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Desigualdad en América Latina: los países en los que más ha disminuido (y la paradoja del que más la ha reducido)

En Chile los manifestantes reclaman contra la desigualdad. ¿Pero qué ha pasado en otros países de la región? Los expertos advierten que la medida más utilizada para mirar la desigualdad de ingresos, el Índice de Gini, puede ser engañoso porque no da cuenta de la verdadera amplitud del problema.
25 de noviembre, 2019
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Argentina

Getty Images
En América Latina el 20% más pobre de la población se queda solo con el 4% del ingreso total.

Uno de los reclamos de los manifestantes que protagonizan el estallido social que comenzó en Chile a mediados de octubre y que aún se mantienen es que su país es muy desigual.

Alegan que la economía ha crecido, pero que la riqueza sigue concentrada en un sector de la sociedad, un rasgo que históricamente ha sido común en los países latinoamericanos.

Pero cuando se compara la desigualdad entre países, ¿de qué estamos hablando realmente?

La manera más común de mirar la desigualdad de un país es utilizando el Índice de Gini, el cual mide la diferencia de ingresos. Mientras más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Es decir, el cero representa la completa igualdad.

El Salvador

Getty Images
El Salvador, Bolivia y Guatemala son los países que más han disminuido la desigualdad de ingresos en Latinoamérica en 30 años.

Pero como solo considera la desigualdad de los ingresos, no refleja todas las otras dimensiones de la vida diaria.

“Al final lo que la gente percibe como desigualdad, es la desigualdad de acceso a servicios como la salud, la educación, el transporte o la seguridad en los barrios”, le dice a BBC Mundo Luis Felipe López-Calva, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

“Hay desigualdad escondida en el Gini”, apunta.

Por otro lado, ese indicador tampoco mide la concentración de la riqueza en un país, razón por la cual puede resultar engañoso.

López-Calva explica que si miramos exclusivamente la desigualdad de ingresos, ésta se puede explicar por dos razones: porque cambia el mercado laboral o porque cambia la redistribución de ingresos (ya sea a través de impuestos o subsidios).

Básicamente, no existe una sola forma de bajar la desigualdad. Tanto es así, que por ejemplo, un país más igual no tiene por qué ser sinónimo de un país mejor o más justo. De hecho, puede ocurrir que en un país las personas sean todas más pobres y, por lo tanto, son más iguales.

Pese a las falencias del Gini, a partir de 1990 los países que más han reducido la desigualdad de ingresos son: El Salvador, Bolivia y Guatemala, utilizando los datos del Banco Mundial.

Países que más han bajado la desigualdad en 30 años. América Latina (Índice de Gini) [ El Salvador primer lugar ],[ Bolivia segundo lugar ],[ Guatemala tercer lugar ], Source: Fuente: Banco Mundial, Image:

En el caso de los países donde no se midió el indicador en 1990, utilizamos el año más cercano a esa fecha, y lo comparamos con la información más reciente.

Así es como El Salvador pasó en tres décadas de tener un índice de ingresos de 54, a uno de 38, la desigualdad más baja de toda América Latina.

Luego sigue Bolivia, que pasó de 58,1 a 44 y en tercer lugar Guatemala, que redujo su desigualdad desde un 59,6 a 48,3.

El cuarto lugar lo ocupa Nicaragua y el quinto Chile. Hay países que quedaron excluidos de la la lista, porque no había información disponible en los organismos internacionales.

Evolución de la desigualdad en América Latina en los últimos 30 años. La primera columna muestra el dato disponible más cercano al año 1990 y la segunda el más reciente. Índice de Gini. Mientras más bajo el número, menor es la desigualdad..

¿Cómo redujeron la desigualdad de ingresos?

En el caso de El Salvador y Guatemala, la mayor parte de la caída en la desigualdad, se debe al mercado laboral y no a la redistribución, señala López-Calva.

“En esos países ha habido una reducción en la brecha salarial entre aquellos que tienen más educación y aquellos que tienen menos educación”.

Lo mismo ha ocurrido en México, agrega, donde en ciertos períodos se ha reducido la brecha, pero con estancamiento de salarios.

“La razón es que han caído los salarios de los que tienen educación universitaria. Lo cual no es una buena señal. Es una caída de la desigualdad que no quieres ver”.

Colombia

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En países como El Salvador y Guatemala ha bajado la desigualdad de ingresos por los salarios, pero no por redistribución fiscal.

Lo ideal sería ver una caída de la desigualdad con aumento de salarios para todos, pero eso no siempre ocurre.

“No todas las desigualdades se reducen de la misma manera”, apunta.

En el caso de Bolivia también se dio una disminución de la desigualdad por una caída en el mercado laboral, y no tanto por la redistribución de ingresos, pese a que sí hubo.

“Bolivia es un país que ha redistribuido y que tiene programas universales, pero como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, se redistribuye menos de lo que se debería”, dice López-Calva.

En contraste, Uruguay ha bajado la desigualdad de manera importante a partir de 2007.

“El punto de inflexión fue una reforma fiscal muy comprensiva. Pero además hubo un cambio salarial, producto de negociaciones entre sindicatos y empleadores”.

Y en el otro lado del espectro hay dos países que han seguido un camino muy diferente.

“Chile y Colombia son sistemas fiscales que redistribuyen poco. No tiene que ver con los gobiernos. Es una característica estructural de esos dos países”, argumenta López-Calva.

Países menos desiguales en la actualidad. América Latina (Gini) [ El Salvador primer lugar ],[ Uruguay segundo lugar ],[ Argentina tercer lugar ], Source: Fuente: Banco Mundial, Image:

En América Latina el 20% más pobre de la población se queda con cerca de 4% del ingreso total, explica el representante de la ONU, mientras que el 20% más rico se queda con casi la mitad de todo el ingreso.

Esa es otra manera de medir la desigualdad. Y también existen otros mecanismos como analizar la concentración de la riqueza en la parte más alta de la pirámide.

La paradoja de El Salvador

En el Banco Mundial han estudiado el tema de la desigualdad de ingresos en la región centrándose en los últimos 10 años.

Bajo esa perspectiva, los países que menos la han reducido son: Costa Rica, México, Chile y Panamá.

“Estos países tienen una desigualdad persistentemente alta con disminuciones relativamente mínimas en el tiempo”, señala en un email el organismo, en respuesta a la solicitud de información hecha por BBC Mundo.

“Puede indicar que su crecimiento económico no ha sido inclusivo”, agrega.

Y los que más han reducido la desigualdad en la última década son Bolivia, Ecuador y El Salvador, con los datos disponibles entre 2007 y 2017.

Manifestante en El Salvador

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Aunque el Salvador es el país “más igual” de la región, persiste la pobreza, la inseguridad y las manifestaciones por acceso a servicios básicos como el agua.

El caso de El Salvador es paradójico y sirve para ejemplificar por qué en ocasiones la disminución de la desigualdad no es una señal de que el país en su conjunto está mejor.

“El Salvador es una de las sociedades más igualitarias de la región”, dicen los expertos del Banco Mundial. Y al mismo tiempo, “casi la mitad de la población tiene un ingreso cercano al umbral de pobreza”.

La reducción de la desigualdad se explicaría, entre otros factores, porque han cambiado los salarios. Sin embargo, la mayoría de los sueldos son muy bajos.

“El país ha visto un pequeño aumento en su clase media, pero su tamaño sigue estando por debajo de los estándares centroamericanos y regionales”, apuntan.

Y otro elemento importante a considerar es que la baja en la pobreza y desigualdad está relacionada con la llegada de remesas de los salvadoreños que viven en el exterior.

¿Se ha reducido la desigualdad de ingresos en Latinoamérica?

La tendencia es una mejoría en la región porque han aumentado relativamente los ingresos de los sectores más pobres”, le dice a BBC Mundo Laís Abramo, directora de División Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“A pesar de los avances, sigue siendo la región más desigual del mundo”.

El Salvador

Getty Images
En América Latina la tendencia general ha sido una reducción de la desigualdad de ingresos.

Abramo agrega que al mirar la evolución de los ingresos en Latinoamérica, queda claro que el crecimiento económico no es suficiente para que disminuya la desigualdad.

Y distingue dos grandes períodos en los últimos años: entre 2002 y 2014, donde se produjo una mayor reducción de la pobreza y la desigualdad, y un segundo período, entre 2015 y 2017, donde se produjo “una disminución del ritmo de reducción de la desigualdad de ingresos”.

Al mirar la tendencia por países, la investigadora explica que algunos han logrado reducir más la pobreza y la desigualdad porque inicialmente tenían núcleos duros familias con grandes desventajas.

Pero cuando los países reducen la pobreza en esos núcleos duros, lo que sigue después es más desafiante.

“Llega un cierto punto en el desarrollo de un país en que se hace más difícil bajar la desigualdad”.

El caso chileno

“Chile es un país con altos niveles de desigualdad”, dice Abramo, a pesar de que ha tenido una mejoría en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza.

¿Y por qué los manifestantes en Chile han puesto en el centro de sus demandas la desigualdad?

“Es que en Chile hay otros factores, como la insatisfacción con el sistema de pensiones”, contesta la investigadora.

Manifestante

Getty Images
Los manifestantes en Chile tienen una larga lista de demandas sociales, incluyendo una reforma profunda del sistema privado de pensiones.

“Chile fue primer país de América Latina que privatizó el sistema de pensiones. Cuarenta años después, los resultados son muy negativos”.

“El 82% de la población recibe pensiones inferiores a un salario mínimo”. Entonces, argumenta, la gente no solo protesta contra la concentración de los ingresos, sino por las pensiones y la falta de acceso a salud, educación y otros servicios sociales.

En eso coincide Luis Felipe López-Calva. “En Chile la desigualdad ha sido estructuralmente alta para el nivel de ingresos que tiene ese país”.


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Cuartoscuro

Cómo ha impactado el COVID en la violencia contra las mujeres y cuál es la respuesta institucional

Las fallas acumuladas de algunas políticas públicas son ejemplos de la falta de estrategias y políticas del Estado frente a la violencia contra las mujeres en México, de acuerdo con el informe “Las dos pandemias”
Cuartoscuro
7 de agosto, 2020
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Durante la pandemia por COVID-19, algunos tipos de violencia contra la mujer– como la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio– se han intensificado, y las políticas públicas y las respuestas institucionales en México no han sido suficientes.

El total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día (la cifra mensual más alta registrada en lo que va del año). Además, de marzo a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%.

Esto de acuerdo con el informe Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, de la organización Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta.

El informe proporciona información sobre cómo la pandemia ha afectado la violencia contra las mujeres y cómo ha reaccionado el gobierno a esta situación.

Señala que la austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos; el debilitamiento e incertidumbre presupuestarios de los refugios que atienden a víctimas de violencia; – recortes presupuestales que tienen efectos negativos en programas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Así como la priorización de otros programas gubernamentales –algunos incluso incompatibles con los derechos de las mujeres–; y las fallas acumuladas de algunas políticas públicas son sólo cinco ejemplos de la falta de estrategias y políticas del Estado que contribuyan a hacer frente a la violencia contra las mujeres en México no sólo durante la pandemia, sino desde antes.

Lee: Hacienda retiene los recursos para atención a violencia contra mujeres indígenas

Llamadas por violencia 

Con base en información emitida en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Intersecta encontró que, en el mes de abril de 2020, se registró un total de 103 mil 117 llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, lo que significó aproximadamente un promedio de 143 llamadas por hora.

De las 103 mil 117 llamadas, el 57.2% fueron por violencia familiar, el 19.3% por violencia de pareja, el 22% por violencia contra la mujer y el 1.4% por violencia sexual.

En el caso de llamadas al 911 relacionadas con “violencia contra la mujer”, sólo en el mes de abril de 2020, se recibieron 21 mil 722 llamadas. Son 30, en promedio, por hora. Esa cifra representa un aumento del 42% respecto del mes de abril del año previo.

Al analizar las llamadas a la Línea Mujeres relacionadas con violencia familiar también puede verse un aumento. Tanto las llamadas de abril de 2020, como las de mayo de 2020, superan a las registradas en esos mismos meses en años previos. Por ejemplo: si se compara la incidencia de llamadas en mayo de 2019 (968), con las de mayo de 2020 (1,739), el aumento fue del 97%.

El gobierno de la Ciudad de México es el único gobierno estatal que decidió liberar datos de llamadas hechas durante la pandemia. En este caso, hizo públicas, en formato de datos abiertos, las llamadas recibidas a la “Línea Mujeres” de Locatel.

Atenciones en la Red Nacional de Refugios

De acuerdo con el informe, entre marzo y mayo de 2020, se registró un aumento en las atenciones, acompañamientos y orientaciones brindadas: la Red atendió 12 mil 710 mujeres, niñas y niños a través de las llamadas y mensajes de auxilio, así como mediante los espacios de prevención y protección entre marzo y mayo.

La Red Nacional de Refugios ha proporcionado, entre enero y mayo de 2020, 7 mil 975 atenciones a través de sus redes sociales y líneas telefónicas. Esto representa un aumento del 48% si se comparan con las atenciones brindadas en el mismo periodo en el 2019 (donde proporcionaron un total de 5 mil 377 atenciones).

De las mujeres que ingresaron a los espacios de protección de la Red, el 100% fueron víctimas de violencia familiar y el 5% de los niños y niñas fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento.

El 48% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante la pandemia, detalla el informe.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias de prensa, ha negado sistemáticamente cualquier aumento en la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia.

El 6 de mayo afirmó que no habían advertido un “aumento en las denuncias” y, por otro, insistió que en México impera la “fraternidad familiar”.

Lee: No ha aumentado la violencia contra mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar: AMLO

Una semana después, cuando volvió a ser cuestionado, – considerando que las propias cifras del gobierno mostraban, para el mes de marzo, un aumento en las llamadas al 911, el presidente afirmó que el 90% de estas llamadas eran falsas.

“Este tipo de afirmaciones nos preocupan no sólo por imprecisas y contrarias a lo que los mismos datos del gobierno muestran, sino porque contribuyen a exacerbar uno de los estereotipos más perniciosos a los que se enfrentan las víctimas de violencia: que exageran o, peor aún, mienten”, destaca el informe.

Lee El Sabueso: Falso que 90% de llamadas de emergencia de mujeres no sean reales, como dijo AMLO

Denuncias

En el mes de abril, la cifra de carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar disminuyó en casi 28%. ¿Esto significa que se redujo esta violencia? No.

“Que las mujeres no acudan a las fiscalías a denunciar, no significa que la violencia disminuyó, menos considerando el aumento en asesinatos y en llamadas de auxilio en distintos medios. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en donde, si bien las carpetas por violencia familiar en abril de 2020 se redujeron en un 20% en comparación con abril de 2019, las llamadas a la Línea Mujeres en este mismo periodo aumentaron en un 97%, según el análisis de Intersecta”, de acuerdo con el informe.

Respuestas institucionales

El informe (Des) Protección Judicial muestra que la primera respuesta de las autoridades ante la emergencia sanitaria carece de perspectiva de género y expone la poca importancia que se le da  las órdenes de protección

Sólo 7 de los 32 Poderes Judiciales consideraron de manera explícita el establecimiento de guardias para la emisión de medidas de protección en materia familiar. 22 de los 32 Poderes Judiciales las omitieron como parte de sus medidas.

Medidas precautorias en materia penal: Sólo 5 de los 32 Poderes Judiciales tuvieron en consideración la necesidad de contar con personal para ratificar medidas de protección emitidas por ministerios públicos.  8 de los 32 Poderes Judiciales no establecieron medidas al respecto de manera explícita.  Y 19 de los 32 omitieron, de plano, el establecimiento de guardias presenciales.

El ordenamiento jurídico también contempla como herramienta las medidas precautorias en materia familiar. La gran mayoría de los Poderes Judiciales no consideraron como una medida de emergencia fundamental contar con este tipo de herramienta.

Respecto a la pensión alimenticia: 21 de los 32 Poderes Judiciales establecieron guardias para que el pago de pensiones opere de manera regular.  1 de los 32 Poderes Judiciales lo hizo, pero no de manera explícita.

Centros de convivencia familiar: 1 de los 32 Poderes Judiciales dejó a discrecionalidad de las autoridades analizar caso por caso para ver en qué asuntos era necesaria la suspensión de las convivencias y tomar las medidas correspondientes para garantizar este derecho.  En 15 de los 32 Poderes Judiciales se suspendieron las actividades de los centros, sin ofrecer alternativas. 14 de los 32 Poderes Judiciales ni siquiera se pronunciaron al respecto.

Lee: AMLO asegura que hay un programa de protección a mujeres, pero en gobierno no detallan cuál es

Acceso a la justicia

En cuanto al acceso a la justicia mediante tribunales, al analizar los servicios disponibles de los Poderes Judiciales, es posible concluir que existe una grave deficiencia de coordinación, misma que obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres durante la emergencia sanitaria.

Además de que la información respecto de los servicios disponibles en los tribunales, así como el contenido de dicha información no es entendible ni de fácil acceso para todas las personas.

Equis: Justicia para las Mujeres encontró que si bien la mayoría de los Poderes Judiciales analizados continúan ofreciendo servicios limitados y atendiendo casos urgentes, la mayoría de los Poderes Judiciales no contemplan las condiciones de internamiento de la población privada de la libertad como asuntos prioritarios o urgentes.

Los avisos mediante los cuales los Poderes Judiciales de cada entidad federativa comunicaron a la población los asuntos que atenderían durante la emergencia sanitaria están escritos en lenguaje técnico y ambiguo. Esto no da claridad a las personas que requieran de los servicios de los Poderes Judiciales, refiere.

La mayoría de los avisos y de los servicios que se consideran prioritarios o urgentes no fueron elegidos teniendo en cuenta perspectiva de género, enfoque diferenciado ni interseccionalidad.

Entérate: No ha aumentado la violencia contra mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar: AMLO

Información pública

Finalmente, señala el informe, en México, la información pública que permitiría evaluar el impacto que las medidas de confinamiento y el contexto de crisis han tenido en la violencia contra las mujeres ha resultado insuficiente, poco oportuna y se ha visto limitada por las medidas sanitarias.

Por un lado, uno de los problemas –transversal a la información que genera el Estado mexicano– es la falta de interseccionalidad. Lo anterior implica que no podemos saber cómo es que la violencia durante la pandemia ha afectado a las mujeres de manera diferenciada.

Por otro lado, en algunos casos, la información pública acerca de algunas modalidades de violencia contra las mujeres no es inmediata, sino que se hay un desfase entre el momento en el que se denuncian ciertos hechos o se inician las investigaciones y el momento en el que es posible tener acceso a esa información.

“Si esto no cambia, la información detallada, por ejemplo, sobre los homicidios de mujeres que están sucediendo en el contexto de COVID-19 estará disponible públicamente un año y medio después. Este desfase limita la posibilidad de emprender acciones informadas y oportunas de política pública. Finalmente, la calidad y el formato de la información no permiten realizar análisis completos de violencia, además de que hay datos fundamentales que se excluyen de la información que se publica”, apunta.

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