Biden cruzó peligrosa línea al decir que Putin ‘no puede seguir en el poder’
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Rusia y Ucrania: por qué Biden cruzó una peligrosa línea al comentar que Putin 'no puede seguir en el poder'

Las declaraciones fuera de guion del presidente estadounidense sobre su homólogo ruso han tensado las relaciones entre ambos países.
28 de marzo, 2022
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El presidente de EU, Joe Biden, hizo la semana pasada una serie de declaraciones fuera de guion que elevaron la temperatura de las relaciones entre su país y Rusia.

Su comentario improvisado el sábado en la parte final de lo que en Polonia consideraron un “gran discurso”, cuando sugirió la destitución del presidente Vladimir Putin, pudo haber tenido graves consecuencias.

En su discurso ante una multitud de funcionarios y dignatarios del gobierno polaco en el Castillo Real de Varsovia, el presidente de EE.UU. advirtió una vez más que el mundo se encuentra en medio de un conflicto decisivo en nuestra era entre democracias y autocracias.

Prometió que la OTAN defenderá “cada centímetro” del territorio de sus estados miembros. También que brindará un apoyo continuo a Ucrania, aunque señaló que el Ejército estadounidense no se enfrentará a las fuerzas rusas allí.

Fue un discurso de confrontación, aunque mesurado, en línea con el que mantienen desde hace meses las autoridades estadounidenses, comenzando por el secretario de Estado, Antony Blinken.

Al final, justo antes de los agradecimientos y la despedida, Biden comentó sobre su homólogo ruso: Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder”.

Ahí estalla la bomba.

“Este discurso, y los comentarios referidos a Rusia, son asombrosos, por usar términos educados”, declaró el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov. Biden, afirmó, “no entiende que el mundo no se limita a Estados Unidos y gran parte de Europa”.

Putin y Peskov

Getty Images
Peskov, portavoz del gobierno de Putin, criticó el comentario de Biden.

Y entonces EE.UU. recula.

“El punto del presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región”, alegó un funcionario de Washington. “No estaba debatiendo el poder de Putin en Rusia, o un cambio de régimen”.

La línea entre condenar y pedir un cambio de régimen

La rapidez con la que se emitió la “aclaración”, de la que luego se hizo eco Blinken, sugiere que el gobierno de EE.UU. comprende el peligro inherente de las palabras de Biden.

Horas antes el presidente de Estados Unidos había llamado “carnicero” a Putin; y la semana pasada pareció adelantarse al procedimiento diplomático de su propia administración al acusar al líder ruso de crímenes de guerra.

En ambos casos los comentarios de Biden provocaron condenas y advertencias de Moscú de que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia se estaban deteriorando hasta el punto de ruptura.

Hay una línea entre condenar al líder de una nación -la retórica a veces sobrecalentada de la diplomacia- y pedir su destitución; una línea que tanto los estadounidenses como los soviéticos respetaban incluso en el apogeo de la Guerra Fría; una línea que Biden, en principio, ha cruzado.

Frecuentemente se acusa a los países poderosos de imponer a los débiles un “cambio de régimen”.

Esto, sin embargo, no suele ser lo que una nación con armas nucleares exige a otra.

El domingo incluso algunos aliados de Estados Unidos intentaban distanciarse de los comentarios de Biden.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el líder estadounidense estaba poniendo en peligro las negociaciones de armisticio entre Rusia y Ucrania.

“Queremos detener la guerra que Rusia ha creado en Ucrania sin una escalada”, afirmó. “Si esto es lo que queremos hacer no debemos agravar las cosas, ni con palabras ni con acciones”.

En Washington, los líderes del Congreso también expresaron su preocupación. El republicano de Idaho Jim Risch, el de mayor rango en su partido en el comité de relaciones exteriores del Senado, calificó los comentarios de Biden como una “horrible metedura de pata”.

“Dios mío, desearía que lo ciñeran al guion”, declaró. “Decir, o incluso como hizo él, sugerir que tu política es de cambio de régimen, causa un gran problema. Esta administración ha hecho todo lo posible para detener la escalada. No hay mucho más que puedas hacer para aumentarla que pedir un cambio de régimen”.

Un historial de comentarios improvisados

Joe Biden y Barack Obama en 2012

Getty Images

Es conocida la tendencia de Biden a hacer comentarios improvisados que pueden ponerlo en situaciones difíciles.

Estos han dañado anteriores candidaturas presidenciales y en ocasiones han sembrado la frustración entre los funcionarios de la administración Obama cuando era vicepresidente. Sin embargo, tales comentarios no son del todo accidentales. Pueden revelar lo que siente Biden aún si su cabeza -y las de quienes lo rodean- preferirían que se callara.

A veces son una fortaleza política, escribe Tom Nichols de la publicación The Atlantic, que permite a Biden conectarse auténticamente con las emociones del pueblo estadounidense.

Pero en este momento actual de crisis diplomática, cuando unas palabras mal elegidas pueden acarrear consecuencias importantes, también se consideran una debilidad.

“Es difícil culpar a Biden por no contener su conocido temperamento después de hablar con las personas que han sufrido la barbarie de Putin”, escribe Nichols. “Pero las palabras de todos los líderes mundiales importan en este momento, y ninguna más que las del presidente de Estados Unidos”.

Es posible que Biden crea que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están tan dañadas que no se repararán mientras Putin esté en el poder. Sin embargo, decirlo explícitamente podría dificultar el objetivo inmediato de Estados Unidos: poner fin a la guerra en Ucrania y preservar la integridad territorial de la nación.

La guerra en Ucrania no transcurre como Putin pretendía. Su ejército está atascado en amargos combates y las bajas van en aumento. Su economía está sufriendo el peso de las sanciones económicas. Rusia está cada vez más aislada del resto del mundo.

La situación tiene potencial para llevar a la desescalada que piden EE.UU. y sus aliados, pero también podría hacer que Putin se desespere más. Y si el líder ruso cree que su poder está en juego, y piensa que EE. UU. persigue ese objetivo de forma abierta, es posible que el giro que tome la crisis a partir de ahora no sea precisamente el de la paz.


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Daniela Díaz | @_danichi y Andrea Paredes | @driu.paredes

Estados y municipios apuestan a botones de pánico contra violencia de género; fallas institucionales dificultan su operación

En el Edomex y en Jalisco, autoridades promueven el uso de botones de pánico como una de sus principales acciones contra la violencia hacia las mujeres, pero tienen limitaciones técnicas, no son claros los criterios con los que se entregan y no se evalúa su efectividad.
Daniela Díaz | @_danichi y Andrea Paredes | @driu.paredes
Por Tania Casasola y Siboney Flores
12 de marzo, 2022
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A Renata Martinely, de solo 13 años, la mataron en el lugar donde debía estar segura: su propia casa, ubicada en Ixtapaluca, Estado de México. Desde 2020, cuando hallaron su cuerpo con signos de violencia, su mamá y su abuela tienen que cargar a todos lados una cajita negra: un botón de pánico que —según las autoridades— las ayudará a estar más seguras. 

Este dispositivo es una medida de protección que se brinda a mujeres víctimas de violencia o en riesgo. Tiene conexión satelital y envía alertas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo mexiquense (C4), lo que está pensado para generar una respuesta de auxilio inmediato.

Karen Martinely Reyes, mamá de Renata, se sentía en peligro después del crimen. Por ello, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad (CEAVEM) le dio un botón de pánico. Cuando este se activa, la policía le marca a su celular: si fue accionado por accidente, ella dice una palabra clave; si no hay respuesta, las autoridades envían patrullas que deben llegar a su ubicación en menos de cinco minutos.

El botón es recargable y tiene una funda que puede colocarse en la muñeca como una pulsera. Karen cuenta en entrevista que, en cuanto se apaga, la policía le marca. A su mamá le pasa seguido ya que olvida conectarlo a la corriente eléctrica porque casi siempre está en casa. 

Esta medida de protección ha sido adoptada por autoridades del Estado de México, Jalisco y otras entidades para enfrentar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, ciudadanas y especialistas consultadas por Animal Político advierten fallas y límites en su funcionamiento.

A Karen, el botón no le da más tranquilidad. Piensa que algo más discreto como una pulsera o un anillo sería más efectivo. “En una situación de riesgo, te agarran desprevenida y ni tiempo de sacarlo y apretarlo; lo único bueno es que pueden saber tu última ubicación”, asegura.  

Hasta ahora, ni ella ni su mamá han tenido la necesidad de activarlo y no saben con certeza si es útil en una emergencia. El Estado ya les falló una vez, cuando ella presentó una denuncia contra su expareja por acoso hacia su hija y las autoridades no hicieron seguimiento ni la protegieron. Cinco meses después, su expareja mató a Renata.

El Edomex presiona el botón

En el Estado de México, los botones de pánico son uno de los mecanismos implementados contra la violencia de género. La entidad tiene una alerta vigente por feminicidio y, pese a ello, la incidencia de este delito no ha parado. En 2021, tuvo la mayor cantidad de feminicidios en el país, con 146 víctimas, y en enero registró 14, la cifra más alta entre las 32 entidades, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Durante su campaña en 2017, el gobernador Alfredo del Mazo se comprometió a fortalecer las acciones para evitar feminicidios y desapariciones de mujeres, principalmente en los 11 municipios con alerta de género. Prometió cámaras de vigilancia en el transporte público, unidades rosas exclusivas para mujeres en las principales rutas y botones de pánico portátiles o pulseras SOS. 

Cada vez más municipios se suman a la compra de estos dispositivos, aunque no se sabe si realmente funcionan porque no existe una evaluación de sus resultados, coinciden especialistas. 

De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los botones de hecho no están contemplados dentro de la alerta de género del Edomex, nunca se han evaluado y no se sabe cuántos se han entregado. Hay casos documentados en los que la autoridad no responde, el botón no tiene señal o la víctima teme usarlo porque desconfía de la policía. 

“Por la experiencia, no es algo que se esté recomendando en los estados. En los estados, a veces por gastar dinero dicen que tienen sus botones y los presumen, pero realmente no hemos tenido mayor conocimiento de su efectividad”, alerta la especialista.

La experiencia en los municipios mexiquenses

En 2021, Naucalpan repartió pulseras con botón de pánico. Este programa fue dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a adultas mayores solas susceptibles de sufrir maltrato o de una emergencia médica.

La adquisición de los dispositivos se realizó mediante licitación pública, pero solo una empresa participó. Cada dispositivo costó 540 pesos sin IVA y en total se invirtieron 3 millones 499 mil 956 pesos por 5 mil aparatos. 

Para que estas pulseras funcionen, es necesario que las mujeres tengan un teléfono inteligente, conexión Bluetooth e internet para lograr enlaces al C4. 

Daniela Villegas Mercado, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, advierte que esto implica limitaciones. Algunas son que no todas las personas tienen acceso a internet o celular, y si lo tienen, muchas solo tienen plan para llamadas.

La especialista señala que el programa no toma en cuenta si la persona puede pagar un plan con internet o si hay acceso gratuito en su zona o, en el caso de las adultas mayores, si saben usar la tecnología. Además, en una situación de riesgo, la víctima se puede bloquear: “En ese momento, no te vas a poner a activar el Bluetooth, creo que es un poco compleja su utilidad en una emergencia”. 

Igual que Naucalpan, Tlalnepantla tiene alerta de género y en noviembre de 2020 puso en marcha el programa de pulseras SOS. Estas tienen un botón de pánico que ante una emergencia conecta con la policía de género —que da asesoría y acompañamiento a las mujeres que deseen denunciar—, con el sector policiaco más cercano y con contactos de confianza previamente registrados. 

Esta pulsera, que también puede utilizarse como llavero, se entregó a víctimas de violencia de género con medidas de protección emitidas por la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género. El programa fue coordinado por la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla y el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género, ahora Dirección de la Mujer. 

En ambos casos se busca una respuesta inmediata de la policía, pero existe otro problema: no es fácil transitar por colonias del Edomex ni que la policía llegue tan rápido a una ubicación. 

“El mecanismo no lo veo muy funcional, dice que la policía va a llegar en menos de cinco minutos una vez que se active la pulsera, pero me parece totalmente falso. Muchas veces, donde está la policía está muy lejos y para llegar es difícil; entonces, no se toma en cuenta el espacio territorial, cómo está el espacio geográfico, particularmente en el Edomex, territorio conocido como ‘la periferia’, donde la movilidad es complicada”, dice Villegas. 

No se sabe qué tan rápido llega la policía porque no hay una evaluación al programa, señalan las especialistas. Además, coinciden en que la compra de estos dispositivos está principalmente relacionada con fines políticos y con la intención de mejorar la imagen del gobierno en turno: se busca mostrar que se trabaja por las mujeres, pero cuando cambia la administración el programa se abandona.

Entre 2020 y 2021, Ecatepec, Chalco, La Paz, Neza y Chimalhuacán también se sumaron a entregar estos botones o a lanzar aplicaciones de alerta. Pero tan solo en enero pasado, cuatro de los 11 municipios con alerta de género y botones de pánico registraron feminicidios: Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Valle de Chalco. 

En 2021, Neza registró 10 carpetas de investigación por este delito; Naucalpan, nueve; Ecatepec, nueve; Toluca, seis; Tultitlán, seis; Chimalhuacán, cinco; Tlalnepantla, cuatro; Ixtapaluca, cuatro; Cuautitlán Izcalli, cuatro; Valle de Chalco, tres, y Chalco, otras tres. 

Sin embargo, no hay información pública sobre cuántos botones o pulseras se han entregado en esos municipios y de los criterios para otorgarlos. En ocasiones, la CEAVEM los da como mecanismo de protección; en otras, los dispositivos los entrega la policía local, el instituto o la dirección de la Mujer de cada municipio. 

Las expertas señalan que el otorgamiento del dispositivo no depende de criterios sistematizados ni institucionales; por lo contrario, se fundamenta en criterios personales, además de que no existe coordinación entre las instancias procuradoras de justicia, las que implementan el programa y las asistenciales. 

“(Es importante) generar mecanismos en los cuales las instituciones estatales y municipales responsables rindan informes certeros de las acciones implementadas, su funcionalidad y sobre todo su impacto en la realidad de la entidad, para poder ser monitoreados a través de las instituciones federales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, y puedan ser constatados por la población en general”, destaca el OCNF. 

Animal Político buscó entrevista con la CEAVEM, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

La alerta de género

A seis años de que se decretó la Alerta por Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, en ninguno de los 11 municipios se ha desactivado y no existe una evaluación sistemática.

Las políticas públicas contra la violencia de género no se evalúan de forma efectiva y una de las razones es que la ley no es clara en cómo hacerlo. “La alerta de género siempre ha sido un mecanismo incómodo, con muchas resistencias en los gobiernos y en el mismo Congreso, porque es un mecanismo en el que se requiere evaluar resultados y es lo que no se ha hecho hasta ahora”, dice María de la Luz Estrada, del OCNF. 

El último seguimiento que se hizo en el Edomex ocurrió en 2018. Según el Reporte de Análisis de los Procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 22 entidades con declaratorias en el país, en solo 14 se han emitido dictámenes de evaluación.

En el caso del Edomex, a seis años y siete meses de la declaratoria por feminicidio, no se cuenta con un dictamen y actualmente un grupo interinstitucional trabaja en la construcción de indicadores para evaluar su cumplimiento. Respecto de la declaratoria en la entidad emitida en septiembre de 2019, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, tampoco hay dictamen y solo se han realizado reuniones de trabajo con autoridades y organizaciones civiles.

De acuerdo con María de Luz Estrada, la alerta respondió a una realidad nacional: la ausencia casi generalizada de una agenda pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas. 

Ha ayudado a visibilizar el problema, a que las instituciones se reorganicen para plantear políticas públicas y a que se impulsen cambios legislativos. Sin embargo, su funcionamiento se ha visto limitado por falta de aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la parcialidad de la reglamentación y la insuficiencia de los recursos asignados a las instituciones.

En varios puntos se ha avanzado, destaca la coordinadora del OCNF, pero también hay varios pendientes. Por ejemplo, implementar un mecanismo ágil para otorgar órdenes de protección; integrar y actualizar adecuadamente el Banco de Datos del Estado de México sobre casos de violencia contra mujeres; tener unidades de género que de manera coordinada operen en todas las instituciones del gobierno estatal, y contar con un programa único de capacitación de funcionarios, sensibilización, formación y profesionalización en derechos humanos de las mujeres. 

Los “pulsos” de Jalisco

Para disminuir la violencia feminicida, los municipios de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, tienen una política similar a la del Estado de México. Se trata del programa de “pulsos de vida”, que otorga dispositivos geolocalizadores a víctimas de violencia de género, con el fin de que puedan presionar un botón y hacer un llamado de auxilio a la policía municipal. 

Sin embargo, según testimonios recopilados por Animal Político, las autoridades insisten en que para acceder a ellos las víctimas tienen que realizar una denuncia formal y obtener una medida de protección, pese a que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que los ayuntamientos pueden otorgar esta u otras herramientas sin que haya denuncia de por medio.

Defensores de los derechos humanos señalan que esta traba viola los derechos de las mujeres y dificulta la prevención de feminicidios.

La ley, en su artículo 27, dice que las víctimas pueden acudir ante un juez municipal, el síndico del ayuntamiento o unidades administrativas —en este caso el Instituto de la Mujer— para solicitar ayuda, y las autoridades de oficio deben otorgar una orden de protección que puede abarcar diversos mecanismos. 

Por ejemplo, las víctimas pueden ser trasladadas a un alojamiento seguro junto con sus hijos; también se les puede dar custodia personal o domiciliaria, recursos económicos, atención médica o equipos electrónicos. Aquí entran los “pulsos de vida”.

Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), señala que las autoridades son omisas en la difusión de los derechos de la mujer. Si hicieran su tarea, “no se darían abasto con las órdenes de protección y, con ello, la entrega de ‘pulsos de vida’”.

Actualmente, la Comisaría de Zapopan tiene 454 “pulsos” y la de Guadalajara 300. 

Este medio cuestionó a ambos municipios sobre la negativa a otorgar órdenes de protección a víctimas de violencia de género, pero las autoridades dijeron que solo cumplen con la legislación municipal. Al hacerlo, evidencian que hay falta de armonización entre la normatividad federal y la local, situación que afecta a las mujeres.

Desde octubre de 2021 cuando comenzó la actual administración hasta la fecha, los juzgados cívicos de Guadalajara solo han otorgado tres órdenes. 

“Nuestras órdenes de protección son de acompañamiento, máximo se pueden extender hasta 72 horas, estas deben de ser de acompañamiento al Centro de Justicia para la Mujer. Ya que si nos vamos a las facultades inherentes de cada autoridad, solo somos una autoridad administrativa”, dijo César Camacho Garibaldi, responsable de los juzgados cívicos de Guadalajara. 

“Estas órdenes que expedimos nos ayudan a la prohibición de que el agresor se acerque a la víctima, la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier cosa y la prohibición de intimidar o molestar a la misma víctima, estas órdenes de protección son de carácter emergente”.

El reglamento de justicia cívica en efecto señala lo expuesto por el funcionario, pero contraviene la ley general, que debe ser el parámetro e indica: Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Deberán expedirse de manera inmediata”. 

Carmen Prudencio González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, dijo que la dependencia no entrega órdenes de protección porque la ley municipal indica que solo los jueces municipales tienen tal obligación. Sin embargo, la ley general, en su artículo 27, dice que las órdenes “deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes”. 

Sandra Quiñones, de CLADEM, y Rodolfo Domínguez Márquez, coordinador de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, coinciden en que la ley general sí enmarca al instituto en esta responsabilidad. 

Mientras, el ayuntamiento de Zapopan respondió que fue hasta diciembre que los jueces municipales tuvieron la facultad de emitir órdenes de protección, pero previamente debe existir una denuncia en la fiscalía estatal, algo contrario a lo marcado en la ley general. Además, el municipio asegura que a la fecha nadie ha solicitado una orden.

Sin un mecanismo transparente

Otro problema está en que, independientemente de si las víctimas tienen una orden de protección otorgada por autoridades municipales o una medida de protección otorgada por el Centro de Justicia para las Mujeres, deben ir a la comisaría municipal y el área de atención a violencia de género evaluará si son acreedoras a un “pulso de vida” u otros mecanismos.  

Sandra Quiñones, de CLADEM, y Rosa María Gónzalez, de Parité, señalan que este mecanismo no es de conocimiento público. 

González considera que el “pulso de vida” es un avance, pues antes no había algo similar que permitiera un llamado de auxilio inmediato. No obstante, advierte que hay fallas, como que en ocasiones los dispositivos no enlazan la llamada de emergencia o envían una localización errónea.

Agrega que esto solo debe ser un primer paso y no la única herramienta de los municipios. “Debe existir un sistema integral para atender a las mujeres víctimas de violencia. Esto solo es una medida compensatoria, también debe de haber medidas preventivas para disminuir la violencia y para trabajar las violencias de los agresores”. 

Quiñones señala que las medidas deberían implicar la vigilancia del agresor. “Al final, el dispositivo pone la responsabilidad a las mujeres de que no mueran, ellas deben estar encerradas, ellas deben de estar alertas y el agresor en la calle, de nuevo ponen como responsable a la mujer si sufre una agresión”. 

Los “pulsos” también son entregados en otros 18 municipios del estado, como Tlaquepaque, Tlajomulco, Ocotlán, Puerto Vallarta y Tepatitlán. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), los dispositivos han sido comprados gracias a la bolsa estatal de la Estrategia Ale, que busca beneficiar a municipios para que fortalezcan sus unidades policiales que atienden a mujeres. 

Los “pulsos” son la herramienta estrella del gobierno contra la violencia de género, pero la coordinadora de CLADEM señala que un error de las autoridades es haberla promocionado mediáticamente. 

“Los ‘pulsos de vida’ fueron fotografiados, los municipios los mostraron, y si el agresor ve eso en una mujer, se lo va a quitar, obvio, sobre todo si viven violencia extrema. ¿Y por qué (las autoridades) lo anuncian? Porque es algo muy tangible y cubre las ausencias de otros mecanismos o la falla de mecanismos que existen pero no funcionan, porque para eso necesitas meterle mucho más dinero que lo que cuestan unos ‘pulsos de vida’ y voluntad política, que no tienen ni los municipios ni el estado”, dice Quiñones. 

En el marco del 8 de marzo, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien también fue alcalde de Zapopan, dijo que los municipios trabajan para coordinar el trabajo de los “pulsos”, que pone a disposición de otros ayuntamientos asesoría y capacitación, y que ya se piensa en poder implementar dispositivos para localizar a los agresores. 

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