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Nightingale de Google: el escandaloso proyecto que le permitió acceder al historial médico de millones

Google acaba de cerrar un trato con una enorme empresa de salud en Estados Unidos, Ascension, gracias al cual tuvo acceso al historial clínico de millones de pacientes de hospitales del país.
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12 de noviembre, 2019
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Google ha ganado acceso a una cantidad masiva de datos en Estados Unidos gracias a un acuerdo con una gran empresa de servicios sanitarios.

Se trata de la compañía Ascension, que gestiona 2,600 hospitales en el país.

Gracias al proyecto Nightingale (que significa ruiseñor en inglés), Google tiene acceso a historiales clínicos, nombres y direcciones sin necesidad de haber consultado a los pacientes, según informó el diario estadounidense The Wall Street Journal, el primer medio en dar la noticia.

El gigante tecnológico dijo que esa es “la práctica habitual”.

Entre los datos a los que Google tiene acceso, según el acuerdo, también hay resultados de pruebas de laboratorio, registros de hospitalización y fechas de nacimiento.

Ni a los médicos ni a los pacientes se les informó de que Google puede ver esa información.

El informe de The Wall Street Journal señala que la empresa comenzó a tener acceso a esos datos el año pasado y que se amplió durante el verano.

Google señaló en su página web que su trabajo con Ascension se adheriría a todas las regulaciones de la industria, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud en Estados Unidos, de 1996, también conocida por sus siglas en inglés, HIPAA.

“Para ser claros… los datos de los pacientes no se pueden combinar -ni se combinarán- con ningún dato de consumo de Google”, añadió la compañía.

Cirujana con una tableta

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Ni los pacientes ni los médicos fueron informados.

Ascension dijo que el trato le ayudaría a “optimizar” el cuidado de los pacientes e incluiría el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los médicos.

La compañía de servicios de salud también dijo que comenzaría usando los servicios de almacenamiento en la nube de Google y aplicaciones empresariales como G Suite.

Preocupaciones sobre la privacidad

Sin embargo, el proyecto Nightingale ya ha despertado críticas por parte de quienes argumentan que les quita control a los pacientes sobre sus propios datos.

“Hay un enorme problema en que estas asociaciones público-privadas se hagan todas bajo contratos privados, de manera que es bastante difícil obtener algo de transparencia“, le dijo a la BBC Jane Kaye, directora del Centro de Derecho, Salud y Tecnologías Emergentes (HeLEX) de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

“Google dice que no los vincularán con otros datos, pero lo que hacen todo el tiempo es refinar sus algoritmos, perfeccionar lo que hacen y ganar una mayor ventaja comercial”.

Las organizaciones sanitarias están cada vez bajo más presiones para mejorar la eficiencia y la calidad de los cuidados a los pacientes.

Muchas de ellas están valorando el uso de la inteligencia artificial en un esfuerzo por mejorar sus servicios, pero a veces estas acciones despiertan críticas negativas sobre cómo se manejan los datos de los pacientes.

En Reino Unido, la filial de Google para el desarrollo de inteligencia artificial, DeepMind, infringió la ley cuando no pudo explicar a los pacientes cómo usarían sus datos para crear una aplicación sobre una enfermedad renal.

La herramienta, llamada Streams, fue diseñada para resaltar qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad renal aguda.


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Especial

#SeBuscan: quiénes son y de qué acusan a 4 exfuncionarios del gabinete de Mancera

Algunos de los exfuncionarios de primer nivel con Miguel Ángel Mancera tienen ficha roja de Interpol y se les busca internacionalmente.
Especial
26 de septiembre, 2020
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Cuatro exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera que ocuparon cargos de primer nivel cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México son buscados por la justicia acusados de presunta corrupción.

Dos de ellos fueron secretarios de su gabinete: Edgar Tungüí, extitular de Obras y Servicios y Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El resto son Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la extinta Agencia de Gestión Urbana; Raymundo Collins, exdirector del Instituto de la Vivienda local;

Algunos de los exfuncionarios tuvieron diversos cargos a lo largo de las administraciones del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard en el gobierno capitalino.

Jaime Slomianski, AGU

Originario de Oaxaca, Jaime Siomanski se desempeñó como fiscal desconcentrado en la delegación Benito Juárez cuando Miguel Ángel Mancera fungía como Procurador de la Ciudad de México. Ya con el exprocurador como jefe de Gobierno lo nombraron titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU).

Actualmente es buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), junto con varios de sus colaboradores, por su probable participación en delitos de funcionarios públicos que provocaron daños a la hacienda pública capitalina por 29 millones 454 mil pesos. 

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Slomianski y sus colaboradores son señalados de contratar empresas de asesoría de tipo técnico y administrativo para realización de servicios en obras, pese a que la AGU contaba con este tipo de actividades y era innecesaria su contratación.

Según la indagatoria, el titular de la AGU -dependencia responsable de dar atención y mantenimiento a la infraestructura urbana de la Ciudad de México- debía autorizar y firmar las contrataciones. Sin su aval no podrían concretarse las licitaciones.

Además de ser investigado por la Fiscalía, el exfuncionario se encuentra inhabilitado por cinco años para ocupar cualquier cargo de la administración pública, por motivos relacionados con conductas como el uso indebido de atribuciones y recursos, de acuerdo con el diario La Jornada.

Siomanski Aguilar es egresado de la Facultad de Derecho de la UABJO y antes de trabajar en el gobierno del entonces Distrito Federal se desempeñó como funcionario en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Raymundo Colins, INVI

En enero pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que Raymundo Collins Flores cuenta con una orden de aprehensión por presuntas irregularidades detectadas en el Instituto de la Vivienda (INVI). 

Sheinbaum detalló que al momento de recibir el INVI, su administración encontró que el Instituto entregó millones de pesos sin sustento.

“Se otorgó el recurso directamente para la reconstrucción de viviendas que más que sociales, son de nivel medio”, explicó la jefa de Gobierno.

Collins estudió Ingeniería Mecánico Naval en la Escuela Náutica Mercante, y se desempeñó en distintos cargos del entonces gobierno del Distrito Federal y posteriormente de la Ciudad de México, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

En 2002, cuando López Obrador fungió como jefe de Gobierno, Collins Flores fue subsecretario de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y estaba encargado de la coordinación de operativos.

Durante la administración de Ebrard estuvo al frente de la Central de Abasto y en 2012, con Miguel Ángel Mancera, fue designado como director del Instituto de la Vivienda.

A la salida de Mancera, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno interino, nombró a Raymundo Collins como titular de la SSP, cargo que tuvo hasta diciembre de 2018.

Édgar Tungüí, Obras

Otro funcionario buscado internacionalmente por un presunto desfalco millonario al gobierno capitalino es el ingeniero Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, quien cuenta con una ficha roja de la Interpol.

El excomisionado para la Reconstrucción y antes titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) con Mancera es acusado de actuar en colusión con el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, para desviar 46 millones de pesos.

De acuerdo con Expansión, el dinero presuntamente desviado sería destinado para la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Antes de ser secretario de Obras, Tungüí ocupó distintos cargos dentro de la Sobse.

El ingeniero civil es miembro de la Asociación Mexicana del Asfalto, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y de la Sección México de la American Society of Civil Engineers, y fue vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

El 26 de julio de 2018 recibió la medalla “Aportes sobresalientes en beneficio de la Ciudad de México”, otorgada por el gobierno capitalino, y en septiembre del mismo año enfrentó acusaciones por dar contratos a una empresa donde su hermano trabajaba por 70 millones de pesos.

Felipe de Jesús Gutiérrez, Seduvi

Además de estar acusado de actuar en colusión con Édgar Tungüí para el desvío de recursos de la reconstrucción Gutiérrez Gutiérrez, cuenta con una denuncia por irregularidades en la autorización de 48 polígonos de actuación, según reportes de Expansión

Además, tiene una orden de aprehensión y es buscado por la Interpol por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. La Fiscalía de la Ciudad de México lo acusa también de entregar más de 46 millones a ocho inmuebles afectados por el sismo de 2017, recursos en los que se presume un presunto desvío.

Antes de ser titular de Seduvi, fue director general de Desarrollo Urbano en el Gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2010, durante la administración de Marcelo Ebrard.

También se desempeñó como titular de la División de Planeación e Inversión Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1996 a 1999.

Es arquitecto con mención honorífica por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en Urbanismo por la UNAM y un Máster por la Universidad Politécnica de Madrid en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias.

Jesús Gutiérrez fue presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.

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