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Qué es la "generación confinada" que sufrirá los efectos económicos del COVID por al menos una década

También llamada "generación cuarentena", este grupo de jóvenes se enfrentará a un futuro mucho más duro que el resto de la población durante la pandemia de coronavirus y después de ella.
30 de mayo, 2020
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Los jóvenes entre 15 y 24 años serán más golpeados que el resto de la población por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Ya se habla de la “generación confinada”.

Y es que las dificultades que enfrentan actualmente en el mercado laboral y las que les esperan en el futuro pospandemia, según un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo desde el comienzo de la epidemia y los que siguen ocupados vieron reducir sus horas de trabajo en un 23%, señala el organismo.

“Es una generación que quedará marcada por el virus”, le dice a BBC Mundo Susana Puerto, especialista en empleo juvenil de la OIT, al tiempo que agrega que los efectos de esta crisis se extenderán por al menos una década, como ocurrió con la crisis económica de 2008.

“Esta vez es mucho peor y por eso pensamos que los efectos serán duraderos“, explica Puerto.

La experta explica que la pandemia no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes ya tenían en el mercado laboral.

Y advierte que la situación podría ser mucho más dura de lo que muestran las cifras hasta ahora, ya que las estimaciones fueron hechas con un sondeo por internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no tienen acceso al servicio.

El triple efecto de la pandemia

Desde otras perspectiva, como una gran parte de los centros educacionales tuvieron que cerrar su puertas en los momentos más difíciles de la pandemia, existe el riesgo de que algunos jóvenes se retrasen o no regresen al sistema.

En ese sentido, señala la OIT, la pandemia tiene un triple impacto sobre los jóvenes: destruye sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al mundo laboral.

Familia en una villa miseria en Buenos Aires.

Getty Images
Las mujeres jóvenes serán las más afectadas en el mercado laboral de acuerdo a las proyecciones de la OIT.

Antes de la pandemia la tasa de desempleo juvenil en el mundo era de 13,6% (comparada con un 4,9% de toda la población activa) y en Latinoamérica de 17,9% (comparada con un 8,1%), lo cual refleja la vulnerabilidad de este grupo.

Además, aquellos jóvenes con trabajo tenían ocupaciones mal remuneradas o pertenecían a la economía informal.

Así las cosas, el panorama no es muy alentador. La experta anticipa un aumento en el número de jóvenes que no estudia ni trabaja a nivel global, con un efecto más pronunciado en el caso de las mujeres jóvenes.

Miedo o desconfianza en el futuro

“La mitad de los jóvenes encuestados siente miedo o desconfianza en el futuro”, explica Puerto, agregando que eso puede llegar a ser peligroso.

“Los jóvenes pueden caer en estados de depresión o ansiedad y eso es devastador”, apunta.

Joven detrás de una reja

Getty Images
Tres de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral realiza empleos informales que no le proporcionan acceso directo a la protección social.

Tres de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral trabaja en el sector informal, lo que no le proporcionan acceso directo a la protección social ni a las ayudas de emergencia que está entregando el Estado en medio de la crisis.

Frente a esta situación, la OIT propone la aplicación de algunas políticas que se implementaron tras la Gran Recesión de 2008, que requieren un aumento del gasto público para apoyar la creación de empleo.

El organismo plantea que ante las actuales circunstancias, los gobiernos deben tomar medidas urgentes y a gran escala con el foco puesto en este sector más vulnerable de la población.

Eso requiere, señala la OIT, estimular la economía, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, además de proteger a los empleados en el lugar de trabajo.

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Cuartoscuro

Rosario Robles irá a juicio por omisiones; Zebadúa, el principal implicado, busca acuerdo para evitar cargos

Rosario Robles seguirá presa al menos hasta 2021. En contraste, Emilio Zebadúa, sobre quien pesan más de 20 denuncias por los convenios de La Estafa Maestra, comenzó un acercamiento con la Fiscalía para no ser procesado.
Cuartoscuro
27 de octubre, 2020
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“Prefiero ir a un juicio oral, no me interesa negociar un procedimiento abreviado. No soy culpable”, dijo Rosario Robles poco antes de volver a la cárcel en la que ya lleva más de un año presa.

Con sus palabras concluyó ayer la audiencia judicial en la que, una vez más, un juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado en contra de la exfuncionaria federal por presuntas omisiones que habrían facilitado el desvío de más de cinco mil millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu, y dio luz verde para que se presenten las pruebas y sea enjuiciada por ello.

Mientras tanto, autoridades ministeriales confirmaron que Emilio Zebadúa González, exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu y señalado en las denuncias como el principal responsable de autorizar los presuntos desvíos, inició un acercamiento con la Fiscalía General de la República (FGR) para negociar un acuerdo que le permita evitar un proceso por delitos graves que lo lleven a la cárcel.

Zebadúa ha optado por esta nueva estrategia luego de que perdiera los juicios de amparo con los que consiguió, durante más de un año, no pisar la cárcel y ni siquiera comparecer ante un juez para que se le imputaran los cargos, a diferencia de Robles quien sí respondió al citatorio que le enviaron.

Lee: La Estafa Maestra: Cuentas de Robles seguirán congeladas, define Tribunal

Pero, pese a haberse presentado voluntariamente y aunque hasta ahora no se ha resuelto si es culpable o no, Robles – contrario a Zebadúa – lleva más de un año encarcelada de forma preventiva bajo el argumento avalado por los jueces responsables del caso de que podría darse a la fuga. 

Se trata de una prisión preventiva dictada con irregularidades, entre ellas una licencia de conducir falsa que Robles no tramitó, como ya ha sido confirmado en dos amparos ganados por la exfuncionaria en contra de esa medida cautelar. Sin embargo, los jueces han insistido en mantenerla presa. Un tercer amparo relacionado con esta medida se encuentra hoy bajo análisis.

Cárcel y juicio hasta 2021

Como se dio a conocer ayer, el juez federal Ganther Villar Ceballos rechazó una vez más suspender el proceso penal en contra de Robles, tras desestimar un nuevo argumento de su defensa: que las supuestas omisiones que la FGR le imputa no son un delito sino una falta de carácter administrativo.

El juez consideró que se trataba de un tema que no puede analizarse ahora sino hasta la fase de juicio oral, por lo que ordenó a las partes revelar sus pruebas para poder avanzar hacia el mismo. 

Sin embargo y a petición de la misma defensa, la presentación de la evidencia se pospuso hasta el 8 de diciembre luego de que los abogados argumentaran que no han recibido aun los resultados finales de dos peritajes importantes para su teoría del caso.

Lo anterior significa que Robles permanecerá encarcelada de forma preventiva, al menos hasta el 2021. Ello ya que una vez que se logre concluir con la audiencia intermedia deberán transcurrir al menos dos meses antes de que se realice el juicio oral ante un nuevo tribunal.

Lee: Robles acusa presión para delatar a exfuncionarios; pide citar a excolaborador y auditor federal

El abogado Epigmenio Mendieta, quien encabeza la defensa de Robles, había adelantado a Animal Político que analizarían promover un amparo si el juez Villar rechazaba suspender el caso. No obstante, aunque dicho amparo se presente y se conceda una suspensión, su efecto solo sería suspender que se acuerde una fecha mientras se analiza de fondo los argumentos de la defensa. En cualquier caso Robles continuará presa.

Zebadúa: de los amparos a la negociación

Emilio Zebadúa es, desde el punto de vista técnico y jurídico, el principal responsable del presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos en las secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

En sus múltiples denuncias, la Auditoría Superior de la Federación lo señala como el funcionario clave dado que ocupaba el cargo de Oficial Mayor y era el encargado del manejo de los recursos. Por sus manos pasaba, de forma ineludible, la aprobación de recursos para los convenios con universidades en el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

La FGR tiene iniciadas en su contra más de 20 carpetas de investigación, incluidas dos por posible lavado de dinero.

Pero hasta ahora y a diferencia de su exjefa y de otros funcionarios de menor rango, Zebadúa no ha puesto un pie ni en un juzgado, ni en la cárcel. 

Originalmente la FGR intentó proceder en su contra por el mismo caso por el cual Robles lleva más de un año presa. Sin embargo, el exfuncionario prefirió no comparecer ante el juez y, en cambio, comenzó una estrategia basada en promover diversos juicios de amparo para retrasar su comparecencia, alegando que no fue citado antes como testigo y que no se le había dado el derecho a defenderse.

Aunque consiguió obtener suspensiones provisionales y definitivas, los magistrados que revisaron los casos finalmente le negaron los amparos, el ultimo de ellos a finales de septiembre pasado.

Lo anterior deja el camino libre a la FGR para pedirle a un juez que cite en audiencia a Zebadúa o incluso que gire una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, en esa coyuntura el exoficial Mayor ha optado por una nueva estrategia: la búsqueda de un acuerdo con los fiscales para ser perdonado o para obtener, al menos, un proceso más benévolo.

Fuentes con pleno conocimiento de las indagatorias indicaron a este medio que la semana pasada Zebadúa inició un contacto formal con la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales de FGR, que es la responsable de las carpetas de investigación en curso, con el objetivo de comparecer y buscar el potencial acuerdo.

Se trata de una salida alterna que la ley contempla, pero para la que se plantean varias condiciones y requisitos. Una opción es un “criterio de oportunidad” que significa volverse testigo colaborador contra posibles delincuentes de mayor nivel o procesadas por delitos más graves, y aportar información útil que sirva para procesarlas.

Dicho recurso ya ha sido concebido en casos similares de corrupción denunciados por la ASF. Uno de los más relevantes fue el criterio de oportunidad para Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz, quien fue perdonado en más de 35 carpetas iniciadas en su contra a cambio de que declarara en contra del exgobernador de dicho estado, Javier Duarte. Es el mismo criterio que actualmente busca el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Otra opción es acordar con la FGR la búsqueda de un “proceso abreviado”, que consiste en declararse culpable de un delito que se le impute luego de ser vinculado a proceso, a cambio de una pena reducida.

En cualquiera de las dos opciones Zebadúa tendría que garantizar ante la FGR algún grado de reparación del daño.

Animal Político solicitó oficialmente a la FGR un posicionamiento oficial sobre el acercamiento de Zebadúa con funcionarios de la dependencia realizada la semana pasada, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Ayer, en una carta dirigida a la opinión pública, la propia Rosario Robles advirtió que contaba “con información confiable de fuentes al interior de FGR de que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.

¿Opacidad e indebido proceso?

Como se había anticipado, la audiencia intermedia del proceso contra Rosario Robles se realizó a puerta cerrada, sin que se permitiera la presencia de público ni de medios de comunicación, debido a las restricciones impuestas por el Consejo de la Judicatura Federal a causa de la pandemia sanitaria.

Estefanía Medina, abogada experta en temas penales y de corrupción, y cofundadora de la organización TOJIL A.C. advirtió en entrevista que dichas restricciones eran entendibles, sin embargo, con los meses que han transcurrido ya debería haberse buscado una alternativa para no normalizarlo, como por ejemplo el seguimiento virtual a distancia.

El problema, dijo, es que el impedir la publicidad de las audiencias no deja de ser una violación a la Constitución que dicta que los procesos penales deben ser públicos, situación que además de propiciar opacidad puede poner en riesgo la integridad de los juicios que se llevan a cabo.

“So pretexto del tema de la pandemia el poder judicial sigue siendo omiso en dar cumplimiento al tema de publicidad (…) Es una flagrante violación a la Constitución y si no se buscan mecanismos para garantizar que esto no ocurra puede ser una violación al proceso que a la larga genere problemas o de espacios de oportunidad a las defensas”, dijo Medina.

La experta consideró especialmente preocupante que esta situación se de en el proceso de Rosario Robles, pues dijo que es un caso de corrupción de gran interés público, pero donde ha habido ya señalamientos de posibles irregularidades y faltas al debido proceso, por lo que la fiscalización pública es vital.

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