Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a EU
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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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Jesús Santamaría

Becas por discapacidad: la mitad no logra obtenerla; servidores de la nación deciden

En México hay casi 21 millones de personas con discapacidad, pero el programa solo tiene como meta llegar a un millón, es decir, apenas 16% de ellas.
Jesús Santamaría
Por Manu Ureste y Data Cívica
23 de septiembre, 2021
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A los cinco años, los padres de Carolina comenzaron a notar que su hija no volteaba cuando le hablaban o la llamaban por su nombre, ni se sobresaltaba con los ruidos fuertes, ni pronunciaba palabras sencillas para su edad.

La llevaron con un especialista y tras unos estudios les confirmaron la sospecha: Carolina nació sorda. Una discapacidad a la que, años después, se le sumó un quiste en el cerebro que le dejó crisis convulsivas y una pérdida progresiva de la visión que ahora, a sus 45 años, la obligan a usar unos lentes especiales.

A pesar de las dificultades, Carolina Flores, natural del municipio de García, en Nuevo León, logró abrirse camino en el mercado inmobiliario como asesora de ventas autónoma. Y las cosas, explica en entrevista mediante mensajes de texto, no le estaban yendo mal, hasta que en 2020, con la pandemia de COVID-19, el trabajo, las ventas, y los ingresos, se hundieron.

“En todo el año solo vendí una casa”, asegura.

Para paliar la falta de ingresos y de seguro social, trató de acceder a la beca de 2 mil 700 pesos mensuales que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece a personas con discapacidad permanente.

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Un día, narra Carolina, un joven tocó a su puerta. Era un integrante de los Servidores de la Nación, el equipo que se encarga, entre otras funciones, de elaborar los censos de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar. El joven preguntó por un niño de seis años con discapacidad, que vive en su misma calle, para inscribirlo en la beca. Y Carolina aprovechó la ocasión para explicarle que ella también quería aplicar.

Pero el encuentro con el voluntario fue un desastre, dice la mujer.

“Era un muchacho que no sabía nada de cómo tratar a personas sordas. Me gritaba, aunque no tenía caso que lo hiciera, porque no puedo escucharlo. No tenía conocimiento, ni capacitación, ni tampoco empatía”, lamenta Carolina, que al final optó por acudir con un acompañante que hablara por ella a la oficina de Bienestar más cercana, en Guadalupe, Nuevo León, a una hora en carro.

Allí las cosas tampoco fueron fáciles: los funcionarios le informaron que para conseguir la beca tenía que entregar una larga lista de documentos, entre ellos, un certificado médico, un comprobante de discapacidad, y una audiometría.

Pero ni entregando todo eso, le advirtieron, podría optar a la ayuda.

“No me la dieron porque tengo 45 años, y porque, según ellos, vivo en una colonia bien, que no es pobre. Pero yo me pregunto: ¿qué importa donde viva y mi edad si necesito esa ayuda? Para mí eso es discriminación”.

Como respuesta, Carolina dice que los funcionarios le explicaron que hay mucha demanda por recibir la beca, y que éstas se están priorizando entre niños, niñas, adolescentes y menores de 30 años, y entre personas de 30 hasta 64 que vivan en municipios indígenas, afromexicanos, y personas de 30 a 67 que habiten en municipios de altos índices de pobreza, diferentes a los que son indígenas.

Carolina recurrió entonces a una organización civil que integra a unas 45 personas sordas en su comunidad, muchos de los cuales están actualmente sin trabajo. Quería probar si en grupo era más fácil acceder a la ayuda. Ahí se encontró con que no era la única en esa situación.

“Nadie en mi comunidad ha logrado ese apoyo, que para mí es una mentira”, critica la regiomontana. “Porque no es una beca para todos. No es universal —recalca—. Es un programa hecho a medida para beneficiar solo a los que les conviene al Gobierno”.

6 millones con discapacidad, becas solo para 1

Entre 2019 y lo que va de 2021, la Secretaría de Bienestar del gobierno de López Obrador ha gastado 36 mil 800 millones de pesos en beneficiar con becas bimestrales a la población con discapacidad en México, de los que algo más de 10 mil millones se ejercieron solo en el primer semestre de este 2021.

Sin embargo, en estos casi tres años de operación, el alcance de la beca ha sido realmente corto. Y lo ha sido desde el planteamiento mismo del programa, que, en efecto, no es universal: en el país hay casi 21 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de las cuales, 6 millones 179 mil personas tienen discapacidad permanente, según datos del censo de población 2020 del INEGI. El programa, en cambio, tiene como meta llegar a 1 millón de beneficiarios; es decir, apenas a un 16% de ese universo.

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Por ello, tal y como explicaron los funcionarios de Bienestar a Carolina Flores, el programa da prioridad a los tres sectores de población: niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años, y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 65, que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas, o en municipios con alto o muy alto grado de marginación.

La organización civil Data Cívica, en un análisis para este reportaje, calculó con datos del INEGI y del Instituto de Población Indígena (INPI) que con esta priorización que hace Bienestar, el universo a atender se reduce a 1 millón 925 mil personas que son niños, niñas, jóvenes hasta 29, personas indígenas o afromexicanas, y adultos que viven en municipios con altos niveles de marginación.

Pero esta cifra implica dos cosas: que más de 4 millones 250 mil personas con discapacidad se quedan fuera del rango para poder optar a la ayuda; y que el grado de cobertura, teniendo en cuenta solo a esos casi 2 millones que sí cumplirían los requisitos, sigue siendo bajo: en 2019, el primer año de operación de la beca, fueron beneficiadas 837 mil personas, el 43% de la población objetivo. Es decir, que 1 de cada 2 personas que cumplían con los requisitos no la obtuvieron.

En cuanto a cómo se distribuyeron las becas, Animal Político solicitó por transparencia las bases del padrón de beneficiarios 2019, y comprobó que la mayoría de los conceptos, como la edad, localidad, o el tipo de discapacidad, están testados; es decir, vienen tachados y no se pueden analizar.

Con la poca información pública disponible, Data Cívica comparó los casi 2 millones de personas que, según datos del INEGI y del INPI, podrían ser candidatos a recibir la beca, contra los 837 mil que la recibieron. Como resultado, obtuvo que el reparto de las becas fue proporcional. Esto es, aunque tuvo un alcance corto, la beca se repartió más en los municipios donde hay identificadas más personas con discapacidad y que cumplen los requisitos de las Reglas de Operación, y priorizó los municipios indígenas y con altos índices de marginación por encima del resto.

No obstante, también encontró que hay 205 municipios con una cobertura de becas mayor al 100% de la población identificada como potencial. Es decir, en esos lugares hubo más becas que personas identificadas con discapacidad.

Ambigüedad de criterios y discrecionalidad

Aleyda Flores tiene 45 años y desde hace ocho padece ceguera. En entrevista, la mujer natural de Durango explica que lleva dos años intentando conseguir la beca, luego de que escuchó en spots de radio que el Gobierno de López Obrador la estaba ofreciendo. No vive en situación de pobreza extrema, matiza, pero la ceguera le ha dejado múltiples gastos que, aunados a los de un hijo estudiante que no trabaja, la llevó a acercarse a una oficina de Bienestar a solicitar la ayuda.

“La discapacidad es muy cara. Hay muchas cosas que tienes que poner de tu bolsillo, como los medicamentos que no te da el seguro, el transporte, etcétera. En estos tiempos, es un lujo tener discapacidad. Es carísimo”, plantea.

Pero, como en el caso de Carolina, en la oficina de Bienestar también le informaron que, por su edad, y porque no vive en una zona de alta marginación, ni indígena, no era candidata.

“Me sentí discriminada”, coincide con Carolina. “¿Cuál es el motivo por el que no estaría recibiendo el apoyo? No lo entiendo. Se supone que con esa ayuda están buscando la igualdad. Pero, con esta forma de clasificar a quién sí y a quién no, nos están tratando de manera desigual”.

No obstante, meses después, Aleyda asegura que una pareja de conocidos, que también son ciegos y que tienen su misma edad, sí accedieron a la beca. Por ello, regresó a insistir a la oficina de Bienestar, donde esta vez le dijeron que tendría que esperar a que un Servidor de la Nación fuera a su casa para evaluar su caso.

Pero, hasta la fecha, la mujer dice que no la han visitado. 

Precisamente, la intervención de los Servidores de la Nación en el proceso de selección de los beneficiarios es uno de los puntos que más polémica genera. De acuerdo con lo que se establece en las Reglas de Operación del programa, hay una serie de documentos que la persona con discapacidad debe entregar para aspirar a la beca. Uno de ellos, es que debe presentar un certificado de discapacidad elaborado por alguna institución pública de salud.

Sin embargo, en las mismas reglas se deja una puerta abierta para quienes no lo presenten: si la discapacidad “es notoria o evidente con la sola apreciación de los sentidos”, a entender del Servidor de la Nación que hace la visita y evalúa el caso, entonces el certificado no será necesario.

Félix Frías tiene discapacidad visual y es integrante de la organización Empoderamiento de Personas con Discapacidad. En entrevista, señala que esa excepción es una puerta abierta a la “ambigüedad de criterios” y “a la discrecionalidad”.

“Se está dejando a consideración de un Servidor de la Nación, que no tiene formación médica, decidir si una discapacidad es evidente”, apunta. “Pero muchas veces la discapacidad no es visible y se requiere de una evaluación más profunda. Te hablo, por ejemplo, de una discapacidad psicosocial, una discapacidad mental”.

“Por eso —apunta ahora Candelaria Salinas, de la misma organización civil—, estamos detectando casos en los que gente que usa lentes por vista cansada, sí están recibiendo el apoyo. Y a personas con ceguera no se la dan, porque quedó a criterio de un Servidor de la Nación”.

Sobre este punto, Candelaria recuerda que, precisamente, una de las recomendaciones que hizo en un informe en 2020 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a este programa consiste en que Bienestar firmara convenios con instituciones de salud pública para “llevar a cabo brigadas de visitas domiciliarias a la población preseleccionada y así confirmar si presenta discapacidad permanente”. Cosa que aún no ha sucedido.

“Están metiendo a gente al programa a conveniencia —asegura tajante Candelaria—. ¿Tú usas lentes? Pues te meto a la beca. ¿Tú usas bastón? Pues te pongo que es discapacidad permanente. Y así van haciendo una clientela”.

Con otra solicitud de información, Animal Político preguntó a la Secretaría de Bienestar cuántas personas de las 837 mil que recibieron la beca en 2019 presentaron un certificado médico, y cuántas fueron incluidas en el programa a consideración de un Servidor de la Nación. En su respuesta, la dependencia dijo que en el formato de registro este criterio no existe, por lo que desconoce el dato. Mientras que información como qué tipo de discapacidad tienen las personas beneficiadas, fueron testados por considerarlos datos personales.

Recurren al amparo para conseguir la beca

Marisol Flores tiene 40 años y es la mamá de Iñaki, un niño de diez años que nació con hidrocefalia —exceso de líquido en el cerebro— y que desarrolló una epilepsia resistente a los fármacos.

Ella, su hijo, es uno de los 837 mil casos de personas con discapacidad que sí le concedieron la beca. Aunque no fue nada fácil. 

Marisol cuenta que, tras recibir la visita de un Servidor de la Nación en su domicilio, y luego de entregar la documentación, le dijeron que en breve se comunicarían con ella. Pero pasaron casi dos años hasta que, en octubre de 2020, le mandaron un mensaje de texto diciéndole que su hijo había sido aceptado, y el 21 de diciembre le entregaron un sobre con una tarjeta de Bienestar.

Pero aun había un detalle: tenía que esperar a que un funcionario de Bienestar pasara de nuevo por su domicilio a entregarle un talón de pago, y ya con eso, ir a la sucursal del Banco Bienestar más cercano para activar la tarjeta. De nuevo, pasaron los meses: de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, casi medio año más. Y la tarjeta seguía inactiva, a pesar de las múltiples llamadas de Marisol a la dependencia para que le dieran una explicación del retraso.

En entrevista, la mujer cuenta que ya daban por perdida la ayuda, hasta que, por medio de Margarita Garfias, madre de Carlos, un joven de 17 años con discapacidad múltiple, y coordinadora de la organización Familias y Retos Extraordinarios, se enteró de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública ofrece acompañamiento gratis para conseguir la beca mediante la vía del amparo.

“Yo no tenía ni idea de que se podía ejercer una acción legal para conseguir la beca”, admite Marisol. “Luego me di cuenta de que hay muchas personas en mi misma situación, de que sí les dieron el registro, pero nunca les llegó el dinero”.

Finalmente, el 24 de julio de este año, tras casi tres años de solicitarla, su hijo Iñaki ya dispone del apoyo económico.

Yasmín Rosales Muñoz es una de las asesoras legales especializada en atención a personas con discapacidad que trabaja para el Instituto Federal de la Defensoría Pública; un ente público del Consejo de la Judicatura Federal que, a partir de 2019, creó un área dedicada especialmente a la defensa gratuita de los derechos de las personas con discapacidad en México.

En entrevista, la abogada explica que, desde que se lanzó en 2019 la beca Bienestar para personas con discapacidad, han acompañado múltiples casos como el de Marisol y su hijo Iñaki, mediante la interposición de juicios de amparo con los que buscan que, por mandato de un juez, la Secretaría de Bienestar les otorgue el apoyo económico.

“Hemos tenido una gran demanda”, recalca la abogada, que, solo en la Ciudad de México, ha llevado 40 casos, “de los cuales, el 80% son de personas con discapacidad que no han podido acceder a la beca”, y el resto, personas que se la aprobaron, pero no le depositaban el dinero, como le sucedió a Marisol.

Y la fila de amparos, plantea Rosales, continúa creciendo. Especialmente, luego de que, en mayo de 2020, a iniciativa del presidente López Obrador se reformó la Constitución Mexicana para elevar la beca a personas con discapacidad al rango de derecho constitucional.

Sobre esto, la abogada explica que, aunque las Reglas de Operación de la beca establece tres sectores prioritarios, al elevarse la beca a rango constitucional, toda persona con discapacidad permanente podría aplicar para recibirla.

“Bienestar señala como prioritarios a ciertos grupos, como niños y niñas, o personas indígenas, o personas que vivan en zonas de alta marginalidad, y esto está generando que se les niegue la beca a muchas otras personas, por ejemplo, que tengan más de 30 años”, expone.

“No obstante, la negativa es contraria a la Constitución. Así que podemos impugnar por la vía del amparo y podemos obtener de un juez la suspensión por discapacidad porque la Constitución no excluye. Es decir, las Reglas de Operación hablan de un rango de priorización, pero nunca de exclusión. Y nosotros, como defensores públicos, podemos hacer valer ese derecho a la igualdad”.

—Es decir —se la planteó a la abogada en la entrevista-, técnicamente, las más de 6 millones de personas con discapacidad que, según el INEGI, hay en el país, ¿podrían solicitar la beca?

—Por supuesto —respondió—. Y los invitamos a que lo hagan. Que hagan valer sus derechos. Porque son derechos, no son un regalo -recalcó Yasmín Rosales, que detalló que la Defensoría Pública tiene asesores jurídicos especializados en la materia en los 32 estados de la República, a los que se le puede contactar mediante el teléfono ‘Defensatel’ (800 22 42 426), o mediante el correo [email protected].

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