El Halconazo: la masacre que dejó cientos estudiantes muertos en México
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El Halconazo: la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
10 de junio, 2021
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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Foto: Manu Ureste

“Tenemos que levantar la voz porque los abrazos no bastan”: religiosos piden a AMLO cambiar la estrategia de seguridad

Sacerdotes y activistas de colectivos de búsqueda marcharon en la peregrinación de la paz, que se llevó a cabo en la CDMX y otros estados, para exigir al gobierno de México que cambie la estrategia de seguridad.
Foto: Manu Ureste
Por Manu Ureste
6 de julio, 2022
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Sacerdotes y activistas de colectivos de búsqueda marcharon en la Peregrinación de la Paz que se llevó a cabo en la CDMX, y otros estados del país, para exigir al gobierno de México que cambie la estrategia de seguridad.

Martha, de 68 años, es una firme creyente y católica. Pero dice que ya se hartó de callar y de poner siempre la otra mejilla. 

“No podemos guardar más silencio, ni mirar para otro lado ante todo lo que está pasando. Tenemos que decir ‘ya basta’ ante tanta violencia. El discurso de abrazos y no balazos no está funcionando”. 

Vestida con una chamarra vaquera, un bolso cruzado, y protegida por un cubrebocas azul claro, la mujer camina por Paseo de la Reforma sosteniendo con firmeza una hoja con la imagen de Javier Campos Morales y Joaquín César Salazar, los dos sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el pasado 21 de junio en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, junto al guía turístico Pedro Palma.

Como ella, las decenas de personas que participan en la Peregrinación por la Paz y la Justicia, convocada el martes 5 de julio en diez estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, portan las mismas imágenes de los religiosos asesinados, así como las de hombres y mujeres que forman parte de la escalofriante estadística que asegura que en México hay 100 mil desaparecidos. 

Decenas de personas marchan para exigir paz y justicia. Foto: Manu Ureste.

“Dice el presidente López Obrador que la Iglesia, que los sacerdotes, han callado frente a la violencia. Pero eso no es cierto. Aquí está el ejemplo de que eso no es así, dijo Martha mostrando las fotografías de los religiosos-, luego de que el pasado 30 de junio el presidente criticara a la iglesia católica, a los obispos de México y a la comunidad jesuita, a quienes llamó “hipócritas” y acusó de no actuar en el sexenio del presidente Calderón. 

“Estas personas trabajaban con la gente más pobre y en comunidades remotas donde no llega el gobierno, ni ha llegado nunca. Y si a ellos, que se dedicaban a ayudar, los mataron a balazos… ahora imagine lo que no harán con los demás”, recalcó Martha. 

La peregrinación arrancó a las diez de la mañana en las inmediaciones de la Estela de Luz, en Reforma. Además de madres y familiares de desaparecidos, y de colectivos de búsqueda de Jalisco y el Estado de México, también participó el colectivo Iglesias por la Paz, que reúne a personas de religión católica, anglicana y bautista, principalmente. Aunque, desde un inicio, sus integrantes dejaron claro que la marcha no fue convocada por “ninguna iglesia en particular”. 

“Esto no se trata de ir en contra de ningún gobierno, ni en contra de nadie”, dijo Fray Julián Cruzalta, un fraile de avanzada edad que viste una túnica blanca, camina apoyado en un paraguas a modo de bastón y en una de sus manos lleva un cartel con el dibujo de una monja y la palabra “Justicia”.

“Se trata de convocar a un diálogo porque toda la sociedad está sufriendo y todos tenemos que ser escuchados. La estrategia del gobierno nos está afectando a todos; a las iglesias y sacerdotes también”. 

El religioso, que está rodeado de medios de comunicación, de lonas y carteles con los rostros de personas desaparecidas que sostienen sus familiares, afirma que no están pidiendo más guerra porque eso no funciona, solo piden que no haya más impunidad.

“La impunidad es lo que permite que los grupos delincuenciales puedan hacer con nosotros lo que quieran, porque nada les pasa”. 

Peregrinación por la paz

Peregrinación por la paz. Foto: Manu Ureste.

Arturo Carrasco, un sacerdote de la Iglesia Anglicana de México y quien también viste una túnica blanca adornada con cruces bordadas, se pronuncia a favor del llamado emitido el pasado 25 de junio por la comunidad jesuita: un diálogo nacional para “detener el río de sangre” que corre en el país.

Pero también está a favor del polémico llamado que hizo Sigfrido Noriega, obispo de Zacatecas, quien sugirió un “pacto social” con los grupos del crimen organizado para lograr la paz ante la falta de resultados de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. 

“Coincidimos con el obispo de Zacatecas; es necesario un gran diálogo nacional, incluso con los perpetradores del mal, para convocarlos a que depongan las actitudes que arrebatan la vida a otros seres humanos. Para construir la paz no hay que hablar con quienes coincidimos, hay que hablar con nuestros adversarios”, recalcó el sacerdote.

Carrasco pide “levantar la voz” y exigir cambios: “Es necesario ajustar la estrategia de seguridad. Hay más de 100 mil desaparecidos y más de 120 mil víctimas de la violencia. Ya basta”.

Lee: AMLO descarta cambiar la estrategia de seguridad; ‘abrazos, no balazos’ es lo mejor

El llamado no solo es para autoridades, también para las instituciones religiosas. Carrasco quiere que adopten un papel más activo en la condena de la violencia:

“Es necesario también reconocer que la sociedad civil, y que las diferentes espiritualidades, no hemos hecho lo suficiente para frenar la violencia. Dejamos todo en manos del gobierno a pesar de que es un problema que nos atañe a todos”. 

 Tras el mitin de apertura de la peregrinación por la paz, que tuvo ‘marchas espejo’ en otras entidades como Chiapas o Morelos, los religiosos partieron rumbo a la glorieta de la Palma, rebautizada como ‘la glorieta de los desaparecidos’. 

 En el trayecto, Rocío Méndez, de 47 años, camina sujetando con una mano una lona blanca y con la otra la fotografía de Sofía Lorena Meneses Méndez, su hija de 25 años que desapareció el 28 de junio de 2018. 

 “El novio fue el que me la desapareció junto con otras dos personas. El novio, el muy cobarde, se suicidó cuando los detuvieron en Quintana Roo; y la persona que quedó detenida nunca ha querido decirme qué pasó con mi hija”, explicó la mujer originaria de Iztapalapa.

Tras la desaparición de su hija, Rocío tuvo que dejar su trabajo para dedicarse al cien por ciento a la búsqueda de Sofía. Vive inmersa en el terror porque nadie la ayuda, salvo su familia que la apoya para mantenerse.

“Esto es algo horrible que nadie, ninguna familia, merece vivir. Y mientras tanto, el presidente cree que con abrazos y besos todo se soluciona. Pero eso no es cierto- dice con enojo la mujer-. Quisiera ver que a él le faltara algún familiar y que le dijeran que con abrazos se soluciona el problema”.

Lee: “Abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”: Jesuitas llaman a diálogo nacional para detener la violencia

peregrinación por la paz

Foto: Manu Ureste.

“Nuestras iglesias no se tocan, señor presidente”

 A la par que avanzaba la marcha, María Herrera, férrea activista y madre de cuatro hijos desaparecidos, se desgañita gritando: “¡No necesitamos abrazos, necesitamos justicia!”.

Minutos antes, en el mitin de la Estela de Luz, Herrera, que recientemente fue noticia porque visitó al Papa Francisco y le pidió que interviniera para que el gobierno de López Obrador busque a los más de 100 mil desaparecidos que hay en el país, fue de las más combativas en su discurso.

“¡Nuestras iglesias, nuestras comunidades de fe, no se tocan, señor presidente! Respete nuestras creencias y nuestros valores. A nuestros sacerdotes nadie debe tocarlos. Si ustedes en el gobierno no pueden ayudarnos a defender a nuestros hijos, entonces tenemos que hacerlo con las iglesias”, gritó la mujer.

 A unos pocos pasos de María, camina Benita Ornelas, del Estado de México. Ella porta pancartas con el nombre de su hijo Fernando Iván Ornelas, también desaparecido el 21 de julio de 2019 en Ecatepec. 

“Le suplico a la sociedad que nos unamos, que pongamos nuestro pequeño grano de arena en esta lucha, en recuerdo de los padres asesinados”, pidió.

Adriana Martínez, de 47 años, también del Estado de México, camina portando junto a otras dos amigas una lona con las fotografías de Marwuan Uriel Andrade Martínez, de 27 años -su hijo, quien desapareció mientras trabajaba vendiendo pizzas-; y de sus compañeros Leonel León Hernández, de 22 años; y Juan Manuel Hernández Castro, de 25 años. Los tres desaparecieron en La Barca, Michoacán, hace un año. 

“Estamos aquí porque es el momento de alzar la voz para encontrar a nuestros desaparecidos”, dijo la mujer, que viste una playera blanca con la fotografía de su hijo. 

 “Y estamos aquí para decirle al presidente que mire lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo puede decir que no pasa nada cuando van más de 100 mil desaparecidos? ¿Cómo puede decir que todo se soluciona con abrazos, cuando hay tantas familias rotas? No, los abrazos no son suficientes. Porque… ¿qué consuelo nos puede dar un abrazo? Un abrazo no me va a devolver a mi hijo. Lo que yo quiero es justicia”.

 

 

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