'Hará más mal que bien’: los peligros de apresurar vacuna contra COVID
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'Hará más mal que bien’: los peligros de apresurar la vacuna contra la COVID

La FDA adelantó que podría aprobar el uso de emergencia de una vacuna contra la COVID antes de que terminen los ensayos clínicos, pero varios expertos advierten que esto sería un "grave error".
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4 de septiembre, 2020
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El jefe de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), Stephen Hahn, adelantó que podría aprobar el uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus antes de que terminen los ensayos clínicos, algo sobre lo que varios expertos han advertido, tildándolo de “grave error”.

En una entrevista ofrecida al medio británico The Financial Times y publicada el domingo, Hahn insistió en que, de tomarse, la decisión será “científica, médica y basada en datos”, y no una respuesta política a las presiones del gobierno estadounidense para que se apruebe una vacuna.

A finales de agosto, el presidente Donald Trump acusó a la FDA de “retrasar” la aprobación de la vacuna hasta después del 3 de noviembre, fecha en la que los votantes acudirá a las urnas para decidir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

De darle luz verde antes de terminar la fase 3 de los ensayos clínicos, EE.UU. se convertirá en el tercer país en aplicar la polémica medida, después de que Rusia y China lo hicieran en agosto.

Cuando el 11 del pasado mes las autoridades rusas registraron su vacuna Sputnik V, asegurando que había demostrado ser “altamente efectiva y segura”, científicos en todo el mundo y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) acogieron con escepticismo.

Días después, el 20 de agosto, Moscú anunció que iniciaría las pruebas clínicas en 40.000 voluntarios en distintos países.

Vacuna contra el coronavirus.

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Rusia y China han aprobado vacunas contra el coronavirus sin culminar la fase 3 de los ensayos clínicos.

La fase 3 de los ensayos clínicos suele considerarse la más crucial, pues es la etapa en la que los investigadores tratan de ver cuán eficaz y segura es la vacuna probándola en decenas de miles de personas.

“En otras palabras, se busca la reducción real de los casos de la enfermedad en el número de personas que fueron vacunadas comparado con el mismo número de sujetos que no recibieron la vacuna”, le explicó hace semanas el doctor Ian Jones, profesor de Virología de la Universidad de Reading en Reino Unido, a BBC Mundo.

Si bien en las etapas previas también se evalúa el desempeño y la seguridad del producto, la fase 3 es la que “realmente te dice que la vacuna es capaz de prevenir que ocurra la infección”, según el virólogo británico.

“Falsas esperanzas”

Pero quizás el lado más peligroso de aprobar una vacuna antes de culminar todos los ensayos clínicos son sus posibles consecuencias.

Mijail Murashko.

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El ministro de Salud ruso ha desestimado las preocupaciones y dudas que genera el programa de vacunas Sputnik V.

En conversación con BBC Mundo, Jones explica que hay varios problemas asociados con que la vacuna sea aprobada demasiado pronto.

Lo primero es que podría generar falsas esperanzas: puede que la gente se apresure a ponerse la vacuna “cuando en realidad tal vez no sea la mejor vacuna, sino la primera que está disponible“.

“Esto causaría decepción en los individuos que se inmunizaron”, añade.

Según el experto, una vacuna que no funcione tan bien como debería podría extender la idea de que (la vacuna en general, todas las que se están desarrollando contra la COVID-19) es ineficiente y suscitar desconfianza dentro de la población. “Al final, una vacuna apresurada hará más mal que bien”.

“Simplemente le quitaría valor a todas las demás vacunas. Y le daría alas al lobby antivacunas, que se aprovechará de cualquier desliz. Es perjudicial para todo el mundo“.

Más difícil ponerle fin a la pandemia

Este lunes, la científica en jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, se unió a las advertencias de la comunidad de expertos y aseguró que autorizar una vacuna demasiado pronto y con pocos datos podría tener una variedad de consecuencias negativas.

Vacuna contra el coronavirus.

Reuters
La fase 3 de los ensayos clínicos es frecuentemente considerada como la más crucial, pero la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos está considerando saltársela.

“En primer lugar, hará que sea muy difícil continuar con los ensayos clínicos aleatorios”, dijo.

“Y en segundo lugar, existe el riesgo de que se introduzca una vacuna que no se haya estudiado de manera adecuada y que podría resultar que es poco eficaz y no cumple con el trabajo de ponerle fin a esta pandemia o, peor aún, que tenga un perfil de seguridad inaceptable”.

Para que una vacuna sea aprobada por la FDA, se debe haber demostrado que es segura y eficaz en función de los datos recopilados tras ser probada en miles de voluntarios.

Es un proceso de verificación que puede durar meses.

Swaminathan agregó que la aprobación del uso de emergencia de una vacuna debe realizarse “con mucha seriedad”, particularmente porque se trata de una decisión que “podría provocar efectos secundarios adversos” en algunas partes de la población.

Un pequeño riesgo de mutación

La confianza de la gente en una campaña de vacunación es crucial, por lo que aprobar una vacuna antes de que culminen todos los ensayos clínicos podría además limitar el número de personas que se dejarían inyectar.

Una niña recibiendo una vacuna.

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Ian Jones, profesor de Virología de la Universidad de Reading, dice el objetivo es tener una vacuna que nos inmunice completamente y no una que funcione a medias.

“Se trata de una preocupación muy seria, subraya.

“Si la gente piensa que la primera vacuna en ser lanzada lo ha sido por el simple hecho de ser la primera (en desarrollarse), pero no es necesariamente la mejor, podrían considerar que no vale la pena aplicársela, lo que llevaría a no querer ser inmunizados”, prosigue.

“Pero el peligro es que no querrían inmunizarse con una vacuna que funcione mejor y que podría venir después, y eso haría que el virus siga circulando”.

Jones considera poco probable que la vacuna no funcione del todo debido a las pruebas que ya se han hecho.

Pero otro riesgo, según explica, es que el virus podría transformarse y evitar la respuesta inmune generada por la vacuna aprobada con apuro, mutar en una forma ligeramente diferente, que ninguna de las vacunas podría combatir.

“No queremos una vacuna que funcione a medias”

Sin embargo, él no cree que las preocupaciones deban centrarse en cuán segura es la vacuna, sino en su eficacia.

El virus junto a una inyección.

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Soumya Swaminathan advierte que aprobar una vacuna sin finalizar todos los ensayos clínicos podría provocar efectos secundarios adversos en algunas partes de la población.

“No queremos una vacuna que funcione a medias, queremos una que nos inmunice completamente”.

“En realidad, pienso que todas las vacunas que están siendo probadas en la actualidad son bastante seguras y probablemente no le causarán ningún daño a quien las reciba. Pero cuando apruebas una vacuna que funciona mal, estás fijando expectativas sumamente bajas, y lo que venga después no tendrá la obligación de ser mejor”.

“Estarías abriéndole paso a una serie de genéricos que también van a funcionar mal“.

Para este virólogo británico esto es algo que se debe evitar, y para hacerlo la fase 3 del proceso debe ser culminada, probando la vacuna “en tanta gente como sea posible, para así conocer su resultado habitual con una dosis habitual“.

“Tomar atajos para lograr vacunas no es exactamente una buena idea. Sería un grave error”, concluye.

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Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Fondo de emergencia

Mexicanos desplazados que buscan asilo en EU, atrapados y sin ayuda en un campamento en Matamoros

La mayoría son centroamericanos y caribeños que cayeron en 'la telaraña' del programa “Quédate en México”, que los obliga a esperar al sur de la frontera por una cita para defender su caso de asilo.
Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Fondo de emergencia
22 de septiembre, 2020
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Alejandrina colocó una bandera tricolor en uno de los extremos del campamento de solicitantes de asilo de Matamoros, Tamaulipas, “para que no se olviden que aquí también habemos mexicanos”. Ondea en el lugar más próximo a la frontera con Estados Unidos, en lo que ahora es un barrio de tiendas de campaña, rodeado por una valla con la que el Instituto Nacional de Migración (INM) enclaustró a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, cubanos, pero también a mexicanos. Al otro lado del Río Bravo, que aquí ejerce de muro, las barras y estrellas: el lugar al que toda esta gente atrapada aspira a llegar en algún momento.

Más de un millar de solicitantes de asilo languidecen desde hace más de un año en este campamento de Matamoros. La mayoría son centroamericanos y caribeños que cayeron en la telaraña del programa “Quédate en México”, que los obliga a esperar al sur de la frontera por una cita para defender su caso de asilo. Pero también hay familias mexicanas que quieren pedir protección en Estados Unidos y que huyeron de sus casas por miedo a la violencia del crimen organizado. Ninguna institución les ha ofrecido solución. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se defiende argumentando que es el primero que ha reconocido el problema. Sin embargo, no hay programas de apoyo, ni siquiera un censo de cuántos mexicanos buscan asilo al otro lado. La Ley de Desplazamiento Forzado Interno lleva un año en trámites y debería pasar al Pleno de la Cámara de Diputados esta semana, según Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), pero aún cuando se aprobara en poco tiempo, está lejos de ser una solución.

Entérate: Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, pero fue deportada dos días después de dar a luz

La iniciativa plantea que esa dependencia sea la encargada de atender a los mexicanos obligados a escapar de la violencia que se convierten en desplazados internos. Es decir, que la Comar no solo se encargaría de la protección de los extranjeros que huyen y llegan a México —24 mil 271 solicitudes en 2020, en plena pandemia; 70 mil 609 el año pasado—, sino que también atendería a esos mexicanos que tuvieron que dejarlo todo.

Alejandrina Sánchez sostiene a su nieta en el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros, México, el martes 1 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

A sus 51 años, Alejandrina tiene ojitos pequeños dentro de un rostro redondo pero endurecido y carga en su cuerpo el peso de criar a seis hijos. Habla con carisma y autoridad, como la matriarca que es. Pasó toda su vida en Balcón de Pocitos, una minúscula comunidad rural de la sierra de Guerrero donde cultivaba la tierra y tenía todo el espacio del mundo. Ahora, sin embargo, está condenada a dormir en una tienda de campaña en Matamoros, Tamaulipas. Sus dominios son escasos y están limitados al tercer sector del campamento, el más alejado a la entrada, el área de los mexicanos. Quienes viven aquí tienen todos sus documentos en regla ya que están en su propio país. Pero también están atrapados. Buscan cruzar al norte porque temen por su vida. La frontera está cerrada desde que se desató la pandemia por Covid19, así que esperan aquí, como extranjeros en su propio territorio. En el México en el que más de 80 personas son asesinadas cada día, no confían en el gobierno para que les dé protección.

“Estamos aquí huyendo de la delincuencia”, dice la mujer, sentada frente a su carpa, un amplio espacio de plástico con colchonetas para dormir y reforzado con cobijas que protegen de la lluvia. Cuenta que el 13 de octubre de 2018, hace apenas dos años, mataron a su esposo, Felipe Atanasio Salcedo, en Tecpán de Galeana, Guerrero. Había un pleito entre propietarios de una empresa maderera de Balcón, su comunidad, y el hombre fue llamado para mediar. Tres días antes de la que él creía que sería la reunión definitiva, alguien le pegó siete tiros por la espalda. El primero ya le alcanzó en el corazón y lo dejó en el suelo, pero los sicarios quisieron asegurarse de que habían cumplido su trabajo.

“Mi hijo le empezó a marcar y nada, no contestaba. Él era de los que, timbrando, respondía, de los que no dejaba a uno así. Mi hijo le habló a mi hermana, y al rato le dijo: me acaban de avisar de que está uno tirado en la tienda, y es de Balcón”, explica, recordando el día en el que le cambió la vida para siempre.

Ese alguien que estaba tirado era su esposo. Andaba en la tienda porque había decidido darle una sorpresa y presentarse en casa sin avisar para pasar el fin de semana.

“La sorpresa que me llevé es que él yendo a comprar para llevarme algo a casa allá lo matan. Él no era un delincuente. No era nada. Le dieron siete balazos”, dice Alejandrina, sin poder contener las lágrimas. Todo este campamento está lleno de tragedias. Quedarse atrapados es otro paso más de vidas llenas de dolor, sangre, desigualdad y abuso. Para estas personas, el estado es solo el muro que les impide llegar a un lugar seguro. Ninguna autoridad se preocupó por ellas, ni arrestó a quien les hizo daño ni les garantizó que no se volvería a repetir. Cuando huyeron, entonces sí, había uniformados que se interponían en su camino y no les permitían llegar a Estados Unidos.

Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La policía dice que llegó y nada más que no lo levantaron, nadie dejaba que se acercara. Pero no hizo nada. Ni siquiera quisimos andar volteando en demandas. Porque aquí, si viste algo, quédate callado. ¿Te hicieron algo? Quédate callado. ¿Podemos denunciar? Para qué. Nadie te protege”, dice.

Más de 5 mil guerrerenses huyeron en 2019

Nunca hubo un detenido por el asesinato de Atanasio Salcedo. A las víctimas no se les protegió. Este es el resumen de la impunidad. De un país en el que el 99% de los delitos no se castigan, según la ONG Impunidad Cero y en el que solo en 2019, un total de 8 mil 644 personas se convirtieron en desplazados internos, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). De ellos, 5 mil 128 procedían de Guerrero, el estado del que Alejandrina y los suyos escaparon, el estado que más personas expulsa, atemorizados ante la posibilidad de que los maten. Por detrás quedan Oaxaca (mil 071 desplazados), Michoacán (704) y Chiapas (608).

Tras un año en shock, cuenta la matriarca que su familia se convirtió en nómada. Durante esos primeros meses que siguieron al asesinato de Felipe permanecieron en Balcón sin atreverse a bajar a la capital. Vivir en su pueblo como si fuesen presos era inviable, así que se marcharon a Colima, a 556 kilómetros al norte siguiendo por la costa del Pacífico. Allí tampoco encontraron la tranquilidad. “Había gente, conocidos de ellos”, explica, sin dar más detalles.

Para Alejandrina son ellos. En el campamento en el que malvive, en Matamoros, se habla de la maña. Es, sin concretar, una realidad a la que sus víctimas no llaman por su nombre. Dar detalles es hablar de más, resultar sospechoso, ponerse una diana a la espalda.

Poco duró la familia de vuelta en Guerrero. Los dos hijos pequeños, que ahora tiene 18 y 16 años, estaban en peligro. Un carro ya andaba detrás del menor, paseándose afuera de casa de sus tíos. Y el chavo se dio cuenta. Año y pico antes habían matado a su padre. Meses atrás huyeron a Colima. En esas condiciones uno desarrolla ojos en la espalda. “Él no quería que yo supiera porque me iba a preocupar”, dice Alejandrina.

“¿Qué cosa hacemos? ¿Esperar otro? ¿Esperar a qué? Siento que estando fuera del país, mis hijos van a estar a salvo. Mientras estemos en México ellos no van a estar a salvo”, explica la mujer. Esa es la disyuntiva cuando nadie te protege.

En medio del pánico, recién retornados de Colima, pero bloqueados ante el miedo de sufrir un atentado, uno de los hijos de Alejandrina tuvo una idea. Cruzó a Estados Unidos de mojado, como cientos de miles de compatriotas han hecho durante décadas. Cuando estaba en lugar seguro, llamó a su esposa, que atravesó el puente de Matamoros como solicitante de asilo.

Sandra Ocampos sostiene a su bebé recién nacido de 11 días que nació en Estados Unidos y luego fue deportado a México con su familia en el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros, México, el jueves 3 de septiembre de 2020. Fidel Salas y Sandra Ocampo cruzaron a los Estados Unidos Estados al otro lado del río Bravo, al día siguiente Sandra dio a luz para ser deportada una semana después de regreso a México a pesar de haber pedido asilo Fotógrafo:
Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Incentivada ante la noticia de que su nuera y sus tres nietos seguirían el proceso al interior de Estados Unidos, en Florida, decidió probar suerte y se llevó a los tres pequeños hasta Tamaulipas, a casi mil 500 kilómetros de distancia de Guerrero. Se recorrió todo el país con la esperanza de hacer lo mismo: tomar su número en una lista, aguardar unas semanas y cruzar al otro lado para explicar que a Felipe Atanasio Salcedo le dieron siete disparos y que teme que sus hijos puedan ser los siguientes.

Cuando ya estaba imaginando su vida al norte del Río Bravo, llegó el coronavirus y todas sus expectativas se vinieron abajo. Debido a la pandemia, el 21 de marzo Estados Unidos cerró la frontera a todo tránsito no esencial y todos los procesos, tanto migratorios como de solicitud de asilo, fueron suspendidos hasta nueva orden. Desde entonces, ningún mexicano recibió turno para ser atendido en la corte de asilo. Tampoco fueron procesados los miles de extranjeros que esperan para su cita siguiendo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), que les obliga a esperar en México.

La “nueva normalidad” es estar atrapado en un campamento

La nueva normalidad impuesta por la pandemia en la frontera es la suspensión de todas las garantías legales migratorias o de petición de asilo. Según el artículo 42, que es el que usa el gobierno de Estados Unidos para expulsar a quien cruza irregularmente, todas las personas son potenciales agentes de contagio de Covid19. Así que se les expulsa sin siguiera pasar por un centro de detención. Según este procedimiento, 147 mil 601 personas fueron devueltas a México, de las que 7 mil 131 eran centroamericanas. Muchos de estos migrantes eran por motivos económicos y este sistema les permite volver a intentarlo sin que su pasaporte quede marcado por la deportación. Sin embargo, quienes buscan protección por miedo a ser asesinados, son devueltos igual. Así que Alejandrina ni siquiera lo ha intentado.

Cuando la guerrerense llegó al campamento de Matamoros los mexicanos eran una colonia amplia. Minoritaria y poco conocida fuera de las tiendas de campaña, pero con entidad propia. Había gente llegada de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero. En total, unas 300 personas, de un total de 2 mil 500. Todos se ubicaban en el sector 3, el más informal de todos, el que está casi tocando con la frontera de Estados Unidos. Seis meses después del cierre de la frontera esta población ha menguado considerablemente. Apenas quedan 20 familias, todas ellas de Guerrero salvo una pareja que llegó de Chiapas. Entre ellas están, por ejemplo, Rocío, que escapa con sus dos hijos y llega desde Cuajinicuilapa, en la costa chica de Guerrero, desde donde huyó cuando le dijeron iban a matar al pequeño de todos. O Denia, con tres pequeños a su cargo, con su esposo en Estados Unidos y meses temiendo caer víctima de la persecución que sufría el marido. Conforme pasa el tiempo van desesperándose. Más aún cuando vieron cómo algunas de las carpas que los rodeaban antes ya se levantaron.

Que algunos ya no estén en el campamento no quiere decir que se hayan puesto a salvo. Son víctimas de un sistema que está pensado precisamente para eso, para darles la vuelta, para que se agoten. La pandemia por Covid19 fue el argumento perfecto. Estados Unidos, el país con mayor número de contagios y muertos (6.65 millones de contagios y casi 200 mil muertos al 17 de septiembre), cerrado a cal y canto bajo la excusa de que el virus le puede entrar por el sur. Ante este desgaste continuo, algunos pagaron a un pollero para ser conducidos a Estados Unidos y permanecer allí como ilegales. Otros se hartaron de vivir en carpas y rentaron un departamento allí mismo, en Matamoros. Los menos se regresaron por donde habían venido, al lugar en el que los amenazaron. O a otro punto de México en el que consideren que su vida corre menos peligro.

Felipe Atanacio descansa en una hamaca junto a su hermana y sobrino en el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros, México, el miércoles 2 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Los mexicanos ahora atrapados en Matamoros son un drama invisible al que nadie presta atención. Todavía no son solicitantes de asilo, porque ni siquiera han tenido oportunidad de presentar su caso ante la corte de Estados Unidos. Hasta el momento, son desplazados internos. Y, al día de hoy, no existe una sola institución que tenga un plan para ellos. Por no haber, no existe ni legislación específica. Ni, obviamente, un censo. La CMDPDH elabora anualmente un informe sobre desplazamiento interno en México. Según sus datos, desde 2016 hay un acumulado de 346 mil 945 personas que se vieron obligadas a dejar su casa por algún tipo de amenaza. Gente, como Alejandrina, a la que le habían matado al esposo, a un hijo, a un hermano, y a quien el Estado no garantizaba ningún tipo de protección.

Sin planes de apoyo para quienes tienen que dejarlo todo

“Muchas de estas personas que solicitan asilo, cuando se encuentran en esta situación, es que se han vulnerado sus derechos. Han sufrido amenazas o vulneraciones serias a los derechos humanos. Es una movilización muy justificada. Emigran, pero lo planean, sino que se encuentran en la situación en la que salen huyendo”, dice Mauro Santos, director de Desplazamiento Forzado Interno, de la subsecretaría de Derechos Humanos. Admite que ellos no disponen de datos oficiales ni programas específicos, pero asegura que han dado el primer paso: reconocer el problema. Asegura que para cuando alguien se plantea cruzar al otro lado como refugiado es que ya se ha movido por el país sin encontrar protección.

En los últimos años, el fenómeno de mexicanos que piden asilo en Estados Unidos está en auge. Según los datos de la Universidad de Siracusa, las cortes al otro lado del Río Bravo resolvieron un total de 38 mil 750 casos de asilo presentados por mexicanos, lo que le convierte en el quinto país en número de solicitudes, solo superado por China, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este indicador solo marca las demandas que ya fueron resueltas positiva o negativamente, pero no las pendientes. Según la oficina de asilo de Estados Unidos, las solicitudes pendientes a septiembre de 2019 eran 339 mil 836, aunque sin especificar por país de origen.

A pesar de todo, estos datos sirven para mostrar que el incremento de demandas de protección de mexicanos es exponencial. En 2001, por ejemplo, apenas 496 personas solicitaron asilo. En 2006, cuando Felipe Calderón declaró la denominada “guerra al narcotráfico”, esta cifra era incluso menor: 342. Sin embargo, con el inicio de la segunda década del siglo XXI las peticiones de asilo de mexicanos se multiplicaron: mil 176 resueltas 2011; 3 mil 267 en 2016; 7 mil 611 en 2019. En este año, y a pesar de que los procedimientos se cerraron en marzo a causa de la Covid19, hay 5 mil 103 solicitantes de asilo procesados por el sistema estadounidense.

Alejandrina pone toda su esperanza en que las fronteras se abran. Sin embargo, que la dejen cruzar no quiere decir que pueda quedarse eternamente. Aquí las estadísticas juegan en su contra. De los 38 mil 750 casos tramitados, 32 mil 975 fueron negados, por lo que a los solicitantes se les regresó a México.

La matriarca no quiere ni pensar en ello. Ahora solo le angustia pensar que la frontera está cerrada y que no parece que vayan a abrirla pronto. ”Yo digo que vieran mi caso. Si no abren, tendremos que ver. O regresarnos, pues. Pero igual. Si nos regresamos ya sabemos lo que nos espera”, explica.

En esta ecuación hay un elemento ausente: el estado mexicano. Animal Político consultó al Instituto Nacional de Migración (INM), la subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. No hay programa que trate el problema. Mauro Santos, director de Desplazamiento Forzado Interno, indicó que ellos trabajan un paso antes de que mujeres como Alejandrina se vean forzadas a pasar meses atrapadas en un campamento en la frontera. Sin embargo, no detalló cuáles son las acciones que desarrolla el gobierno federal. “Estamos tratando de desarrollar políticas públicas que no tengan que llegar a estos casos tan extremos”, dice Santos. Cierto es que, al contrario que administraciones anteriores, la de Andrés Manuel López Obrador reconoce la existencia de desplazados internos. Y sabe que estos, antes de recurrir a Estados Unidos han deambulado por diferentes estados buscando un lugar en el que estar a salvo.

“Estamos esperando que se apruebe la ley sobre desplazados internos”, explica Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar. El borrador de la iniciativa está todavía en comisiones, aunque podría pasar esta semana a la Cámara de Diputados.

Se trata de crear un programa de apoyo a una población que hasta el momento ha sido ignorada desde todas las instituciones de gobierno. Y, como recuerda Ramírez, el primero paso es dotar de recursos a una agencia que ya vio disminuir sus recursos de los 47 millones de pesos de 2020 a los 40 para el próximo año.

Nadia, ciudadana mexicana y solicitante de asilo, cocina en su cocina improvisada en el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros, México, el jueves 3 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Para que la ley sea efectiva los diputados deben aprobarla, enviarla al Senado y haría falta que se construya y apruebe un reglamento. Una eternidad para Alejandrina, que cada día se despierta más cansada, con menos fuerzas de hacer frente a la jornada. Ahí en el campamento tienen su plancha con la que hacer tortillas, una cocina improvisada entre el barro y la madera y hamacas colgadas de los árboles.

“Uno se para sin ganas. Hace el desayuno, el almuerzo, el rato va pasando. Todos los días son lo mismo”, dice. Siendo mexicanos, podrían ir a donde quieran, nadie se lo impide. Sin embargo, ella explica que apenas sale del campamento tienen miedo de lo que hay afuera y gastaron casi todos sus recursos en el viaje a Matamoros.

La verja con la que el INM cerró el campamento es la penúltima afrenta. Ni bañarse en el río les dejan ahora, convertidos en casi presos en un país que no es capaz de protegerlos. “Yo ya no aguanto”, se queja la mujer.

La última esperanza llega en forma de rumor. “Dicen que hay abogados y que hay opción a Canadá. Y si no, para todo se ocupa el dinero, pero buscar. Buscar si se pudiera, aunque sea con permiso de trabajo. Lo que sea, pero fuera de México”, dice. Solo durante este año, 1,935 mexicanos llegaron hasta Canadá para pedir asilo, el 12.6% de las 15,350 que se recibieron, lo que le pone a la cabeza en solicitudes de protección.

Desesperada, Alejandrina ya baraja cualquier opción. Y, si tuviese que regresar, solo pide que sea sin sus hijos. “Yo voy de salida, digo yo que no me hacen nada, pero ellos…”

El campamento de Matamoros se acerca cada vez más a una cárcel en la que cientos de hombres, mujeres y niños que buscan vivir sin violencia en Estados Unidos se ven obligados a languidecer en uno de los estados mexicanos con mayor presencia del crimen organizado. El gobierno de López Obrador se comprometió con Donald Trump a hacer lo posible para que guatemaltecos, hondureños o salvadoreños no se acerquen al muro ni intenten cruzarlo. La paradoja es que, entre todos ellos, también hay mexicanos a los que su propio gobierno, el que despliega miles de agentes de la Guardia Nacional para impedir el tránsito de los centroamericanos, es incapaz de proteger.

Este trabajo se realizó con apoyo de National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

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