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Mueren dos actores de Televisa durante ensayo de la serie "Sin miedo a la Verdad"

Los actores cayeron por un puente, dijo Grupo Televisa en un comunicado. Por ahora, no ha dado mucho más información sobre la tragedia.
17 de enero, 2020
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Dos actores del Grupo Televisa, la empresa mexicana de producción de televisión, murieron este jueves durante un ensayo.

“Televisa informa con profundo dolor que la noche de este 16 de enero, en el ensayo de una escena de la serie ‘Sin miedo a la verdad’, perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, al caer de un puente en una locación“, dijo la empresa en un comunicado.

Los actores estaban rodando la tercera temporada de la serie mientras ocurrió el accidente, del que no se ha dado mucha más información.

El productor, Rubén Galindo, se puso en contacto con las autoridades cuando ocurrió la tragedia.

La empresa dio su pésame a los familiares de los actores.

“La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente, que enluta a nuestra casa Televisa“, señaló la empresa.

Los medios de comunicación locales reportan que el accidente habría ocurrido sobre un puente colgante que formaba parte de la escenografía, en un inmueble de la calle Oriente 239, en la colonia Agrícola Oriental, de la capital mexicana.

La serie “Sin Miedo a la Verdad”, cuya primera temporada se estrenó en octubre de 2018, está protagonizada por Alex Perea, quien le da vida a Gus, a un hacker cibernético que protege a víctimas de la injusticia.

La serie presenta un caso distinto con problemas como acoso, cyberbullying, corrupción o narcomenudeo, entre otros.


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Cuartoscuro Archivo

Un año después de la masacre en Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, solo hay 2 policías detenidos

“Pido a las autoridades que se haga justicia. Ellos no debían morir así", dice Natividad Chávez Enríquez, madre de Enrique, una de las víctimas de la masacre.
Cuartoscuro Archivo
8 de septiembre, 2020
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Dos policías detenidos, tres en libertad tras prestarse a colaborar con las autoridades y otros dos en busca y captura. Así se encuentra la investigación un año después de la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 5 de septiembre se cumplió un año de la muerte de ocho personas, que las autoridades estatales presentaron como un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado pero que familias de las víctimas y la ONG que les acompaña califican de “montaje”. Los allegados de los fallecidos los recuerdan exigiendo que la justicia investigue a todos los responsables.

El 5 de septiembre de 2019 las autoridades de Tamaulipas anunciaron que elementos de la policía estatal y de la Sedena habían abatido a ocho miembros de un grupo armado tras un enfrentamiento. Posteriormente, sus familias y el Comité por los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo presentaron videos, fotos y testimonios con los que sostenían que las víctimas fueron llevadas al lugar a la fuerza, torturadas y luego vestidas con uniforme militar para presentarlas como sicarios. Allí mismo fueron ejecutados, según estos testimonios.

Entérate: Ocho masacres y aumento de la violencia en 19 estados durante primer año del gobierno de AMLO

“El 5 de septiembre en este lugar la autoridad anunció que en un enfrentamiento habían abatido a ocho integrantes de una célula criminal. Esta información la dio a conocer el gobierno de Tamaulipas. Nos decían hace un año que esos integrantes del crimen organizado se habían enfrentado con la policía estatal y con el ejército. Y entonces muchas familias que empezaron a ver la noticia a través de las redes sociales pusieron en duda esa versión”, dijo Raymundo Ramos, presidente de la Comisión por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la ONG que acompaña a las familias de las víctimas.

Recordó Ramos que, tras las primeras dudas, se recabaron informaciones que revelaron que “aquí no hubo persecución ni enfrentamiento, aquí hubo una masacre”.

Los nombres de la víctimas eran Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19.

Según videos, fotos y testimonios que dieron a conocer pocos días después de la muerte de estas ocho personas, policías estatales armaron un operativo de seguridad. “Traían una camioneta en una grúa. Después, trajeron a ocho. Ahí adentro los comenzaron a torturar. Los vistieron con uniforme militar y uno a uno los fueron privando de la vida. Los mataron a sangre fría sin dar oportunidad de defenderse”, dijo Ramos.

“Luego nos enteramos que hubo sobrevivientes. Testigos. Estas personas no vivían aquí sino que fueron extraídos de sus casas”, denunció.

“Este montaje sigue impune. Un año después hay dos policías detenidos en una prisión que más parece un hotel y que les permite todo tipo de facilidades. Hay tres policías que se hicieron testigos colaboradores y esos están en libertad. Y hay otros dos que aparentemente están huyendo por los que se pide recompensa”, explicó.

En total, según el activista, hay siete personas acusadas. “Pero aquí participaron más de cien personas. Este es un juicio simulado, una investigación simulada, tanto por el fiscal especial como por el juez como por policías estatales o elementos del ejército”, dijo, tras realizar un llamado al gobierno de Tamaulipas y al ejecutivo federal “para que se haga justicia”.

“Un año después las víctimas no descansan en paz. No tienen paz porque no hay justicia. Familiares están lastimados por la forma en que murieron, porque se burlan los policías, porque no encuentran justicia”, dijo, tras lamentar que “no hay voluntad para esclarecer los hechos”.

Y lanzó una advertencia: “si pretenden que se olvide, no va a ocurrir”.

“Pido a las autoridades que se haga justicia. Ellos no debían morir así. ¿Quiénes son ellos para acabar con la vida? Si andaban mal su trabajo era agarrarlos y exponerlos a la autoridad, no matarlos”, dijo Natividad Chávez Enríquez, madre de Enrique, una de las víctimas de la masacre.

El sacerdote Carlos Raúl Ramírez Moreno, tío de Jennifer, otra de las fallecidas, pidió un “cese al fuego” al ejército mexicano y a los carteles “para que las víctimas puedan salir a buscar a los desaparecidos”. “Todos son víctimas de una guerra que privilegia a gobernadores”, afirmó.

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