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Refinería Dos Bocas: el polémico cambio de AMLO a favor del petróleo como motor económico
La idea es aumentar su producción de gasolina y reducir la importación del combustible que representa, en promedio, el 70% del consumo nacional.
12 de mayo, 2019
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Es uno de sus proyectos más polémicos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno construirá una refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en el sureste del país.

La decisión se toma después que se declaró desierta la licitación a consorcios internacionales para llevar a cabo el proyecto.

Las propuestas que se presentaron, dijo López Obrador, superaban las condiciones de construir la planta de refinación en tres años y con un costo promedio de US$8.000 millones.

Así, en adelante la construcción queda a cargo de la empresa del estado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía.

El anuncio de López Obrador revivió una controversia iniciada en la contienda electoral de 2018, cuando el ahora mandatario anunció sus planes para Pemex.

Pero más allá de la polémica, algunos ven en la construcción de Dos Bocas el primer paso en un viraje de la política energética del país.

A diferencia de los últimos gobiernos que incluyeron en su agenda el apoyo a proyectos de energías renovables, AMLO, como se conoce en México al presidente, tiene como prioridad la extracción de petróleo.

El gobierno de México construirá una nueva refinería en Tabasco, en el sureste del país.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa última refinería que se construyó en México fue en Salina Cruz, Oaxaca, inaugurada en 1979.

Una estrategia contraria a la de muchos países del mundo explica José Alberto Lara Pulido, director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana.

“Teníamos una trayectoria en los últimos años de cumplir las metas sobre cambio climático. México se distinguía por eso”, asegura el académico a BBC Mundo.

“Pero creo que las prioridades de este gobierno son distintas, nos alejamos de esa trayectoria”.

“Energías fósiles”

Aunque oficialmente se mantiene el respaldo al uso de energías renovables, la política energética del gobierno de AMLO parece privilegiar la extracción de hidrocarburos, coinciden especialistas.

El objetivo es, insiste el director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropeza, asegurar la autosuficiencia energética como principio de seguridad nacional.

Así, además de construir la planta en Dos Bocas, el plan contempla modernizar las seis refinerías que actualmente existen en el país.

La idea es aumentar su producción de gasolina y reducir la importación del combustible que representa, en promedio, el 70% del consumo nacional.

La política energética de AMLO contempla reducir la importación de gasolina.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa política energética de AMLO contempla reducir la importación de gasolina.

En marzo pasado, la compra de gasolina en mercados internacionales fue de 440.000 barriles al día, según datos de la Secretaría de Energía.

“Es una contradicción, un absurdo que tengamos petróleo crudo y estemos comprando gasolinas”, insiste López Obrador.

Otra parte de la estrategia es aumentar la inversión pública en Pemex, especialmente en el área de exploración de nuevos yacimientos.

En abril pasado se extrajo un promedio de 1,7 millones de barriles de petróleo al día. La meta es que dentro de tres años la producción sea de 2,4 millones diariamente.

En el caso del sector eléctrico, la propuesta es aumentar el presupuesto en la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También se pretende poner en funcionamiento la controvertida central termoeléctrica en Huexca, Morelos, que es rechazada por las comunidades vecinas.

Y adicionalmente el plan contempla aumentar las compras de carbón mineral para generar electricidad.

“Le pone énfasis a las fuentes fósiles de energía, por ahí va su apuesta”, dice el director del Centrus.

Pemex, el motor de México

Manuel López Obrador.Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image caption“Vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México”, dijo AMLO en marzo.

En el fondo, dicen especialistas, con la nueva estrategia López Obrador pretende que la extracción de hidrocarburos y la generación de electricidad se conviertan en el motor de la economía mexicana.

El presidente lo reconoció en marzo pasado durante la celebración por los 81 años de la expropiación petrolera.

“Estamos ante un nuevo paradigma, vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México”, dijo.

“Vamos a rescatar esta industria tan importante para el desarrollo del país, va a ser palanca para el desarrollo de México”.

Sin embargo, algunas de las decisiones de AMLO preocupan a especialistas. Una de ellas es la determinación de que el gobierno se encargue de construir la refinería en Dos Bocas.

Y antes también cuestionaron que la Secretaría de la Defensa Nacional se responsabilice de la obra del nuevo aeropuerto internacional, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

En los últimos cinco gobiernos esta clase de proyectos solían encargarse a corporaciones privadas.

Académicos como Carlos Elizondo Mayer-Serra, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), encuentran rasgos de una política estatista en las decisiones.

AMLO saluda al equipo de bomberos que trabaja en la refinería de Pemex en Veracruz.Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image captionPara analistas, AMLO quiere aplicar un modelo económico similar al de los años 60.

En un artículo publicado en la revista Letras Libres, el especialista asegura que López Obrador parece aplicar un modelo económico similar al de los años 60.

En esa época la economía del país creció a un promedio de 6% anual. A ese período se le conoce como Desarrollo Estabilizador donde la inversión pública permitía el desarrollo de grandes proyectos donde participaba el sector privado.

López Obrador coincide. El Desarrollo Estabilizador “ya se está poniendo en práctica, es que la inversión pública sea básicamente capital semilla y se complemente con la inversión privada”, dijo a finales de febrero ante el Consejo Coordinador Empresarial.

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Cuartoscuro
Depuración fallida: 1 de cada 5 policías en activo están reprobados o sin evaluar en México
A una década de que se volvió una obligación legal, la depuración sigue sin cumplirse. Los focos rojos por el alto número de agentes irregulares son los reclusorios federales, así como las corporaciones en Sinaloa y Baja California Sur.
Cuartoscuro
16 de abril, 2019
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La depuración de las corporaciones policiales en México ya superó los 10 años sin concretarse. Pese a que desde 2009 entró en vigor la ley que obliga a las instituciones de policía federales y locales a contar exclusivamente con elementos certificados en control de confianza, actualmente 1 de cada 5 elementos en activo no cumple con este requisito.

La proporción de policías en condiciones irregulares es prácticamente la misma que se reportó hace más de un año. Y hay focos rojos como el caso de los penales federales, en donde menos del 40 % de los guardias de seguridad tienen sus evaluaciones vigentes, o el estado de Sinaloa, donde la mitad de los policías locales tendrían que estar despedidos tras reprobar los exámenes.

Fue en 2008 cuando el entonces gobierno federal y los gobiernos de todos los estados acordaron una serie de reformas orientadas a depurar y profesionalizar a las corporaciones policiales del país. Estos cambios dieron paso a la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero de 2009, y en la que se estableció que todo policía del país, sin importar el nivel, debería someterse por lo menos cada tres años a un proceso de certificación de control de confianza.

En caso de no contar con dicha certificación el elemento no puede desempeñarse en ninguna institución policial.

Eso es lo que dice la ley, pero la realidad es distintaDe acuerdo con el reporte actualizado sobre el avance en las evaluaciones de control de confianza publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el país hay 400 mil 274 elementos de policía en activos de los tres niveles de gobierno, incluidos preventivos, ministeriales y responsables de reclusorios.

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De ese total hay 323  mil 447 que ya fueron evaluados, aprobaron los exámenes y cuyo certificado se encuentra vigente.  Se trata de casi el 80 %.

En cambio, hay 76 mil 827 agentes que por diversas razones no cuenta con el certificado de confianza vigente, la quinta parte de todo el estado de fuerza del país. Según los parámetros que marca la referida ley, ni uno solo de estos elementos cumple con los requisitos legales para ser policía.

Del total de los agentes en condiciones irregulares la situación más grave es la de 28 mil 590 agentes (27 mil 604 locales y 986 federales) quienes ya fueron evaluados y reprobaron los exámenes de confianza.

Hay otros 43 mil 929 elementos que sí aprobaron los exámenes, pero cuyo certificado ya caducó pues su última prueba fue hace más de tres años. Ello equivale a no contar con la certificación y por lo tanto no reúnen los requisitos legales para ocupar el cargo, a menos que sean examinados nuevamente y obtengan un resultado aprobatorio.

Finalmente está el caso de 4 mil 318 elementos que no han sido evaluados todavía pese a ya encontrarse en activo.

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Los focos rojos

En las 32 entidades federativas del país hay agentes de policía reprobados que siguen en activo, sin embargo, hay estados donde el retraso es mucho más significativo que en otros, especialmente en cuanto a policías reprobados que no han sido despedidos.

El caso más notorio es en Sinaloa donde el 47 % del estado de fuerza total (incluidos policías estatales, municipales, ministeriales y de reclusorios) no aprobó el control de confianza, prácticamente 1 de cada 2 elementos.

Le sigue Baja California Sur con un 32 % de sus agentes no aprobados; Nayarit con un 29 % (casi 1 de cada 3 de los agentes en activo en dichas entidades), y Guerrero con un 24 % de policías reprobados.

El quinto estado con la mayor proporción es Hidalgo, con un 20 %; seguido por Sonora, con 18 %, y San Luis Potosí con 15 %.

En el caso de Ciudad de México, que es la entidad con el mayor número de policías locales –más de 51 mil 500 efectivos en activo–, se reporta solo un 2 % de agentes reprobados que siguen en funciones.

A nivel federal, de los casi 70 mil efectivos solo hay 986 que están en activo reprobados. Sin embargo, en donde se registra un problema significativo es en el proceso de reevaluación de los agentes, pues son más de 6 mil 200 los que cuentan con pruebas que ya caducaron y por ende no están certificados.

El caso más grave es el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) responsable de los centros penitenciarios federales. De los 3 mil 336 agente federales desplegados en los mismos, apenas el 39 % cuenta con el proceso de control de confianza vigente. 

En el Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia federal en donde los agentes también tienen que estar certificados de acuerdo con la Ley General del SNSP, el 77 % de sus efectivos cuenta con evaluaciones vigentes de control de confianza.

En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), el 80 % de su estado de fuerza está al corriente en el proceso de evaluación, mientras que en la Policía Federal, el 84 % de los elementos cuentan con exámenes vigentes.

Se privilegiará Guardia Nacional

De acuerdo con autoridades federales, en los próximos meses se privilegiará la aplicación de exámenes de control de confianza para los elementos civiles que serán transferidos a la Guardia Nacional así como para los nuevos reclutas.

Cabe recordar el control de confianza consiste en una batería de cinco pruebas distintas que se aplican a los elementos, y entre las que se encuentran exámenes de polígrafo (detector de mentiras), toxicológicos, de estado físico, conocimiento y entorno socioeconómico.

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La aplicación de estos exámenes solo puede llevarse a cabo en centros autorizados y certificados. De acuerdo con el reporte actualizado del SESNSP, existen 39 centros certificados de los cuales 35 son estatales, además de cuatro federales.

En entrevista con Animal Político, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que la prioridad actual es verificar los procesos de control de confianza de los elementos de Policía Federal que serán transferidos a la Guardia Nacional. En ese contexto señaló que se ha pedido apoyo a centros estatales para que auxilien en la evaluación de los elementos que necesiten actualizar sus certificados.

Un exfuncionario con conocimiento de este proceso dijo que los centros actuales de las entidades son incapaces de operar al 100 % la demanda de sus elementos locales, por lo que asignarles la tarea de evaluar además a agentes federales puede originar un mayor rezago en los próximos meses, y que se continúe alargando el cumplimiento de la depuración al 100 %.

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