Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra
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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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Gobierno de Puebla reconoce la muerte de tres pobladores de Coyomeapan, tras enfrentamiento con policías

El gobierno de Miguel Barbosa tardó dos días en reconocer que en el enfrentamiento de Coyomeapan perdieron la vida tres personas, uno de ellos menor de edad.
12 de mayo, 2022
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Un enfrentamiento entre pobladores y policías en Coyomeapan, Puebla, dejó tres personas muertas, saldo que primero negó el gobierno de Puebla, y dos días después reconoció.

El movimiento de resistencia indígena Unidad por Coyomeapan acusó que el pasado 9 mayo, en el entronque de Zoquitlán a Coyomeapan, los policías cerraron el paso a los vehículos donde viajaban los dirigentes del movimiento indígena que tienen tomada la cabecera municipal y ahí comenzó el ataque.

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, dijo que los policías acudieron al lugar luego de que una persona alertó sobre una camioneta roja en donde venían personas armadas; aseguró que ese día hubo una agresión en contra de policías estatales por parte de un grupo de hombres que portaban armas de distintos tipos y calibres.

“El conductor de una camioneta embistió a dos patrullas y posteriormente, en diversas ocasiones, se abrió fuego por parte de los agresores, lo cual fue repelido por la autoridad”, aseguró.

Los habitantes afirmaron que tras los hechos murieron tres personas, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla aseguró que no hubo fallecidos, sino siete habitantes heridos y que fueron los civiles quienes comenzaron la agresión.

“Al momento de salir del lugar de los hechos, no se tenía la determinación de que alguien hubiera perdido la vida, se tenían identificadas personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, pero no teníamos identificado que alguien hubiera perdido la vida en ese lugar”, dijo Cruz Luna en conferencia de prensa.

Tras las contradicciones y luego de haber negado la muerte de tres personas, el Gobierno de Puebla reconoció, dos día después, el saldo del conflicto.

En su cuenta de Twitter, Barbosa lamentó los hechos y aseguró que se investigará para saber qué fue lo que  ocurrió.

“Hechos en los que fallecieron 3 personas del sexo masculino, 2 adultos y un menor de edad, además de al menos 4 heridos y, se compromete a coadyuvar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los mismos, con estricto apego a la ley”, escribió.

Barbosa pidió que organizaciones de derechos humanos también intervengan en la investigación para esclarecer los hechos.

 

Aseguró que hay “ingobernabilidad” en esa localidad y que la obligación de su gobierno es hacer prevalecer el estado de derecho.

Horas antes, integrantes del colectivo Unidad por Coyomeapan, exigieron al gobierno de Puebla que se haga justicia por el asesinato de tres de sus compañeros por parte de la policía estatal.

De acuerdo con lo narrado por parte del colectivo, cerca de 16 personas regresaban de la comunidad de Iztaxochitla, cuando en el camino se encontraron varias unidades de la Policía Estatal, una de ellas con las llantas ponchadas e inmediatamente comenzó a dispararles directamente.

“Eran como 60 estatales, nosotros vimos sus uniformes. Nos empezaron a disparar, hubo tres muertos y nuestros compañeros heridos; y sanguinariamente los estatales nos trataron como animales, no como seres humanos. Empezaron a detonar sus armas; a un compañero lo asesinaron en su auto, a otros los golpearon y nosotros solo pudimos correr hacia el monte”, narró Heriberto Martínez, uno de los testigos, en conferencia de prensa.

Los pobladores afirmaron que los fallecidos son: un campesino de 15 años de edad, identificado como Omar Herrera; Marcelo Carrera, albañil; y el agricultor Teófilo Barrera.

Los pobladores pidieron una mesa de diálogo para tratar de pacificar el municipio, el cual ha tenido diversos conflictos porque algunos habitantes ya no están de acuerdo con lo que señalan como “cacicazgo” que ejerce la familia Celestino.

Desde hace 11 meses, los habitantes del municipio se organizaron en guardias comunitarias para impedir que asuma como alcalde Rodolfo García López, quien ganó la elección del pasado 6 de junio y que forma parte de una familia que se ha alternado en la presidencia municipal desde hace más de diez años.

Por ellos, habitantes agrupados en el colectivo Unidos por Coyomeapan cerraron los accesos a la localidad, mantienen guardias comunitarias y aseguran que están en un proceso de búsqueda de autonomía.

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