Quién era Abel Ochoa, el mexicano ejecutado en Texas que pasó casi dos décadas en el corredor de la muerte - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Reuters

Quién era Abel Ochoa, el mexicano ejecutado en Texas que pasó casi dos décadas en el corredor de la muerte

El Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la condena de Ochoa, señalando que la pena de muerte es "una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos".
Reuters
7 de febrero, 2020
Comparte

“Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme”.

Esas fueron las últimas palabras de Abel Revill Ochoa, el ciudadano mexicano ejecutado este 6 de febrero en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.

El hombre de 47 años había sido condenado a pena de muerte en 2003 por asesinar a cinco miembros de su familia, incluidas sus hijas de 7 años y 9 meses.

Según aseguró el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), Ochoa fue declarado muerto a las 18:48 hora local tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville.

Así, el mexicano se convirtió en la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en Estados Unidos.

Qué sucedió

Fue un domingo 4 de agosto del año 2002 cuando Abel Ochoa, adicto al crack, llegó al living de su casa -ubicada en Dallas, Texas- con una pistola en la mano y comenzó a matar a tiros a su esposa, Cecilia, y a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses). Además, le disparó a su cuñada Jaqueline y a su suegro Bartolo.

Ese día, el hombre llevaba 10 días sin consumir crack pues, según afirmó durante el juicio en su contra, había aceptado la ayuda de su familia para superar su adicción.

Dos años antes de los crímenes, Ochoa había empezado a consumir y rápidamente se había vuelto adicto, endeudándose y gastándose el dinero familiar en comprar droga.

Sin embargo, ese 4 de agosto tuvo una recaída luego de que su esposa se lo permitiera con el pretexto de que estaba sumido en un profundo síndrome de abstinencia.

Poco después de haber fumado, pasó lo peor.

Edificio del estado de Texas

Getty Images
En el estado de Texas se han ejecutado a varios reos mexicanos. En la foto, el Capitolio del Estado de Texas.

“La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá”, confesaría después el mexicano.

Su hija Crystal intentó escapar corriendo hacia la cocina, pero su padre la alcanzó y la mató de cuatro tiros en la espalda.

Además, dejó herida de bala a otra de sus cuñadas, Alma, hermana de su esposa, quien logró escapar y avisar a la Policía del incidente. De esa manera, minutos después las autoridades detuvieron a Ochoa en un cajero automático mientras intentaba sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.

A pesar de que su defensa afirmó que los crímenes los cometió en medio de un delirio inducido por las drogas, el jurado decidió condenarlo a muerte.

Y así, 18 años después del horrible crimen, el mexicano fue ejecutado.

Oposición a la pena de muerte

Luego de la ejecución, el Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la pena de muerte.

A través de un comunicado, dijo que tal castigo lo consideran “una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.

Agregaron que seguirán “promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo”.

El consulado, además, reveló que se le había ofrecido asistencia consular a Ochoa mediante un miembro de su equipo de defensa pero que no fue requerida.

No obstante, la diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que finalmente fue rechazada por ese organismo.

Ochoa era también ciudadano estadounidense y se presentó como tal durante el proceso penal.

Roberto Moreno Ramos

Getty
La ejecución de Roberto Moreno Ramos, en 2018, también fue rechazada por el gobierno de México.

El caso de Abel Ochoa no es aislado y ya son varios los mexicanos ejecutados en Estados Unidos.

Por esta misma razón, de hecho, México llevó a Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2003, con el argumento de haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron siendo ejecutados.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena”– que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

Sin embargo, EE.UU. continuó con la pena de muerte. En 2018, por ejemplo, ejecutó a Roberto Moreno Ramos, quien formaba parte de esta lista de reos mexicanos en Estados Unidos amparados en la sentencia de la CIJ.

En aquella ocasión, el gobierno de México también intentó evitar su ejecución, sin éxito.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxEkMGziyDU

https://www.youtube.com/watch?v=h_owvq-IB6U

https://www.youtube.com/watch?v=OVd1oYV3Qbc

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Cortesía SAT Quintana Roo

Hasta con drones: así es la ‘caza’ de fiestas ilegales COVID en el Caribe mexicano

El SAT de Quintana Roo ha clausurado 279 fiestas que no cumplen con las medidas sanitarias por la pandemia, algunas se realizan en locaciones secretas de difícil acceso.
Cortesía SAT Quintana Roo
21 de enero, 2021
Comparte

La fiesta es, literal, en mitad de la selva del Caribe. En una locación desconocida en algún punto de Akumal, en el estado de Quintana Roo. Cientos de personas llegaron a bordo de furgonetas tipo Van que los recogieron en sus hoteles y luego los trasladaron al lugar sin que supieran adónde iban hasta minutos antes de llegar al evento. 

La invitación se produjo a través de flyers digitales que circulan por chats de whatsapp en los que se advierte dos cosas: una, que la localización de la fiesta es secreta hasta que se desembolse la entrada; y dos, que los teléfonos no están permitidos para evitar las fotos y videos en Instagram, que puedan delatar el lugar ante las autoridades. 

Te puede interesar: Pese a semáforo amarillo por COVID, las fiestas en Tulum no paran; los contagios tampoco

Aun así, a pesar de lo clandestino del asunto, el precio de la entrada es propio de la reventa de una final de Superbowl: 10 mil dólares por una rave de música electrónica a cargo de un Dj de fama internacional. 

La fiesta empieza a las siete de la tarde y está previsto que se alargue hasta el amanecer, a pesar de que el semáforo epidemiológico -que está en amarillo en la entidad- prohíbe los eventos masivos y los festivales, y solo permite la apertura de restaurantes a un 60% de aforo y hasta la una de la noche. 

Pero no es la única regla que se rompe: los cientos de asistentes a esta fiesta tampoco usan cubrebocas, ni guardan la distancia social, ignorando la escalada de contagios reciente en Quintana Roo y en buena parte de México. 

Esta es una ‘Jungle Party’, o también conocida como fiesta ‘Secret Location’. 

Y es una de las últimas fiestas clandestinas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Finanzas estatal (Sefiplan), Protección Civil, y elementos de la policía estatal, desmanteló el pasado 9 de enero. 

Cortesía SAT Quintana Roo

Y no ha sido la única. 

Ese mismo 9 de enero, las brigadas del SAT-Sefiplan ubicaron otra fiesta clandestina en los alrededores de Francisco Uh May, una pequeña localidad enclavada en el corazón de la selva caribeña, próxima a Tulum; un lugar de muy difícil acceso y en el que las autoriades solo pudieron notificar el acta de sanción y pegar los sellos de clausura en la entrada del local, debido a que se les negó el acceso al mismo.  

Y unos días antes, el 29 de diciembre, clausuró otro evento denominado ‘Oliver Koletzki’, para el que se esperaban más de mil personas y que estaba previsto que se hiciera en las afueras de Tulum, otro municipio del Caribe que ha sido noticia internacional por la proliferación de fiestas en restaurantes y hoteles que disfrazan ‘raves’ multitudinarias como si fueran comidas y cenas.  

Rodrigo Díaz Robledo, director del SAT de Quintana Roo, expone en entrevista que solo de fiestas de ese tipo, de ‘raves’ disfrazadas de comidas, y de establecimientos que no cumplen con las medidas sanitarias por la pandemia, llevan realizadas 279 clausuras en todo el estado.  

De hecho, solo en la zona costera de Tulum, donde se concentra una buena parte de los reportes de fiestas, el SAT-Sefiplan ha levantado 22 actas por las que ha recaudado 1 millón 397 mil pesos derivado de la clausura y sanción de lugares como IT Tulum, Hotel Bardo, Tantra, Taboo, Bagatelle, Gitano, Vagalume, Nomade, Rosa Negra, Itzik, o Conestecia, entre otros. 

Pero el tema de las ‘Jungle Party’ es otra cosa, subraya Díaz Robledo, debido al nivel de dificultad de estarlas “cazando” en lugares remotos, y porque es muy difícil ingresar a ellas, no solo por su ubicación secreta, sino porque una vez descubiertas las brigadas de verificación requieren de la intervención de la policía para poder desmantelarlas. Incluso, las autoridades han tenido que recurrir al uso de drones para sobrevolar la selva y descubrirlas.  

“Pareciera más bien que estamos en una guerra”, dice con sorna el funcionario, que se pone serio cuando explica que estas fiestas ilegales “son de un gran riesgo” para los propios asistentes, y también para los integrantes de las brigadas de verificación, que se exponen a contagios y también a la reacción no siempre amistosa de los organizadores de las fiestas, ni de los propios asistentes que pagaron una fortuna por asistir a la ‘rave’. 

“A este tipo de fiestas asisten muchas personas, sobre todo extranjeros, que se suben a una camioneta sin saber a dónde van, y se meten a estos lugares secretos donde no hay servicios de ningún tipo, ni pueden usar el teléfono, y que van a lo que pase asumiendo un riesgo increíble”, apunta Díaz Robledo.

“Y para nuestra gente también es un gran riesgo -añade el funcionario-. Porque las personas que van a estas fiestas no le temen a nada, y van sin cubrebocas y sin guardar distancia. Y claro, esto es algo con lo que los empresarios también lucran”. 

Para evitar la proliferación de estas fiestas, Rodrigo Díaz destaca que las brigadas de “inhibición” llevan trabajando desde el pasado 1 de noviembre, cuando comenzó la temporada vacacional de Día de Muertos-Navidad, todos los días y con horarios que se extienden hasta altas horas de la madrugada.

Aun así, los esfuerzos no parecen suficientes, a juzgar por la enorme cantidad de invitaciones a fiestas en lugares como Tulum que siguen circulando por los chats, y por las fotografías y videos que pueden observarse de un simple vistazo en redes sociales como Instagram. 

“Yo estoy coordinando las brigadas, y sí, personalmente siento una gran impotencia y una frustración de tener que estar obligando a la gente a que cumpla con las normas”, señala Díaz. 

“Porque, aunque les estamos salvando la vida prácticamente -agrega-, la gente se molesta cuando hacemos nuestro trabajo que, además, es en su propio beneficio. Y por eso es nuestra frustración: porque tenemos que pelear a diario con la gente para que sean responsables y se cuiden”. 

Lee más: Desalojan a 200 personas en fiesta de Edomex y a 700 personas en festival de Quintana Roo

“Hay gente que aún actúa como si el virus no existiera” 

En la zona centro de México, las fiestas ilegales no se hacen en mitad de la selva, pero también se llevan a cabo en lugares clandestinos en los que es necesaria la intervención de policías estatales y municipales, y en algunos casos incluso de la Guardia Nacional, para desalojarlos.  

Por ejemplo, en la Ciudad de México, solo en las dos últimas semanas del pasado 2020, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano recibió 593 denuncias por fiestas ilegales en la capital mexicana, en pleno semáforo rojo en el Valle de México y con los contagios y hospitalizaciones al alza. 

 Mientras que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) lleva 373 establecimientos suspendidos en lo que va de pandemia por no cumplir con las medidas sanitarias; siendo en su mayoría locales de venta de alcohol, restaurantes y bares, los sancionados. 

En el Estado de México, Santiago Ramos Millán, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios estatal (COPRISEM), expone que desde que arrancó la pandemia en marzo pasado, a la fecha, llevan 14 mil 836 visitas de verificación, de las que resultaron la suspensión de al menos 600 negocios por no cumplir tampoco con las medidas sanitarias por la pandemia. 

Al igual que en el caso de Quintana Roo, en el Estado de México las brigadas de ‘inhibición’ de fiestas también está compuesta por múltiples autoridades, como la propia COPRISEM, el Instituto de Verificación Administrativa, Protección Civil, policía estatal y local, y en ocasiones, incluso, la Guardia Nacional. 

A través del monitoreo de productos milagro en redes sociales, explica Santiago Ramos Millán, la COPRISEM ha detectado múltiples fiestas clandestinas que se promocionan en Facebook, principalmente. 

Por ejemplo, así “desactivaron” en las pasadas fiestas navideñas siete eventos multitudinarios en varios puntos del estado, como en Atenco, Ixtlahuaca, Toluca, Tlalnepantla de Baz, o Teotihuacán, donde se esperaba el evento más grande con mil personas. 

Cortesía SAT Quintana Roo

“Estamos haciendo esfuerzos enormes por contener la pandemia -plantea Millán-. Pero también hay que decirlo: hay una parte de la sociedad que se está comportando de una manera muy irresponsable y que no acata las medidas sanitarias, y que actúa como si el virus no existiera”. 

De hecho, el titular de la COPRISEM asegura que, más de 140 mil muertes y un millón de contagios después, todavía hay gente “que no cree que la pandemia sea real”. Lo cual, también es uno de los puntos que explican que las autoridades no se den abasto para frenar las fiestas, a pesar de la tarea de concientización y de las noticias que apuntan que el Estado de México está en el top 3 de entidades con mayor saturación hospitalaria, con el 84% de las camas ocupadas al corte del 17 de enero. 

“Es muy desgastante y también muy frustrante ver que el número de contagios va al alza en el Edomex y en el Valle de México y que todavía, a estas alturas de pandemia, todavía haya personas que insistan en que la Covid no existe, que es un invento y que no se van a contagiar”. 

“Y por eso, muchas de estas personas organizan eventos y fiestas de manera irresponsable y con un gran número de invitados. Y es ahí donde se siguen dando buena parte de los contagios”, recalca el funcionario mexiquense, cuyas declaraciones se producen tan solo 48 horas después de que, el pasado 18 de enero, policías de Chimalhuacán dispersaran a 200 personas aglomeradas en una fiesta clandestina en el barrio de Tlatenco, en los límites con Nezahualcóyotl.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.