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Qué significa que China deprecie el yuan a su nivel más bajo en 11 años y cómo afecta en Latinoamérica

La guerra comercial escala aún más y se pasa al terreno de las divisas, donde China ha decidido contrarrestar la nueva oleada de aranceles de Estados Unidos debilitando el yuan.
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6 de agosto, 2019
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China no va a decirlo tan claro, pero las tensiones con Estados Unidos han pasado este lunes de guerra comercial a guerra de divisas, en una señal de que lejos de atenuarse, la presión no deja de escalar.

El Banco Popular de China devaluó su divisa a mínimos de 2008.

El valor del yuan retrocedió un 1,4% frente a la divisa estadounidense, superando la barrera psicológica de las 7 unidades por dólar y colocando la cotización en un nivel no visto desde hace 11 años.

La depreciación ocurre justo después de que Donald Trump anunciara la semana pasada que a partir del 1 de septiembre impondrá otro 10% en aranceles a productos procedentes del gigante asiático por valor de 300.000 millones de dólares.

Las autoridades chinas ya anunciaron el viernes “represalias” para contrarrestar esta nueva oleada de aranceles contra sus productos.

Billete de 100 yuanes

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China responde así al anuncio de Donald Trump de que a partir del 1 de septiembre impondrá otro 10% en aranceles a productos chinos.

Un yuan más débil significa que una cantidad sustancial los bienes y servicios que exporta china son más baratos y pueden abaratarse aún más, lo que aumenta la competitividad de los productos manufacturados en sus fábricas.

Si Estados Unidos los encarece con impuestos en la frontera, con esta medida China los abarata.

Estas últimas fricciones ponen fin a una tregua no oficial de un mes en la guerra comercial.

La reacción de Trump, a través de su Twitter, no se hizo esperar y acuso a las autoridades chinas de llevar a cabo “una gran violación”, escribió en referencia a la “manipulación monetaria”.

“China devaluó su moneda a un mínimo histórico. Eso se llama ‘manipulación monetaria’. ¿Estás escuchando Reserva Federal? ¡Esta es una violación importante que con el tiempo debilitará a China!”.

Para Mark Haefele, responsable de inversiones del banco suizo UBS, la medida adoptada por China es solo un aviso.

Esto parece más una advertencia que una devaluación activa”, dice.

“La caída del yuan es el reflejo del empeoramiento de la economía china y del mayor riesgo de la guerra comercial y unos mayores aranceles”, explica en un análisis de mercado.

Haefele cree que Pekín es muy consciente de los costos negativos relacionados con la depreciación de la moneda que pasan desde los mercados hasta las salidas de capital del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron en noviembre.

Arma de doble filo

En definitiva, su análisis recuerda que China no puede prolongar en el tiempo esta medida porque a fin de cuentas, la devaluación es un arma de doble filo.

Si bien ayuda a que las exportaciones chinas sean más competitivas, también recuerda a los inversores que China no es un mercado como los demás.

La devaluación puede provocar pánico y que los inversores decidan sacar su dinero del país para llevarlo a valores considerados tradicionalmente como seguros como el oro, el franco suizo o el dólar.

Que un país sea calificado como “manipulador de divisas” tiene implicaciones a nivel internacional pues se considera que esto “incurre en prácticas desleales”.

Además, la caída de la divisa china se traduce a medio plazo en un deterioro del poder adquisitivo de las empresas y los hogares chinos.

La devaluación “sugiere que prácticamente han abandonado la esperanza de (firmar) un acuerdo comercial con Estados Unidos”, explicó Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora Capital Economics, en declaraciones a EFE.

En su opinión, el que el banco central chino haya vinculado la depreciación con los aranceles demuestra que han “convertido la tasa de cambio” en un arma.

Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín están afectando este jueves a todos los mercados.

Los principales índices de Wall Street caían con fuerza el lunes, tras una sesión en Europa caracterizada también por los números rojos.

Efectos en América Latina

En América Latina, las principales divisas pierden valor arrastradas por la decisión de China y el temor a que las turbulencias desemboquen en un menor crecimiento de las economías que exportan a China.

Cotización de divisas en Santiago de Chile

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El peso chileno, muy ligado a la cotización del cobre en los mercados internacionales, tocó un mínimo de tres años.

“Este escenario de incertidumbre comercial nos deja entre otras implicaciones, un fortalecimiento del dólar y un empeoramiento en las expectativas del crecimiento global, lo que puede influenciar la política monetaria de los bancos centrales en Latinoamérica”, explica Eduardo Antón, gestor en Andbank Wealth Management en Miami.

El peso mexicano y el real brasileño retrocedían respecto al dólar un 1,35% y un 1,24% respectivamente esta mañana en la apertura de los mercados.

El peso chileno, muy ligado a la cotización del cobre en los mercados internacionales, tocó un mínimo de tres años.

La caída del yuan hace que para el mayor consumidor de cobre del mundo, China, sea caro comprar metales denominados en dólares.

“En general los bancos centrales han mencionado los riesgos internacionales (guerra comercial) como uno de los principales riesgos para la economía mundial y uno de los factores a vigilar al determinar su política monetaria”.

“Una transformación de la guerra comercial en una guerra de divisas, podría ser la tormenta que altere la tranquilidad de los mercados que hemos tenido durante este primer semestre del año”, afirma Antón.


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La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal

A Zebadúa, uno de los funcionarios de mayor rango en la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, se le señala como presunto responsable por el desvío en 2016 de 185 millones de pesos.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
30 de julio, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa, mano derecha y uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, acusando su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones de pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.

Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.

Lee más: Hacienda indaga a 50 empresas y servidores públicos implicados en La Estafa Maestra

El dictamen técnico que la Auditoría entregó a la Procuraduría —obtenido por Animal Político— señala que Zebadúa “omitió supervisar y evaluar que se cumplieran con las disposiciones jurídicas aplicables a su competencia y consecuentemente autorizó el ejercicio de los recursos de la Secretaría para los convenios suscritos con Universidades públicas y entes públicos estatales”.

Durante 2016, la Sedatu firmó convenios con universidades como la Politécnica de Francisco I. Madero para la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano por 185 millones 839 mil pesos, pese a que la institución no tenía la capacidad técnica, material y humana para cumplir.

Por ello, la universidad subcontrató más del 49% de los servicios, sobrepasando lo permitido legalmente. Tampoco pudo acreditar que las empresas contratadas Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. realizaran los trabajos, “quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y empresas”, expuso la Auditoría.

Primero en Sedesol, luego en Sedatu

Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2013 y 2014, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al final, los recursos terminaron en empresas ilegales, como reveló la investigación de La Estafa Maestra.

Cuando Rosario Robles dejó la titularidad de la Sedesol y llegó a Sedatu, nombró de nuevo a Zebadúa como Oficial Mayor, y según documentó la Auditoría en la Cuenta Pública de 2016, se repitió el esquema de desvío.

En tanto, los funcionarios que dependían del Oficial Mayor y que también fueron señalados por cometer presuntas irregularidades son Francisco Báez, director general de Programación y Presupuesto; y Humberto René Islas Cortés, director general de Recursos Materiales. Los dos también tuvieron esos cargos en la Sedesol bajo las órdenes de Zebadúa.

Francisco Báez sí enfrentó una acusación penal, pero no fue vinculado a proceso, es decir, el juez determinó que no había elementos para continuar con la acusación. Este funcionario fue un hombre clave en la estructura de la Sedatu, pues se encargó de negociar con la Secretaría de Hacienda la liberación de recursos para saldar los convenios con universidades públicas que supuestamente harían servicios a la dependencia.

Lee más: La Estafa Maestra: Juez ‘perdona’ a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad

La Auditoría comprobó que el exfuncionario “autorizó la liberación de recursos públicos federales con cargo al presupuesto de la Sedatu, para pagar los servicios no proporcionados por la Universidad al amparo Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADNUPFIM/ 33901-03/2016 del 02 febrero de 2016”.

Mientras que Humberto René Islas, que como subalterno de Zebadúa se encargó de la dirección general de Recursos Materiales y firmó siete convenios con distintas universidades tanto en Sedesol como en Sedatu, fue señalado por la Auditoría por “no supervisar la legalidad del Convenio Específico con la Universidad Politécnica “a pesar de que ésta no prestó los servicios”.

Las empresas que supuestamente fueron contratadas por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero no fueron localizadas en sus supuestos domicilios y se constató que los recursos que recibió se distribuyeron a diversas empresas y personas físicas, sin que existieran contratos o constancias que justificaran los pagos.

El dictamen técnico entregado a la PGR señala que los comprobantes de servicios que la universidad presentó “coincide en un 98.6% con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (en otros convenios), lo que constituye un plagio de información para justificar la aplicación de los recursos ministrados”.

Más involucrados

La denuncia de hechos fue presentada el 25 de octubre de 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general Jurídico de la ASF ante la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, para que “se investigue la posible comisión de conductas ilícitas y la probable responsabilidad de los involucrados señalados”.

En ella también se señala a Armando Saldaña, quien era director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgos, por suscribir dicho convenio y recibir “a entera satisfacción los servicios ejecutados”.

Por parte de la universidad también fue señalado el exrector, Juan de Dios Nochebuena, quien firmó y autorizó el convenio. También su secretario administrativo, José Humberto Ángeles Hernández, por adjudicar la mayor parte de los servicios a las empresas Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos VICMA.

Mientras que el abogado general de la Universidad, Iván Loyola, autorizó los contratos con las empresas y, según la denuncia, pese a no acreditar los servicios le fueron transferidos los recursos. Rosalba Ángeles Delgado también avaló con su firma los contratos y Edna Borbolla Galindo elaboró los estudios de mercado, que fue la base para adjudicar los servicios a las empresas, señala el documento oficial.

La Auditoría presentó 35 documentos que acreditaron “la conducta de constitutiva de la irregularidad”, que incluye oficios de comunicación, convenios, contratos, facturas, entregables y estados de cuenta bancarios de las empresas para que fueran revisados por la Procuraduría y permitiera continuar la investigación para que determinara la probable comisión de delitos cometidos por parte de los funcionarios mencionados.

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