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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

SSPyPC
El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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Especial

246 tareas civiles se han trasladado a las Fuerzas Armadas en este sexenio

El senador Emilio Álvarez Icaza señaló que militares y marinos tienen a su cargo tareas que antes eran civiles como entrega de libros, construcción de obras y control migratorio.
Especial
13 de octubre, 2021
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A lo largo del actual sexenio se ha llevado a cabo un proceso de militarización de tal magnitud que, de acuerdo con la Plataforma de Protección de Datos Abiertos, ha documentado 246 labores civiles que han sido trasladadas a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina.

Así lo dio a conocer el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del recién creado Grupo Parlamentario Plural, durante su mensaje con motivo de su informe de labores.

“De esas 246 (labores en manos de los militares), no hay información pública del presupuesto destinado en 140; no hay información pública porque se abusa del tema de la seguridad nacional para la secrecía y la opacidad. Son 138 labores federales, 109 en materia estatal, entre ellas control migratorio, distribución de libros de texto gratuitos, entrega de fertilizantes, construcción y futura administración de los aeropuertos Felipe Ángeles y de Tulum, la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, el control militar en puertos y aduanas, militarización de la educación mercante naval, la construcción parcial y futura administración de un tramo del Tren Maya, sólo por mencionar algunos”, enumeró.

El senador también reprochó que en este debate ha habido un gran ausente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que se han interpuesto cuatro acciones de inconstitucionalidad, cinco controversias constitucionales y dos amparos para frenar la militarización. Además de eso, Álvarez Icaza alertó del avance del autoritarismo en el país, muchas veces con la aprobación del Legislativo.

“La prisión preventiva oficiosa, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera sin control judicial, la estigmatización a los adversarios, el bloqueo que se hizo para eliminar el arraigo, la regresión que se ha dado a los derechos de las víctimas, la profundización de la militarización, la regresión en la reforma de la Fiscalía General de la República, la reforma autócrata del Poder Judicial, los excesos de la Ley de Dominio son sólo algunas de esas piezas que marcan ese México autoritario que mucho preocupa”, afirmó el legislador.

Gobierno falla en manejo de pandemia y transparencia

En su mensaje, dijo que lo que vive actualmente el país es muy diferente a lo que vivió en 2018 debido a dos factores fundamentales: uno global como la pandemia de COVID-19, la cual fue manejada negligente e ineficazmente, causando miles de muertes, y el segundo es el resultado electoral que significó un referéndum o evaluación de lo hecho por el actual gobierno.

“La distancia entre lo que se ofreció y lo que se realizó llevó a una composición distinta de la Cámara de Diputados. Hoy hay una composición distinta, la gente mandó un mensaje de equilibrios y de límites (…) Mucha gente votó por la oposición no para regresar la confianza perdida, sino porque fue el instrumento de castigo a los errores y por eso es tan importante que se entienda el momento demócrata y también tiene que leerse con mucha claridad y no interpretar mal”, aseveró.

Quien fuera titular de la Comisión de Derechos Humanos en la capital del país también cuestionó el autoritarismo de las actuales autoridades de la Ciudad de México con la represión a los opositores. 

En cuanto al combate a la corrupción, Álvarez Icaza sostuvo que en este sexenio permanece el pacto de impunidad y no sólo eso, sino que se ha renovado.

“Ya vimos al señor Lozoya en un restaurante de lujo, y en cambio persiguen a los científicos; ojalá dieran a los científicos el trato que le dan a Lozoya, o a los periodistas. Aquí no se está entendiendo el problema estructural de la debilidad de la justicia (…) lo que se hizo como una oferta de Estado para las víctimas, para las organizaciones, ha quedado como una promesa incumplida más”, afirmó.

También destacó “la dramática situación que se vive en materia de migración” al calificar como una “absoluta vergüenza” lo que ha hecho el actual gobierno, pues México se ha convertido de facto en el muro de Trump.

“Se abandonó la tradicional política de solidaridad para abrazar férreamente la política de seguridad nacional con el uso de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional militarizada, del Instituto Nacional de Migración militarizado. Lo que está haciendo el Gobierno de México con los migrantes es un absoluto exceso y absolutamente contradictorio a todas nuestras obligaciones internacionales”, sentenció.

De igual forma cuestionó la inacción de las autoridades en la búsqueda de miles de desaparecidos, la cual es de tal nivel que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas lleva 15 meses sin titular.

“El Presidente ofreció recursos ilimitados y la Comisión Nacional de Búsqueda tiene 89 personas y un presupuesto de operación de 52 millones de pesos. Ése es el presupuesto y esa capacidad operativa para buscar a 90,000 personas; en este sexenio van 21,000 desaparecidos, ya sin hablar del debilitamiento de la Secretaría de Gobernación en su área de Derechos Humanos y por supuesto de los gobiernos estatales ausentes y sumisos”, aseveró.

Plural es ‘vacuna’ contra polarización

Al entrar de lleno en su labor legislativa, Álvarez Icaza enlistó que se han hecho 127 acciones legislativas, de las cuales 66 fueron iniciativas de reformas constitucionales, 51 puntos de acuerdo y 10 comunicaciones exitativas. Recordó que votaron en contra o en abstención en el 70% de las veces.

Añadió que sólo tiene inasistencia en 7.7% de las sesiones del Senado y todas sus ausencias están justificadas. En las sesiones de las dos comisiones a las que pertenece (Derechos Humanos y Zonas Metropolitanas y Movilidad) reporta un 100% de asistencia.

Destacó también la conformación del nuevo grupo parlamentario e informó que su coordinación será rotativa.

“Sí creemos que el Grupo Plural es una de las vacunas contra la polarización”, dijo. Y añadió que tendrán al menos cuatro prioridades: la lucha por la justicia social y contra la desigualdad, avanzar contra el cambio climático, la consolidación democrática y la construcción de la paz.

Detalló que impulsarán una reforma fiscal que permita reducir la inequidad en el país.

“Es el momento oportuno para una reforma tributaria, los programas sociales no alcanzan para cambiar la desigualdad estructural; si no nos metemos de fondo a una reforma se van a reproducir las desigualdades. En este país los pobres heredan pobreza”, detalló.

En torno a la iniciativa de reforma eléctrica, Álvarez Icaza reiteró su rechazo a la propuesta del Ejecutivo pues se tiene que apostar por energías renovables, por hacer frente a la globalización y al incremento constante de la demanda, pero también se tiene que garantizar que en estos procesos no se erosione la democracia.

“Estamos convencidos que la construcción del futuro no sólo pasa por entender que no hay una versión de futuro desde la construcción de la normalidad, por supuesto que hay que hacerse cargo de las desigualdades sociales, hay que hacerse cargo de que hay muchas personas, millones, en hambre y la pandemia los dejó peor, y que hay muchas personas que viven en condiciones de indignidad, eso no es aceptable para ninguna, ninguna democracia del mundo”, concluyó.

 

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