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Quién era Abel Ochoa, el mexicano ejecutado en Texas que pasó casi dos décadas en el corredor de la muerte

El Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la condena de Ochoa, señalando que la pena de muerte es "una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos".
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7 de febrero, 2020
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“Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme”.

Esas fueron las últimas palabras de Abel Revill Ochoa, el ciudadano mexicano ejecutado este 6 de febrero en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.

El hombre de 47 años había sido condenado a pena de muerte en 2003 por asesinar a cinco miembros de su familia, incluidas sus hijas de 7 años y 9 meses.

Según aseguró el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), Ochoa fue declarado muerto a las 18:48 hora local tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville.

Así, el mexicano se convirtió en la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en Estados Unidos.

Qué sucedió

Fue un domingo 4 de agosto del año 2002 cuando Abel Ochoa, adicto al crack, llegó al living de su casa -ubicada en Dallas, Texas- con una pistola en la mano y comenzó a matar a tiros a su esposa, Cecilia, y a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses). Además, le disparó a su cuñada Jaqueline y a su suegro Bartolo.

Ese día, el hombre llevaba 10 días sin consumir crack pues, según afirmó durante el juicio en su contra, había aceptado la ayuda de su familia para superar su adicción.

Dos años antes de los crímenes, Ochoa había empezado a consumir y rápidamente se había vuelto adicto, endeudándose y gastándose el dinero familiar en comprar droga.

Sin embargo, ese 4 de agosto tuvo una recaída luego de que su esposa se lo permitiera con el pretexto de que estaba sumido en un profundo síndrome de abstinencia.

Poco después de haber fumado, pasó lo peor.

Edificio del estado de Texas

Getty Images
En el estado de Texas se han ejecutado a varios reos mexicanos. En la foto, el Capitolio del Estado de Texas.

“La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá”, confesaría después el mexicano.

Su hija Crystal intentó escapar corriendo hacia la cocina, pero su padre la alcanzó y la mató de cuatro tiros en la espalda.

Además, dejó herida de bala a otra de sus cuñadas, Alma, hermana de su esposa, quien logró escapar y avisar a la Policía del incidente. De esa manera, minutos después las autoridades detuvieron a Ochoa en un cajero automático mientras intentaba sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.

A pesar de que su defensa afirmó que los crímenes los cometió en medio de un delirio inducido por las drogas, el jurado decidió condenarlo a muerte.

Y así, 18 años después del horrible crimen, el mexicano fue ejecutado.

Oposición a la pena de muerte

Luego de la ejecución, el Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la pena de muerte.

A través de un comunicado, dijo que tal castigo lo consideran “una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.

Agregaron que seguirán “promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo”.

El consulado, además, reveló que se le había ofrecido asistencia consular a Ochoa mediante un miembro de su equipo de defensa pero que no fue requerida.

No obstante, la diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que finalmente fue rechazada por ese organismo.

Ochoa era también ciudadano estadounidense y se presentó como tal durante el proceso penal.

Roberto Moreno Ramos

Getty
La ejecución de Roberto Moreno Ramos, en 2018, también fue rechazada por el gobierno de México.

El caso de Abel Ochoa no es aislado y ya son varios los mexicanos ejecutados en Estados Unidos.

Por esta misma razón, de hecho, México llevó a Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2003, con el argumento de haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron siendo ejecutados.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena”– que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

Sin embargo, EE.UU. continuó con la pena de muerte. En 2018, por ejemplo, ejecutó a Roberto Moreno Ramos, quien formaba parte de esta lista de reos mexicanos en Estados Unidos amparados en la sentencia de la CIJ.

En aquella ocasión, el gobierno de México también intentó evitar su ejecución, sin éxito.


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Itxaro Arteta

Familiares de víctimas dejan la CNDH; feministas se quedan y presentan pliego petitorio

El nuevo pliego se deslinda de la petición de que Rosario Piedra Ibarra renuncie a la presidencia de la CNDH, como plantearon las familias de víctimas en la reunión de un día antes.
Itxaro Arteta
18 de septiembre, 2020
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Al cumplirse dos semanas de la ocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), otras 14 familias de desaparecidos de Veracruz, Guerrero, Coahuila y Baja California dejaron el edificio este viernes, así como un día antes lo hicieron otras 15 personas de Guerrero, después de que la líder de Ni Una Menos, Yesenia Zamudio, fuera rechazada por las colectivas feministas que permanecen dentro.

Karla Guerrero, representante nacional de varios colectivos que buscan a sus seres queridos, comentó que ellos se habían sumado al Frente Ni Una Menos y que reconocían a Zamudio como líder y como la persona que los convocó, por lo que ante la ruptura al interior de quienes mantenían la toma, ellos decidieron retirarse también. Además de estar inconformes con las actitudes de las jóvenes anarquistas que han asumido el control de lo que ocurre dentro.

De las más de 100 personas familiares de víctimas que llegaron a estar dentro de la autodenominada Casa de Refugio Ni Una Menos, según las propias activistas, este viernes ya no quedaban más que cuatro, mientras que las feministas son entre 20 y 50, según distintas versiones.

Erika Martínez, madre de una niña que sufrió abuso sexual y cara visible de la colectiva Bloque Negro, señaló que se fueron quienes habían sido traídos por Zamudio, pero que seguirán albergando a víctimas directas de violencia sexual, como su hija, además de que varias de las chicas que están ahí han sufrido violaciones, abusos sexuales o la violencia institucional del Estado.

Señaló que las apoyan algunas madres de casos de feminicidio que han sido conocidos, aunque no estén físicamente ahí. Quien sí estuvo un día antes, pero solo para llevar donaciones, fue Norma Andrade, reconocida activista fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa desde el feminicidio de su hija Lilia hace ya casi 20 años, y del que todavía falta aprehender a los tres involucrados.

“Lo que se necesita es que nos unamos, y que dejemos los egos, los liderazgos, que dejemos todo eso atrás”, comentó respecto al conflicto al interior de la toma de la CNDH. “A mí no me importa quién mientras se logre lo que queremos: que dejen de ser las autoridades tan prepotentes con las víctimas y que muevan los casos”.

Bloque Negro presenta un nuevo pliego petitorio

Tras el deslinde de Ni Una Menos, que había sido quien firmó y presentó a las autoridades un pliego petitorio de la ocupación de la CNDH, el Bloque Negro tuvo una asamblea el jueves y este viernes hizo público su nuevo pliego. Luego de que la víspera Erika Martínez no fue recibida en la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con las madres de feminicidios y familias de desaparecidos, se le dio una nueva cita y la atendió la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís.

 

“La OKUPA de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un proceso histórico, la manifestación del hastío de las mujeres en México, nos representa un espacio de disidencia, una casa de resistencia, de encuentro de todas las causas feministas, siendo esto la reparación del daño por toda la violencia que vivimos. Consideramos la importancia que el espacio permanezca ya que el Estado nos debe y es momento de cobrar esa deuda histórica. Reivindicando el espacio como un lugar de aprendizaje, de encuentro entre mujeres en la cual se podrá tener un lugar donde estudiar, trabajar, ya que es un ejercicio pleno de nuestros derechos”, señala el punto 3.

El nuevo pliego se deslinda de la petición de que Rosario Piedra Ibarra renuncie a la presidencia de la CNDH, como plantearon las familias de víctimas en la reunión de un día antes.

Otras exigencias son la destitución de los cuerpos policiales que intervinieron en el desalojo de quienes tomaron la sede de Ecatepec de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la posterior represión en el Centro de Justicia de Atizapán; la reprobación del uso de la fuerza excesiva en contra de mujeres por otras mujeres del agrupamiento femenil Ateneas; y la exigencia de capacitación policial con perspectiva de género.

También para los medios de comunicación solicitan que el Estado genere un protocolo de perspectiva de género para evitar la revictimización de activistas y víctimas.

Para la okupa en sí, pidieron en el primer punto inmunidad para todas las integrantes del Bloque Negro, además de adaptación de baños para tener regadera, una silla de ruedas para una mujer que lo necesita, que se garantice la seguridad de las niñas y niños que estén dentro del edificio. Y exigen la liberación de Tania Elis Hernández, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, detenida el 25 de agosto pasado, acusada de vandalismo en el plantel.

“Se nos habló de que igual y nos podrían dar otro lugar, pero nosotras ya decidimos pues que sí, nos podrían dar otro, pero este no se va a desalojar”, señaló Martínez que fue una de las cosas que dialogaron con Alanís, pero que les dijo que no podía negociar el edificio de la CNDH porque pertenece a otra institución.

CNDH pide a partidos sacar las manos del conflicto 

La CNDH aseguró en un comunicado que buscará una solución a las demandas de las víctimas y las colectivas, y que en los próximos días se trabajará con ellas.

“Existe una deuda enorme de años con las víctimas. La CNDH está lista para hacer su parte y coadyuvar a soluciones a la altura de los reclamos. Hacemos un llamado a los partidos, sean quienes sean, para que saquen las manos de este conflicto. Los derechos humanos son de todas y de todos”, manifestó.

El organismo señaló que no habrá ninguna medida que implique represalias o denuncias contra las manifestantes ya que su lucha y peticiones son legitimas.

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