo católico europeo.

Una zona “segura” en Venezuela

El turismo es también una de las claves que explican que, según sus habitantes, la Colonia siga siendo un lugar relativamente seguro pese a ubicarse en el estado Aragua, considerado uno de los más violentos y peligrosos de Venezuela.

Reinaldo, el conductor que pasea a Dugleilis y a Armando, explica por qué: “El asunto de la inseguridad está controlado aquí; quienes trabajamos en el turismo hacemos de patrullas civiles y reaccionamos en cuanto hay algo sospechoso porque no nos interesa que la Colonia Tovar pierda su buena fama”.

Colonia Tovar.

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Reinaldo se gana la vida paseando turistas por los alrededores. “Quienes vivimos del turismo velamos por la seguridad”, afirma.

¿Y qué hay de los apagones, la otra lacra que ha hecho insoportable el día a día de muchos venezolanos?

La Colonia también tiene suerte en esto. Al ubicarse en la misma línea que da servicio a Caracas, cuyo suministro prioriza el gobierno, los cortes de electricidad son muy raros aquí.

Y sin embargo, los colonieros no son totalmente inmunes a la crisis.

Inge Hubrig regenta una charcutería que presume de que su fundador, su difunto esposo, elaboró en 1993 la salchicha más grande del mundo.

Vive “tranquilamente” aquí desde hace 39 años, pero ahora ha empezado a ver algo nuevo para ella. “A veces llega gente pobre pidiendo salchichas; yo se las regalo, claro”.

Colonia Tovar.

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Inge cuenta que ahora hay gente que se acerca a su negocio a pedir que les regalen comida.

Sentado en el comedor de un coqueto hotel que antes tenía menos habitaciones libres, Esteban Bocaranda, alcalde del municipio Tovar, el que engloba a la colonia, confirma los nubarrones en el horizonte.

“La Colonia permanece viva porque es un centro turístico nacional y, aunque no tenemos manera de medirlo científicamente, hemos notado que llegan menos turistas y algunos negocios han cerrado”, dice.

“También se han ido muchos muchachos y ahora los tenemos regados por toda América”.

El alcalde mira el cielo plomizo a través del amplio ventanal antes de responder a mi última pregunta: “Mire, aquí intentamos permanecer ajenos a lo que pasa en el resto del país”.


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Cuartoscuro

Juez suspende definitivamente orden de captura contra Rosario Robles por delincuencia organizada; FGR no ejecutó

Desde octubre de 2020, los fiscales tuvieron en sus manos la orden de aprehensión, pero no la cumplimentaron. Ahora, un juez de amparo la ha desvirtuado. La exfuncionaria cumple esta semana tres años en prisión preventiva por omisiones, en otro caso que tampoco avanza.
Cuartoscuro
8 de agosto, 2022
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Un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada en contra de la exsecretaria Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados con el caso de La Estafa Maestra. Se trata de una orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo desde 2020, pero que nunca emprendió acciones para ejecutarla.

Fue la propia FGR la que el 31 de octubre de 2020 pidió a un juez federal de Almoloya, Estado de México, que le concediera la orden en contra de la exfuncionaria, tras señalarla como líder de una supuesta organización delictiva compuesta por exfuncionarios bajo su mando, una universidad y varias empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos, una acción concertada para saquear las arcas del Estado.

El juez Iván Zeferín Hernández concedió la orden y dio luz verde a la fiscalía para cumplimentarla y, con ello, detonar el proceso. Pero la FGR no lo hizo. Ello, pese a que la exfuncionaria estuvo todo el tiempo ubicada, pues para ese momento ya estaba encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, cumpliendo una prisión preventiva por otra acusación por omisiones relacionada con los mismos hechos.

Ahora, la orden ya no se puede ejecutar pues la defensa de Robles tramitó un amparo contra la legalidad de la misma y de la acusación de delincuencia organizada, y logró que el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México suspendiera definitivamente la ejecución del mandamiento.

Animal Político solicitó a la fiscalía un posicionamiento respecto de por qué sus agentes nunca se presentaron al penal para cumplir la orden por este caso, pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.

Ejecutar dicha orden no es un mero formalismo, aunque la exfuncionaria físicamente ya estaba detenida. Expertos explican que el hecho de que la orden no fuera notificada oficialmente a la extitular de Sedesol y Sedatu impidió que se programara la audiencia inicial, que se analizaran las pruebas y que el proceso penal avanzara. En síntesis: que hubiera un juicio por este caso.

“No existe una justificación para no haber ejecutado dicha orden, tuvieron meses para hacerlo. Lo que puede advertirse aquí es que hubo una negligencia o en su caso arreglo irregular (…) Estimamos que el caso debería ser investigado y determinarse si esto forma parte de algún acuerdo que pueda dar lugar a la comisión del delito”, dice la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil, la cual presentó la denuncia penal original que dio pie a la apertura de las investigaciones.

La defensa de Robles, por su parte, sostiene que la FGR ha actuado desde el inicio de forma ilegal en este caso y “violando los derechos humanos” de su representada, pues intentó promover un proceso separado por delitos graves, que tiene que ver con los mismos hechos por los cuales está siendo procesada desde antes.

“Llevaron este proceso para obtener esta orden de aprehensión que desde el principio no tenía razón de ser porque ella nunca estuvo sustraída de la acción de la justicia. Ella ya estaba detenida, era un hecho notorio. Pero querían esa orden para mantenerla como espada de Damocles por si ella obtenía su libertad. Desde nuestro punto de vista, fue una medida de presión que tuvieron por meses, pero que ya ha quedado desvirtuada”, dijo en entrevista el abogado José Garrigós, defensor de la exfuncionaria.

Robles cumple esta semana tres años en prisión preventiva, medida cautelar que se le impuso tras presentarse voluntariamente a las audiencias iniciales por los cargos de omisiones que originalmente se le imputaron. Se trata de un proceso penal que ya se ha alargado más de lo que la ley establece (dos años máximo de prisión preventiva), y que se ha entrampado entre los amparos que la exfuncionaria ha ganado en contra de esa medida cautelar y la insistencia de la fiscalía y los jueces de que siga en prisión. Estos debates han ocasionado que este caso tampoco pueda avanzar a la fase de juicio.

La imputación de crimen organizado

De acuerdo con la investigación de la FGR presentada ante el juez Zeferín Hernández, y que dio paso a la causa penal 400/2020 y a la referida orden de aprehensión no cumplimentada, entre 2013 y 2018, Robles, aprovechando sus cargos como titular de Sedesol y Sedatu, “operó una organización criminal, cuyos miembros de manera permanente y reiterada desplegaron conductas tendientes a cometer delitos en materia de operaciones con productos de procedencia ilícita”.

Según los fiscales, la organización delictiva liderada por Robles logró, a través de la manipulación de la ley y la complicidad de otros funcionarios y particulares, desviar 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos mediante 20 convenios generales y 44 convenios específicos firmados con universidades e instituciones públicas.

La estructura criminal para cometer este fraude millonario estaba compuesta por tres grupos: el primero por servidores públicos de Sedesol y Sedatu; el segundo grupo, integrado por funcionarios de las universidades y organismos públicos estatales, y el tercero, integrado por socios, accionistas y/o apoderados de las empresas fachada donde terminaban originalmente los recursos.

El mecanismo, documentado en su momento en el reportaje de “La Estafa Maestra”, consistía en que, aprovechando la excepción que contempla la Ley de Adquisiciones para entregar recursos del presupuesto sin licitar a organismos públicos, las referidas dependencias simulaban necesitar ciertos servicios, firmaban los convenios con las universidades coludidas y cuando estas recibían los recursos los triangulaban ilegalmente a empresas fantasma subcontratadas.

En el caso enviado al juez Zeferín Hernández, los fiscales seleccionaron y documentaron uno de los convenios firmados con la Universidad Autónoma de Morelos que, de acuerdo con los análisis previos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), terminó generando un quebranto de poco más de 77 millones de pesos.

Los implicados en este caso en específico y en contra de los cuales se solicitaron y giraron las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero son, del lado de las dependencias federales, Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, y Simón Pedro León Mojarro, excoordinador federal de delegaciones. Del lado de la universidad, Alejandro Vera Jiménez, quien fuera el rector; Wistano Luis Orozco, exdirector de empresas y servicios, y Gerardo Ávila García, exsecretario de la rectoría.

Respecto de las empresas involucradas, se giraron órdenes en contra de Esteban Cervantes, accionista de ESGER Servicios y Construcciones; Gianni Obed Hernández Torres, socio de Grupo Industrial y Servicios YAFED, SA de CV, y Luis Antonio Valenciano, presentante de Inmobiliaria Feyray.

De acuerdo con autoridades judiciales, hasta ahora se han cumplimentado cuatro de esas órdenes de arresto, pero solo de los implicados de menor perfil. Uno de ellos es Antonio Valenciano, contra quien la FGR ya presentó la acusación formal finalizada la fase de investigación complementaria y ha pedido al juez que se le condene a 35 años de prisión sin derecho a ningún beneficio.

De acuerdo con la misma investigación de la fiscalía, en estos hechos hay otros exservidores públicos federales involucrados, entre ellos el exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa. No obstante, no se ha procedido en contra de ellos pues se les ha dado el trato de testigos colaboradores.

El caso no se sostiene: defensa

Los abogados de Robles consideran que las acusaciones de crimen organizado presentadas por la FGR y un eventual proceso en su contra no se sostienen por dos argumentos centrales. El primero tiene que ver con la violación a la presunción de inocencia de la exfuncionaria, que ya ha sido confirmada por un tribunal federal y en donde el principal responsable ha sido el fiscal, Alejandro Gertz.

El segundo punto, que los litigantes consideran el central, tiene que ver con que los hechos que se imputan a la exsecretaria de Estado en esta acusación son exactamente los mismos que en el proceso que ya se le había abierto previamente por presuntas omisiones. Es decir, la firma de los convenios que dieron paso al presunto quebranto de más de 5 mil millones de pesos.

“Lo que estamos pidiendo al juez de amparo es que no solo se pronuncie por la orden de aprehensión, que ya fue desvirtuada, sino que vaya al fondo del tema porque ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos y las mismas conductas, que tienen que ver con la llamada Estafa Maestra. Es la misma investigación y, en todo caso, tendría que formar parte todo del mismo proceso”, señala el abogado José Garrigós.

Los litigantes aseguran, además, que su defendida no es culpable de los hechos que le imputan. Explicaron que ya revisaron las mil 800 páginas que conforman la carpeta de investigación enviada al juez de amparo, que califican de “compendio de dichos y suposiciones”, donde no hay ninguna prueba material de que la exfuncionaria haya cometido un hecho ilegal.

Insisten en que los pagos realizados por las dependencias que Robles encabezó fueron hechos al amparo de una disposición establecida en la ley que incluso hoy, hasta la fecha, prevalece. “Por eso creemos que esto debe resolverse por la vía del amparo porque aquí estamos ante hechos que, de comprobarse irregularidades, tendrían que pasar por un tema administrativo, incluso por inhabilitaciones si es el caso, pero no por la vía penal”, agrega Garrigós.

El litigante recuerda que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR ya han investigado el entorno económico de la exfuncionaria sin que se hayan encontrado ingresos, propiedades o riquezas inexplicables.

Tres años y nada

El 13 de agosto de 2019, un juez federal ordenó que Robles fuera encarcelada de manera preventiva, mientras se desarrollaba y concluía el proceso penal iniciado en su contra por presuntas omisiones que facilitaron los desvíos ocurridos en su dependencia. Una prisión preventiva que, por ley, no debería haber durado más de dos años, pero que esta semana ya llegará a tres.

El proceso se ha entrampado en dos partes: por un lado, los recursos que la defensa ha presentado en contra de la medida cautelar que se le impuso, principalmente amparos, donde se han confirmado diversas irregularidades en los argumentos y pruebas que dieron pie a su encarcelamiento. No obstante, tanto la fiscalía como los jueces responsables del proceso han insistido en mantener la prisión preventiva en contra de la exfuncionaria.

Ahora, la prisión preventiva de Robles será analizada por un juzgado especial que, por instrucciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar, revisará los casos en los que se presume que ha existido un abuso de la referida medida cautelar.

Y la otra razón que ha frenado el eventual juicio contra la funcionaria tiene que ver con un amparo promovido por sus abogados en el que alegan que los cargos que se le imputan ya están derogados y, por lo tanto, el proceso tiene que ser archivado. Dicho recurso está bajo revisión de un tribunal colegiado.

Para la abogada Estefanía Medina, el que este caso llegue a tres años sin que haya un avance mayor es una muestra más de lo que considera un trabajo “deficiente y decepcionante” de la actual administración de la FGR, donde lo que se ha privilegiado es el mero encarcelamiento como sinónimo de supuesta justicia, habiéndose quedado en palabras la promesa del fiscal Gertz de emprender una gran indagatoria por este caso.

“Este caso y en general todas las investigaciones relacionadas no solo con La Estafa Maestra sino los grandes casos de corrupción han resultado ser una completa decepción en el ámbito legal, comprobando una vez más que el combate a la corrupción se ha quedado en palabras y no acciones. Quizás la época más oscura de la procuración de justicia en los últimos 20 años de nuestro país. Un retroceso que será muy difícil remontar hacia el futuro si no hay un cambio de liderazgo y estrategia urgente”, señala Medina.

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