"Los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza”
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"Los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza”

El asesinato de dos periodistas en Tijuana encendió las alarmas sobre la seguridad del municipio fronterizo. BBC Mundo viajó hasta allí para conocer los temores de los reporteros.
28 de enero, 2022
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El silencio en el velorio de la periodista mexicana Lourdes Maldonado en Tijuana era solo roto por el sonido de las cámaras fotográficas de quienes acudieron a despedirla y, a la vez, cubrían la noticia como colegas de profesión.

El gremio periodístico de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos aún se estaba recuperando del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez el 17 de enero cuando Maldonado era disparada en su auto frente a su vivienda el pasado domingo.

No había pasado ni una semana. Demasiado incluso para una ciudad casi acostumbrada a sufrir altos niveles de violencia y para los reporteros que, de ser testigos de cinco homicidios diarios como promedio el año pasado, han pasado en 2022 a ser víctimas de ellos.

“Lourdes decía: ‘A Margarito lo cazaron en su casa’, sin saber que unas horas después la iban a matar igual a ella”, le dijo a BBC Mundo aguantando el llanto frente a la funeraria Rocío Galván, periodista de Radio Fórmula.

Quien fuera su colega durante años como reporteras en Televisa recordaba a Maldonado como una mujer “valiente, sin filtros y visceral”.

La periodista logró la atención de todo el país cuando en 2019 se plantó en una conferencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle que temía por su vida a raíz de un conflicto laboral que mantenía con su antigua empresa, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, quien negó tener ninguna vinculación con el asesinato.

“Pero aquello no le garantizó nada”, lamentaba Galván.

López Obrador pidió no adelantar juicios ni “hacer politiquería” y aseguró que el caso no quedará impune tras una investigación “a fondo”.

Velorio de Lourdes Maldonado

Marcos González
Familiares, amigos y colegas particiaron en el velorio por Lourdes Maldonado.

Pero muchos de los periodistas de esta ciudad no confían en las promesas. Se sienten solos y tienen miedo ante la nula protección que reciben para ejercer su trabajo destapando casos de corrupción o narcotráfico a cambio de unas precarias condiciones económicas.

Y a ellos se dirigió en el velorio uno de los hermanos de Lourdes, Hugo Maldonado.

“Es una desgracia, no solo para mi familia, sino para ustedes. Les digo que se cuiden, que en cualquier momento puede sucederles algo así”, dijo visiblemente afectado quien habló en nombre de la familia para afirmar que perdonaban a los asesinos de su hermana.

“Si vas a cubrir la guerra , compras ese riesgo. El problema es que aquí en Tijuana te atacan cobardemente”, destacaba Galván.

Rocío Galván

Marcos González
La periodista Rocío Galván fue compañera de profesión de Maldonado.

Protección ineficaz

Pero el grado de indefensión de estos profesionales quedó aún en mayor evidencia tras conocerse que Maldonado formaba parte de un Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que no pudo salvarle la vida.

Accedió a él después de que dispararan contra su vehículo en marzo del año pasado. Entre sus medidas, contaba con un botón del pánico dentro de casa para contactar con la central de policía en caso de emergencia, rondas de los agentes y vigilancia permanente en horario nocturno.

“Está claro que el sistema no está salvando vidas ni nos está quitando riesgo”, critica con firmeza Sonia de Anda, periodista y consejera del programa de protección, al que asegura que entró a formar parte “para criticarlo y exponerlo en público desde dentro”.

Sonia de Anda

Marcos González
Sonia de Anda (a la izquierda, en su programa) es consejera del Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en Baja California.

Vecina del sur de la ciudad de San Diego, en California, Tijuana es un municipio que convive con las ventajas e inconvenientes de compartir frontera con Estados Unidos.

Al incesante intercambio comercial se suma la fusión cultural que hace que escuchar inglés en sus calles sea de lo más habitual, igual que ver grandes zonas comerciales o drive-thru para degustar comida chatarra sin bajarse del auto en los que se refugian los conductores entre el tráfico desordenado.

Frente a ello, su ubicación estratégica la condena a ser campo de batalla para los carteles de droga que quieren controlar la zona. En una ciudad de menos de dos millones de habitantes, el año pasado se registraron 1,932 asesinatos. Los vecinos explican que cuando se limpia el canal por el que pasa el río Tijuana, que atraviesa la ciudad, a veces aparecen cuerpos.

Anuncio en Tijuana

Marcos González
México, EE.UU. (y el muro) se mezclan en Tijuana.

Pero el gremio de periodistas tijuanenses había logrado esquivar más o menos esta monstruosa violencia, dice De Anda. El último homicidio allí de un comunicador por causas relacionadas con su trabajo se remonta a 2004: el de Francisco Ortiz Franco, editor del legendario Semanario Zeta especializado en temas de narcotráfico.

“Pero, después de estos dos asesinatos, los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza, que el foco está centrado en nosotros. Es como si fuéramos su blanco”, le dice a BBC Mundo justo tras finalizar su programa de televisión, en el que habló de sus colegas asesinados y de la falta de protección.

De Anda afirma que se sienten indefensos, en tensión y poco valorados al tener que trabajar “en muchos casos, por 8,000 pesos mensuales (US$385) y sin prestaciones laborales. Peor que un trabajador de maquila”, denuncia.

“Esto nos ha puesto en una situación de riesgo que ya no sabemos ni cómo protegernos, si confiar o no en las instituciones, o cómo hacerlo. Así estamos trabajando”.

Peligrosa profesión

El hartazgo de los periodistas de Tijuana es realmente extensible a todo el país. Por eso, decenas de ciudades acogieron el martes protestas en repulsa a la violencia que sufre el sector y que no dudó en movilizarse.

Periodistas en Tijuana

AFP

México es, de hecho, el país más peligroso del mundo para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que en 2021 contabilizaron entre siete y nueve profesionales asesinados, respectivamente.

En menos de un mes en lo que va de año, son ya tres las víctimas en el país, donde más del 90% de crímenes contra periodistas queda impune.

“Si permites que los delitos queden impunes mucho tiempo, creas un incentivo muy grande para la gente que quiere callar a la prensa”, criticó Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ en México.

Asimismo, destacó la connivencia que existe entre funcionarios públicos, policía, políticos y delincuencia organizada; e hizo un llamado a que “el Estado mexicano empiece a asumir la responsabilidad de que está muy claro que no puede, o no quiere, proteger a los periodistas”.

Jan-Albert Hoosten

Marcos González
Jan-Albert Hoosten cree que el gobierno de México aún tiene mucho que hacer para proteger a los periodistas.

El miércoles, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, nombró a un fiscal especial para investigar los asesinatos de los periodistas y dijo que se trabajará en un proyecto para reclasificar este tipo de crímenes con penas más duras.

BBC Mundo solicitó una entrevista con la Fiscalía Estatal de Baja California, pero hasta la pulicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Hoosten, del CPJ, hizo estas declaraciones para BBC Mundo en el cementerio donde este jueves se ofició el entierro de Lourdes Maldonado entre familiares y amigos. “¡Vuela alto, tía!”, exclamó emocionada una de sus sobrinas cuando se liberó un grupo de palomas blancas.

Vivir con escolta

Muy cerca, el periodista tijuanense Antonio Maya seguía la ceremonia para reportarlo en uno de los medios para los que trabaja. También muy cerca, un escolta seguía discretamente los movimientos del reportero.

Maya se adhirió al sistema de protección estatal después de recibir amenazas por haber defendido a una colega en un enfrentamiento y descubrir, asegura, a una pareja de estadounidenses apostados en una furgoneta frente a su casa vigilándole.

Funeral de Lourdes

AFP
El funeral por Maldonado tuvo lugar este jueves en Tijuana.

Por este motivo, la Fiscalía estatal le recomendó tener esta protección. BBC Mundo pasó varias horas con el joven comunicador para comprobar cómo el acompañamiento de un escolta durante buena parte del día desde hace menos de una semana cambió por completo su rutina.

“Ya no ando tanto en la calle, nada más redacto, me quedo en el carro y luego regreso a casa. Una vez que llego, ya no salgo por si hay alguien afuera esperándonos”, reconoce junto al Palacio Municipal de Tijuana, mientras espera recibir algún aviso para acudir a cubrir alguna noticia o suceso del día.

Dice que sí se siente más seguro, pero acepta con sorprendente resignación que su destino puede estar escrito, cuente o no con protección.

Antonio Maya y su escolta

Marcos González
Antonio Maya vive con un escolta durante buena parte del día.

“Soy muy consciente de que la persona que te va a matar, lo va a hacer porque está decidido y es su trabajo, por mucha escolta que tengas. Eso es parte de la realidad”, le cuenta a BBC Mundo sentado en el Monumento a la Madre, empapelado con fotos de decenas de desaparecidos en la ciudad.

Ese clima de violencia, admite, está de algún modo siempre presente en sus vidas. “Aquí tenemos ya tan normalizada la violencia que damos por hecho que cada día habrá una nota de muertos en los medios”.

No sabe cuánto tiempo tendrá que seguir llevando escolta, pero hay algo que sí tiene claro: esto no le hará dejar su profesión. “Aunque mi padre me decía que esto era peligroso, creo que dedicarme a ello es de las mejores decisiones que he tomado. Me gusta hacer periodismo, tenga las implicaciones que tenga”.

La periodista De Anda coincide en convicción. “Los crímenes de periodistas en Tijuana nunca han limitado a los compañeros en su trabajo. Y aunque nos amenacen, algunos decimos que no nos vamos a ir. Y si vienes por mí, aquí estoy”, asegura.

Casa de Lourdes Maldonado

Marcos González
La casa de Maldonado aún estaba acordonada por los investigadoes.

Mientras la vida continúa en la vibrante Tijuana, el tiempo permanece detenido para siempre en la vivienda de Lourdes Maldonado.

Las casetas de sus tres gatos y su perro Chato están ya vacías, después de que las dolorosas fotografías de su pitbull apostado frente a la casa a la espera de su dueña al día siguiente de su asesinato dieran la vuelta al mundo.

Cuatro días después, aún podían verse en el suelo los vidrios de su auto destrozados por las balas en una imagen desoladora que hacía inevitable acordarse de la soledad y abandono que denuncian sufrir los periodistas de esta ciudad tan llena de gente.


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Cuartoscuro

Liconsa pagó 811 mdp para comprar leche que nunca le entregaron; FGR indaga posible desvío

La empresa pública distribuidora de leche pagó más de 800 mdp a empresas que no cumplieron con los contratos firmados o que subcontrataron a otras para hacerlo.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Zedryk Raziel
15 de marzo, 2022
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Liconsa, la empresa dedicada a vender leche a bajo costo a los más pobres, pagó 811.9 millones de pesos de recursos públicos a 13 empresas sin que estas cumplieran con la entrega del alimento, y pese a que su giro no estaba relacionado con la producción y comercialización de productos lácteos. Además, en la mayoría de las veces, subcontrataron a otras compañías. 

Este caso forma parte de las más de 20 investigaciones por presunto desvío de recursos, lavado de dinero y corrupción ocurridos en Segalmex y sus compañías operativas, Liconsa y Diconsa, entre 2019 y 2020. Estos casos fueron denunciados penalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Fuentes ministeriales confirmaron a Animal Político que por órdenes del fiscal Alejandro Gertz Manero se está verificando el posible vínculo de estas contrataciones irregulares en Liconsa con otros casos de corrupción, toda vez que se podría tratar de hechos relacionados y no de casos aislados.

Los convenios y contratos bajo investigación fueron asignados de manera directa y firmados por René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, y quien es investigado también por la colocación irregular de certificados bursátiles con recursos públicos de ambas instituciones.

Aunque varios proveedores declararon a los auditores que suspendieron el cumplimiento de los contratos por falta de pago de parte de Liconsa, la ASF detectó que la paraestatal les hizo depósitos millonarios sin justificación, es decir, sin que las empresas ni la institución comprobaran la entrega de los bienes adquiridos.

Las investigaciones de la FGR alcanzan a los propios proveedores de Liconsa y a las compañías subcontratadas, pues hay indicios de que se coludieron para derivarse o intercambiarse los beneficios de los convenios y contratos en distintas adjudicaciones.

Aseguran negocio plurianual

En una auditoría de gestión financiera de Liconsa en la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que la paraestatal benefició con convenios de colaboración plurianuales para la producción de leche y derivados lácteos a las razones sociales Grupo Vicente Suárez 73, SA de CV; Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna, SA de CV (Coprolac); Agua Embotellada Monterrey, SA de CV; Distribuidora Mexicana Agronómica, SA de CV, y Pasteurizadora Maulec, SAPI de CV.

Puesto que se trató de convenios de colaboración, y no de contratos, Gavira Segestre —quien fungió como director de Administración y apoderado legal de la paraestatal— evadió procesos de licitación; además, indebidamente, en los convenios se prevé la subcontratación de terceros por parte de las razones sociales adjudicadas, irregularidades que violan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La ASF encontró siete convenios de colaboración suscritos con dichas compañías entre junio de 2019 y mayo de 2020, vigentes entre tres y cinco años. La Auditoría obtuvo información bancaria que comprueba que, al amparo de dichos instrumentos, se pagaron 293.4 millones de pesos sin justificación a dichas razones sociales.

Una de las principales irregularidades fue hallada en los dos convenios entregados a Grupo Vicente Suárez 73 por un periodo de cinco años para la fabricación de productos y derivados lácteos y por los que en 2020 Liconsa pagó 140.7 millones de pesos.

Esta empresa pertenece a Alejandro Puente Córdoba, empresario de las telecomunicaciones que en el sexenio de Felipe Calderón estuvo involucrado en escándalos de corrupción, de acuerdo con una investigación de MCCI.

Grupo Vicente Suárez 73 suscribió los convenios en diciembre de 2019 y, un mes después, en enero de 2020, modificó el objeto de la sociedad para incluir la producción, maquila, distribución y comercialización de productos lácteos y sus derivados, incluyendo leche en todas sus formas. Es decir, la razón social modificó el giro de su negocio para justificar la recepción de los convenios.

Además, Grupo Vicente Suárez 73 subcontrató el 100% de los servicios con la empresa Productos Loneg, SA de CV, ubicada en Gómez Palacio, Durango, para realizar el secado de la leche a fin de producir leche en polvo.

Productos Loneg, que forma parte de un conglomerado de 12 empresas llamado Grupo Lucero, también fue subcontratado por otro proveedor de Liconsa, Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), al que la paraestatal pagó sin justificación 10.9 millones de pesos por tres convenios de producción de leche y derivados lácteos. Coprolac también subcontrató a la empresa Industrializadora de Alimentos Mexicanos, SA de CV (Indamex), localizada en Zamora, Michoacán.

Otro proveedor, Pasteurizadora Maulec, no solo fue beneficiado por Liconsa con un convenio plurianual a tres años, sino que, además, fue subcontratado por otros proveedores de la paraestatal.

Directamente, Maulec recibió transferencias sin justificación por 86.4 millones de pesos. Pero, además, esa empresa fue subcontratada por Distribuidora Mexicana Agronómica (que recibió pagos irregulares de Liconsa por 51.2 millones de pesos mediante otro convenio) y Agua Embotellada Monterrey (a la que Liconsa depositó 4 millones 61 mil pesos).

De hecho, el representante legal de Maulec declaró que su empresa se hizo acreedora a un convenio con Liconsa tras haber demostrado tener capacidad para cumplir los contratos de otros proveedores.

“Derivado del incumplimiento de la empresa Agua Embotellada Monterrey, SA de CV, quien tenía un convenio o contrato con Liconsa, esta empresa nos contrató para hacer frente a su contrato o convenio, dado que mi representada contaba en 2020 con la capacidad de producción suficiente, por lo que Liconsa vio que teníamos la capacidad de producción y nos reunimos con el C. (Gavira Segreste), de lo cual se derivó el convenio que se nos adjudicó”, indicó el representante a la ASF.

Proveedores sin infraestructura ni experiencia

La FGR indaga contratos adjudicados de manera directa para la adquisición de leche a tres empresas cuyos giros no están relacionados con la venta de ese producto y que subcontrataron a terceros para cumplir sus obligaciones con Liconsa. 

Se trata de las razones sociales 5 MPS Magament, SA de CV; Comarket, SA de CV, y Grupo AS2, SA de CV, a las que Liconsa hizo pagos irregulares por 292.8 millones de pesos.

La empresa 5MPS Management se constituyó en febrero de 2017 con el objeto social de comercializar, fabricar, arrendar y transportar toda clase de bienes muebles e inmuebles, insumos y materias primas.

La Auditoría le reportó a la FGR que esta empresa comparte oficinas y representante legal con Pasteurizadora Maulec, que también fue contratada por Liconsa y subcontratada por otros dos proveedores.

Comarket declaró en su objeto social dedicarse al comercio de “toda clase de materiales, instrumentos, maquinaria, equipos y servicios en general”. Esta empresa compró leche —para cumplir sus contratos con Liconsa— a las razones sociales Industrializadora de Alimentos Mexicanos (Indamex) —subcontratada por Coprolac en otro convenio—; Beta Santa Mónica, SPR de RL de CV; Agrícola Ganadera La Estancia, SPR de RL de CV, y La Finca de Lagos, SA de CV, entre otras.

Un tercer proveedor, Grupo AS2, dedicado a la comercialización de software y equipo de cómputo, subcontrató a Comarket —que a su vez compró leche a terceros—, Coprolac, Indamex, Beta Santa Mónica y Agrícola Ganadera La Estancia, entre otras compañías. 

Otro proveedor de Liconsa, Articuladores de Factores Económicos, SA de CV, subcontrató prácticamente a las mismas intermediarias mencionadas, aun cuando esta sí tenía como objeto social la comercialización de leche. Entre las compañías tercerizadas destaca Productos Loneg, que pertenece a Grupo Lucero.

Liconsa hizo depósitos por 51.4 millones de pesos a Articuladores de Factores Económicos, uno de cuyos delegados es, a su vez, representante legal de Grupo Vicente Suárez 73, Alejandro Puente.

Por último, el proveedor ILAS México, SA de CV, recibió pagos injustificados de Liconsa por 174.1 millones de pesos. La ASF detectó que los contratos con esta empresa carecían de firmas, y que se intentó ocultar decenas de comprobantes de pagos efectuados por la paraestatal. 

El Grupo Lucero

En las investigaciones de la ASF resalta Grupo Lucero, del empresario Felipe Santiago López Negrete Murra.

A través de cuatro sociedades, Paralelo 80, SPR de RL de CV; Carrusel 99, SPR de RL de CV; Rancho Lucero, SPR de RL, y Paralelo 60, SPR de RL de CV, López Negrete Murra obtuvo contratos de venta de leche por los que Liconsa le pagó 454.2 millones de pesos. 

Esos contratos no están en investigación por incumplimiento, pues la ASF corroboró que los proveedores sí entregaron los bienes adquiridos. 

No obstante, se detectó que ninguna de dichas empresas empleó al personal a su cargo para cumplir con los contratos, sino que los servicios fueron prestados por personal contratado a través de Productos Loneg, que pertenece al mismo Grupo Lucero, pero que nunca fue formalmente proveedor de Liconsa. 

Productos Loneg era al mismo tiempo intermediario subcontratado de Grupo Vicente Suárez 73, para quien maquilaba el secado y la extracción de crema de la leche que debía entregar a Liconsa.

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