Homero Zamorano, el conductor acusado de la muerte de migrantes
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Homero Zamorano, el conductor acusado de la muerte de al menos 53 migrantes en Texas

El chofer del tráiler en el que murieron decenas de migrantes cerca de San Antonio, Texas, ha sido acusado y enfrenta una posible cadena perpetua o hasta la pena de muerte.
1 de julio, 2022
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Cuatro días después del hallazgo de decenas de migrantes muertos en un tráiler en Texas, Homero Zamorano está frente a un proceso judicial que podría llevarlo a pasar el resto de su vida en la cárcel o incluso enfrentar la pena de muerte.

El estadounidense de 45 años era el conductor que manejaba el vehículo en el que murieron al menos 53 personas. Es el más grande caso de migrantes fallecidos en EE.UU. del que haya registro.

Zamorano ya recibió cargos federales por “tráfico de extranjeros con resultado mortal”, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

“Si es declarado culpable, Zamorano enfrenta cadena perpetua o posiblemente la pena de muerte”, señala.

Junto a él, otro estadounidense, Christian Martínez, enfrenta los mismos cargos. Dos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao, están siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente.

Conforme ha avanzado la investigación, han surgido más detalles de quién es Zamorano y por qué se le responsabiliza de la tragedia que ha puesto de luto a decenas de familias en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

¿Qué se sabe de Zamorano?

Zamorano, de 45 años, es originario de Brownsville, una ciudad de Texas fronteriza con México.

Familiares han señalado que desde muy joven hizo su vida apartado de ellos y que sabían que se metía en problemas frecuentemente. Supuestamente trabajaba como empleado de mantenimiento en Houston.

Una ilustración de Zamorano en el tribunal

Reuters
Zamorano tuvo su primera comparecencia ante una jueza el jueves.

“Se perdía durante años y aparecía de vez en cuando. Básicamente se crió a sí mismo”, dijo uno de sus cuñados al diario The Texas Tribune.

“Él siempre ha tenido un problema con las drogas”, señaló la hermana de Zamorano, Tomasita Medina, al diario Los Angeles Times. “Él siempre estaba dentro y fuera de nuestras vidas por eso”.

Según el congresista Henry Cuellar, que ha accedido a detalles de la investigación, un examen toxicológico después del incidente mostró que Zamorano había consumido metanfetamina, una potente droga sintética.

¿Qué se sabe de su participación?

El pasado 27 de junio, Zamorano condujo el tráiler en el que aparecieron los migrantes en la ruta que va de Laredo, en la frontera, a San Antonio, un trayecto de unos 250 km.

Fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a unos 50 km de distancia desde Laredo.

El conductor al pasar por Encinal

INAMI
Al pasar por el filtro de revisión del CBP en Encinal, el conductor fue captado por las cámaras de seguridad.

Sin embargo, el vehículo no fue revisado debidamente. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que ocurrió así “porque la Patrulla Fronteriza no tiene los recursos para poder inspeccionar todos los camiones”.

Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano “fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse”, según la investigación del Departamento de Justicia.

En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.

La investigación ha revelado que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba. Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.

Los cuerpos de emergencia que hallaron a los migrantes muertos dijeron que estaban “calientes al tacto”.

Mapa del presunto trayecto del camión

BBC

Según los documentos de la acusación, Christian Martínez envió mensajes de celular a Zamorano para indicarle la ubicación de una casa de seguridad de traficantes donde recogió a los migrantes en Laredo.

En camino a San Antonio, el conductor ya no respondió a los mensajes.

Fue a través de una revisión del teléfono de Zamorano que las autoridades dieron con los otros presuntos cómplices.


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Cuartoscuro

FGR acusó ilegalmente de fraude a empresario que disputa herencia con socio de Gertz Manero: jueza

Se usaron pruebas insuficientes e ilógicas, concluye sentencia de amparo. La Fiscalía apeló y un Tribunal colegiado está por determinar si confirma el recurso que exonera al empresario Álvarez Morphy del delito de defraudación fiscal o si lo revoca y da luz verde al proceso, con lo que además podría perder su herencia.
Cuartoscuro
18 de mayo, 2022
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Sin respetar lo establecido en las normas fiscales y con pruebas que una jueza calificó de “insuficientes, ilógicas y potencialmente ilícitas”, la FGR de Alejandro Gertz logró procesar por supuesta defraudación fiscal al empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón.

Este empresario, al mismo tiempo, mantiene una disputa por una herencia millonaria con un socio de Gertz Manero. 

La acusación, de acuerdo con fuentes del caso, es impulsada desde la Fiscalía General de la República y la Procuraduría fiscal de Hacienda y de resultar exitosa, podría significarle cárcel, además de que complicaría las posibilidades de Álvarez Morphy de acceder a casi a mitad de dicha herencia, valuada en más de diez mil millones de pesos, facilitando el camino para que su tío Gabriel Alarcón Velázquez –socio de Gertz– se quede con la mayor parte del dinero.

Pero una jueza federal de amparo que revisó el caso, Luis María Ortega Tlapa, concluyó que la acusación no tiene fundamento y que los derechos fundamentales y constitucionales de Álvarez Morphy fueron violados, por lo que el proceso debe cancelarse de manera inmediata.

Además, la jueza estableció que el empresario pagó lo que le debía a Hacienda, por lo que no hay delito qué perseguir.

“Es fundado el concepto de violación en el que el quejoso (Álvarez Morphy) manifiesta que la autoridad judicial responsable transgrede en su contra el derecho humano de seguridad jurídica en su vertiente de debido proceso y de legalidad consagrados en los artículos 14 y 19 de la Carta Magna, en virtud de que no aplica de forma exacta la ley, debido a que los datos de prueba expuestos por la representación social (la FGR) son insuficientes, inconducentes e impertinentes para acreditar la conducta imputada de defraudación fiscal equiparable”, indica la sentencia judicial de que Animal Político tiene copia íntegra.

Sin embargo, con apelaciones la Fiscalía de Gertz Manero ha logrado retrasar el cierre del caso. Incluso intentó de manera fallida que la Suprema Corte de Justicia lo atrajera. El tema regresó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que tiene en sus manos la confirmación del amparo que cerraría de manera definitiva este proceso.

Este medio solicitó a la FGR un posicionamiento en torno al caso y al hecho de que Gertz sea socio de una persona en conflicto legal con el empresario que se está acusado, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

La indagatoria en contra de Ernesto Álvarez Morphy inició a partir de una denuncia “anónima” que la FGR recibió en 2019 y en la que se señalaba que él, su esposa, y sus hermanos estaban implicados en supuestos delitos fiscales y hasta lavado de dinero. Con ello la fiscalía inició una indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/1499/2019 en la que recabó datos bancarios de toda la familia. La indagatoria fue conducida bajo la dirección del fiscal Juan Ramos, abogado de confianza de Gertz Manero y su mano derecha en la institución.

Tras el análisis de los datos bancarios la FGR dictaminó por su cuenta que Álvarez había sido omiso en declarar ingresos por 11 millones de pesos y solicitó a la procuraduría fiscal de Hacienda, encabezada en ese entonces por Carlos Romero Aranda, que presentara la denuncia correspondiente con lo que se inició una nueva indagatoria en 2020 bajo el número FED/SEIDF/CGI-CDMX/695/2020.

El 25 de agosto de 2020 la FGR presentó ante el juez del Reclusorio Note, Artemio Zúñiga, la imputación por el delito de defraudación fiscal y tras una larga de audiencia que se extendió por más de 17 horas dicho juez determinó vincular a proceso al empresario y le prohibió salir del país y de la ciudad.

Sin embargo, al revisar después todo el expediente, la jueza de amparo Ortega Tlapa concluyó que el juez y las autoridades implicadas habían “infringido las reglas fundamentales de la lógica que rigen la valoración de los datos de prueba y apreciación adecuada de los hechos”, y que el caso era insostenible.

Las múltiples anomalías

En la demanda de amparo, se exponen por lo menos 19 irregularidades en la investigación de la FGR y de la Procuraduría fiscal, que no fueron valoradas por el juez que procesó al empresario. La principal, y que la jueza dio por válida, es que no había delito que perseguir.

Esto ya que el 26 de marzo y el 19 de mayo de 2020 el propio Álvarez Morphy presentó declaraciones complementarias de impuestos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y pagó un total de 13 millones 449 mil 961 pesos, con lo que su situación fiscal quedaba normalizada.

Dicha situación actualizó lo que la ley denomina como “excusa absolutoria”, pues en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se establece que si una persona presenta “de forma espontánea” complementos a sus declaraciones y pagos pendientes de impuestos con las penalizaciones respectivas, sin que la autoridad fiscal haya ejercido facultades de comprobación y haya emitido un dictamen técnico contable, entonces no se le puede formular querella por defraudación fiscal.

Y de acuerdo con la ley y con varias jurisprudencias de la Corte, la única autoridad fiscal con facultades de comprobación en México es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una situación que la propia Procuraduría fiscal reconoció al responder la solicitud de transparencia folio 0000600331720 (de la que este medio también tiene copia) donde señala que carece de facultades de comprobación pues esas corresponden al SAT.

Sin embargo, sin atender nada de lo anterior, la FGR y la Procuraduría fiscal presentaron en agosto de 2020 la imputación en contra de Álvarez Morphy por una supuesta omisión de 11 millones de pesos en sus ingresos declarados, la misma que ya había sido solventada con el pago de una cantidad incluso mayor que esa unos meses antes.

“Tal circunstancia, modificó la conducta que se le imputa, pues si bien el delito de defraudación fiscal equiparable supone la necesidad de que en las declaraciones se consignen ingresos acumulables inferiores a los realmente obtenidos, para efectos fiscales, tal conducta no debió ser analizada de forma aislada, sino en conjunto con las declaraciones complementarias presentadas. Por lo que una vez corregida su situación fiscal, a pesar de no tener conocimiento de las omisiones atribuidas, dado que la autoridad fiscal no inició sus facultades de comprobación, no se evidencia hecho con apariencia de delito, al no existir conducta en el mundo fáctico y jurídico, que haya trascendido con efectos fiscales”, indica la jueza de amparo en su sentencia.

A lo anterior se suman otras irregularidades. Por ejemplo, la posible violación al secreto bancario y fiscal del que fue víctima el empresario y su familia, luego de que la FGR no respetó las condiciones que un juez de control le impuso al acceder a la información financiera del investigado. Entre otras cosas, no le informó los resultados de dicha intervención, y usó datos de una cuenta bancaria en Santander para que no se le dio autorización. Además empleó los datos para tipificar un delito en una modalidad distinta por los cuales los había solicitado.

También se sostuvo en la demanda de amparo que de manera incorrecta la FGR calculó los ingresos acumulables del empresario sumando los depósitos en sus cuentas bancarias, cuando en ninguna norma se establece que ese sea el procedimiento correcto. Esto sumado a otras imprecisiones técnicas y fiscales en la construcción de la indagatoria.

Como resultado del análisis del caso la jueza concluyó que lo único procedente era anular la vinculación a proceso en contra de Álvarez Morphy ya que, al no haber delito que perseguir, menos hay posibilidad de que el empresario lo hubiera cometido.

La postergación y los millones en juego

Aunque el amparo concedido por la jueza federal fue resuelto desde el 7 de enero de 2021, es decir, hace más de un año, hasta ahora el proceso no se ha podido cerrar ya que la FGR promovió recursos en contra de dicha determinación. El caso fue turnado para su revisión al Segundo Tribunal Colegiado integrado por los magistrados Alejandro Gómez Sánchez, Ariel Acevedo, y José Alfonso Montalvo.

La resolución de dicho Tribunal se aplazó una semana a petición del magistrado Ariel Acevedo y se postergó para el 22 de julio de 2021. Ese tiempo fue aprovechado por la FGR para presentar el recurso mediante el cual se solicitó que el caso fuera atraído por la Corte. 

Se trató de una estrategia similar a la petición que hizo en su momento la FGR para que fuera atraído otro caso impulsado por Gertz y Juan Ramos, en el que ambos participan como parte involucrada: el de Alejandra Cuevas.

Aunque el máximo tribunal rechazó atraer el caso de Álvarez Morphy al no considerarlo relevante, el tema retrasó por meses el procedimiento sin que hasta ahora se resuelva. Este jueves 19 de mayo dicho tribunal sesionará en torno a este procedimiento, pero para resolver la petición del magistrado Montalvo de excusarse del caso, argumentando que ya tuvo participación previa en este proceso cuando siendo magistrado unitario revisó y modificó las medidas cautelares que se le habían impuesto al empresario.

Su dicho excusa resulta procedente, la resolución de este asunto terminaría en manos de dos magistrados y un secretario en función de magistrado.

De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, la resolución de la situación jurídica de Ernesto Álvarez Morphy no solo es trascendente por la investigación de la presunta defraudación fiscal, sino porque de manera indirecta afectaría la disputa testamentaria que desde hace dos décadas mantiene su madre María Eugenia Alarcón con su hermano Gabriel Alarcón Velázquez, por una fortuna valuada en más de diez mil millones de pesos.

El testamento redactado por la madre de Gabriel y María Eugenia – y del que este medio tiene copia – establece que, además de ser herederos, ellos son albaceas de la fortuna. Y al fallecer alguno de ellos lo serán sus hijos, situación que ya ocurrió con María Eugenia que falleció en abril pasado y, por lo tanto, la responsabilidad y beneficios recaen en Ernesto.

Sin embargo, el mismo testamento señala que si una de las partes no puede fungir como albacea perderá automáticamente su derecho a reclamar su parte de la herencia. El impedimento en el que se vería inmiscuido Ernesto beneficiaría en este caso a Gabriel Alarcón Velázquez, quien se quedaría con una mayor proporción de la herencia.

¿Posible conflicto de interés?

Gabriel Alarcón Velázquez es socio desde hace varios años del actual fiscal Alejandro Gertz, como lo evidencia un acta notarial relacionada con la constitución de la sociedad anónima Aeroservicios y Transportes Galger S.A. de C.V. fechada el 22 de agosto de 2011.

En el documento pasado ante la fe del notario 148 de Ciudad de México, Francisco Pizarro Suárez, y del que Animal Político también tiene copia, se da fe de la constitución de dicha empresa teniendo como socios a Club 202, empresa propiedad de Gabriel Alarcón, y Universidad de las Américas AC, representada legalmente por Alejandro Gertz Manero.

Acta notarial que vincula a Gabriel Alarcón Velázquez com socio del actual fiscal Alejandro Gertz.

Acta notarial que vincula a Gabriel Alarcón Velázquez com socio del actual fiscal Alejandro Gertz.

Este medio solicitó a la FGR un posicionamiento respecto a si no podría existir un conflicto de interés en torno al hecho de que la FGR impulse un proceso en contra de una persona que mantiene una disputa con un socio del fiscal. Ello sumado a que dicha investigación ha estado bajo el control del fiscal Ramos quien, a su vez, es abogado y apoderado del propio Gertz Manero. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Cabe señalar que en su denuncia presentada el pasado 22 de abril ante la FGR, el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, acusó directamente al fiscal Gertz Manero de haber utilizado de forma inapropiada y para sus fines personales a la Fiscalía en varios casos, entre ellos el del propio Álvarez Morphy.

“El Doctor Alejandro Gertz Manero también intentó influir desde su cargo para favorecer judicialmente al señor Gabriel Alarcón Velázquez, viejo cliente y socio quien fue acusado años atrás de haber defraudado a su familia al apropiarse de una herencia de cientos de millones de dólares. Gertz es su asesor y se ha publicado que le ha pagado fortunas en dineros y bienes inmuebles al fiscal General y que comparten un avión privado que el Doctor Gertz costea con recursos de la Universidad de las Américas”, señala Scherer en su denuncia.

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