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El país que crecerá 14 veces más rápido que China en 2020 y el impacto que tendrá en Venezuela

Una olvidada nación del continente está a punto de convertirse en un importante productor petrolero con una bonanza que puede cambiar la vida de su pequeña población y tendrá un impacto sobre sus vecinos venezolanos.
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14 de enero, 2020
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Guyana se ganó la lotería y está a punto de cobrar el cheque de su premio. Sus vecinos, especialmente en Venezuela, esperan intrigados por saber en qué se lo va a gastar.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de esta olvidada nación sudamericana de casi 800.000 habitantes crecerá en 2020 a la espectacular tasa del 86% anual, o sea 14 veces más rápido que la economía china. Casi sobra decir que será la economía de mayor crecimiento en el mundo.

También podría convertirse rápidamente en una de las naciones más prósperas per cápita en el hemisferio e incluso en el mundo, por cuenta del petróleo que está empezando a brotar del subsuelo guyanés.

Pero muchos temen que, al igual que hay quien recibe el premio gordo de la lotería y se lo gasta en una fiesta épica y un año después está más pobre que al comienzo, Guyana podría tener dificultades para convertir ese enorme influjo de dinero en un bienestar económico estable para su pueblo.

Crudo y más crudo

Guyana encontró petróleo y en 2020 empieza a exportarlo al mundo. No es que sea tanto, si se compara con otros grandes productores mundiales.

Georgetown Guyana

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La población del país apena llega a 800.000 personas.

“Eventualmente podría llegar a ser entre 700.000 y un millón barriles de petróleo diarios,” le dice a BBC Mundo Marcelo de Assis, experto de la consultora internacional en el sector petrolero Wood Mackenzie. Es el equivalente a lo que vende al exterior un exportador intermedio como Colombia, para mencionar un ejemplo.

Sin embargo, al dividirlo por el número de habitantes empieza a entenderse el efecto avasallador que puede tener en la economía de Guyana, un país 50 veces menos poblado que Colombia.

Un reciente informe de la cadena estadounidense CNBC estimaba que Guyana podría ser el país con el mayor número de barriles de petróleo por habitante en el mundo.

Malas experiencias

Las experiencias recientes de países similarmente pequeños con bonanzas petroleras súbitas no son alentadoras, le dice a BBC Mundo el profesor Michael Ross, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha estudiado el fenómeno.

En las bonanzas petroleras, el dinero llega directamente al Estado, que se convierte en cada vez más poderoso, y potencialmente puede aislarse de las exigencias democráticas de sus ciudadanos. Es también, evidentemente, un caldo de cultivo para la corrupción en estados pequeños que cuentan con instituciones débiles”, indica Ross.

Parlamento de Guyana

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El gobierno de Guyana ha anunciado grandes inversiones sociales.

“Timor del Este y Guinea Ecuatorial son ejemplos recientes de países que recibieron aumentos masivos de ingresos per cápita. En ambos casos esa influencia de dinero creó tensiones locales significativas. En Guinea Ecuatorial, especialmente, el dinero se quedó muchas veces en manos de altos funcionarios del gobierno, y el país se ha vuelto menos democrático y más corrupto”, añade el académico.

Hay pocos ejemplos de países que hayan manejado bien estas bonanzas, y tienden a ser naciones que recibieron estos ingresos a un paso más gradual, asegura Ross.

“En Guyana el dinero va a llegar como un tsunami. Si Guyana consigue manejar ese dinero bien y limitar la corrupción, manteniendo la rendición democrática de cuentas por parte del gobierno, será un caso excepcional en el mundo, que ninguna otra nación en situación similar ha podido lograr”, le asegura Ross a BBC Mundo.

Planes de inversión

Thomas Singh, profesor de economía de la Universidad de Guyana, le dice a BBC Mundo que la bonanza petrolera puede llevar a su país “al paraíso, o directamente en la dirección contraria”.

Advierte que “con instituciones débiles, una cultura de corrupción, baja confianza y una severa escasez de capital humano… sería inocente esperar que Guyana pueda de alguna manera sobrepasar todas las dificultades para convertirse en una de las pocas naciones petroleras en desarrollo que logre su transformación económica y social con la riqueza que ha encontrado de repente”.

Niñas guyanesas.

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Los guyaneses esperan que la bonanza petrolera cambie su vida.

Por el momento, recuerda Singh, la plataforma electoral de los dos principales partidos políticos, el PNC del actual presidente David Granger, y el PPP encabezado por el dirigente Irfaan Ali, compitiendo en las elecciones programadas para marzo de 2020, ya prometen a la ciudadanía educación gratuita, expansión de la infraestructura y otras áreas de inversión pública.

Singh describe su país como caracterizado por profundas divisiones políticas y culturales.

Su población está fragmentado entre personas de ancestro africano y otras de ancestro asiático que llegaron durante la época colonial británica.

A lo largo de su corta historia desde la independencia en 1966, el país ha tenido un crecimiento económico modesto basado especialmente en la industria azucarera y minera.

Asegura que las instituciones políticas de su país no han sido conducentes al desarrollo.

“Parece un poco improbable que Guyana, solo con una bonanza petrolera, pueda superar las tremendas dificultades que parecen erguirse contra su transformación económica y social”, asegura Singh.

BBC Mundo intentó comunicarse por vía escrita con la Comisión Guyanesa de Minería y Geología para conocer la posición del gobierno guyanés frente a sus planes de desarrollo petrolero, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La situación con Venezuela

Otra arista de la situación en Guyana es su ubicación, al lado de Venezuela, la nación con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, pero cuya industria petrolera está de capa caída.

“No es que Guyana le vaya a competir a Venezuela por recursos de inversión en la industria petrolera, porque estos de todos modos no están dirigiéndose a la industria venezolana. Prácticamente no hay inversión extranjera en el petróleo venezolano en este momento”, dice Marcelo D´Assis a BBC Mundo.

Pero más que el capital, las personas podrían cruzar la extensa y poco vigilada frontera entre Venezuela y Guyana.

En particular Venezuela cuenta todavía con una mano de obra calificada experta en el sector petrolero, pero que hoy enfrenta en su país “el salario mínimo más bajo de América Latina y posiblemente del mundo”, le advierte a BBC Mundo José Manuel Puente, investigador asociado al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, en Caracas.

Por lo que los expertos ven probable un éxodo a Guyana de personal calificado que dejaría en peor estado a la ya gravemente afectada industria petrolera venezolana.

Trabajadores de la industria petrolera instalando equipos en Guyana.

BBC
El descubrimiento de enormes reservas de petróleo en Guyana podría cambiar el futuro del país.

Si la nación guyanesa consolida la riqueza que muchos esperan florezca allá, también se crearía otro tipo de empleo, puestos en el sector de servicios que requerirían menos calificación y que serían de menor remuneración.

“Potencialmente puede ser una situación compleja. Varios países pequeños que han experimentado estas bonanzas petroleras, por ejemplo en el golfo Pérsico, se han convertido en destinos para migrantes de naciones vecinas“, le recuerda a BBC Mundo Ross, profesor de la Universidad de California.

“Pero esas naciones tienen en general un sistema elaborado para administrar esa migración. Va a ser más complejo en Guyana”, apunta Ross, quien advierte que en varias naciones esos flujos migratorios han generado tensiones políticas internas.

Venezuela y Guyana tienen un largo historial de diferendos limítrofes. Si a eso se le añaden potenciales tensiones por el aumento de migrantes, las relaciones entre los dos países estarían a las puertas de nuevas dificultades.

Los retos

Este año, según dice Marcelo de Assis a BBC Mundo, la producción petrolera guyanesa va a llegar a cerca de 300.000 barriles diarios, la cuota inicial de una cascada de dinero que va a hacer que el mundo se fije mucho más en esa nación sudamericana.

“Si me pidieran que pronostique cómo va a ser Guyana en 10 años, diría que las áreas urbanas van a ser irreconocibles por su masivo desarrollo económico”, le dice Michael Ross a BBC Mundo.

“La pregunta clave es si el pueblo podrá mantener sus instituciones democráticas y si resistirá las tentaciones de la corrupción”, concluye.


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Cuartoscuro Archivo

Fiscalías de los estados manipulan datos sobre delitos y fallan en su registro

Una auditoría del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ONU muestra que las estadísticas de incidencia delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno criminal en el país.
Cuartoscuro Archivo
19 de diciembre, 2019
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Una auditoría oficial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma que los datos de incidencia delictiva que aportan las fiscalías del país adolecen de graves y múltiples fallas, desde subregistros por incompetencia del personal responsable, hasta ocultamiento y reclasificación deliberada de ilícitos como feminicidio o extorsión.

Son irregularidades que, en los hechos, significan que las estadísticas de incidencia delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno criminal que padece el país.

Entérate: Gobierno anterior clasificó mal 29 mil delitos para simular baja criminalidad en CDMX, acusa Procuraduría

La presentación de este informe, con sus resultados y recomendaciones, se daría esta semana pero fue pospuesta por lo menos hasta enero de 2020, luego de que no se alcanzó el consenso necesario para darlo a conocer en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad el problema es la resistencia de algunos gobernadores, pero sobretodo de los propios fiscales del país para transparentar dicha información, hasta en tanto ellos no analicen y revisen los resultados.

Hace unos días los fiscales estatales, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, dieron a conocer que a partir de 2020 manejarán su propia información de incidencia delictiva separada de la que maneja el SESNSP. Esto con el argumento de que son ellos los dueños de esa información, que hay que presentarla con mayor calidad y que ya gozan de autonomía.

Incluso el fiscal estatal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, sugirió en su calidad de vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que se reforme la ley del Sistema Nacional de Seguridad para que se reconozca la autonomía de los fiscales, así como la posibilidad de desaparecer el Centro nacional de Información (CNI) del SESNSP.

Ayer, en la sesión de Consejo Nacional de Seguridad realizada en Palacio Nacional, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías del país a que continúen aportando la información al CNI lo que, además, es una obligación legal.

La evaluación

La auditoría que realizó el gobierno federal con el apoyo de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU recibió el nombre técnico de Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE).

Su objetivo, como se dio a conocer en su momento, fue “evaluar la veracidad, consistencia y transparencia de la información de la incidencia delictiva” que publica periódicamente el SESNSP, a partir de los datos que aportan las procuradurías, hoy fiscalías estatales.

En los hechos se trató de una auditoría realizada por personal especializado en cada una de las 32 fiscalías del país, donde se tuvo acceso no solo a los registros estadísticos sino también a las carpetas de investigación. La idea era documentar y dimensionar las inconsistencias en estos registros que desde hace varios años se reportan en algunas entidades como Veracruz o Ciudad de México.

Los trabajos comenzaron desde principios de 2019 financiados en buena medida por la ONU. En agosto pasado se dio a conocer que las revisiones llevaban un avance del 75%, y para finales de noviembre la evaluación estaba prácticamente terminada.

Cabe señalar que, en todos los casos, los propios fiscales autorizaron por escrito la revisión de sus áreas estadísticas.

Los resultados: datos lejanos a la realidad

El informe de resultados del MORE no se conoce en su totalidad dado que se decidió posponer su apertura y por ende su publicación.

No obstante, de la información a la que Animal Político ha podido tener acceso se sabe que la auditoría habría identificado al menos una decena de focos rojos en los registros estadísticos de las Procuradurías. Algunas son fallas generalizadas mientras que otros son problemas que se identifican en estados en específico.

Se trata de deficiencias que en algunos momentos ya se han advertido públicamente o se sospechaba de ellas, pero lo relevante es que ahora se han documentado y confirmado oficialmente, y se conoce la dimensión de estas.

Entre los hallazgos destaca, por ejemplo, el grave subregistro (en algunos estados premeditado) de asesinatos de mujeres que tienen rasgos claros de posibles feminicidios desde un inicio, pero que son clasificados como homicidios dolosos. Ello provoca que los datos de carpetas de investigación sobre feminicidio que se conocen actualmente no sean, ni de cerca, un parámetro real del fenómeno.

También se detectaron subregistros alarmantes en casos de posibles extorsiones que son denunciadas por las víctimas pero que las agencias del ministerio Público clasifican con otro delito menos grave, como amenazas. Si a eso se suman los casos que ni siquiera se denuncian, se concluye que los datos de carpetas de extorsión tampoco son un parámetro confiable.

En la auditoría realizada por los especialistas también se detectaron hechos criminales en los que se cometieron múltiples delitos, pero donde las fiscalías solo registraron uno de ellos. Se consideró que esa falla también contribuye a subestimar la incidencia de la actividad delictiva.

Resistencia y división

Desde el mes pasado se había planificado que los resultados del MORE fueran presentados y aprobados en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública realizada ayer en Palacio Nacional. Ocurrido lo anterior se prepararía el documento para ser difundido públicamente.

Pero ayer, en la reunión previa donde se analizan los temas que son votados públicamente, el SESNSP no consiguió el consenso necesario para respaldar el informe. Para evitar que públicamente se mostrara el desacuerdo, se optó por sacar el tema de la orden del día.

El problema, según las fuentes consultadas, surge principalmente por la resistencia de algunos fiscales estatales – respaldados por la FGR y la CNPJ – a que se publiciten los datos sin que sean revisados por ellos mismos.

En la primera mitad de 2019 la aplicación de esta evaluación contó con el aval de todas las fiscalías locales, sin embargo, en los últimos meses se ha registrado un distanciamiento de estas con el SESNSP y con la Secretaría de Seguridad federal por diversos temas, como la implementación Registro Nacional de Detenciones o la propuesta de Alfonso Durazo de dar facultades de investigación a las policías y no solo a las fiscalías.

La ruptura se hizo evidente el pasado 6 de diciembre cuando la CNPJ anunció que a partir del 2020 las fiscalías presentarán sus propias cifras de incidencia el denominado Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, respaldado además por INEGI. Ello significa, de facto, apostar por un sistema distinto al del SENSP y por ende trabajar en su mejoramiento.

Además, diversas notas periodísticas reportaron la opinión de algunos fiscales en el sentido de desaparecer el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, que es justo el ente responsable del MORE y de publicar los datos de incidencia mensualmente.

El CNI respondió con un comunicado público en el que recordó que las fiscalías están obligadas a continuar aportando informados al SESNSP porque así lo marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los invitó a sumar esfuerzos para construir una estadística común.

Pero el fiscal Rubén Vasconcelos, vocero de la CNPJ, respondió a su vez que es definitiva la decisión de las fiscalías de optar por su propio sistema, y de paso recordó que ahora son instancias autónomas.

“Es necesario que la Ley General del Sistema Nacional se adecue a esta nueva realidad constitucional, con objeto de respetar dicha autonomía de nuestras instituciones (las fiscalías), que siempre se han coordinado con todas las instancias necesarias, y así lo seguirán haciendo”, dijo Vasconcelos.

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