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Los países de América Latina en los que la gente tiene más posibilidades de prosperar

El Foro Económico Mundial presentó esta semana en Davos, Suiza, un ranking de movilidad social que evalúa a los países por las opciones que tienen sus ciudadanos de tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.
24 de enero, 2020
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Hoy por hoy se necesitan dos generaciones para que una familia pobre de Dinamarca alcance el ingreso medio del país. En Francia son seis, y en Brasil nueve.

Esto es, quienes nacieron familias de bajos recursos tienen más opciones de comprar una casa, obtener buena educación y experimentar una vida mejor que la de sus padres si lo hicieron en el país nórdico.

Eso lo señala el Índice de Movilidad Social Global del Foro Económico Mundial, presentado esta semana en la ciudad suiza de Davos, y que clasifica a 82 países según la capacidad de sus ciudadanos para alcanzar su mayor potencial, independientemente de sus antecedentes socioeconómicos.

El estudio evalúa el estado actual de la movilidad social, teniendo en cuenta factores como el acceso a la salud, la educación, la protección social, el acceso a la tecnología, los salarios y las oportunidades de empleo.

Y concluye que 17 de las 20 sociedades con mayor movilidad social están en Europa, mientras que Estados Unidos ocupa el lugar 27, China el 45, México el 58 y Brasil el 60.

En América Latina el país con mayor movilidad social es Uruguay.

Movilidad social . América Latina. .

Y a nivel global, el ranking está liderado por Dinamarca.

Países con la mayor movilidad social del mundo. . .

“Hay poca movilidad social en Latinoamérica”, dice Thierry Geiger, jefe de Análisis Comparativo del Foro Económico Mundial, en conversación con BBC Mundo desde Davos.

“Esa falta de movilidad está relacionada con los altos niveles de desigualdad que hay en la región”.

Sin embargo, países como Uruguay o Costa Rica tienen una mejor posición en relación a sus vecinos.

“La educación en Costa Rica es relativamente buena y hay más oportunidades de trabajo que en otros países de Latinoamérica”, apunta Geiger.

“Pero la distribución de la riqueza sigue siendo un problema”, agrega, dado que la desigualdad ha aumentado en Latinoamérica, como también lo ha hecho en otras partes del mundo.

Movilidad social en el mundo

La mayor parte de las economías han fallado en proveer las condiciones para que su población pueda prosperar, explica el experto.

Es por eso que las oportunidades de una persona suelen estar directamente relacionadas con su estatus socioeconómico al momento de nacer.

Trabajador danés

Getty Images
Dinamarca lidera el ranking mundial de movilidad social.

“Históricamente se ha prestado poca atención a que el crecimiento económico sea inclusivo”, apunta.

“El sistema económico global tiende a reproducir las desigualdades. Por eso en muchos países las circunstancias en las que naciste y no tus talentos determinan tu futuro”.

En ese sentido, argumenta, es necesario igualar las oportunidades.

Un tema que sigue estando en el centro del debate, dado que el desarrollo tecnológico ha polarizado las desigualdades que existen en las sociedades al reducir la demanda por trabajadores con baja calificación.

En ese sentido, el informe plantea que la división digital ha sido exacerbada por las llamadas “empresas superestrella”, que son las firmas con altos márgenes de ganancias y poca utilización de mano de obra.

¿Qué proponen?

El Foro Económico Mundial propone algunas medidas para que los gobiernos promuevan un mayor nivel de movilidad social:

  • Mejorar la progresividad fiscal (que paguen más impuestos los que tienen más recursos).
  • Disminuir la concentración de la riqueza
  • Cambiar el balance de las fuentes impositivas
  • Estimular el gasto social con fondos públicos e incentivos
  • Aumentar el apoyo a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida con financiamiento público y privado
  • Aumentar la protección social de los trabajadores
Monedas

Getty Images
El Foro Económico Mundial propone impuestos más progresivos, es decir, que paguen más lo que tienen más recursos.

Y en el caso de las empresas, el estudio sugiere ciertas prácticas que pueden agregar aceite al engranaje de la movilidad en las sociedades:

  • Promover una cultura de la meritocracia en las contrataciones
  • Proveer educación profesional
  • Reentrenar y mejorar las habilidades de su fuerza laboral
  • Pagar salarios justos
  • Crear planes para reducir desigualdades históricas en cada sector económico

¿Por qué las empresas deberían interesarse en promover estas medidas?

El estudio señala que existe evidencia de que las empresas que ponen un propósito por sobre las ganancias obtienen mejores resultados a largo plazo.

Wall Street

Getty Images
“Pagar salarios justos y eliminar la brecha salarial de género es crucial”, dice el informe.

Las empresas, agrega, se están dando cuenta de que enfrentan riesgos provenientes de los desafíos sociales no resueltos, como por ejemplo, la desigualdad.

La visión que está presente en el estudio es que si las sociedades son más equitativas, las bases de consumidores crecen, los entornos operativos se vuelven más estables y existe una mayor confianza entre los clientes y las partes que participan en el negocio.

“Pagar sueldos justos y eliminar la brecha salarial de género también será crucial para impulsar la movilidad social”, apunta la publicación.


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Andrea Paredes (@Driu_Paredes)

María fue detenida sin pruebas, la torturaron y lleva 5 años presa sin sentencia

Los delitos por los que lleva poco más de cinco años presa María son tráfico de personas y delincuencia organizada, por supuestamente pertenecer a una organización transnacional que cruzaba migrantes hacia Estados Unidos.
Andrea Paredes (@Driu_Paredes)
13 de enero, 2021
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María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.

Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.

Sin embargo, el abogado de oficio que ha llevado su caso le dijo que mejor no denunciara la tortura, porque la aplicación del Protocolo de Estambul para comprobarla iba a atrasar más las cosas, y aunque lo ha manifestado por escrito, el juez no lo ha tomado en cuenta para investigar y descartar dicha confesión.

Su caso acaba de ser retomado para el documental “Cana”, sobre tortura a personas encarceladas, y por la organización Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP). En México el 64% de las personas que han sido detenidas sufrieron violencia física en ese proceso. Además, las mujeres o personas LGBTIQ+ son víctimas de tortura sexual por parte de los agentes del Estado hasta cuatro veces más que los hombres: 72% de quejas de derechos humanos de mujeres detenidas incluyen este tipo de actos.

A María se le corta la voz cuando recuerda las vejaciones que sufrió en su detención, en entrevista telefónica con Animal Político desde el penal femenil de Tanivet, a 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

“Desde que me detuvieron me dijeron que yo me tenía que declarar confesa de eso… Al principio preguntaba por qué me habían detenido, con muchas groserías me dijeron que, pues que yo me dedicaba al tráfico de indocumentados con mi exesposo y con otras gentes, y que yo lo tenía que aceptar… si no, ellos iban a ir por mis hijos. Yo les dije que sí, que yo iba a decir lo que ellos me dijeran… pero que no les hicieran nada a mis hijos…  que yo iba a decir lo que ellos me dijeran que yo dijera”, cuenta sollozando.

“Después empezaron a manosearme… De ahí nos llevaron un rato a la PGR de acá de Oaxaca, y nos llevaron a SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) por carretera. En el camino a México me llevaron sola, iban dos hombres, uno de cada lado de mí, atrás del coche, otros dos adelante, el que manejaba y otro. Y también me fueron manoseando. No lograron violarme porque yo iba menstruando. Y así me lo dijeron, que eso me había salvado porque a ellos les daba asco”.

Después se enteraría que por la misma causa penal habían detenido en esas fechas a otras nueve mujeres y que varias de ellas sí fueron violadas. Otra, dice, iba embarazada de ocho meses, así que le sacaron al bebé y la amenazaron con dejarlo en un albergue del DIF en lugar de con su familia para obligarla a firmar su confesión.

Cuando María se encontró en un calabozo en la Ciudad de México pensó que pronto se iba a acabar esa pesadilla porque ella no había hecho nada. Pero apenas empezaba.

De intentar migrar a ser acusada de traficante

Los delitos por los que lleva poco más de cinco años presa María son tráfico de personas y delincuencia organizada, por supuestamente pertenecer a una organización transnacional que cruzaba migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, y que fue desarticulada en una operación conjunta entre ese país, México, Guatemala y El Salvador.

Pero la línea del tiempo de los supuestos hechos ni siquiera tiene sentido para quienes analizan el caso. En 2012, María cruzó la frontera sin papeles, fue interceptada y deportada; el IJPP cree que ahí puede estar la clave, en que su nombre se haya quedado registrado y en los papeles que firmó sin siquiera entender, porque algunos eran en inglés.

Volvió a su natal Oaxaca, donde vivió tranquilamente tres años, hasta que en agosto de 2015 llegaron agentes federales a buscarla y se la llevaron detenida. Pero la causa penal fue por hechos supuestamente ocurridos en 2010, denunciados por un testigo protegido, del que por esa razón no hay más información, y con una mujer salvadoreña como supuesta víctima, que nunca se ha presentado a las audiencias. Sólo la agregaduría de la PGR en Estados Unidos fue la que proporcionó sus declaraciones.

“Parece que lo que hicieron fue fabricar imputaciones de migrantes que estuvieron detenidos contra otras u otros que también estuvieron detenidos, y convertir a unas en víctimas y a otras en victimarios”, explica la coordinadora de proyectos del IJPP, Araceli Olivos.

María dice que solo buscaban gente que detener. Que cuando a ella se la estaban llevando y su hermana trató de defenderla, escuchó a un agente preguntar si cargaba también con la hermana, pero que la jefa respondió que no porque ya eran muchas.

Con el tiempo se enteró de que hay una orden de aprehensión por el mismo asunto contra el mayor de sus tres hijos, de 28 años, y de que también fue detenido su exesposo, mientras que a su exsuegro lo dejaron ir solo porque tenía más de 90 años, pero le arraigaron las propiedades que tenía. De hecho, dice, fue la nueva pareja de su exesposo quien la señaló, cuando los agentes preguntaron quién más tenía relación con esa casa, a pesar de que llevaba más de 10 años separada.

Entre las otras nueve mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la SEIDO en las mismas fechas que ella iban dos que sí tenían relación con su exesposo. Pero a las otras nunca las había visto en su vida, ni siquiera vivían en el mismo lugar, ya que unas son de Salina Cruz y otras del estado de Guerrero.

Entre estas últimas está Lucía Baltazar, una estudiante por la que ha habido un movimiento para pedir su inocencia, cuyo nombre incluso llegó a la lista de presos de conciencia que elaboró la senadora Nestora Salgado para que fueran beneficiados con la amnistía promovida por presidencia, pero que sigue sin aplicarse.

Tres penales y distintos jueces sin que se presenten más pruebas

Tras su confesión, María fue ingresada al penal federal femenil de Tepic, Nayarit, y mes y medio después, en un traslado masivo la pasaron a Morelos, al penal conocido como CPS número 16, donde estuvo casi tres años. Mientras tanto, cuenta, estuvo dos años sin auto de formal prisión, un año ni siquiera hubo juez asignado al caso, luego el asunto fue enviado a Torreón y regresado a la Ciudad de México. En el penal de Morelos, volvió a vivir humillaciones de carácter sexual.

“Denigran a uno tan horrible, lo desnudan a gritos, le hacen dar vueltas, hacer sentadillas desnuda para estarse burlando de nuestros cuerpos. Pero si al doctor le gusta el cuerpo de la persona, la hace volver a dar otra vuelta, a hacer sentadillas…  ¡No sé por qué hacen eso, no sé qué ganan!”, se lamenta.

Araceli Olivos explica que la tortura sexual es muestra de que el sistema de justicia reproduce un esquema social machista y patriarcal.

“Sigue cosificando a las mujeres, ahora en un contexto de tortura, ejerciendo violencia contra ellas a partir de atentar en contra de su sexualidad, y poner siempre la sexualidad de las mujeres, pues eso, colocarles en una situación de vulnerabilidad constante. Entonces las mujeres no estamos seguras, obviamente, tampoco frente a agentes del Estado, que van a utilizar aquello que consideren que puede ser más demoledor para la persona a la que están torturando para que le sirva a sus propósitos”, señala.

El caso, finalmente, se trasladó a un juzgado de Salina Cruz, Oaxaca, aunque se ha mantenido en el mismo estatus: con la declaración escrita de una víctima que no se presentado nunca y la de un testigo protegido que, según Olivos, es una figura que por su opacidad se ha prestado a la fabricación de culpables.

La activista critica que cuando hay una queja de tortura, lo primero que tiene que hacer el juez o jueza es escuchar a la persona afectada y verificar si el relato es congruente con cómo ocurrió la detención, pedir certificación de si hubo lesiones, o incluso buscar si algún familiar fue testigo; pero muchas veces se escudan diciendo que entonces las fiscalías son quienes tienen que volver a investigar. Lo peor, es que en caso de que efectivamente haya tortura, las confesiones deberían ser desechadas y reponerse el proceso, pero esto no suele ocurrir.

María de la Concepción también consiguió, después de tres años presa en Morelos, que la trasladaran al penal de Tanivet, en su estado, que acoge menos de 200 presas del fuero común y federal, y donde por fin pudo ir a visitarla su familia, aunque su vida ya se ha desmoronado un poco: quien era su pareja dejó la relación, su madre está enferma y cada vez se le dificulta más ir a visitarla, tampoco puede ir su hijo mayor que tiene orden de aprehensión, y ella una vez más no estuvo en los festejos navideños ni en el cumpleaños 24 de la menor de sus hijas, que fue también en diciembre.

“Éramos una familia que cada momento lo festejábamos… Y pues ha sido duro… demasiado”, lamenta.

“Me dijo el licenciado que ahora está llevando mi caso (abogado particular), que qué pediría yo para ellos. Y le dije: lo único que pido es que ellos pasaran los mismos años que yo estoy pasando, para que vean lo que es perder momentos importantes en la vida de mi familia. Ni siquiera me gustaría que los manosearan, como ellos me manosearon a mí; solamente un poquito que ellos pasaran lo mismo que pasé”.

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