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Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
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El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


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Cuartoscuro

Ejército torturó y detuvo ilegalmente a un hombre en Michoacán; pasó 5 años en prisión

Un hombre de Michoacán fue arrestado en 2012 y condenado en 2015 por cargar un costal con armas. En 2017 un juez revisó el caso y ordenó su libertad. Ahora la CNDH reconoce que fue torturado por los militares que lo detuvieron.
Cuartoscuro
26 de julio, 2019
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Siete años después de ser detenido y torturado y cuatro después de presentar una queja ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), un hombre originario de Michoacán logró el reconocimiento por parte de las instituciones de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo torturaron. 

La CNDH hizo pública el lunes una recomendación a su titular, Luis Crescencio Sandoval González, por “violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura”.

El hombre fue arrestado el 21 de abril de 2012 en el poblado “Las Parotas”, municipio de Tuzantla, Michoacán. Los militares que lo detuvieron le acusaron de portar un costal con siete armas largas, 808 cartuchos y 33 cargadores. Él siempre negó que las armas fuesen suyas, aunque durante los interrogatorios admitió formar parte de un grupo criminal que no es precisado en la recomendación de la CNDH. 

Lee: Detienen a tres militares por el secuestro de un joven en Huehuetoca, Edomex

En 2015 un juez le condenó a ocho años y ocho meses de prisión.

En 2017, el 9 de mayo, otro juez ordenó su libertad por considerar que la versión de que él era quien cargaba las armas en un costal carecía de credibilidad.

La víctima nunca será resarcida. Fue asesinado el 29 de mayo de 2017, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, Charo, Michoacán, apenas 20 días después de recuperar la libertad. Por eso, la recomendación 45/2019 pide a la Sedena que localice a los hijos de la víctima, que en el momento de la detención tenían 14 y 10 años, para que puedan ser resarcidos con medidas como apoyo psicológico. Según refiere el documento, la esposa de la víctima se encuentra desaparecida. 

En su informe, la CNDH contradice la versión ofrecida por los elementos de Sedena. Estos aseguraron haber recibido una denuncia anónima. Al presentarse en la zona habrían observado al demandante, quien trató de escapar con el costal lleno de armas y fue detenido.

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Este relato no concuerda con lo testificado tanto por el hombre como por su esposa y sus hijos. 

“Contrario a lo asentado en la referida puesta a disposición, este Organismo Nacional contó con evidencias que acreditaron que la detención aconteció en circunstancias diferentes, esto es, que elementos de la Sedena irrumpieron su domicilio sin orden de cateo expedida por autoridad competente”, dice el informe. 

El testimonio del hombre señala que los soldados entraron en su domicilio y se lo llevaron a una barranca, donde fue golpeado.

Irrumpieron en su casa

Los hechos ocurrieron entre las 15:30 y las 16:00 horas del 21 de abril. El denunciante aseguró que unos 48 uniformados en 4 camionetas irrumpieron en su domicilio. Todos iban armados salvo el hombre que lo detuvo. Le preguntaron si trabajaba para la “maña” (en referencia a una organización delincuencial) y lo subieron en la camioneta con una playera sobre la cabeza.  

En una brecha fue torturado.

Lo arrastraron, lo golpearon, lo amenazaron con dispararle, le dieron patadas en las costillas, le ahogaron con agua. 

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El denunciante aseguró haber perdido el conocimiento en tres ocasiones. 

“Lo golpearon, le dieron cachetadas en la cara y “mazapanes” (sic) en la cabeza, es decir, le pegaban con la mano abierta porque “querían que dijera que las cuatro personas trabajaban para él”, lo hincaron y le tomaron fotografías, lo volvieron a levantar y le pegaron en la cara y en el estómago”, dice la recomendación, haciendo referencia a la declaración de la víctima. 

“En ese lugar estuvo como una hora y cuando intentaron subirlo a una camioneta, no quiso porque querían que pusiera las manos sobre las armas que llevaban en la caja, las cuales había visto previamente. Sintió un golpe en la nuca, quedó inconsciente y cuando reaccionó ya estaba en Morelia, Michoacán, en una “casa de arraigo”, de lo cual se enteró porque le preguntó a un oficial de los que “traen como un gafete, (…) al parecer de la PGJ o PGR”, quien le comentó que estaba ahí porque llevaba armas”. 

12 horas en manos de los elementos de Sedena

La versión de los militares se refuta en el documento. En primer lugar, porque el actuario del juzgado del distrito, en una intervención del 8 de agosto de 2013, reconoce que las armas sí caben en el costal pero que sería imposible correr con ellas a la espalda. 

Otra de las pruebas que sustentan la versión del agraviado son las marcas que presentó tras ser detenido. “En el dictamen de integridad física de las 07:16 horas del 22 de abril de 2012, elaborado en la Delegación Estatal en Michoacán de la entonces PGR, se describió a V1 con diversas huellas de lesiones sobre su superficie corporal (múltiples excoriaciones y equimosis), las cuales fueron contemporáneas y con un tiempo de evolución no mayor de 24 horas desde su producción”. Es decir, que tenía marcas de golpes que habían sido realizadas en el momento en el que él refiere haber sido detenido. 

Lee: Crean nuevo esquema de control de confianza para elementos de la Guardia Nacional

“El dictamen médico del 23 de abril de 2012, en el que personal médico de la entonces SIEDO, lo describió con ocho equimosis y veintiocho excoriaciones cubiertas de costra hemática, las que en opinión del personal médico de este Organismo Nacional, tenían una temporalidad de producción de 1 a 3 días, y por tanto, coincidían con el lapso de tiempo al día referido como aquél de la detención, esto es, al 21 de abril de 2012”, dice la recomendación. 

La CNDH también censura la falta de apego a los protocolos, ya que la detención se realizó sin orden de aprehensión. En caso de que el arresto se hubiese producido en flagrancia, como sostienen los militares, el organismo de Derechos Humanos cuestiona las doce horas que transcurren desde que el hombre es arrestado, a las 4 de la tarde, hasta que es presentado ante la Fiscalía, a las 4 de la madrugada. 

Un detalle que muestra la complicidad de autoridades con el maltrato. Antes de que el hombre fuese conducido ante el Ministerio Público Federal, fue visto por un comandante de Pelotón de Sanidad del 25/o Regimiento de Caballería Motorizado en la delegación estatal de la entonces PGR de Morelia, quien describió su exploración física: “sin lesiones de reciente producción”. 

“Debió haber sido puesto a disposición del Ministerio Público Federal aproximadamente entre las 18:35 o las 19:05 horas”, dice la recomendación. 

El informe también da credibilidad a las denuncias por torturas. Se basa tanto en el testimonio de la víctima como en declaraciones de los doctores que lo atendieron en prisión. 

“Los agentes aprehensores no justificaron las circunstancias fácticas en las que sucedió la detención, ya que ni en el informe de puesta a disposición, su ratificación, ni en los careos, justificaron las razones por las cuales presentó las lesiones que fueron documentadas. Contrario a ello, se acreditaron los elementos de la tortura física infligida por elementos de la SEDENA, quienes al momento de su detención ejercieron un rol de autoridad”, dice el documento.

Personal médico de la CNDH concluyó que “las lesiones que presentó eran similares a las producidas por traumas contusos y compatibles con las descritas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inclusive presentó como secuelas cicatrices en región toracolumbar izquierda, región lumbar y cara lateral izquierda de tórax”.

La CNDH presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un delito de tortura, así como una queja ante el Órgano Interno de Control de la Sedena para sancionar a los tres militares identificados. 

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