Rebrote de COVID-19 en Pekín es "extremadamente grave", alertan autoridades
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Rebrote de COVID-19 en Pekín es "extremadamente grave", alertan autoridades

Las autoridades chinas contabilizaron 27 nuevos casos en la capital del país, una cifra inferior a los 36 registrados el lunes, pero que eleva el número total de contagios a 106 en los últimos cinco días. Se teme a una segunda oleada.
16 de junio, 2020
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La ciudad de Pekín se encuentra actualmente en “una carrera contra reloj” para hacerle frente a un nuevo brote de coronavirus calificado como “extremadamente grave” por Xu Hejian, portavoz de la capital de China.

Este martes, las autoridades locales identificaron 27 nuevos casos del nuevo coronavirus en la ciudad, una cifra inferior a los 36 registrados el lunes pero que eleva el número total de contagios a 106 en los últimos cinco días.

“La situación epidémica en la capital es extremadamente grave”, aseguró Hejian en una conferencia de prensa este martes.

“Pekín tomará las medidas más resueltas, decisivas y estrictas para contener el brote”, agregó el funcionario.

Algunas zonas de megalópolis de más de 20 millones de habitantes fueron cercadas la noche del lunes, con un endurecimiento de los controles de seguridad en algunos complejos residenciales y una prohibición para las personas de alto riesgo de abandonar la ciudad, con el fin de evitar que la propagación se extienda a otras ciudades.

Se trata del brote más grave en China desde febrero y las autoridades sanitarias temen una segunda oleada de la enfermedad que ya ha cobrado más 400 mil vidas en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.).

Yang Zhanqiu, subdirector del Departamento de Biología de Patógenos de la Universidad de Wuhan, advirtió a los medios estatales que el nuevo brote podría ser de una cepa más contagiosa que la que afectó al que fuera el epicentro del brote en China a finales del año pasado.

Un voluntario desinfectando un apartamento en Pekín.

Getty Images
Pekín ha impuesto medidas de cuarentena en 21 barrios cercanos al mercado.

Nuevas medidas de confinamiento

Estos nuevos casos han obligado a la ciudad a aumentar su capacidad de detección diaria a más de 90.000 personas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el lunes que está siguiendo “muy de cerca” la situación en Pekín y sugirió que podría enviar un grupo de expertos en los próximos días.

Algunas medidas de precaución implementadas por el gobierno local incluyen el cierre de ciertas escuelas y de centros deportivos cubiertos, así como la suspensión de algunos servicios de transporte público.

También se han impuesto medidas de cuarentena en 21 barrios cercanos y se ha pedido a otras personas de la capital que hayan visitado el mercado que permanezcan en sus casas durante 14 días.

Una persona vinculada al mercado de Xinfadi siendo examinada.

Getty Images
Las autoridades locales han examinado a alrededor de 200.000 personas vinculadas al mercado de Xinfadi.

En la provincia vecina de Hebei se confirmaron también varios casos ligados al mercado, lo que provocó cierres en estas y otras zonas.

Diversas autoridades en otras provincias han ordenado que las personas que vuelvan de Pekín permanezcan en sus casas de 14 a 21 días.

¿Dónde se originó el nuevo brote?

La mayoría de los nuevos casos están vinculados al mercado de mayoristas de Xinfadi, en el suroeste de Pekín.

Con unas 112 hectáreas, este mercado es el mayor de este tipo en Asia y provee alimentos a provincias del norte del país, según explica el diario The South China Morning Post (SCMP).

Hasta el lunes, las autoridades habían logrado examinar a casi 200.000 personas que habían estado en el mercado mayorista de Xinfadi.

Según reportes de los medios locales, el virus fue descubierto en una tabla de cortar utilizada por un vendedor de salmón importado.

Estos informes han obligado a las grandes cadenas de supermercados de la capital china a suspender la venta de salmón.

Las huellas genéticas del virus recolectadas en el mercado sugieren que podría haber venido de Europa, según reporta la agencia de noticias Reuters.

Hay expertos desde China, no obstante, que rechazaron la idea de que el virus proviniera del salmón, señalando que es más posible que se debiera a la “contaminación cruzada”.

El epidemiólogo jefe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades indicó que el virus encontrado en Pekín no se parecía al tipo que circuló por el resto del país.

La OMS urgió a las autoridades chinas a que compartieran la secuencia del genoma de la cepa.

El director general del mercado fue despedido, así como otros funcionarios locales.


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Cuartoscuro

Liberan a menos del 2% de personas que piden amnistía; comité responsable sesiona tres veces en un año

Datos oficiales actualizados revelan que, pese a la pandemia, no se agilizaron procedimientos y la población de personas en prisión creció. Especialistas esperan que con nuevo decreto, que se publicará esta semana, se corrijan situaciones que no han funcionado aunque advierten nuevos riesgos
Cuartoscuro
3 de agosto, 2021
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Desde la aprobación de la Ley de Amnistía en abril del año pasado, más de 900 internos han solicitado formalmente este beneficio para poder salir de prisión de manera anticipada, sin embargo, menos del 2% lo recibieron. El resto de los casos siguen pendientes de resolución o fueron rechazados.

Aunque dicha ley se aprobó en el contexto de la emergencia sanitaria y con el argumento de que urgía despresurizar las prisiones para prevenir contagios, la comisión responsable de aprobar las solicitudes que se presentan solo ha sesionado de manera ordinaria tres veces en un año. Mientras tanto, en el mismo lapso la población penitenciaria creció en más de 10 mil reos.

Entérate | Gobernación anunció un decreto para liberar personas encarceladas, pero esas medidas ya están en la ley

Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia arrojan que hasta el cierre de junio pasado se habían recibido 938 solicitudes de amnistía que cumplen con las formalidades marcadas en los procedimientos.

La mayoría de las solicitudes, 647, corresponden a internos federales presos por delitos de posesión o distribución de drogas, que es uno de los que contempla la ley como posibles beneficiarios de la amnistía. El resto de las solicitudes son por otros ilícitos y también hay ocho casos de personas de origen indígena que argumentaron que sus procesos fueron ilegales, situación que también contempla la ley para alcanzar este beneficio.

De todas las solicitudes presentadas la Comisión de Amnistía, que es el único órgano facultado para resolver los casos que potencialmente pueden alcanzar este beneficio, ha considerado procedentes solo 38 de ellas. Y de ellas, solo 17 han sido aprobadas por un juez federal, quien es el único facultado para ordenar o no la liberación de una persona en prisión.

Lo anterior significa que apenas el 1.8% de los internos que presentaron formalmente su solicitud de amnistía han alcanzado la liberación.

En cuanto a las otras solicitudes que la Comisión aprobó y envió a los jueces correspondientes, una de ellas fue rechazada por no cumplir los requisitos legales y las otras 20 continúan bajo análisis de los tribunales.

Y respecto a las solicitudes presentadas que no han sido enviadas a un juez la mayor parte de ellas siguen bajo análisis de la secretaría técnica y de la comisión de amnistía, con excepción de 217 casos donde se identificó que el delito cometido por el preso no se adecua a ninguno de los que contempla la referida Ley.

¿Por qué tan pocas? Retrasos, burocracia y poca voluntad

La Ley de Amnistía se aprobó en abril de 2020 en una sesión realizada de manera exprés y prácticamente sin discusión en el Senado. Los legisladores rescataron la iniciativa que estaba congelada desde un año antes, bajo el argumento de que era urgente agilizar la salida de internos de las prisiones ante el avance del COVID-19 y los riesgos de contagios.

Lo anterior, sin embargo, no se cumplió y la situación se agravó. Datos oficiales indican que la población en los centros penitenciarios del país pasó de 209 mil 53 internos en mayo de 2020 a 220 mil 647 en mayo de 2021; un crecimiento de más de 10 mil internos.

De acuerdo con especialistas consultados por este medio, la Ley de Amnistía nunca fue pensada como un mecanismo para despresurizar las prisiones, pues su espíritu era otro: sacar de la cárcel a quien no debería estar en ella. Pero, además, se han presentado problemas burocráticos que han retardado su aplicación.

De entrada, la creación de la comisión responsable de recibir y analizar las solicitudes de amnistía no se materializó sino hasta el 18 de junio del año pasado, es decir, casi dos meses después de que ya se había promulgado la ley. El retraso obedeció a temas presupuestales y normativos.

Desde esa fecha, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia, dicha comisión solo ha sesionado en tres ocasiones de forma ordinaria: la primera el 23 de junio de 2020 para su instalación; la segunda el 21 de diciembre de 2020; y la última el pasado 29 de marzo. Para efectos prácticos, son solo dos las sesiones realizadas en donde se han analizado solicitudes. 

 Y aunque la ley y el decreto por el que se instaló la comisión la faculta para convocar y realizar sesiones extraordinarias, no se ha realizado ninguna.

Se espera que la próxima semana vuelva a sesionar la comisión, pero aunque así ocurriera, sería la tercera reunión en casi año y medio. Esto, según expertos, como Viridiana Valgañón, abogada senior de la organización Equis Justicia, habla de una falta de intención de atender esta problemática.

La aprobación final de una amnistía requiere además la autorización de un juez federal denominado juez de Ejecución de Sanciones. Pero durante la pandemia el Poder Judicial Federal no consideró a dichos jueces como prioritarios, por lo que las audiencias se suspendieron por varias semanas. Esto a diferencia de los jueces de control que son los responsables de dictar prisiones preventivas y que siguieron operando.

Como resultado la carga de audiencias y trabajo pendiente en los juzgados de ejecución se acumuló sin que hasta la fecha se haya logrado el desahogo.

Además de todo este entramado burocrático, agrega la abogada Valgañón, está el hecho de que los beneficios de la Ley de Amnistía tampoco fueron difundidos en los centros penitenciarios, y que la redacción de la norma y sus lineamientos son confusos o incompletos.

“El procedimiento es opaco y poco claro. Tu presentas tu solicitud, pero nunca sabes cuando te van a resolver, en cuánto tiempo, cómo te lo van a comunicar, y mucho menos sabes qué hacer si la respuesta es negativa. Y encima de todo eso la ley presume la negativa ficta, es decir, asumir que si no te contestan es porque la respuesta es negativa aunque no sabes si en realidad si procesaron tu caso”, dijo la abogada.

Por la complejidad del trámite, Valgañón dijo que necesitas un abogado que acompañe la solicitud y tener cierto nivel de recursos a la mano para llevar el trámite, lo que ya condiciona el acceso a muchos internos que provienen de comunidades indígenas, o de zonas marginadas y golpeadas por la pobreza.

La Ley de Amnistía ha tenido un efecto nulo en los estados. Aunque en el decreto por el que se creó se estableció un exhorto a las entidades para que adecuaran sus legislaciones y crearan sus leyes locales en esta materia, hasta la fecha ninguna ha terminado ese procedimiento.

Dudas tras nuevo plan para liberar a reos

El pasado 29 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para liberar a internos de cárceles federales por delitos no graves que lleven más de 10 años sin sentencia, a personas con enfermedades crónicas que tengan más de 65 años, y a quienes prueben que han sido torturados, entre otros.

Las expertas consultadas por Animal Político consideraron que si bien el anuncio realizado es positivo desde la perspectiva de los derechos humanos, hay que esperar a conocer la forma en que esto se pretende llevar a cabo y sus alcances. 

“En general, pero sobre todo durante la actual pandemia cualquier medida que permita la liberación de personas privadas de la libertad es positiva. Una de las lecciones de la Ley de Amnistía, sin embargo, es que todo está en los detalles: cómo se redactarán las medidas que se pretenden aplicar y cómo se operaran”, dijo Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta.

María Sirvent, directora de la organización Documenta A.C., coincidió en que es importante conocer como aterrizará el mencionado decreto la operación de estas liberaciones. Un punto fundamental será el universo de internos beneficiados, pues señaló que a nivel federal no son numerosos los reos en prisión preventiva por “delitos no graves”.

En el caso de los reos que padecieron tortura, la especialista adelantó dudas en torno a que sea solo con el Protocolo de Estambul como se pretenda liberar a los internos. Dijo que se trata de una prueba pericial que practican en su mayoría las propias autoridades denunciadas por tortura, por lo que muchos de los resultados no son del todo confiables.

Agregó que será importante conocer que plan de readaptación propone el gobierno para las personas que pretende liberar, dado que muchas de ellas han perdido contactos sociales y familiares y su reincorporación puede ser complicada.

“Esto debe ir acompañado de planes de reinserción y no solo liberar por liberar. ¿Cuáles son las condiciones para que estas personas regresen a sus comunidades y qué plan de reinserción integral va a poner en marcha el gobierno? ¿Qué oportunidades van a tener estas personas una vez que salgan? Son temas prioritarios que esperemos se estén considerando”, señaló Sirvent.

Valgañón de Equis Justicia advirtió que, si no se le ponen dientes al nuevo decreto y si no existe una clara voluntad política para, por ejemplo, aterrizar estos beneficios también en los penales estatales, continuaremos con “promesas que no se van a cumplir y con personas que seguirán privadas de su libertad en medio de la pandemia y con las malas condiciones en que operan las cárceles mexicanas”.

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