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Las denuncias por las celdas en las que mantenían a niños migrantes en EU

Alrededor de 250 niños migrantes fueron trasladados el lunes de una estación fronteriza en Texas a otros centros de reclusión tras denuncias de negligencia, aunque este martes un funcionario de migración declaró que 100 fueron llevados de vuelta al sitio.
25 de junio, 2019
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“Encerrados en celdas horribles donde hay un inodoro abierto en medio de la habitación” en el mismo lugar en que comían y dormían.

Esta es la descripción de una abogada que visitó un centro de detención de inmigrantes en la fronteriza ciudad de Clint, en el estado de Texas (EE.UU.) en la que estaban cientos de niños migrantes.

Un grupo de abogados que recibieron autorización de un juez para entrar en el lugar denunciaron que los niños estaban “gravemente descuidados”.

Días después de las acusaciones, alrededor de 250 menores de edad fueron trasladados el lunes a otros refugios.

Este martes, sin embargo, medios locales reportaron que 100 niños fueron llevados de vuelta a la estación denunciada “debido a falta de espacio para camas en los refugios y fondos insuficientes para expandir las instalaciones diseñadas para niños”, según declaró un funcionario fronterizo citado por la prensa.

Migrantes en la frontera entre México y EEUU

Getty Images
En los últimos meses, un número récord de familias ha cruzado la frontera sin documentos a Estados Unidos.

Poco después de que estallara la polémica, se conoció que el más alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), John Sanders, presentó su renuncia.

En la carta en la que informa a los empleados del CBP de su renuncia, Sanders no afirma que el motivo es la polémica por las malas condiciones de detención de los niños inmigrantes.

El corresponsal de inmigración del diario The Washington Post, Nick Miroff, la renuncia de Sanders no está relacionada con el asunto.

En su rol de comisionado interino, Sanders se encargaba de supervisar a la agencia federal.

Los niños retenidos en Clint habían sido separados de sus familiares adultos en la frontera o son los hijos de madres adolescentes que también estaban retenidas allí, según reportó el diario The New York Times.

En un incidente aparte, la patrulla fronteriza de Texas reportó las muertes de siete migrantes esta semana que aparentemente trataron de eludir el sistema de inmigración, incluidos dos bebés y un niño pequeño.

¿Cómo describieron las condiciones en el centro?

No había nadie cuidando de estos niños… no los estaban bañando de forma regular”, describió a la BBC la profesora Warren Binford, de la Universidad Williamette en Oregón, quien visitó la estación de Clint.

“Cientos de niños estaban siendo retenidos en un almacén que había sido anexado recientemente al centro”, añadió.

“Las celdas están desbordadas, hay un brote de piojos e influenza. Los niños están siendo encerrados en lugares aislados sin supervisión de adultos. Están muy, muy enfermos y están acostados sobre colchonetas en el suelo”, dijo.

Las manos de una persona detrás de una celda.

Reuters
Una de las abogadas que entró al centro declaró que los niños le dijeron que a veces debían cuidar de los más pequeños.

En las entrevistas que hizo Binford con varios de los niños, algunos mencionaron que “los mayores intentaban cuidar a los menores” y que a veces los más pequeños “se quedaban solos en el piso”, declaró la abogada el sábado a la revista The New Yorker.

“Nos dijeron que tenían hambre y que algunos no se habían bañado”, agregó.

Elora Mukherjee, otra de las abogadas que visitó las instalaciones, le dijo a la cadena CBS News que algunos de los niños “llevaban puesta la misma ropa sucia con la que cruzaron la frontera”.

“Es denigrante e inhumano y no debería estar pasando en Estados Unidos”, agregó.

Una carpa temporal armada al lado del centro de retención de la patrulla fronteriza en Clint, Texas.

Getty Images
Esta es una carpa temporal que se anexó a la estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, que recibió denuncias de sobrepoblación y descuido a los niños retenidos.

A medida que siguen surgiendo historias que describen condiciones deficientes en el centro, algunos voluntarios han intentado donar suministros, pero han sido rechazados por los funcionarios de la frontera.

Un grupo de voluntarios declaró al diario Texas Tribune que gastó US$340 en pañales, jabones, toallas desechables y juguetes para los niños del centro Clint, pero que fueron completamente ignorados por los agentes que estaban de turno.

Otro residente de Clint que intentó visitar la estación le dijo al periódico: “Sabiendo lo que pasa en tu comunidad y que no puedas darles a estos niños los suministros que necesitan para limpiarse o vestirse… rompe el corazón”.

El congresista demócrata de Texas Terry Canales envió un tuit posteriormente en el que decía que la Patrulla Fronteriza también le dijo que “no aceptan donaciones”.

¿Qué han dicho las autoridades?

En un comunicado, la autoridad fronteriza reconoció que la estación de Clint no estaba lo suficientemente equipada.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. aprovecha los limitados recursos para proporcionar el mejor cuidado posible a aquellos bajo custodia, especialmente a los niños”, indicó el escrito.

“Como nuestros directivos han señalado en numerosas ocasiones, nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para albergar poblaciones vulnerables, y necesitamos urgentemente fondos humanitarios adicionales para manejar esta crisis”.

La agencia dijo que trasladó a los niños a instalaciones más adecuadas apenas hubo espacio disponible.

El lunes, la congresista demócrata del estado de Texas Verónica Escobar declaró que las autoridades le informaron que solo quedaban 30 niños en la estación de Clint.


¿Qué están haciendo los legisladores?

Los representantes demócratas de la Cámara Baja del Congreso intentar aprobar por ley un fondo de US$4.500 millones para envío de ayuda a la frontera, pero el asunto divide a los liberales, en particular a hispanos y progresistas.

Algunos legisladores, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, señalaron que la financiación adicional podría ser utilizada por la Casa Blanca para continuar las “redadas y detenciones”.

Otros, como la congresista demócrata Nita Lowey, creen que los demócratas no deberían permitir que la rabia hacia el presidente Trump les impida ver “las horribles condiciones en las instalaciones fronterizas mientras que las agencias se quedan sin dinero”.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, se reunió con los miembros de su partido el lunes para discutir cambios al proyecto de ley previo a la votación de este martes.

La Casa Blanca ya ha amenazado con vetar la ley al declarar que “no provee de una apropiada financiación para la crisis actual y… contiene disposiciones partidistas diseñadas para impedir los esfuerzos de seguridad fronteriza de la administración (de Trump)”.

El gobierno de Trump ha solicitado más fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.


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Cuartoscuro Archivo

Autoridades de Yucatán presumen que es un estado seguro pero usan tortura y detenciones arbitrarias: activistas

Activistas e investigadores acusan que en Yucatán está normalizado que la tortura sea un castigo adicional para quienes cometen delitos, además de que hay detenciones arbitrarias.
Cuartoscuro Archivo
22 de noviembre, 2019
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Con el afán de demostrar que en Yucatán no hay una crisis de seguridad como en otras entidades, las autoridades locales recurren a prácticas como la tortura para castigar delitos comunes, e invisibilizan las violaciones a derechos humanos, así lo han documentado a la largo de varios años organizaciones como Elementa DDHH, el Equipo Indignación y Amnistía Internacional.

La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21 de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del país.

En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de mantener la seguridad”.

Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia, que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en la respuesta en qué sentido.

Ya antes del informe de Elementa DDHH, otras organizaciones y activistas habían denunciado lo mismo. La organización civil Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía.

En su informe Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro “escudo” del gobierno de Yucatán, Indignación señala que el publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán”, implementado en el gobierno estatal anterior, olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y de su extremo criminal: la tortura.

No solamente permanecieron impunes casos como el de Roberth Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, dice el informe, “sino que se continuó cometiendo de manera sistemática mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió investigar”.

Cuatro años después, en 2014, un joven de 18 años fue detenido, acusado de robar un bulto de cemento. La policía estatal llegó a su casa de madrugada, despertó a patadas a la familia y se llevaron detenidas a tres personas, entre ellas un menor de edad. Al joven acusado de robo lo torturaron y le simularon una violación. La Codhey cerró el caso cuando cambiaron a los policías de zona.

En 2016, dos casos más saltaron al ámbito público, el de José Adrían, adolescente torturado por policías municipales de Chemax, y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

Para Martha Capetillo, abogada de Indignación, la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán son sistemáticas, “pero también lo es el encubrimiento hacia quienes los perpetran, los mismos policías amenazan a las víctimas con no denunciar, la Codhey no hace su trabajo, nadie investiga, esto está tolerado y normalizado”.

El único caso de tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune, recordó la abogada.

Son los otros

Para mantener la idea de que Yucatán es una entidad “segura” hay un perfil en las detenciones, de acuerdo con las activistas de Elementa DDHH, quienes señalan que se detiene principalmente a jóvenes morenos con cierta vestimenta y a indígenas, y también a personas de otros estados, como de Quintana Roo.

Esto es también una forma de justificar que si se comenten delitos menores los comenten los “otros”, los de fuera y no la sociedad yucateca.

“Es la idea de que el peligro viene de otro lado y eso es tanto para el tema de lo maya como para los foráneos. En Yucatán, en Mérida, sobre todo, la sociedad todavía es muy racista y el origen, el lenguaje, el color de piel te determinan”, subraya Adriana Muro.

El caso más emblemático de esto es el de José Adrián, un adolescente maya con discapacidad auditiva, quien hoy tiene 17 años, pero quien sufrió detención arbitraria y tortura a los 14. Amnistía Internacional retomó el caso para su informe sobre detenciones arbitrarias en México, llamado Falsas Sospechas. En este la organización reporta que la práctica de la tortura es generalizada en México y Yucatán no es la excepción.

Entérate: Basta con estar en el lugar equivocado para ser detenido en México, acusa Amnistía Internacional

La Codhey emitió la recomendación 35/2018 sobre el caso de José Adrían, pero a pesar de las pruebas presentadas, omitió señalar que el adolescente había sido víctima de tortura. Solo describió los hechos como “fuerza excesiva, desprotección de la parte superior del cuerpo y que permaneció esposado durante el tiempo de su detención”.

La Codhey, a diferencia de otras comisiones estatales, dice la activista Adriana Muro, está neutralizada y no cumple con su obligación de velar por la protección y la garantía de los derechos humanos. “Es una comisión completamente ausente y para nada aliada de las organizaciones de la sociedad civil que sí defienden derechos”.

Pese a todo ese intento de ocultamiento y falta de acción, en 2018 la Codhey tuvo que registrar 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, cometidas por agentes de seguridad pública, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aunque ninguna de ellas está clasificada como tortura.

La misma situación continúa hoy, aunque ya hubo cambio de gobierno y de partido en el poder, con el panista Mauricio Vila Dosal (2018-2024). “Lo que encontramos – dice Alejandra Muro– sobre todo en las entrevistas que hicimos a las autoridades es que el gobierno actual mantiene la misma política de invisibilizar que existen violaciones a derechos humanos, su prioridad es el desarrollo inmobiliario y el turismo, y para eso se necesita mantener la idea del estado seguro”.

“Nosotros no tenemos conocimiento de la implementación de acciones para erradicar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán. De hecho, sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pública la misma persona que lleva años en el cargo, vendiendo la idea de que ha logrado mantener en calma a la entidad, pero a qué costo”, dijo Capetillo.

Sobre los señalamientos de las organizaciones, la Codhey dijo que respeta sus puntos de vista y “reitera la invitación a trabajar de manera coordinada para realizar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la cultura de los derechos humanos en Yucatán”.

Añadió que un 30% del total de quejas que recibe son contra autoridades policiacas estatales pero que un tercio se han resuelto por la vía de la conciliación.

Y que en los casos en los que se emite una recomendación, se pide la reparación integral del daño a las víctimas, se realiza una investigación de los hechos y se capacita a los servidores para la no repetición de los hechos.

Animal Político solicitó entrevista tanto al gobierno del estado pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta institucional.

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