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¿Cuáles son los riesgos de una potencial guerra comercial entre México y Estados Unidos?

La subida de 5% en aranceles de EU anunciada por Trump para todas las importaciones desde México "hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal" podría ser el inicio de una guerra comercial con el que es ahora su mayor socio.
31 de mayo, 2019
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“Sería una locura que Donald Trump provocara una guerra comercial con México, que ahora es su mayor socio comercial”.

Una frase muy tajante de Juan Carlos Barrón, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la UNAM, con la que coinciden los especialistas consultados por BBC Mundo.

El anuncio de este jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de un 5% a todos los productos que se importan desde México “hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados”, tomó por sorpresa a la mayoría en el país latinoamericano.

Y es tan grave que los analistas califican como el potencial inicio de una guerra comercial entre estos dos países.

“Si se implementaran estos aranceles, Trump le daría un balazo a su base electoral y base económica. Si no le bastó iniciar una guerra comercial con China, que era su primer socio comercial hasta hace poco y ahora va por México, evidentemente tiene una visión distópica de la realidad”, dice Gabriel Guerra, presidente de la consultora Guerra Castellanos y Asociados.

Los expertos coinciden que los primeros afectados serían los consumidores estadounidenses. “El impuesto adicional lo terminaría pagando en primera instancia el importador, luego el consumidor, que termina pagando más por el mismo producto”, dice Guerra, también exdiplomático.

Añade que además, si México responde con medidas similares, los estados más afectados de EE.UU. podrían ser los estados agrícolas, que son los que más exportan a México y que “son la base electoral de Donald Trump”.

También, se verían afectadas muchas industrias que tienen cadenas de suministro establecido en México, ya que aumentaran sus costos. “Estas medidas son totalmente contrarias al espíritu de renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”, asegura.

Donald Trump amenaza con cerrar la frontera si México no detiene el flujo de migrantes.

Getty Images
Donald Trump amenaza con imponer aranceles a México si no detiene el flujo de migrantes.

Por otra parte, los analistas dicen que es un “craso error” que Trump piense que México puede parar la migración ilegal y además, querer castigar a este fenómeno con aranceles.

“México está haciendo mucho, pero no hay un país en el mundo que pueda poner freno absoluto a la migración ilegal cuando hay gente lo suficientemente desesperada para buscar oportunidades”, dice Guerra.

Comitiva mexicana a EE.UU.

Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas“, escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una carta como respuesta al anuncio a su homólogo.

AMLO pide que Washington atienda a la comitiva encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que se dirige a Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo.

“¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío”, dice la carta.

"Amor y paz con Trump", responde AMLO a las advertencias de Donald Trump.

Gobierno de México
Desde el inicio de su gobierno el pasado 1 de diciembre, López Obrador ha evitado responder directamente a las advertencias de Trump.

Los analistas aplauden la respuesta de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-MEC que aseguró que de ponerse los aranceles México debe “responder en forma enérgica“.

Seade calificó el anuncio como “desastroso” y agregó que “esa amenaza llevada a la acción sería gravísima”, durante una conferencia donde precisamente detallaba a la prensa el proceso de ratificación del tratado, del que se mostraba satisfecho.

Barrón, investigador del CISAN, apunta además que México puede echar mano de varios mecanismos legales y comerciales para contrarrestar la medida de Trump.

“El gobierno tiene a su alcance maniobras como llevar el caso a organismos internacionales alegando que se violan convenios, por ejemplo los limites impuestos por la Organización Mundial del Comercio. También podría apelar a la diplomacia subnacional porque varios estados de EE.UU. se verían más afectados que México con esta medida”, dice.

Para el analista, si llegaran a implementarse estos aranceles, “Estados Unidos no se daría solo un disparo en el pie, sino más arriba”.

“México está curado de espanto”

A pesar de la gravedad de la amenaza, el exdiplomático Guerra apunta que México debe tomarla con calma.

“Los mexicanos estamos curados de espanto porque ya llevamos años recibiendo ofensas y agravios de Trump”, dice.

Apunta que estaeanuncio está enmarcado en un momento crucial para Trump, que está tratando de subordinar las realidades económicas a sus intereses político electorales.

Frontera de EE.UU. y México

Getty Images
Estados Unidos y México comparten una de las fronteras más transitadas del mundo.

“Por una parte quiere desviar la atención por el escándalo jurídico en el que está envuelto y por otra parte quiere hacer campaña para su reelección. Por lo tanto debemos partir de la base que todo lo que hace está relacionado con alguno de estos temas”, asegura.

De surgir una guerra comercial entre México y Estados Unidos, el costo económico sería para los dos países. Pero, el costo político sería mayor para Trump, dice.

Por ahora, el anuncio causó que el peso se depreciara 2,57% frente al dólar, llegando a 19,58 por dólar.


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Cuartoscuro Archivo

Aumenta la población penitenciaria tras 5 años de tendencia a la baja

Junio de 2019 registró poco más de 200 mil personas recluidas en prisión; Fiscalía General resuelve y manda al juez menos del 10% de los casos que indaga, índice muy similar al de la extinta PGR.
Cuartoscuro Archivo
3 de septiembre, 2019
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La población de personas privadas de la libertad en cárceles de nuestro país comenzó a crecer nuevamente. Luego de casi cinco años en que se había mantenido una tendencia a la baja, junio de 2019 registró poco más de 200 mil personas recluidas en prisión, tres mil más que las registradas en diciembre de 2018.

Es la primera vez que esto ocurre desde 2014, cuando se alcanzó una población superior a los 255 mil internos. El incremento que se registra este año coincide con la entrada en vigor en abril de la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal, que amplió la lista de los delitos que ameritan prisión preventiva automática.

Así lo revelan datos del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que muestra además que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelve y manda al juez menos del 10% de los casos que indaga, índice muy similar al de la extinta PGR.

El informe también muestra que, transcurrida la mitad del año, el país ha gastado apenas 7 de cada 100 pesos del presupuesto autorizado para la seguridad.

En el tema de la población penitenciaria, el Primer Informe detalla que, al corte del 31 de junio pasado, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018.

El incremento se vio impulsado por la población de reos acusados de delitos del fuero común, pues son ellos los que pasaron de 165 a 169 mil de diciembre de 2018 a junio de 2019, mientras que los internos del fuero federal se redujeron de 32 a 31 mil.

De los cuatro mil reos del fuero común que crecieron, el 75 % de ellos son internos en prisión preventiva (sin que se haya determinado si son culpables o no de un delito), y el resto son internos sentenciados.

Esto coincide con el crecimiento de la población penitenciaria que diversos expertos habían pronosticado tras la entrada en vigor de la reforma constitucional, que elevó de 6 a 18 el catálogo de delitos prisión preventiva automática, la mayor parte ilícitos del fuero común, como diversos tipos de robo.

El anexo estadístico del Informe de Gobierno también revela que del total de internos actuales 123 mil 921 son reos con sentencia, y 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.

El país cuenta 215 mil espacios disponibles en los centros penitenciarios federales y locales, lo que significa que actualmente el nivel de ocupación es del 98 %. El 2015 fue el último año en que se registraron más reos que espacios disponibles, hasta que con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que eliminaba la prisión automática en la mayoría de los delitos, comenzó la disminución.

FGR: cambio de nombre, no de eficacia

El Informe de Gobierno arroja los primeros datos de desempeño de la FGR, institución que desde diciembre del año pasado sustituyó oficialmente a la Procuraduría General de la República, aunque el proceso de transición continúa en desarrollo. Más allá del cambio de denominación, los resultados son similares.

La estadística muestra que de enero a junio de 2019 la FGR registró 106 mil 861 carpetas de investigación en integración, de las cuales 52 mil 188 fueron nuevos casos abiertos, 39 mil 257 son carpetas acumuladas de años anteriores que ya venían trabajándose, y 15 mil 416 fueron casos reactivados.

De ese total, la Fiscalía reportó haber atendido ya 64 mil 595 carpetas de investigación que serían cerca del 60 %, mientras que el resto siguen en trámite. 

Pero al revisar cómo es que fueron atendidas las carpetas reportadas, se advierte que solo 8 mil 395 de ellas fueron enviadas ante un juez para proceder en contra de los probables responsables. En proporción, se trata apenas del 7.8 % de las más de 106 mil carpetas de investigación abiertas, en lo que va del año.

Dicho de otra forma: la FGR ha logrado resolver y enviar a un juez este año 8 de cada 100 casos iniciados. Esta proporción es muy similar a la de su antecesora PGR, que en todo 2018 solo consiguió resolver y enviar al juez 9 de cada 100 casos que investigó.

Entre las carpetas de investigación que la FGR reporta como “atendidas” este año se encuentran más de 25 mil que fueron enviadas al denominado “archivo temporal”, es decir, donde el caso fue archivado sin concluirse la indagatoria mientras aparecen nueva evidencias.

Se trata de una práctica que ya había sido denunciada a nivel de las fiscalías estatales en el informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” de la organización México Evalúa, donde los expertos encontraron que las cifras de casos resueltos incluyen un número cada vez más grande de carpetas que, en realidad, solo se les manda al archivo.

Entre los casos atendidos también figuran 22 mil 430 donde determinó definitivamente que no había elementos para proceder en contra de alguien, 4 mil 611 donde la Fiscalía se declaró incompetente, 1 mil 901 donde decidió se abstuvo de investigar porque el delito pudo haber prescrito.

En cuanto a casos resueltos a través de alguna solución alterna o acuerdo entre las partes sin llegar a juicio, solo se reportaron 729, que equivalen al 0.6 % del universo total de carpetas de investigación iniciadas.

Tienen dinero, pero no lo gastan

Pese a la crisis de violencia que atraviesa el país con los homicidios dolosos en un nivel récord, durante la primera mitad de este año los estados han gastado menos del 10 % del presupuesto total aprobado para temas de seguridad.

De acuerdo con el informe la suma de recursos federales y estatales destinados a fondos y subsidios para la seguridad este año asciende a 9 mil 371 millones de pesos. Al corte del pasado 39 de junio, es decir al cierre del primer semestre, solo se había reportado el ejercicio de 665.5 millones de pesos, que equivalen al 7.1 % del presupuesto total.

El desglose revela que, por ejemplo, hasta junio se habían invertido solo 192 de los 1 mil 453 millones de pesos destinados a desarrollo y profesionalización de las policías locales, y solo se habían gastado 213 de los 3 mil 716 millones de pesos aprobados para tecnología y equipamiento policial. 

De forma similar solo se han invertido 20 de los 412 millones destinados a desarrollo del sistema de justicia penal, y 1 millón de los 589 aprobados para fortalecimiento del sistema penitenciario. Otro ejemplo es el ejercicio de apenas 82 de los 1 mil 53 millones de pesos que deben destinarse al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.

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