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Las denuncias por las celdas en las que mantenían a niños migrantes en EU

Alrededor de 250 niños migrantes fueron trasladados el lunes de una estación fronteriza en Texas a otros centros de reclusión tras denuncias de negligencia, aunque este martes un funcionario de migración declaró que 100 fueron llevados de vuelta al sitio.
25 de junio, 2019
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“Encerrados en celdas horribles donde hay un inodoro abierto en medio de la habitación” en el mismo lugar en que comían y dormían.

Esta es la descripción de una abogada que visitó un centro de detención de inmigrantes en la fronteriza ciudad de Clint, en el estado de Texas (EE.UU.) en la que estaban cientos de niños migrantes.

Un grupo de abogados que recibieron autorización de un juez para entrar en el lugar denunciaron que los niños estaban “gravemente descuidados”.

Días después de las acusaciones, alrededor de 250 menores de edad fueron trasladados el lunes a otros refugios.

Este martes, sin embargo, medios locales reportaron que 100 niños fueron llevados de vuelta a la estación denunciada “debido a falta de espacio para camas en los refugios y fondos insuficientes para expandir las instalaciones diseñadas para niños”, según declaró un funcionario fronterizo citado por la prensa.

Migrantes en la frontera entre México y EEUU

Getty Images
En los últimos meses, un número récord de familias ha cruzado la frontera sin documentos a Estados Unidos.

Poco después de que estallara la polémica, se conoció que el más alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), John Sanders, presentó su renuncia.

En la carta en la que informa a los empleados del CBP de su renuncia, Sanders no afirma que el motivo es la polémica por las malas condiciones de detención de los niños inmigrantes.

El corresponsal de inmigración del diario The Washington Post, Nick Miroff, la renuncia de Sanders no está relacionada con el asunto.

En su rol de comisionado interino, Sanders se encargaba de supervisar a la agencia federal.

Los niños retenidos en Clint habían sido separados de sus familiares adultos en la frontera o son los hijos de madres adolescentes que también estaban retenidas allí, según reportó el diario The New York Times.

En un incidente aparte, la patrulla fronteriza de Texas reportó las muertes de siete migrantes esta semana que aparentemente trataron de eludir el sistema de inmigración, incluidos dos bebés y un niño pequeño.

¿Cómo describieron las condiciones en el centro?

No había nadie cuidando de estos niños… no los estaban bañando de forma regular”, describió a la BBC la profesora Warren Binford, de la Universidad Williamette en Oregón, quien visitó la estación de Clint.

“Cientos de niños estaban siendo retenidos en un almacén que había sido anexado recientemente al centro”, añadió.

“Las celdas están desbordadas, hay un brote de piojos e influenza. Los niños están siendo encerrados en lugares aislados sin supervisión de adultos. Están muy, muy enfermos y están acostados sobre colchonetas en el suelo”, dijo.

Las manos de una persona detrás de una celda.

Reuters
Una de las abogadas que entró al centro declaró que los niños le dijeron que a veces debían cuidar de los más pequeños.

En las entrevistas que hizo Binford con varios de los niños, algunos mencionaron que “los mayores intentaban cuidar a los menores” y que a veces los más pequeños “se quedaban solos en el piso”, declaró la abogada el sábado a la revista The New Yorker.

“Nos dijeron que tenían hambre y que algunos no se habían bañado”, agregó.

Elora Mukherjee, otra de las abogadas que visitó las instalaciones, le dijo a la cadena CBS News que algunos de los niños “llevaban puesta la misma ropa sucia con la que cruzaron la frontera”.

“Es denigrante e inhumano y no debería estar pasando en Estados Unidos”, agregó.

Una carpa temporal armada al lado del centro de retención de la patrulla fronteriza en Clint, Texas.

Getty Images
Esta es una carpa temporal que se anexó a la estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, que recibió denuncias de sobrepoblación y descuido a los niños retenidos.

A medida que siguen surgiendo historias que describen condiciones deficientes en el centro, algunos voluntarios han intentado donar suministros, pero han sido rechazados por los funcionarios de la frontera.

Un grupo de voluntarios declaró al diario Texas Tribune que gastó US$340 en pañales, jabones, toallas desechables y juguetes para los niños del centro Clint, pero que fueron completamente ignorados por los agentes que estaban de turno.

Otro residente de Clint que intentó visitar la estación le dijo al periódico: “Sabiendo lo que pasa en tu comunidad y que no puedas darles a estos niños los suministros que necesitan para limpiarse o vestirse… rompe el corazón”.

El congresista demócrata de Texas Terry Canales envió un tuit posteriormente en el que decía que la Patrulla Fronteriza también le dijo que “no aceptan donaciones”.

¿Qué han dicho las autoridades?

En un comunicado, la autoridad fronteriza reconoció que la estación de Clint no estaba lo suficientemente equipada.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. aprovecha los limitados recursos para proporcionar el mejor cuidado posible a aquellos bajo custodia, especialmente a los niños”, indicó el escrito.

“Como nuestros directivos han señalado en numerosas ocasiones, nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para albergar poblaciones vulnerables, y necesitamos urgentemente fondos humanitarios adicionales para manejar esta crisis”.

La agencia dijo que trasladó a los niños a instalaciones más adecuadas apenas hubo espacio disponible.

El lunes, la congresista demócrata del estado de Texas Verónica Escobar declaró que las autoridades le informaron que solo quedaban 30 niños en la estación de Clint.


¿Qué están haciendo los legisladores?

Los representantes demócratas de la Cámara Baja del Congreso intentar aprobar por ley un fondo de US$4.500 millones para envío de ayuda a la frontera, pero el asunto divide a los liberales, en particular a hispanos y progresistas.

Algunos legisladores, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, señalaron que la financiación adicional podría ser utilizada por la Casa Blanca para continuar las “redadas y detenciones”.

Otros, como la congresista demócrata Nita Lowey, creen que los demócratas no deberían permitir que la rabia hacia el presidente Trump les impida ver “las horribles condiciones en las instalaciones fronterizas mientras que las agencias se quedan sin dinero”.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, se reunió con los miembros de su partido el lunes para discutir cambios al proyecto de ley previo a la votación de este martes.

La Casa Blanca ya ha amenazado con vetar la ley al declarar que “no provee de una apropiada financiación para la crisis actual y… contiene disposiciones partidistas diseñadas para impedir los esfuerzos de seguridad fronteriza de la administración (de Trump)”.

El gobierno de Trump ha solicitado más fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.


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Archivo Cuartoscuro

No hubo enfrentamiento: militares mataron a 6 civiles que nunca dispararon en Luvianos, Edomex, dice CNDH

El 30 de octubre de 2014, seis civiles murieron en un operativo en Luvianos, Estado de México. La CNDH rechaza la versión ofrecida por los militares y dice que las víctimas no dispararon. 
Archivo Cuartoscuro
21 de agosto, 2019
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a militares de la muerte de seis personas, entre ellas dos adolescentes, en un supuesto enfrentamiento ocurrido el 30 de octubre de 2014, en el municipio de Luvianos en el Estado de México.

Así lo determinó el organismo este 18 de agosto al emitir la recomendación 22VG/2019 (de 164 páginas), dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General, así como a la del Estado de México por violaciones graves a los derechos humanos y por fallas de servidores públicos de ambas dependencias en el caso.

Los hechos ocurrieron en un el paraje conocido como cerro El Ocotillo, en el municipio de Luvianos.

Sobre las 19:45 horas, integrantes de la 102 Brigada de Infantería de la Secretaría de la Defensa, aseguraron haber sorprendido a un grupo de entre 10 y 15 personas que se encontraba en un campamento y que comenzó a disparar. En ese supuesto enfrentamiento, para defenderse cayeron abatidas seis personas: dos menores de 14 y 16 años; un hombre de 60, cuyos familiares habían denunciado su desaparición; un hombre de 20 años; una mujer de 30 y otro hombre al que nunca se identificó, pero del que se estima una edad de entre 45 y 50 años. 

De acuerdo con la investigación de CNDH, la Sedena argumentó que al llegar a la parte más alta del cerro, el personal militar “fue agredido por un grupo de entre 10 y 15 personas” que habrían disparado armas de fuego en contra del personal militar.

En su informe, la dependencia dijo que bajo esas circunstancias los elementos castrenses “se vieron obligados” a repeler el ataque, disparando por cerca de un minuto y medio o dos, hacia el grupo de personas que supuestamente los agredieron y que el uso de la fuerza en este caso fue “en ejercicio de su derecho de legítima defensa, al ser objeto de una agresión actual, real, violenta inminente y sin derecho”.  

Sin embargo, la CNDH consideró que el operativo militar no tenía sustento legal. En su informe, el organismo dice que “no respetó las garantías de legalidad y certeza jurídica”, puesto que el personal militar involucrado actuó “sin facultades legales para llevar a cabo un operativo de tal naturaleza en las circunstancias en que lo hicieron, esto es, actuando por su cuenta, sin la conducción ni participación de la autoridad civil competente”.

Te puede interesar: La mitad de los mexicanos vive en municipios donde Fuerzas Armadas han tenido enfrentamientos

La Comisión destacó incluso “la situación de marginación socioeconómica en que vive la población de algunos municipios del Estado de México, entre éstos, Luvianos”, pues según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2015, esta localidad ocupaba el segundo lugar entre los cinco municipios del Estado de México con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, con el 84.9% de sus habitantes, mientras que el 32.1% vivía en pobreza extrema.

También advierte la presencia de grupos de crimen organizado, según los testimonios recabados entre familiares de las víctimas y los propios militares. 

¿Cómo aparecieron las víctimas?

Cuatro de las víctimas estaban de espaldas o tratando de escapar, según los informes periciales.

Además, “la prueba de química forense (Griess) practicada a las seis armas halladas próximas a los cadáveres de las víctimas, con las que la autoridad afirma que habrían perpetrado la agresión, resultaron negativas a la presencia de nitritos 45 en el ánima del cañón, lo que es indicativo de que no habían sido disparadas”.

Sí reconoce la CNDH que otras pruebas realizadas con posterioridad a las víctimas indican que pudieron tener armas en sus manos. “Sin embargo, esa prueba no permite determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían manipulado armas de fuego, por lo que no puede, por sí sola, constituir prueba plena de que las seis víctimas realizaran disparos”, afirma. 

“No hubo enfrentamiento”

En el caso de cinco de las víctimas, “tomando en cuenta la posición respecto de su victimario, es probable que no hayan sido privados de la vida en el contexto de un enfrentamiento, puesto que al momento de su deceso no se encontraban frente a frente a su victimario o recibieron disparos por la espalda en dirección de atrás hacia adelante, además de que en el caso de tres de ellas fue un sólo disparo el que les produjo la muerte”, argumentó la CNDH.

La Comisión Nacional dijo tener indicios para poner en duda la versión de los militares sobre la manera en que los civiles fueron abatidos, pues la sola presencia militar en el lugar y momento de los hechos, sumada a las circunstancias de falta de legalidad en su actuación, apunta a un “uso arbitrario y excesivo de la fuerza letal por parte del personal militar involucrado”.

Falta de testigos y grabaciones

Por la falta de testigos en los hechos, el organismo señaló que no se tiene la certeza de que el empleo de la fuerza letal por parte de tres de los militares “haya obedecido a un fin legítimo, como puede ser la defensa propia”.

Además, el informe cuestionó que Sedena no haya aportado grabaciones de lo ocurrido a pesar de que así lo determina el “Manual del uso de la Fuerza”.

“Los hechos del presente caso constituyen un ejemplo en que se evidencia que el despliegue de personal militar en operaciones de combate a la delincuencia –cuando su participación se da sin la conducción de la autoridad competente- puede comportar riesgos considerables de uso excesivo de la fuerza y otros hechos que pueden configurar violaciones a derechos humanos”, señaló la Comisión sobre la falta de formación policial en el personal militar y sus labores de vigilancia en la zona.

El mismo batallón que perpetró la “masacre de Tlatlaya”

Los hechos ocurrieron un mes antes de la masacre de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron asesinados por unidades pertenecientes al mismo batallón. La CNDH recuerda las órdenes recibidas por el mando que le autorizaban a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Los elementos militares, entonces adscritos al Batallón 102 de Infantería de la Sedena que incumplieron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas como resultado del uso arbitrario e irracional de la fuerza, son responsables por la violación al derecho humano a la vida”, expuso.

También denuncia que se violó el derecho a la procuración de justicia, pues a los familiares de las víctimas no se les ha otorgado el carácter de ofendidos del delito y no han accedido a atención como tal.

En este sentido la Comisión llamó a las autoridades a investigar hechos relacionados con privaciones arbitrarias de la vida, y a “fortalecer e intensificar los cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos dirigidos al personal castrense que coadyuva en operativos de seguridad y se encuentra en contacto con la población civil y, de forma inmediata, dirigido al personal del 102/o. Batallón de Infantería”, así como a la compensación de las víctimas.

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