La mexicana que demandará a EU tras sobrevivir a disparo de Patrulla Fronteriza
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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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Archivo Cuartoscuro

Caso Odebrecht: juez cita para abril la audiencia en la que Lozoya será acusado formalmente y se confrontarán pruebas

Esta audiencia intermedia, convocada para el 27 de abril, será la última oportunidad de Lozoya para alcanzar un acuerdo con la FGR, que busca contra el exfuncionario una condena de 46 años de prisión.
Archivo Cuartoscuro
25 de febrero, 2022
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El juez federal Artemio Zúñiga programó para el próximo 27 de abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusará formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht para favorecer a la empresa con contratos. En esa audiencia, la FGR presentará las pruebas con las que intentará obtener la condena contra Lozoya.

Se trata de la denominada audiencia intermedia, en la que la defensa de Lozoya también tendrá la posibilidad de responder a dicha acusación y aportar sus propias pruebas. Todo ello, de cara a un inminente juicio oral. Esta audiencia también representa la última posibilidad de Lozoya de alcanzar un acuerdo con la FGR para no ser procesado o para declararse culpable a cambio de una pena reducida.

De acuerdo con lo confirmado por autoridades judiciales a Animal Político, el acuerdo para la realización de esta audiencia fue programado el día de ayer y se notificará a las partes el día de hoy.

La referida audiencia intermedia se llevará a cabo de manera presencial a las 10:00 de la mañana, en el Reclusorio Preventivo Norte, y habrá acceso a los medios de comunicación.

Animal Político publicó el pasado 14 de febrero el documento completo de la acusación que los fiscales presentarán en la audiencia intermedia y que, siguiendo las reglas que marca el actual sistema penal acusatorio, primero fue enviado por escrito tanto al juez como a la defensa y a las otras partes interesadas en este proceso (Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda).

En dicha acusación, los fiscales señalan a Lozoya de ser responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, y solicitan que se le imponga una pena de hasta 46 años de prisión, además de pagar entre multas y reparación del daño más de 200 millones de pesos. En la misma acusación, la FGR también considera que la madre del exfuncionario, Gilda Susana Austin, es culpable de dos delitos y debe ser condenada a 23 años de prisión.

En síntesis, tras cinco años de investigaciones, los fiscales concluyen que el exdirector de Pemex fue quien solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pagos por presuntos sobornos entre 2012 y 2014. Dicho dinero fue transferido a través de empresas fachada constituidas en paraísos fiscales, y cuyas cuentas fueron proporcionadas por el propio exfuncionario. El dinero, según la acusación, fue lavado a través de triangulaciones, en las que Lozoya contó con el apoyo de sus familiares, y fue invertido al menos en una fracción en un departamento en Ixtapa, Zihuatanejo.

Para sustentar esta acusación, los fiscales detallaron que cuentan con 59 pruebas que consisten sobre todo en peritajes, testimonios y documentos. Entre dichas evidencias se encuentran las confesiones de siete exdirectivos de Odebrecht, los cuales señalan la forma como le transfirieron los recursos a Lozoya. La intención de la FGR es que estas personas comparezcan en el eventual juicio a través del sistema de videoconferencia.

En respuesta a esta acusación, Lozoya —a través de la defensa encabezada por los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas— presentó un escrito en el que dice contar con 37 pruebas distintas para demostrar que él no solicitó ni se apropió de los recursos entregados por Odebrecht. No obstante, se abstuvo de plantear su teoría del caso e incluso de declararse completamente inocente.

Pruebas, pacto o juicio

De acuerdo con expertos penalistas consultados por Animal Político, la finalidad de la audiencia intermedia es que ambas partes fijen sus posiciones, así como que presenten las pruebas que se usarán en la fase de enjuiciamiento. En la sesión, la defensa y la fiscalía podrán debatir sobre qué pruebas consideran o no procedentes, y el juez definirá cuáles son las que finalmente se mantienen y cuáles se desechan.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece también que la audiencia intermedia es la última oportunidad que tienen las partes para tratar de llegar a un acuerdo alterno que permita resolver el caso sin llegar a juicio.

Entre las opciones de terminación anticipada del proceso, está que el exfuncionario logre algún acuerdo con Pemex en el que se comprometa a reparar el daño causado, que consiga de parte de la FGR un criterio de oportunidad que suspenda el proceso, o bien, que se declare culpable sin ir a juicio a cambio de una pena reducida (procedimiento abreviado).

El referido código también indica que esta audiencia debió programarse en un plazo máximo de 40 días a partir de que se presentó la acusación por escrito, que en este caso fue el 4 de enero. Es decir, la audiencia debió realizarse a más tardar el pasado 14 de febrero. Sin embargo, debido a las cargas de trabajo que hay en los juzgados tras las suspensiones por diversos contagios de COVID-19, la programación ha tenido que retrasarse.

El largo proceso

La investigación por los sobornos que la constructora Norberto Odebrecht entregó en México se inició desde enero de 2017, cuando exdirectivos de dicha empresa confesaron en Estados Unidos que habían implementado un esquema de pagos ilegales en diversas partes del mundo, incluido nuestro país. Pemex presentó una denuncia formal ante estas declaraciones y se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.

Aunque a finales de ese año la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya contaba con evidencias incluso financieras de que los pagos sí se habían realizado, el caso no fue enviado ante un juez. Fue hasta el cambio de sexenio, en 2019, cuando el caso se consignó y se obtuvo una orden de aprehensión contra Lozoya.

Ante la sospecha de que Lozoya había huido del país, la FGR solicitó una ficha roja de localización y detención ante la Interpol. Finalmente, fue detenido en España y en julio de 2020 se le extraditó a nuestro país. Tras analizar la evidencia inicial, el juez Zúñiga determinó vincular a proceso al exdirector de Pemex para que continuara la fase final de la indagatoria.

Lee: Emilio Lozoya no probó que dinero de Odebrecht fuera para reformas

Sin embargo, durante un año y medio, Lozoya logró evitar la prisión preventiva (pese a que había elementos para ello) gracias a la colaboración que le ofreció a la FGR con la idea de probar que existía un sistema político de corrupción a gran escala, en el que estaban inmiscuidos hasta expresidentes, y donde él fue forzado a participar sin ser el beneficiario final.

Originalmente, el juez dio un plazo de seis meses para que dicha negociación se resolviera y la FGR decidiera si acusaba o no al exdirector de Pemex, pero ese plazo se fue alargando a petición tanto de la defensa como de los propios fiscales, ambos de común acuerdo.

La situación cambió el 3 de noviembre pasado, cuando en una audiencia los fiscales pidieron al juez que aplicara la medida de prisión preventiva en contra del exfuncionario. Esto, luego de que Lozoya fuera fotografiado cenando en un restaurante de lujo en la zona de Polanco. El juez Zúñiga autorizó el encarcelamiento al exdirector de Pemex en el Reclusorio Preventivo Norte, donde permanece hasta ahora.

Además de este caso, Lozoya también enfrenta otro proceso relacionado con los presuntos sobornos que recibió de parte de la empresa Altos Hornos, que derivaron en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. En ese proceso, la FGR también acusó formalmente al exdirector de Pemex y pidió una pena de 15 años de prisión en su contra. La audiencia intermedia de este caso se realizará el 11 de abril próximo.

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