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Familia LeBarón: qué se sabe de la comunidad mormona que perdió a 9 de sus integrantes en un ataque

Se establecieron en México en los 1920 después de separarse de la iglesia mormona en EU y prosperaron con la producción de nueces en una zona que ahora es controlada por grupos afiliados a carteles de la droga.
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5 de noviembre, 2019
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Coche calcinado

Reuters
La familia dijo que fue “una masacre”.

“Esta es una zona de guerra y desde hace tiempo estamos pidiendo ayuda”.

Así lo dijo este martes Julián LeBarón al informar a los medios sobre la emboscada que mató a al menos nueve miembros de su familia, la mayoría niños.

Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

La “masacre”, como la describió Julián LeBarón a los medios, ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua.

Era un viaje que realizaban rutinariamente, según LeBarón, porque en ambas localidades están establecidos miembros de la familia que forman parte de la Colonia LeBarón, una rama fundamentalista de mormones que se estableció en la zona en los 1920.

También es una región de las sierras de Sonora y Chihuahua donde operan carteles de narcotraficantes.

Y en años recientes algunos miembros de la familia LeBarón se han visto enfrentados con habitantes de comunidades locales por el uso del agua en la región.

funeral de Le Barón

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La familia LeBarón fue víctima de la violencia del crimen organizado en 2009 con el secuestro y asesinato de Benjamín LeBarón.

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, hasta ahora no se sabe quiénes eran los hombres armados que perpetraron el ataque.

“No sabemos, aquí operan los carteles y todo tipo de matones”, declaró.

Quiénes son los LeBarón

La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dayer LeBarón con varios miembros de su familia.

LeBarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a México.

Dos de sus hijos, Joes y Ervil LeBarón fundaron en 1955 la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos y la comunidad, que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en la zona manteniendo el inglés como principal idioma.

Fue en 2009 cuando el nombre LeBarón llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado en la zona.

Primero fue el secuestro de Erick LeBarón, de 17 años, por cuya liberación se exigió un millón de dólares.

La comunidad de los LeBarón anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate y se manifestó tanto en medios nacionales como internacionales contra la creciente inseguridad de la región durante la llamada “guerra contra las drogas” que declaró el entonces presidente Felipe Calderón.

Así lograron que el joven fuera liberado. Pero meses después Benjamín, el hermano de Erick, y Luis Widmar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Los responsables colocaron una manta frente a sus casas en la que indicaban que el asesinato era en respuesta al activismo de la familia contra la inseguridad.

Desde entonces los habitantes de la colonia LeBarón pidieron la creación de una policía civil para protegerse de los grupos criminales.

La medida fue apoyada inicialmente por algunos funcionarios públicos pero posteriormente fue rechazada.

Investigación

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, antes de los hechos de este lunes la familia había tenido amenazas.

“Se denuncio que hubo amenazas y le informamos a las autoridades (federales). Hubo la denuncia y estas son las consecuencias”, declaró LeBarón.

No se sabe, sin embargo, quiénes pueden ser los responsables.

Momentos después de los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y la policía.

AFP
México ha vivido hechos particularmente violentos en las últimas semanas.

Una teoría es que las mujeres y los niños, que viajaban en vehículos SUV similares a los que usan los grupos de crimen organizado, fueron confundidos con grupos rivales.

La zona en el norte de México es disputada por dos grupos rivales, La Línea, que tiene vínculos con el cartel de Juárez, y “Los Chapos” que son parte del cartel de Sinaloa.

Ambos grupos se disputan la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero los miembros de la familia LeBarón también se han visto involucrados en enfrentamientos con agricultores locales.

En 2018 algunos miembros de la familia tuvieron una fuerte confrontación con ejidatarios que protestaron por lo que dijeron era el uso excesivo de agua de la comunidad LeBarón que estaba plantando cada vez más árboles de nogal que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Los reclamos de los ejidatarios, que comenzaron desde 2013, indicaron que esa “sobrexplotación del agua” había dejado sin el líquido a las comunidades aledañas.

Según informó entonces la revista Proceso, “los encargados y empleados del rancho (de los LeBarón) recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla”.

Los gobiernos de Chihuahua y Sonora emitieron una declaración conjunta indicando que se lanzó una investigación para esclarecer los hechos y que se enviaron fuerzas de seguridad adicionales a la zona.

Los violentos hechos del lunes han provocado una fuerte respuesta en redes sociales tanto en México como Estados Unidos ante lo que muchos ven como la creciente violencia en el país.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ha adoptado una política de no violencia y no confrontación con los poderosos carteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente”, señala Will Grant, corresponsal de la BBC en México.

“La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, luego de que sus hombres los superaran”, añadió.


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Cuartoscuro Archivo

Centros de Justicia para Mujeres tiene reducción drástica de atención de casos por cuarentena y falta de personal

En febrero fueron atendidas 18 mil 476 mujeres; en abril las atenciones cayeron a solo 8 mil 996 y en mayo fueron 10 mil 638.
Cuartoscuro Archivo
16 de junio, 2020
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Al Centro de Justicia para las Mujeres de Torreón, Coahuila, llegó durante la emergencia sanitaria por COVID-19 una mujer preocupada por las amenazas de su exmarido. Lleva dos años divorciada y decidió tener una nueva relación amorosa, pero en cuanto su ex se enteró, empezó a perseguirla, acosarla y amenazarla con quitarle a la hija que tuvieron juntos. Un día, incluso se apareció donde estaban y golpeó a su nuevo novio. Pero cuando acudió al Centro de Justicia para denunciarlo, la respuesta fue que no era un caso urgente y le darían cita para dentro de un mes, cuando la contingencia pasara.

Otro día, se acercó una chica muy joven que por fin cobró conciencia y valor para denunciar que había sido violada. Pero como la agresión sexual no acababa de ocurrir, le dijeron que no la podían atender en ese momento, que regresara pasada la cuarentena, cuando estuvieran funcionando con normalidad.

La activista Ariadne Lamont, de la Red de Mujeres de la Laguna, es quien comparte estos dos testimonios en los que ayudó para que ambas mujeres sí fueran atendidas. Pero señala que sin el acompañamiento de alguna organización y con funcionarios de primer contacto que recibieron la instrucción de recibir solo casos urgentes, muchas mujeres se quedaron sin que las autoridades recibieran sus denuncias.

Los datos oficiales muestran que los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM o Cejum) de todo el país bajaron las atenciones brindadas a alrededor de la mitad durante la emergencia sanitaria.

De 18 mil 476 mujeres atendidas durante febrero, hubo una primera disminución de 11.5%, es decir, 16 mil 352 usuarias durante marzo, cuando a mitad de mes la gran mayoría de poderes judiciales cerraron sus puertas sin garantizar protección a las mujeres que viven violencia, de acuerdo con un informe de Equis Justicia.

En abril las atenciones cayeron a solo 8 mil 996, 45% menos que en marzo. Y en mayo fueron 10 mil 638. Es decir, que en estos últimos dos meses se atendió casi a la misma cantidad de mujeres que en febrero, antes de que hubiera cierre de actividades por el nuevo coronavirus.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) proporcionó estos datos desglosados por mes a solicitud de Animal Político, después de que en la conferencia de prensa mensual de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre violencia de género, el pasado 26 de abril, solo se informó de una estadística agrupada que mostraba una disminución de apenas 2.6% de atenciones en el primer cuatrimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.

En ese reporte queda claro que lo que más se solicita y lo que más disminuyó este año son los servicios jurídicos: pasaron de ser 34.9% de las atenciones a solo 30.8. Bajaron también los servicios a víctimas indirectas, de 5 a 3.4%, y las canalizaciones a refugios, de 0.8 a 0.4%. Mientras que lo que más se dio fueron acciones de servicio social, médicas, psicológicas y de empoderamiento.

Atención solo a mujeres golpeadas, violadas y por “tentativa de feminicidio”

Según el reporte de Conavim, Jalisco destaca este año como el estado con más atenciones en sus dos sedes de Guadalajara y Puerto Vallarta: 10 mil 012 entre enero y abril, un 51% más que en 2019, cuando estaba en el tercer lugar. De acuerdo con una revisión hecha en abril pasado sobre las modificaciones que hicieron por la contingencia por COVID-19, este estado fue uno de los pocos que en lugar de reducir, amplió sus servicios, con un esquema de monitoreo de casos.

En segundo lugar por cantidad de mujeres recibidas está el Estado de México, con 9 mil 980, y en tercero, Coahuila, con 6 mil 972; estos dos se mantuvieron casi igual que un año previo. El Edomex tiene cuatro Centros de Justicia, en Toluca, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Amecameca. Coahuila es el que más tiene, cinco en total, en Saltillo, Torreón, Matamoros, Ciudad Acuña y en el municipio de Frontera, pero en todos ellos anunció que no habría trámites jurídicos durante la contingencia.

En donde se dieron las disminuciones más drásticas de mujeres atendidas fue en Chihuahua, que pasó de 4 mil 46 durante el primer cuatrimestre de 2019 a solo mil 295 en 2020; Campeche, de 3 mil 961 a mil 606; Querétaro, bajó de 3 mil 058 atenciones a mil 820; y Aguascalientes, de 2 mil 810 a mil 972.

Lamont, que trabaja en la zona de La Laguna pero tiene contacto con los cinco Cejums de Coahuila, explica en entrevista que al menos en ese estado solo estaban recibiendo a mujeres en tres supuestos: que llegara policontundida —es decir, golpeada—, que acabara de sufrir una violación, o que su relato indicara que el hombre que la agredió cometió tentativa de feminicidio, para lo cual no es determinante el grado de violencia sino que se haya detenido por una razón externa.

“Según el Código Penal de Coahuila, para que sea tentativa de feminicidio tiene que haber un factor externo que haga que el hombre no culmine el acto de asesinar a una mujer. Como por ejemplo, que la está ahorcando y llega la suegra: ‘¡suéltala, suéltala!’, y la suelta; o que el niño llora y el hombre lo ve y recapacita. A eso le llaman factor externo. Pero muchos eventos de violencia en donde las mujeres están a punto de perder la vida y por algún motivo no las mata, si ellas no refieren un factor externo, les dicen: no fue tentativa de feminicidio, son lesiones”, detalla.

La activista aclara que la disminución de atenciones no fue solo porque no aceptaran algunos casos, sino también porque de por sí los Centros de Justicia apenas tienen el personal necesario, y con las medidas de cuarentena hubo personas que se confinaron en casa y eso implicó que otras hicieran guardias y turnos extras más allá de su capacidad, o, por ejemplo, hubo un brote de coronavirus en la Unidad de Feminicidios, así que por seguridad, tuvo que cerrar.

“Esta crisis nos está enseñando que están trabajando con muy poco personal, también alcanzamos a ver eso”, subraya.

“Nos está enseñando que tienen que fortalecer esas instancias, Centros de Justicia, espacios municipales de la mujer, la misma Fiscalía, porque tienen muy poco personal”.

Mientras que las atenciones del Estado a las víctimas de violencia machista bajaron durante la pandemia, las llamadas de emergencia por este motivo al 911 tuvieron un máximo histórico, sobre todo en marzo, que llegaron a 64 mil 858, es decir, 87 cada hora, y abril tuvo la mayor cantidad de mujeres asesinadas desde que hay registro, 11.2 al día.

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