El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO
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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

Getty Images
La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

Getty Images
En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

Getty Images
La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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Cuartoscuro

Por litigio de Gertz, Conacyt reformó reglamento para evitar “discriminación” en el SNI

De acuerdo con investigadores, la evaluación siempre ha tenido parámetros claros y no discriminatorios. Y en el caso del fiscal, Alejandro Gertz Manero, la negativa de ingreso al sistema de investigadores fue por una “insuficiente producción científica”.
Cuartoscuro
23 de julio, 2021
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Tras 11 años de litigio en tribunales federales y tramitación de amparos por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que fuera aceptado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) modificó su reglamento para supuestamente evitar actos de “discriminación”, como los que el quejoso se dijo víctima.

Sin embargo, de acuerdo con investigadores, la evaluación siempre ha tenido parámetros claros y no discriminatorios. Y en el caso del fiscal, la negativa de ingreso al sistema de investigadores no obedeció a su condición social, física u origen étnico como lo establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para considerarlo como acto discriminatorio, sino por una “insuficiencia producción científica”.

Lee: Gertz Manero ingresó al SNI como ‘reparación del daño’ por actos discriminatorios: Conacyt

En el nuevo reglamento del SNI publicado el 20 de abril de 2021, el Conacyt obliga a las comisiones dictaminadoras, es decir, a los especialistas que evalúan a los aspirantes a ingresar al SNI a “observar el principio constitucional de igualdad y no discriminación, para lo cual al proponer los criterios específicos de evaluación identificarán parámetros objetivos y realizarán la evaluación mediante un análisis caso por caso, ponderando objetiva, razonable y argumentadamente todos los elementos que presente la o el solicitante para acreditar el cumplimiento de los requisitos según la categoría y nivel al que aspire”.

Esto luego que Gertz Manero interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y que este resolvió en 2020 que la negativa reiterada para su ingreso al SNI significó un acto de discriminación y, por lo tanto, ordenó al Conacyt revisar su reglamentación.

Según Gertz, la negativa que recibió en cinco ocasiones “no estaba fundada ni motivada” y que no había sido evaluado objetivamente, por lo que inició un litigio en Tribunales Federales desde 2010, y sólo hasta la administración de Elena Buylla al frente del Conacyt, consiguió el nombramiento como investigador del SNI.

Sin embargo, los evaluadores explicaron que el fiscal no podía ser considerado investigador porque tenía una “insuficiente producción científica” y “no demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, como lo establecía el reglamento.

Pero luego que el Conapred le dio la razón al considerar que fue discriminado, recomendó al Conacyt modificar sus reglamentos para “garantizar que los procesos de evaluación para ingresar y permanecer en dicho sistema se realicen con apego al derecho a la igualdad y no discriminación mediante criterios que aseguren la objetividad e imparcialidad de las personas que participan en ellos y evitando tratos diferenciados injustificados”.

Por tanto, el Conacyt “atendió la resolución del Conapred y eliminó del Reglamento del SNI todas aquellas categorías que propiciaban desigualdad y discriminación. Esto se ve reflejado en la reforma del Reglamento del SNI vigente, publicada en el DOF el pasado 20 de abril, donde se establece claramente que las Comisiones Evaluadoras tienen la obligación de observar el principio de igualdad y no discriminación”, explicó el Consejo en un comunicado.

Antonio Lazcano, miembro del Colegio Nacional, SNI nivel III, autor de más de 150 trabajos de investigación, 70 de divulgación y autor o coautor de 16 libros, y exmiembro de comisión dictaminadora, dijo que la evaluación para ingresar al Sistema “siempre ha sido objetivo, no conozco un solo caso de discriminación”.

“Esas condiciones que agregaron al reglamento en realidad ya existían, y se cumplían rigurosamente. (el cambio al reglamento) no sé si más bien ella (Elena Álvarez Buylla) pretende quedar bien”, aseguró en entrevista.

En todo caso, la directora del Conacyt más bien debería explicar “por qué adujeron esos argumentos de discriminación para favorecer de una manera completamente inadecuada y sesgada al doctor Gertz Manero”.

Al respecto, coincide Susana Quintanilla, también exmiebro de la Comisión dictaminadora, investigadora titular en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN y miembro del SNI nivel III.

“En la academia se desarrollan códigos éticos y siempre ha habido una evaluación sustentada y rigurosa. El cambio en el reglamento es una reiteración de cosas implícitas”. Pero lo que es cierto es que el caso Gertz abriría la puerta para más quejas alegando “discriminación”.

Sin embargo, de acuerdo a la definición de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “se entenderá por discriminación cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación”.

En este caso sí existe un trato diferenciado, pero con base a un reglamento. Es decir, no todos los que aspiren a ser parte del Sistema Nacional de Investigadores –el  mecanismo de reconocimiento para los científicos más prolíficos– podrían hacerlo pues deben cumplir una serie de requisitos.

La Ley de Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que “no se consideran discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos”.

Al preguntarle a César Flores, titular de Quejas del Conapred,  si el sistema de distinción del SNI entraría en dicha consideración, respondió que “no es aplicable” al caso de Gertz, pues “se demostró durante la investigación que aplicaba de manera subjetiva, arbitraria, poco clara las excepciones que establecía la normativa del SNI, y califica como un acto de discriminación. Discriminar también es tener una preferencia que no cumple con los parámetros de racionalidad”.

Esto significa, explicó Flores “que se rompió con el criterio de objetividad” que derivó en un trato diferenciado hacia Gertz. “Quedó demostrado de cuántas excepciones se aplicaron y lo que le estamos diciendo al Conacyt es que en el momento en que esta persona fue rechazada, había estos criterios de excepción y no eran claros”.

Sin embargo, Ximena Medellín, investigadora del CIDE, advierte que en todo caso “este sería un problema administrativo, pero no de discriminación”, porque la legislación establece como acto de discriminación aquello que anule los derechos por razón de origen étnico, religión, condición social, económica o jurídica, estado de salud, apariencia física, y “Gertz no puede decirse que se encuentra dentro de estos grupos”.

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