Sinovac: por qué en Indonesia piden una tercera dosis de vacuna
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Getty Images

Sinovac: la emergencia por la que expertos en Indonesia piden una tercera dosis de esta vacuna china

Desde febrero han muerto al menos 30 médicos y enfermeras que ya habían recibido dos inyecciones de la vacuna china en un país que registra más de 20 mil nuevos contagios al día.
Getty Images
5 de julio, 2021
Comparte

Al menos 20 médicos y 10 enfermeras en Indonesia murieron entre febrero y junio de este año, a pesar de estar vacunados con dos dosis contra la COVID-19, según la asociación de los trabajadores de la salud del país.

Los expertos están haciendo ahora un llamado para que estos reciban una tercera dosis de Sinovac (la vacuna china que también se administra en Chile, Uruguay y varios otros países de América Latina), mientras Indonesia lucha contra un aumento en las infecciones impulsado por nuevas variantes.


En la entrada de un centro de vacunación en las afueras de Yakarta, cientos de personas empujan para entrar. Un guardia les dice que tengan paciencia, que adentro no hay espacio.

Menos del 8% de la población(250 millones) de Indonesia ha sido vacunada y con un aumento dramático de casos, impulsado por nuevas variantes como la delta, la gente está desesperada por obtener protección.

Dentro, el alcalde local, Arief Wismamsyah, explica que ha habido un malentendido: deben registrarse antes de acercarse, dice.

Afuera, por un altavoz, los guardias le dicen a la gente que se vaya a la casa… pero nadie se mueve.

“Ningún efecto”

Actualmente Indonesia registra más de 20,000 nuevos casos de COVID-19 por día, aunque los expertos dicen que la cifra es con toda probabilidad mucho mayor, dado que no se hacen suficientes pruebas fuera de la capital, Yakarta.

Multitud frente a un centro de vacunación en Denpasar, Bali, Indonesia, 26 de junio de 2021

Antara/Reuters
Las filas frente a los centros de vacunación son inmensas.

Pero incluso entre los inmunizados hay una creciente preocupación sobre cuánta protección les brindará la vacuna fabricada en China.

De los 949 trabajadores de la salud que murieron por COVID-19 en Indonesia entre febrero y junio, 20 médicos y 10 enfermeras habían recibido ambas dosis de Sinovac.

Los médicos se muestran reacios a hablar públicamente, pero admiten que se sienten muy vulnerables.

Una especialista en pulmones, que prefiere permanecer en el anonimato, es una de las que recibió sus dos dosis.

Después de un mes, dice que se hizo una prueba para verificar el nivel de anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en su cuerpo.

“No tuvo ningún efecto. Esta vacuna no me generó anticuerpos“, le dijo al servicio indonesio de la BBC. “La hice de nuevo un mes después y obtuve los mismos resultados”.

Reconoce que algunos de sus colegas obtuvieron mejores resultados, pero en ella, la vacuna Sinovac tuvo poco o ningún efecto, remarca.

Ensayos

La Sinovac fue aprobada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indicó que los resultados habían mostrado que previno la enfermedad sintomática en el 51% de las personas vacunadas.

También señaló que la vacuna previno los casos graves de COVID-19 y la hospitalización en el 100% de la población estudiada.

Médicos en Indonesia

EPA
Los trabajadores de la salud comenzarón a ser vacunados con Sinovac en enero.

Sinovac Biotech, que fabrica la vacuna, insiste en que dos dosis son suficientes para ofrecer protección contra los casos graves de la enfermedad.

La farmacéutica informó que está realizando ensayos clínicos sobre la eficacia de una tercera inyección y afirma que los primeros resultados son alentadores.

“Después de dos inyecciones, nuestro cuerpo ya ha producido una memoria inmune. En cuanto a en qué casos se necesitará la tercera inyección, hay que darles a los investigadores más tiempo para estudiarlo”, dijo recientemente Yin Weidong, CEO de Sinovac a la Televisión Central de China.

Yin explicó que cuando los voluntarios que habían sido doblemente vacunados con la vacuna Sinovac recibieron una tercera inyección después de tres y seis meses, la respuesta de anticuerpos llegaba a multiplicarse por 10 en una semana y por 20 en 15 días.

El equipo de mitigación de riesgos de la Asociación Médica de Indonesia dice que cree que, en general, cualquier vacuna aprobada por la OMS y las autoridades indonesias está ayudando a reducir el riesgo de COVID-19 grave.

Pero ahora está evaluando si los trabajadores de la salud deberían recibir una dosis adicional.

Debate sobre la tercera dosis

Dicky Budiman, epidemiólogo de la Universidad Griffith, en Australia, se encuentra entre los que apoyan la medida.

“En este momento en el que nos enfrentamos a una ola impulsada por nuevas variantes, es muy urgente que reciban un refuerzo. Es necesario potenciar la efectividad de la vacuna Sinovac y aumentar los anticuerpos frente a variantes como la delta uno”, opina.

Sinovac

EPA
Indonesia confía en la vacuna Sinovac para frentar el avance de la pandemia.

Tri Yunis Miko, epidemiólogo de la Universidad de Indonesia, dice que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, y recuerda que han pasado seis meses desde enero, cuando los trabajadores de la salud recibieron sus vacunas en el país.

Pero Windhu Purnomo, profesor de la Universidad de Airlangga, también en Indonesia, se pregunta si tiene algún sentido recibir una tercera dosis.

“Hemos visto varios casos de trabajadores de la salud que murieron y que estaban completamente vacunados. Eso no debería haber sucedido”, dice.

“Si la vacuna Sinovac de hecho no protege a las personas contra nuevas variantes, entonces la administración de terceras dosis no será de utilidad”.

Siti Nadi Tarmizi, portavoz del gobierno de Indonesia para el lanzamiento de la vacuna, dice que están esperando más información.

“En relación a la sugerencia de una tercera dosis de la vacuna, no ha habido publicaciones científicas ni recomendaciones adicionales de la OMS al respecto. Por lo tanto, debemos esperar”, dijo.

“Tenemos nuestro propio equipo de investigación que se encuentra en la tercera fase de un ensayo clínico que analiza la eficacia de la vacuna Sinovac después de dos dosis. Esto nos proporcionará información sobre si necesitamos agregar una tercera inyección de refuerzo”.

“Al borde de una catástrofe”

Indonesia ha tenido el peor brote de COVID-19 del sudeste asiático, con alrededor de 2.1 millones de casos positivos y 57,000 muertes hasta la fecha.

ICU ward for COVID-19 patients at a government-run hospital in Jakarta, 26/06/2021

Reuters
Las nuevas variantes están propiciando un aumento en el número de casos en el país.

El mes pasado, la Cruz Roja de Indonesia describió la situación del país como “al borde de una catástrofe de COVID-19”, con hospitales llenos y suministro de oxígeno a niveles críticamente bajos.

El número de niños que contraen COVID-19 casi se ha triplicado desde mayo, y las muertes infantiles han aumentado drásticamente a medida que el país sufre la ola de infecciones más grave hasta el momento.

El presidente Joko Widodo anunció recientemente que el gobierno administrará la vacuna a niños mayores de 12 años.

Y las autoridades anunciaron un cierre de dos semanas en la isla principal de Java así como en Bali, con el objetivo de reducir a la mitad el número de casos.

Mientras que otras vacunas pueden estar disponibles en Indonesia, como las de AstraZeneca y Sinopharm, la mayoría de las dosis ha sido suministradas por su aliado cercano, China.

Por ello, la realidad es que el gobierno tiene pocas opciones en este momento, aparte de continuar usando Sinovac.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Rj9JiCY49CE

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Cuartoscuro

Juez acusa filtraciones y negligencias en caso Gómez Mont; ordena abrir investigación

Datos precisos de la carpeta y los registros judiciales fueron revelados antes de que se autorizara la orden de captura de los implicados. Juez revela que no es la primera vez que ocurre con casos de delincuencia organizada.
Cuartoscuro
2 de marzo, 2022
Comparte

Un juez federal de Almoloya de Juárez acusó a funcionarios de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) de la FGR de haber filtrado públicamente datos y registros secretos relacionados con la investigación abierta en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos públicos con empresas fantasma.

La filtración de los datos (a los que solo tenían acceso los fiscales) ocurrió antes de que se giraran las órdenes de aprehensión en contra de estas personas por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que por su gravedad exigían el mayor de los cuidados no solo para prevenir la fuga de los implicados, sino para no poner en riesgo a las autoridades responsables del caso.

El juez Iván Aarón Zeferín Hernández reveló que no es la primera vez que esto ocurre y, sin embargo, acusó que la Fiscalía ha sido negligente al no frenar ni castigar esta situación. Por ello ordenó a la Fiscalía General de la República la inmediata apertura de una indagatoria en contra de los funcionarios que resulten responsables de haber quebrantado la secrecía de los datos.

Dichas irregularidades y omisiones fueron reportadas por el juez en una misiva firmada por el mismo y enviada al subprocurador de la SEIDO Alfredo Higuera Bernal. La carta, a la que este medio tuvo acceso, fue anexada a la resolución en la que el juez autorizó girar las órdenes de captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga por su supuesta participación en una operación criminal, con la que se lograron desviar más de 2 mil 500 millones de pesos de recursos federales en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El juez hizo notar que desde el 10 de septiembre de 2021 diversos medios de comunicación habían informado —erróneamente— que existía una orden de captura en contra de la referida pareja y otras personas, una situación que no ocurrió hasta dos días más tarde. El problema no fue solo que se diera como un hecho algo que todavía no pasaba, sino que además en la información filtrada había datos precisos que sí correspondían a la carpeta de investigación. Incluso se dio a conocer el número de registro que el juzgado le había asignado a este asunto cuando recibió la solicitud de emisión de las órdenes de captura por parte de la SEIDO.

Se trata de datos que, debido al momento procesal en el que fueron filtrados, solamente tenían acceso a ellos los fiscales responsables del caso y el propio juez que recibió el asunto. Una situación que además parece no ser un caso aislado, ya que con antelación a este caso ya ha venido ocurriendo.

“No es la primera vez que los jueces de este centro de justicia se encuentran con situaciones similares, donde salen a relucir datos especialmente sensibles y exactos de los procesos penales a los medios de comunicación o a otras personas y que deberían ser de sigilo, en términos del artículo 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indica el juez en su carta.

Zeferín Hernández le señala al subprocurador que, si bien existe la libertad de prensa y el derecho a la información, los servidores públicos responsables de una indagatoria ministerial están obligados a guardar reserva de dicha investigación y más cuando se trata de una relacionada con “delincuencia organizada”, un delito de régimen especial.

La situación es particularmente agrave, agrega el juez, porque dicha situación ya había sido advertida a la SEIDO sin que se tomara ninguna acción para prevenir que esto continuara ocurriendo.

“Ninguna persona ha investigado un hecho tan sensible y delicado, tanto para las partes, como para las autoridades que intervienen en un proceso (…) Lo anterior, en el entendido de que este juzgador ha hecho llamamientos a la autoridad ministerial con antelación al respecto y los resultados han sido infructuosos”, indicó el juez.

En ese contexto el juez determinó dar vista (notificar oficialmente) al titular de la FEMDO para que ordene la apertura de una carpeta de investigación en contra de los funcionarios que resulten responsables del delito de quebrantamiento de la reserva de información y lo que resulte.

Animal Político solicitó a la FGR conocer un posicionamiento sobre esta situación, además de los posibles avances de esta indagatoria, pero hasta el momento de publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Filtraciones e impunidad

La investigación por los presuntos desvíos millonarios de recursos públicos en el sexenio pasado, que estaban destinados a reforzar la seguridad en las cárceles federales, comenzó desde hace tres años sin que, hasta la fecha, se haya conseguido recuperar dichos recursos ni sentenciar a los implicados. La mayoría de los presuntos responsables se encuentra prófugos.

En 2019, la FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORP/FAM-CDMX/0001339/2019 por este caso, luego de que recibiera una denuncia anónima en la que se advertía que a través de dos contratos firmados en 2016 con una empresa fantasma denominada Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., la Secretaría de Gobernación había sacado del erario poco más de 2 mil 500 millones de pesos. 

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía los servicios que fueron contratados en realidad se simularon. En cambio, a través de más de mil 400 movimientos los recursos fueron triangulados a través de las cuentas bancarias de siete compañías fachadas para finalmente ser retirados casi en su totalidad.

En su investigación los fiscales sostuvieron que entre los beneficiarios finales de los recursos se encontraban Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. En el caso de la conductora de televisión detectaron que dos de las compañías fachada, Gupea Construcciones S.A. de C.V. e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V.  le habían transferido recursos por 14 millones 843 mil pesos.

Aunque el juez no validó que la pareja fuera la beneficiaria final de estos recursos, si consideró que había indicios iniciales suficientes para ordenar su detención junto con la de otras 10 personas más, entre ellos cinco exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y cinco accionistas y apoderados legales de las empresas fachada.

El pasado 20 de enero la FGR informó en un comunicado oficial que tres de los implicados ya se encuentran detenidos y procesados en un reclusorio federal, mientras que el resto (entre ellos Gómez Mont y Álvarez Puga) siguen prófugos, En contra de todos ellos se han girado fichas rojas de Interpol.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.