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El juicio en Nueva York donde afirman que “El Chapo” Guzmán sobornó al presidente de Honduras

La fiscalía de EU aseguró que el líder del cartel de Sinaloa envió un millón de dólares al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante su hermano, cuyo juicio ha comenzado en Manhattan. El mandatario rechaza la alegación.
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3 de octubre, 2019
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El juicio por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras arrancó en Manhattan tan explosivo como prometía: la fiscalía afirmó que el propio mandatario, Juan Orlando Hernández, recibió millones para proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros narcos.

“El acusado estaba protegido por y tenía acceso a su hermano, el actual presidente de Honduras, un hombre que ha recibido millones de dólares en sobornos de dinero de la droga (…) de hombres como ‘El Chapo'”, dijo el fiscal Jason Richman en sus alegatos iniciales este miércoles.

No se han presentado cargos hasta ahora contra Juan Orlando Hernández, quien tuiteó que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula“.

El presidente estuvo en Nueva York la semana pasada para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y cerró un trato con el gobierno de Donald Trump para aceptar que sean deportados a su país migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y hayan pasado antes por Honduras.

Trump saludó personalmente a Juan Orlando Hernández y dijo a la asamblea de la ONU que Honduras es uno de los “amigos en la región” con los que trabaja estrechamente en temas fronterizos.

Sin embargo, ya se preveía que los fiscales del juicio al exdiputado hondureño involucrarían a su hermano presidente, como presunta parte de un plan criminal con otros funcionarios para alcanzar la cima del poder en Honduras.

“Auspiciada por el Estado”

Tony Hernández fue detenido en Miami el año pasado y su juicio en una corte federal de Manhattan comenzó este miércoles con la selección del jurado y los primeros alegatos.

Está acusado de conspirar con narcos de distintos países para enviar toneladas de cocaína a EE.UU. desde 2004, por lo que podría recibir una sentencia mínima de cinco años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Juan Orlando Hernández y Donald Trump

Reuters
Los presidentes de Honduras y Estados Unidos dejaron ver su sintonía en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El exdiputado siguió los alegatos en la corte con una calma que contrasta con la violencia que le atribuye la fiscalía, que lo vincula con al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013, antes de llegar al Congreso.

El fiscal Richman sostuvo que Tony Hernández era parte de una estructura de narcotráfico “auspiciada por el Estado” hondureño y protegida por alcaldes, congresistas, generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.

Además aseguró que el acusado recibió en persona un soborno de US$1 millón para su hermano presidente, de parte de “El Chapo” Guzmán y su cartel de Sinaloa.

El mexicano Guzmán fue condenado este año en otra corte de Nueva York a cadena perpetua, en lo que es considerado el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EE.UU.

El presidente hondureño recibió sobornos “de algunos de los traficantes de cocaína más grandes del mundo”, dijo Richman.

Chapo

AFP
“El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

La fiscalía procura demostrar que las campañas electorales de Juan Orlando Hernández y su antecesor Porfirio Lobo (2010-2014) fueron financiadas al menos parcialmente con recursos del narcotráfico.

Lobo tampoco enfrenta cargos en EE.UU. y ha rechazado esos señalamientos.

La acusación contaría entre otras cosas con un testigo cooperante que asegura haber entregado al menos US$1,5 millones del narcotráfico para contribuir a que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones de 2013.

Entre los testigos que se aguardan para el juicio hay exnarcos presos en EE.UU., como el exalcalde hondureño Amilcar Alexander Ardón y un exlíder de la organización criminal de ese país Los Cachiros.

El fiscal Richman indicó que Tony Hernández llegó a ser “intocable” en Honduras por la protección que recibía de su hermano presidente y la red de corrupción en el poder.

“Alicia en el País de las Maravillas”

El presidente hondureño reaccionó rápido a las noticias sobre los dichos del fiscal y sostuvo en su cuenta de Twitter que “esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”.

La semana pasada Hernández le dijo a la asamblea de la ONU que su gobierno luchó contra el crimen organizado y por eso hay una “campaña sucia de desprestigio” contra él por parte de narcos, pandilleros, policías y políticos corruptos.

Una protesta contra el presidente de Honduras

AFP
En la capital de Honduras miles de personas han exigido la renuncia de Juan Orlando Hernández (JOH).

El abogado de Tony Hernández, Omar Malone, indicó en el inicio del juicio este miércoles que hay criminales que desean perjudicar a su cliente después de que su hermano habilitara la extradición de narcos a EE.UU.

Malone señaló además que Juan Orlando Hernández “interactúa con EE.UU. como cualquier otro presidente”.

El mandatario ha enfrentado recientes protestas de opositores que reclaman su renuncia, y este mismo miércoles decenas de hondureños se manifestaron en su contra frente a la corte de Manhattan.

En medio de esta situación, Juan Orlando Hernández alcanzó el acuerdo migratorio con el gobierno de Trump para reducir la cantidad de solicitudes de asilo en EE.UU. de personas que buscan huir de la violencia y pobreza en Centroamérica.

Guatemala y El Salvador han firmado pactos similares con Washington.

Trump y Hernández estrecharon sus manos la semana pasada durante la asamblea de la ONU.

“Nos reunimos con Honduras, como saben, y también tuvimos reuniones previas a esto con Guatemala, reuniones tremendamente exitosas”, dijo Trump junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“Firmamos acuerdos con ellos: acuerdos de cooperación”, agregó el presidente estadounidense. “Eso es bueno para todos nosotros”.


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Cuartoscuro Archivo

Maestros de inglés denuncian que no fueron recontratados por represalia a sus reclamos

En este 2020, más de 2 mil maestros no fueron recontratados por la SEP, pese a que algunos tenían antigüedad de hasta 10 años, denunciaron profesores.
Cuartoscuro Archivo
30 de octubre, 2020
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Clara Santos trabajó durante dos años como maestra de inglés en primarias públicas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asegura que en 2019 ya no fue contratada en represalia por unirse al movimiento de maestros que demandan condiciones laborales básicas como prestaciones, consideración de antigüedad y basificación, tomando en cuenta que trabajan para el Gobierno Federal.

Al igual que Clara en 2019, en este 2020, más de 2 mil maestros no fueron recontratados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), dice Rigel Guzmán la líder de este movimiento de maestros, pese a que algunos tenían antigüedad de hasta 10 años y no se les brindó ningún tipo de beneficio social.

Entérate: En 2021 castigarán a maestros: recortan 95% de presupuesto a normales y 49% a capacitación

En el caso de Clara, ella nunca tuvo un contrato formal de trabajo, sino provisionales que firmaba cada tres meses donde se le llamaba “asesor externo especializado”, sin ser reconocida como docente, pese a que daba clases en salón, entregaba calificaciones y hacía reportes de labores.

Clara formaba parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI), que opera en primarias y secundarias públicas de todo el país desde 2009. Sin embargo, pese a tener reglas de operación, su funcionamiento no es homogéneo. Mientras maestros de Chiapas ganan 96 pesos por hora los de Ciudad de México reciben 400 pesos. Además, las contrataciones dependen de coordinadores en los estados, sin que haya mecanismos claros para su selección.

Hasta 2016 sumaban 149 mil 945 escuelas en el programa, de las cuales 60 mil 183 son de nivel preescolar, 77,821 nivel primaria y 11,941 nivel secundaria. Esto implicaba que 7 mil 516 alumnos de nivel preescolar, 13 mil 623 de primaria y 11 mil 954 de secundaria recibieran clases de inglés, de acuerdo con la evaluación de diseño de ese año.

En 2019 el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Clara ya no fue recontratada, el Programa tuvo el primer recorte drástico entre los últimos cinco años.

Así ocurrió el recorte. En 2016 tuvo un presupuesto de 789 millones de pesos, en 2018 pasó a 826 millones de pesos, en 2019 tuvo un recorte del 50% (tuvo un presupuesto de 400 millones de pesos), y para este 2020 aumentó a 426 millones de pesos comparado con el año anterior.

Pese a ser un programa previsto en el programa oficial de estudios, las condiciones laborales de sus docentes son precarias, por eso demandan que el presidente López Obrador cumpla su promesa de campaña sobre la basificación de miles de maestros en su situación.

Por eso, maestros de todo el país se organizaron en el movimiento Teachers Haciendo Camino que ha protestado en los estados y, recientemente en Palacio Nacional, para que el presidente los escuche.

Rigel Guzmán, quien encabeza el comité de la organización, asegura que sus demandas se concentran en lograr la certeza laboral a través de tres puntos: creación de un contrato único a nivel nacional, que sean reconocidos como maestros y la basificación de miles de docentes con años de antigüedad.

Por eso han tocado la puerta en la Cámara de Diputados, con la presidente de la Comisión de Educación, Adela Piña; en la SEP, con el secretario Esteban Moctezuma y con funcionarios estatales, porque, de acuerdo con los lineamientos del programa, el presupuesto es un subsidio federal que es transferido a los gobiernos estatales. Pero en ningún caso han encontrado respuesta favorable.

Esto último significa una complejidad en materia laboral, toda vez que los maestros no son empleados del gobierno de Federal ni estatal. Las secretarías de Educación estatales funcionan como reclutadores y ejecutores del gasto, pero no establecen ningún compromiso laboral con los maestros.

Esto significa que, a diferencia del resto de docentes, los maestros de inglés sólo reciben el pago de las horas trabajadas, pero no tienen seguridad social, aguinaldo, pago de vacaciones, ni antigüedad, lo que los coloca en absoluta indefensión cuando son despedidos. Esto es aún peor, tomando en cuenta que “el patrón”, es el gobierno, afirma Rigel Guzmán.

El cambio en sus condiciones pasa por una “voluntad política”, asegura Guzmán, toda vez que el presupuesto existe, y como muestra, los gobiernos como el de Baja California, Tamaulipas y Ciudad de México (a través de la Federación), ya entregaron basificación a sus maestros.

Animal Político solicitó a la SEP una postura respecto a esta problemática, pero no hubo respuesta.

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