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El INAH halla palacio maya de mil años de antigüedad en una zona poco explorada

Los arqueólogos encontraron el edificio de unos 55 metros de largo en el estado de Yucatán, en el sureste de México, y creen que fue construido y utilizado por la civilización maya hace un milenio.
27 de diciembre, 2019
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Mide unos 55 metros de largo, 15 metros de ancho y seis metros de alto. Así son las ruinas de un gran palacio que unos arqueólogos descubrieron recientemente en México y que creen que perteneció a la civilización maya, de hace unos 1.000 años.

Los restos de la construcción fueron encontrados en una excavación en el sitio de la antigua ciudad de Kulubá en el estado de Yucatán, en el sureste de México, tal como lo confirmó este jueves el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En vista de los materiales de construcción, los expertos creen que la estructura fue utilizada durante dos períodos de la civilización maya, a partir del 600 d.C.

La civilización maya vivió su apogeo en territorio del actual México y América Central antes de que España conquistara la región.

Hallazgo “importante”

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), el edificio prehispánico estuvo en uso en el periodo clásico tardío, entre los años 600 900 d.C. y el clásico terminal, entre el 850 y el 1050 d.C.

Sitio arqueológico en Kulubá, México

Reuters
El palacio mide unos 55 metros de largo, 15 metros de ancho y 6 metros de alto.

Está ubicado en el oriente de la ciudad de Kubalá y se trata de un descubrimiento arqueológico muy importante, dice el INAH en un video que publicó sobre el hallazgo en YouTube.

“Este palacio que consideramos es de seis cámaras, ya está siendo intervenido para localizar los muros, las escaleras, y luego conservar la estructura”, explica el arqueólogo Alfredo Barrera en el video.

Se presume que el edificio era usado por gobernantes y sacerdotes del lugar.

Además del antiguo palacio, se están explorando cuatro estructuras en la plaza central de Kulubá: un altar, restos de dos edificios residenciales y una estructura redonda que se cree que es un horno.

“Este trabajo es el inicio. Apenas hemos comenzado a descubrir una de las estructuras más voluminosas en el sitio”, le dijo Barrera a la agencia de noticias Reuters.

https://www.youtube.com/watch?v=RHBOn7jsSNk

Región poco explorada

Para los arqueólogos este descubrimiento en el sureste de México será clave para entender cómo vivía la civilización maya en la zona.

“En esta región del noreste de Yucatán conocemos muy poco de características arquitectónicas. Entonces, uno de los objetivos, aparte de la conservación, es el estudio de la arquitectura de Kulubá”, señala Barrera.

Map

El especialista añade que también hallaron huesos.

“Encontramos un entierro secundario bastante completo. Y esto es información interesante porque se podrán hacer análisis antropológicos físicos para ver las patologías, el trabajo, la actividad a la que se dedicaba la persona… Toda una serie de información que va a ser importante para entender la sociedad maya que habitó esta zona“.

Por los posibles daños causados por la exposición del viento y el sol en el sitio, ubicado cerca del popular centro turístico caribeño de Cancún, los conservacionistas están considerando reforestar partes de Kulubá y acondicionarlo para que en un futuro pueda ser visitado.


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AFP

FGR incumple plazo final para abrir expediente Odebrecht; el caso suma cuatro años sin juicio ni detenidos

FGR argumenta que no ha sido “oficialmente” notificada de que perdió el amparo que le quedaba para desclasificar la carpeta de investigación del caso, que esta semana cumple cuatro años de haber sido iniciada.
AFP
2 de febrero, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con el plazo final de cinco días hábiles que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para transparentar en versión pública la carpeta de investigación iniciada por los sobornos de la constructora Odebrecht, y proporcionar datos y resultados del caso.

Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.

Mientras tanto, la carpeta de investigación del caso Odebrecht cumple esta semana cuatro años de haber sido abierta sin que, hasta el momento, se haya conseguido llevar a ningún probable responsable a juicio. No hay detenidos, no hay condenas, y tampoco reparación del posible daño.

El único exfuncionario procesado, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, también está libre. El 31 de enero terminó el periodo original de seis meses que un juez había dado para que la FGR definiera si lo lleva a juicio o no, pero debido a la pandemia sanitaria la resolución de su situación se aplazó hasta marzo.

La importancia de conocer quiénes son los funcionarios o exfuncionarios implicados en los hechos, y qué ha hecho la Fiscalía para investigar y esclarecer el caso, fueron justamente los argumentos que llevaron a jueces federales a confirmar las 13 resoluciones del INAI en donde ordenaba transparentar el expediente.

Lo anterior ya que la corrupción de Odebrecht, según las resoluciones judiciales, es un caso de interés público relacionado con graves hechos de corrupción, excepciones que Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla para la desclasificación de una averiguación previa o carpeta de investigación.

Sin embargo, la FGR encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero se ha rehusado reiteradamente a desclasificar el caso, al igual que lo hiciera la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En cambio, emprendieron desde hace tres años una ofensiva legal a través de demandas de amparo contra el pleno del INAI.

Gracias a las suspensiones provisionales obtenidas como parte de dichas demandas de amparo, la FGR logró retrasar por tres años la entrega de la información. Pero en noviembre pasado un juez federal desechó de manera definitiva el último recurso judicial que la Fiscalía había propuesto.

En ese contexto, el INAI determinó dar un plazo de cinco días hábiles a la Fiscalía para cumplir con dichas determinaciones. Ese periodo venció la semana pasada por lo que ahora el instituto analizará con el poder judicial cuando fue notificada la FGR de la pérdida de los amparos y, a partir de ello, definirá posibles sanciones.

Animal Político requirió directamente a la FGR conocer las razones del incumplimiento a las resoluciones del INAI o un posicionamiento oficial, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Opacidad… también en el Poder Judicial

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la información relacionada con la investigación del caso Odebrecht difundida oficialmente al público es escasa. En primera instancia porque la Fiscalía se ha rehusado a cumplir con las órdenes de transparentar el caso, pero también porque el propio Poder Judicial ha reservado información.

De acuerdo con un reportaje publicado en el diario El País, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha usado evasivas para no responder integralmente a las peticiones de información sobre el proceso penal en curso por el caso Odebrecht.

En algunos casos, señala dicho reportaje, las peticiones no han sido respondidas, mientras que en otros casos sí se han aportado documentos, pero con páginas faltantes o con la mayor parte de la información suprimida. Además, hay múltiples retrasos en la entrega de informes bajo el argumento de que la pandemia complica los plazos y hay exceso de carga de trabajo.

El único proceso penal en marcha, el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tampoco ha podido ser presenciado por el público en general debido a que el Poder Judicial decidió restringir la presencia de personas ajenas a las partes en las audiencias, excluyendo con ello a los medios de comunicación. Ello bajo el argumento de prevenir posibles contagios.

Dichas restricciones para ingresar a las salas de audiencias de este y de otros casos se mantienen vigentes hasta la fecha.

Cuatro años de impunidad

El 25 de enero de 2017, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal ante la entonces PGR para que se indagara y, en su caso, se sancionara a los funcionarios que resultaran responsables de haber acordado o recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Lo anterior, luego de que directivos de dicha compañía confesaran ante autoridades estadounidenses que pagaron sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de obtener ventajas y contratos.

Pero a diferencia de investigaciones relacionadas con la misma empresa en otros países -donde incluso se han procesado a presidentes y expresidentes- en México los resultados conocidos han sido escasos.

En octubre de 2017 el entonces titular de la PGR Raúl Cervantes, dijo a senadores que el caso estaba prácticamente resuelto y eran inminentes las acusaciones contra los probables responsables. Sin embargo, los meses pasaron y nada de ello ocurrió. Los fiscales mexicanos argumentaron que había complicaciones con sus contrapartes brasileñas para que les proporcionaran información.

Fue hasta 2019, ya con el cambio de gobierno, cuando la FGR envió a un juez un desglose de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 para solicitar cinco órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y familiares suyos. Esto por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En julio de ese mismo año fue detenida en Alemania Gilda Margarita Austin, madre de Lozoya, y en noviembre fue extraditada a México. Debido a su avanzada edad el juez que revisó el caso le permitió seguir su proceso en libertad.

En febrero de 2020, tres años después de iniciada la indagatoria y tras varios meses de búsqueda, Lozoya fue detenido en una zona exclusiva desde Málaga, España. Ya bajo custodia judicial el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades para revelar y probar una supuesta red de corrupción encabezada por expresidentes, a cambio de ser exculpado de los cargos que se le imputaron.

De vuelta en México, dicha colaboración le ha permitido a Lozoya mantener su libertad condicional pese a estar vinculado a proceso y a que originalmente se dio a la fuga para no ser capturado. Ello mientras se resuelve si la denuncia e información que aportan le alcanzan para darle un criterio de oportunidad que, al menos, suspenda los procesos en su contra.

Hasta ahora la información aportada por Lozoya le ha permitido a la FGR iniciar una nueva carpeta de investigación en contra de varios exfuncionarios y exlegisladores, sin que hasta ahora alguno de ellos haya sido procesado. A finales de enero estaba prevista una audiencia en donde se comenzarían a imputar cargos a uno de los denunciados, el exsenador de PAN Jorge Luis Lacalle Maury, pero de última hora la Fiscalía General pidió su suspensión.

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