Chile, Perú y México subregistran niveles de muertes por COVID: ONU
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Muertes por COVID-19 en Chile, Perú y México tienen altos niveles de subregistro: ONU

Según el director del PNUD en América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, la pandemia de covid-19 en la región es "una tragedia peor de lo que creemos"
20 de julio, 2020
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“Una tragedia peor de lo que creemos”: así describe a la pandemia de covid-19 en América Latina y el Caribe el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la región, el mexicano Luis Felipe López-Calva.

La covid-19 ha causado en la región más de 155.000 muertes al 16 de julio, convirtiéndola en el centro actual de la pandemia.

No obstante, en una reciente publicación de su blog técnico Graph for Thought, el también subsecretario general adjunto de Naciones Unidas (ONU) escribe que “el número de muertes confirmadas por covid-19 subestima enormemente el número real de muertes por la pandemia”, en referencia concretamente a Chile, Perú y Ciudad de México.

“Los formuladores de políticas de todo el mundo están tomando decisiones críticas sobre qué acciones tomar a raíz de covid-19”, dice López-Calva a BBC Mundo.

“¿Cuándo pueden las personas regresar a su lugar de trabajo de manera segura? ¿Cuándo pueden las escuelas reabrir de manera segura? Estas decisiones de políticas conllevan graves consecuencias para la vida de las personas”, continúa.

Sin embargo, explica, “debido a la información limitada e imperfecta disponible, basar estas decisiones en buena evidencia se vuelve bastante difícil”.

Un ejemplo de ello es justamente la cantidad de personas que han fallecido por infectarse con el nuevo coronavirus.

Exceso de mortalidad

“Es importante comprender la posible magnitud en que se subestiman las muertes por covid-19 porque ofrece una imagen más precisa de la escala de la pandemia“, dice.

Luego agrega: “Entender, por ejemplo, que la pandemia puede haber matado hasta 5 veces el número de personas registradas oficialmente en un lugar específico puede significar que son necesarias medidas de contención de covid-19 más extensas de lo que se pensaba anteriormente, así más pérdidas de vidas pueden ser prevenidas”.

Según López-Calva, este es el caso de Perú y Ciudad de México, donde al 6 de julio se pudo constatar una tasa de subregistro de muertes del 79% y 78% respectivamente.

Otro caso destacado por el director regional del PNUD es el de Chile, donde la tasa de dicho subreporte es del 61%.

El cálculo se basa en el concepto de exceso de mortalidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el exceso de mortalidad es una “mortalidad superior a la esperada en función de la tasa de mortalidad sin crisis en la población de interés. El exceso de mortalidad es, por lo tanto, la mortalidad atribuible a las condiciones de crisis”.

Perú

BBC
Chile

BBC
Ciudad de México

BBC

En otras palabras, el exceso de mortalidad es la diferencia entre el número real de muertes y el número esperado de muertes para el mismo período dentro de un país o ciudad, basándose en datos históricos recientes.

Viendo los gráficos, es la diferencia entre la zona roja y la celeste: si la cantidad real real de muertes de este 2020 se explicara por completo por la covid-19, entonces ambas curvas serían similares.

Y, como se puede ver, en los tres casos son muy diferentes.

Casos en la región

En su publicación, López-Calva ejemplifica el nivel de la problemática regional del subregistro de muertes con los dos países antes mencionados (Chile y Perú) y Ciudad de México, además de otras tres ciudades brasileñas: Manaos, Río de Janeiro y Sao Paulo.

“Si bien todas las localidades en la publicación son lugares de la región que han sido particularmente afectadas por covid-19, no son necesariamente lugares donde el subregistro es excepcionalmente alto“, aclara.

La razón se debe a la disponibilidad de tres datos, dice, al tiempo que destaca que todos fueron tomados de la revista The Economist: las tasas de mortalidad históricas, las tasas de mortalidad actuales y las muertes confirmadas por covid-19.

Hombre junto a un cajón fúnebre.

Getty Images
Para López-Calva, los datos que muestran el impacto real de la pandemia son “un llamado a la acción, para evitar más pérdidas innecesarias”.

No obstante, dentro de los países o ciudades que publican estos datos de forma regular, el ranking de exceso de muertes por cada 100.000 habitantes del propio The Economist, con datos al 15 de julio, sí está encabezado por América Latina.

El listado tiene a Ciudad de México (254) a la cabeza, seguido por Río de Janeiro (148), Ecuador (133) y Perú (110). Chile está en el puesto 15 con un número total de exceso de muertes de 39 cada 100.000.

Razones detrás del subregistro

“Debemos ser cautelosos al interpretar los datos presentados en la publicación como la verdadera magnitud de la cifra de muertos por la pandemia”, aclara López-Calva.

“El exceso de tasas de mortalidad puede ayudarnos a obtener una mejor aproximación de lo que está sucediendo”, agrega, pero “solo cuentan una parte de la historia“.

Entre las múltiples razones para el subregistro, el director regional del PNUD menciona en su publicación la limitada capacidad de muchos países para realizar pruebas.

“Por ejemplo, a pesar de tener las tasas más altas de pruebas de covid-19 per cápita en América Latina y el Caribe, más del 60% del exceso de muertes siguen sin contabilizarse en Chile y Perú”, escribe.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe

PNUD
El mexicano Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, así como subsecretario general adjunto de la ONU.

Podemos pensar que, en el caso de Chile, esto se debe a la metodología de notificación de muertes de covid-19, que durante el período indicado no tuvo en cuenta a las personas que murieron fuera del hospital (por ejemplo, las que murieron en su hogar) o aquellos que murieron sin una prueba confirmada”, continúa.

En el caso de Perú -agrega-, podemos pensar que la calidad de las pruebas es una barrera para la presentación de informes más precisos, ya que la expansión de las ‘pruebas rápidas’ de menor calidad puede haber reducido la probabilidad de que las muertes debidas al covid-19 se diagnosticaran correctamente”.

Datos confiables

Para López-Calva, reflejar con los datos la verdadera escala de la pandemia “es un reconocimiento de la gran pérdida que ya hemos sufrido, de tantas vidas invaluables perdidas y seres queridos que quedan atrás“, dice a BBC Mundo.

“Pero también es un llamado a la acción, para evitar más pérdidas innecesarias”, sostiene.

Los gobiernos precisan contar con estadísticas oficiales confiables y aumentar su transparencia y rendición de cuentas.

La información creíble es una parte esencial de nuestro conjunto de herramientas en la lucha contra este virus, ya que los responsables políticos y los ciudadanos continúan tomando decisiones diarias sobre las acciones que deben tomar”, opina.

En palabras de López-Calva, contar con “datos confiables es lo que nos permite ver el peligro invisible que enfrentamos y trazar caminos claros hacia una realidad más segura”.

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FOVISSSTE

FOVISSSTE promete a víctimas de fraude pagarles en 15 días y encargarse de demanda contra empresa

Hasta el momento suman 19 de 84 afectados con quienes el organismo firmó un contrato de “cumplimiento de obligación”.
FOVISSSTE
28 de diciembre, 2021
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El Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) se comprometió a pagar en 15 días hábiles a los derechohabientes que fueron víctimas de fraude durante la tramitación de su crédito, y que ascendería a 68 millones de pesos. Hasta el momento suman 19 de 84 afectados con quienes el organismo firmó un contrato de “cumplimiento de obligación”.

Dichos contratos significan también la cesión de derechos de las víctimas hacia el FOVISSSTE para representarlos en las denuncias penales en contra de la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte S. A. de C. V.  (Sensa) que era intermediaria en el proceso de compra venta y a quien el organismo responsabiliza del fraude.

El 13 de diciembre, Animal Político publicó que trabajadores de gobierno que utilizaron su crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) entre octubre y noviembre para comprar casa, denunciaron haber sido estafados: el organismo federal depositó el dinero en cuentas ajenas al trato de compra venta, y ellos se quedaron con las manos vacías, pues no son dueños del inmueble que pretendían adquirir, pero sí de la deuda, pues ya habían comenzado los descuentos en su nómina.

Los afectados confían en que con este acuerdo, podrán recuperar el dinero de sus créditos que van de los 300 mil pesos a 1.2 millones de pesos, pues se trata de trabajadores del Estado con cargos y sueldos de operativos, no de alto rango. Por lo que en la segunda semana de enero de 2022, comenzarían a concretarse los pagos.

En todos los 84 casos identificados, además de la transferencia del dinero del crédito a terceros, estuvo la operación de una empresa intermediaria llamada Soluciones Emprendedoras del Norte S. A. de C. V. (SENSA), una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes), la figura a la que los derechohabientes forzosamente deben acudir si quieren hacer efectivo su crédito.

Dado que sirve como “mandataria”, es decir, representante del FOVISSSTE, haciendo los primeros trámites con los derechohabientes y acompañándolos durante todo el proceso. El FOVISSSTE les da claves únicas para que puedan acceder a su sistema y registrar los datos de los trámites.

Te puede interesar: Fraude en FOVISSSTE: el dinero cayó en una ‘empresa’ sin rastro e inmobiliarias que niegan tenerlo

En el caso de Sensa, explicó el subdirector de Crédito del organismo, Herminio Silvan Lanestosa, hizo “mal uso de las claves”, pues “cambió de último momento” el nombre de los destinatarios del dinero. Es decir, sustituyó el nombre y cuenta bancaria de los vendedores del inmueble, por el nombre de personas o empresas ajenas al trato.

El Fondo, explicó, realiza 48 mil operaciones de créditos al año, por eso necesita de las Sofomes para realizar los procedimientos como intermediaria, puesto que la institución no tiene capacidad. Éstas “actúan a nuestro nombre con las claves maestras que les proporcionamos y para que coloquen los datos de los vendedores y los beneficiarios en el sistema. Confiamos por el mandato que tenemos con las Sofomes que los datos que carga son correctos”.

Por ello es que el FOVISSSTE interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia por fraude contra esa Sinsa, que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1 S/D01938/12-2021.

A partir de los contratos de cumplimiento que en la última semana han realizado los afectados con el FOVISSSTE, han aceptaron ceder los derechos al organismo del Estado para que se encargue de las acciones de “cobro” y “acciones legales” que se realicen en contra de Sensa.

Mientras que el FOVISSSTE se comprometió a “realizar el pago del precio de la operación de compraventa en un plazo improrrogable de 15 días hábiles”.

La empresa Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa) es propiedad del diputado del PRI en Chihuahua, Omar Bazán Flores, y fue constituida el 14 de febrero de 2007, en Chihuahua, cuyo objeto social, es decir, la actividad a la que se dedicaría fue “realizar en forma habitual y profesional el otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero y factoraje financiero”.

Los accionistas o dueños entonces fueron Omar Bazán Flores y Guadalupe Flores Alvarado, su madre. Pero en los años siguientes, según las actas publicadas en el Registro Público de Comercio, las acciones de ella fueron transferidas a otras personas.

Uno de ellos fue Jesús Alberto Cano Vélez, que se convirtió en accionista de la empresa en 2008, y entre diciembre de 2012 y 2018 fue director de la Sociedad Hipotecaria Federal, la banca del gobierno federal que “impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario en materia de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora”. También fue Consejero Político Nacional del PRI, diputado federal y oficial mayor en la Procuraduría General de la República.

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