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"El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa"

En su último libro, Jeffrey Pfeffer, profesor de la Universidad de Stanford, argumenta que el exceso de trabajo y el estrés han provocado la muerte de miles de personas en Estados Unidos y el resto del mundo a causa de un sistema laboral que se ha vuelto "inhumano".
BBC
22 de marzo, 2019
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Cuando Jeffrey Pfeffer afirma que “el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa”, no lo dice en un sentido metafórico.

Lo dice tal cual, con todas sus letras, basándose en las investigaciones que ha realizado durante décadas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Pfeffer, profesor de la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford y autor o coautor de 15 libros en el campo de la teoría organizacional y el manejo de recursos humanos, argumenta en su último libro, “Muriendo por un salario” (Dying for a paycheck, en inglés), que el sistema de trabajo actual enferma e incluso termina con la vida de las personas.

En él relata el caso de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio. Trabajaba 75 horas a la semana y demoraba cerca de dos horas en llegar a la oficina.

Justo antes de su muerte, había trabajado 40 días seguidos sin parar y su viuda declaró que Kenji estaba excesivamente estresado.

Ese es solo uno de muchos ejemplos incluidos en la publicación, donde el autor pone en contexto los efectos de un sistema de trabajo que en ocasiones se torna “inhumano” por la excesiva carga laboral.

fsdf

BBC

Según la evidencia recopilada por Pfeffer, en Estados Unidos, el 61% de los empleados considera que el estrés los ha enfermado y el 7% asegura haber sido hospitalizado por causas relacionadas con el trabajo.

De hecho, sus estimaciones apuntan a que el estrés está relacionado con la muerte anual de 120.000 trabajadores estadounidenses.

Y desde un punto de vista económico, destaca el académico, el estrés tiene un costo para los empleadores de más de US$300.000 millones al año en ese país.

En BBC Mundo hablamos con él.


En su libro usted menciona que existe un sistema laboral tóxico que está matando a la gente. ¿Qué evidencia tiene al respecto y cómo el trabajo moderno afecta a los empleados?

Existe evidencia de sus efectos sobre la salud. Las largas jornadas laborales, los despidos, la falta de seguro médico, el estrés provocan una enorme inseguridad económica, conflictos familiares y enfermedades.

El trabajo se ha vuelto inhumano. Por una lado las empresas, de una manera fundamental, se han desentendido de la responsabilidad que tienen con sus empleados.

Pero también ocurre que así como crece la “economía gig” (de trabajadores independendientes), también crece la inseguridad laboral.

¿Quién es responsable de este fenómeno?

Si piensas en los años 50 o los 60, los directivos decían que era necesario equilibrar los intereses de los empleados, los clientes, los accionistas. Ahora todo está centrado en los accionistas.

Esqueleto

Getty Images
Pfeffer dice que el estrés está relacionado con la muerte de 120.000 trabajadores estadounidenses al año.

En los bancos de inversión, por ejemplo, hay una práctica muy generalizada bajo la cual trabajas, vas a tu casa a darte una ducha y regresas a la oficina.

Bajo ese sistema, muchos empleados se vuelven drogadictos, porque terminan consumiendo cocaína y otras drogas para mantenerse despiertos.

Aunque el fenómeno que usted describe sería transversal, ¿hay ciertos sectores más afectados?

Un empleado de una fábrica, un piloto de avión, un conductor de camión, tiene un límite máximo de horas que puede trabajar.

Pero irónicamente, en muchas de las profesiones no hay límites.

En el caso de Estados Unidos, usted ha escrito que el lugar de trabajo es la quinta causa de muerte en Estados Unidos

Al menos la quinta causa, quizás más.

¿Y quién se hace cargo de esas muertes?

Los empleadores son responsables y los gobiernos son responsables por no hacer nada al respecto.

Enfermera

Getty Images
El 61% de los empleados en Estados Unidos considera que el estrés los ha enfermado.

¿Entonces qué papel juega la política en todo esto?

Tiene un rol enorme. Tenemos que hacer algo para detener esto. Pero no seremos capaces de hacer nada a un nivel individual.

Si quieres resolver el problema de manera sistémica, se requiere una intervención sistémica que debe provenir de algún tipo de regulación.

¿Cómo reaccionan los directivos de empresas cuando usted conversa con ellos?

Nadie argumenta que los datos no son correctos, porque los datos son bastante abrumadores. Pero esto es como el juego de la “papa caliente”: la gente ve el problema, pero nadie quiere hacerse cargo.

De hecho, los costos de salud son enormes. Las condiciones de trabajo causan enfermedades crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares.

Pero también hablando de costos, las empresas pueden replicar que hacer cambios al sistema de trabajo afectará las ganancias corporativas

Es que eso no es verdad. Sabemos que la gente estresada tiene una mayor probabilidad de renunciar. Sabemos que los empleados enfermos -psicológica o físicamente enfermos- son menos productivos.

Sabemos, por estudios realizados en Estados Unidos y en el Reino Unido, que sobre el 50% de todos los días laborales perdidos por ausentismo están relacionados con el estrés laboral.

Hombre abrumado

Getty Images
El estrés tiene un costo para los empleadores de más de US$300.000 millones al año en Estados Unidos, según Pfeffer.

El Instituto Estadounidense del Estrés calcula que el costo anual es de US$300.000 millones al año.

Entonces es muy caro tener trabajadores enfermos o empleados que van a trabajar, pero con bajo rendimiento. Esto le cuesta a las empresas una fortuna.

Desde el lado de los trabajadores, usted ha escrito que las personas deberían cuidarse a sí mismas. Pero si un empleado reclama por mejores condiciones laborales, es muy probable que termine despedido. ¿Cómo se pueden cambiar las condiciones de trabajo?

Primero, los empleados tienen que asumir la responsabilidad de cuidar su propia salud.

Si vas a trabajar a un lugar donde no te permiten equilibrar tu vida laboral y tu vida familiar, tienes que irte.

Entonces la gente contesta: “No me puedo ir”. Y yo digo: “Si estás en una sala y esa sala está llena de humo, intentarás salir de ahí, porque las consecuencias para tu salud serán muy severas”.

Lo otro es que la gente tiene que presionar para que existan leyes y actuar colectivamente para protegerse, porque también hay costos para la sociedad.


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Cladem Jalisco México

Destituyen a juez por su actuación en el caso de un funcionario que abusó de una menor en Vallarta

Aunque a Luis Alonso “N” no le imputan corrupción de menores, sí enfrenta proceso por el delito de “abuso sexual infantil” y sigue preso.
Cladem Jalisco México
16 de agosto, 2020
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El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que fue destituido el juez Jorge Luis Solís Aranda, del Centro de Justicia para las mujeres de Puerto Vallarta, por el caso de Luis Alonso “N”, director de recursos humanos de la policía municipal, que fue detenido hace 3 semanas con una niña de 10 años desnuda en su coche. El juez decidió vincularlo a proceso por el delito de “abuso sexual infantil”, pero sin agravantes debido a una incongruencia en la redacción del Código Penal, y rechazó imputarlo por “corrupción de menores” con el argumento de que la niña “no sintió placer”.

Este viernes fue la segunda audiencia del caso, donde el juez rechazó este último delito, por lo que hubo rumores de que el acusado había quedado libre. Pero no fue así, porque permanece la primera vinculación a proceso, dictada desde el lunes 10 de agosto.

Sin embargo, Luis Alonso “N” sí tiene derecho a pedir libertad condicional y de hecho su abogado defensor iba a solicitarla el martes pasado, aunque finalmente desistió de hacerlo por el momento.

Este fin de semana se realizan manifestaciones en Vallarta en contra de cómo se ha manejado el caso y en redes sociales hubo indignación con la etiqueta #NoEsPlacerEsViolencia por los argumentos que dio el juez Solís Aranda.

“Yo me sorprendí, me quedaba muy claro que iba a ser complicado que el juez vinculara a proceso. Lo que nunca me esperé fueron los argumentos que dio, machistas, sexistas, imponiendo la carga en la víctima, en la niña, no en el agresor. Yo esperaba que fundara de manera jurídica esta negativa, no de una manera machista, prejuiciosa, sesgada como lo hizo”, dijo en entrevista con Animal Político la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Vallarta, Sandra Quiñones.

Desde el viernes por la noche, la Fiscalía anunció que interpondrá un recurso de apelación por considerar que son aplicables tanto el delito de abuso sexual infantil como el de corrupción de menores y que la resolución vulnera los derechos de la niña de 10 años. Alfaro subrayó este domingo que el Consejo de la Judicatura tomará cartas en el asunto y que el juez pagará las consecuencias de lo que llamó “su inmoralidad”.

Una serie de tropiezos legales

Luis Alonso “N” fue sorprendido el domingo 26 de julio con una niña desnuda dentro de su coche. Él estaba parado junto a la puerta del copiloto y cuando policías que hacían vigilancia en la zona se acercaron, se puso nervioso e intentó tapar el interior del vehículo. Adentro estaba la pequeña y, según lo que declaró después, el hombre presuntamente ya había estado tocando su cuerpo.

Una semana después, el 3 de agosto, se realizó la primera audiencia para vincularlo a proceso y fue cuando empezaron los tropiezos legales que han desatado una ola de indignación ante este caso.

El Ministerio Público Juan Alberto López Amaral pidió la imputación solo por un delito, abuso sexual infantil, y pidió la agravante de que la niña es menor de 12 años. Pero el Código Penal de Jalisco tiene una contradicción: las agravantes a este delito están estipuladas en el Artículo 142-N, donde dice que la pena se incrementará una tercera parte si la víctima tiene menos de esa edad. El problema es que el propio Artículo 142-L, que regula el abuso sexual, ya tiene una penalidad diferente dependiendo de la edad, de uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y 17 años, y de tres a seis años de cárcel si es menor de los 12.

De modo que por esta incongruencia en la ley, el juez Jorge Luis Solís Aranda decidió que no era aplicable la agravante. Sin esta condición y con una posible pena que promedia menos de cinco años, el acusado tiene el derecho a pedir la suspensión condicional del proceso, con lo cual puede salir libre con medidas cautelares como vigilancia, resguardo domiciliario, el compromiso de no acercarse a su víctima o recibir tratamiento psicológico, según se determine.

La Fiscalía apostaba por conseguir una segunda vinculación a proceso, ahora por el delito de corrupción de menores. En una conferencia de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís dijo que no se había hecho en la primera audiencia porque estaban consiguiendo más datos de prueba.

“Esta segunda imputación requería de unos peritajes más pormenorizados, esa fue la razón por la que al momento de la puesta a disposición se decidió asegurar una primera vinculación y ahora vamos por una segunda”, señaló el lunes pasado, con la nueva audiencia programada para el viernes.

En el transcurso de la semana, se sumó otro peritaje independiente, presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), contó en entrevista con Animal Político la coordinadora de la ONG en Vallarta, Sandra Quiñones. Fue un peritaje en victimología forense, que entra a detalle no solo en la afectación a la víctima, sino en la familia, el entorno y hasta la propia carpeta de investigación de la Fiscalía.

Pero el juez Solís Aranda rechazó la segunda vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores, que el Código Penal define como “la iniciación o práctica de la actividad sexual”, con castigo de cuatro a siete años de cárcel cuando el agresor se valga de alguna situación como tener poder o ser funcionario público.

Lo más preocupante, consideró la activista Sandra Quiñones, es que se trataba de un juez relativamente nuevo del Centro de Justicia para las Mujeres. Es decir, que todos los casos que recibe son de violencia contra niñas y mujeres.

“El juez desconoce lo que implica el principio del interés superior del menor, y desconoce lo que significa juzgar con perspectiva de género. No solo es una menor, es una niña, entonces el protocolo obliga que en esta situación de doble vulnerabilidad se debe utilizar tanto el protocolo que protege el interés superior del menor como el de perspectiva de género”, lamentó. “Nos preocupa porque entonces sabemos que el resto de los juicios que él tenga van a seguir con la misma tónica, revictimizando a las niñas o mujeres, negando el acceso a la justicia, dejando libres a agresores”.

“Nunca actúan solos”       

Cladem y otros colectivos de activistas no se quedan solo en la discusión de si la primera imputación va con o sin agravantes y la segunda que fue rechazada: solicitaron formalmente con un escrito que se investigue mucho más a fondo el caso.

“En estas investigaciones que también hacemos de manera paralela determinamos que la persona que realizó estos actos en contra de la niña es un depredador y tiene ya, o tenía ya muy establecido su patrón, su ruta, su zona”, señaló Quiñones. Tenía incluso un rango de edad para escoger a sus víctimas.

Aunque la identidad de la niña y de su familia se ha mantenido en absoluta confidencialidad, la activista comentó que el ahora exfuncionario no la conocía previamente, sino que presuntamente la estuvo “cazando”, porque se movía en la zona donde él buscaba a sus víctimas.

“Y nos preocupa porque Vallarta es un destino de turismo sexual, y de turismo sexual infantil, aquí está enclavada una parte de una red de prostitución y pornografía infantil. Y que el imputado haya sido el jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana nos alarma muchísimo, porque es una conducta que sabemos que no actúan solos, tanto para consumo como para protección. Nos queda claro que hay mucho más detrás de esto, muchísimo más”, subrayó.

Una de las investigaciones que están pidiendo es que se cruce información entre dependencias y lugares donde él ha trabajado para encontrar si había antecedentes de quejas o denuncias contra él, pero hasta ahora no han tenido respuesta.

“Repito: no trabajan solos. Entonces, ¿quién más pudiera estar? Bueno, esperemos que Fiscalía y el Ayuntamiento se pongan a hacer esa parte y que nos informen e informen a la comunidad ¿de quién más nos tenemos que cuidar?, ¿o cuántos casos más están por ahí que se les dio carpetazo para no ir más allá? Porque no es cualquier depredador, era un depredador que trabajaba en Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento y eso implica que tenía acceso a las cámaras del C5, a información sensible de niñas agredidas, de rutas, de situaciones que pudieron poner en riesgo a muchas más menores, y para poderlo hacer claro que tiene que haber toda una red de complicidad”, advirtió.

Aunque la Fiscalía no ha adelantado si piensa presentar más acusaciones, en un comunicado del 8 de agosto refirió que estaba buscando datos de prueba de la presunta responsabilidad del imputado en “otros delitos” y ha insistido en que trabaja para fortalecer el caso.

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