'Talibanes no aceptan justicia impartida por mujeres': la huida de jueza afgana
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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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Cuartoscuro

Con iniciativa ciudadana y amparo colectivo, buscan despenalizar aborto en Nuevo León; acciones legales se extienden a más estados

Hoy, en el 28S, el Congreso del estado recibirá una iniciativa ciudadana por la despenalización del aborto. Mientras, a través de amparos, activistas buscan que ese y otros estados garanticen el acceso a este servicio.
Cuartoscuro
Por Marcela Nochebuena 
28 de septiembre, 2022
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En el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito, activistas impulsan su despenalización en Nuevo León mediante un amparo colectivo y una iniciativa ciudadana que se presenta hoy; en tanto, ante la falta de acción de sus congresos estatales, más entidades se suman a la presentación de amparos.

Acompañadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), colectivas de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Sonora y Querétaro han interpuesto acciones legales para obligar a la homologación de los códigos penales estatales con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 declaró inconstitucional, de manera definitiva, la criminalización del aborto. Esta semana, además, se sumará Tabasco.

Con ello, serán dos terceras partes de las entidades del país donde el aborto ya ha sido despenalizado por los congresos o ya existe una acción legal para buscar la eliminación del delito por esa vía. Bajo ciertas condiciones, el aborto voluntario está despenalizado, mediante reformas legislativas, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur lo consiguieron este año; el último, gracias a una iniciativa ciudadana. En Coahuila, la despenalización se logró mediante la determinación de la SCJN de invalidar el artículo 196 del Código Penal local. 

Piden a jueces retomar criterio de la Corte

En los estados donde ya se han promovido amparos para buscar la despenalización del aborto mediante la homologación al criterio de la SCJN, un juez de distrito admite el asunto, debe estudiar la demanda y solicitar a las autoridades señaladas que rindan un informe justificado con su respuesta a la acción legal.

“Nosotras presentamos las demandas de amparo como organizaciones, colectivas y asociaciones justo con el objetivo de que en caso de ganar, que esperemos que así sea, se declare la invalidez del delito de aborto en todo el estado; a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los amparos individuales que únicamente protegen a una persona, cuando lo presentamos como colectivas o como organizaciones, podríamos lograr que aplique a todas las personas de la entidad”, explica Melissa Ayala, abogada en GIRE. 

Una vez que la autoridad presenta su respuesta, se le da tiempo al juez para estudiar la posición de demandantes y autoridades; las primeras tienen una segunda oportunidad de responder para que, con el panorama completo, la persona juzgadora emita una sentencia después de llevar a cabo una audiencia constitucional. Hasta el momento, los amparos que acompaña GIRE en los estados siguen en espera de resolución definitiva. 

La argumentación de las organizaciones y colectivas es que la acción de inconstitucionalidad 148/2017, en la que la SCJN dijo que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, es un criterio que tendría que aplicar en todos los estados.

“Estamos impugnando los delitos de aborto consentido en los estados en donde existe criminalización absoluta en el Código Penal; lo que le estamos solicitando a los jueces y a las juezas de distrito es que, usando la argumentación de la Corte, también declaren inconstitucionales estos tipos penales porque, efectivamente, no existe ninguna ventana de tiempo que le permita a las mujeres, niños y adolescentes y personas gestantes abortar”, señala Ayala.

El Código Penal Federal

Las demandas de amparo promovidas por GIRE incluyen también una interpuesta contra el delito de aborto previsto en el Código Penal Federal, porque en muchas ocasiones las instituciones de salud federales, como el IMSS y el ISSSTE, niegan el acceso al aborto en estados donde está despenalizado bajo el argumento de que dicho código se los prohíbe.

“Si bien es cierto que esto es falso, es decir, que de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Corte que ya emitió en el amparo en revisión 1388/2015 y con la acción de inconstitucionalidad 148/2017, se tendría que garantizar el acceso al aborto también en los servicios federales en aquellos estados donde ya se encuentra despenalizado, en general, porque es un servicio de salud, nos pareció importante también presentar estas demandas de amparo contra el Código Penal Federal porque de esta forma no habría ningún impedimento legal para que también el IMSS y el ISSSTE provean este servicio”, explica Ayala. 

A nivel federal, la despenalización del aborto también sigue pendiente, pero particularmente las reformas a la legislación en materia de salud para garantizar el acceso por parte de los servicios federales. A raíz de la resolución de septiembre de 2021 de la SCJN, 11 senadoras de todos los grupos parlamentarios —incluidos el PAN y el PES— presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

Patricia Mercado, una de las senadoras promoventes, dijo a Animal Político que dado que el delito de aborto es del fuero común y se persigue a nivel estatal, la despenalización en cada entidad es indispensable, por lo que la reforma más importante a nivel federal es a la Ley General de Salud, que permitiría garantizar el aborto como un servicio gratuito que tendrían que ofrecer tanto la Secretaría de Salud como el IMSS y el ISSSTE.

Ayala señala, como retos adicionales a destacar este 28 de septiembre, que además de la batalla que ha llevado muchos años para la despenalización jurídica, lo que sigue es lograr que se brinde el acceso efectivo, digno y sin discriminación al aborto como un servicio de salud más. 

“Es necesario hablar acerca de las barreras que están enfrentando las niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes cuando van a solicitar el servicio de aborto en los estados donde ya se despenalizó. Nosotras hemos tenido reuniones periódicas con las colectivas de los estados despenalizados, y en todas hemos encontrado que existen las mismas barreras: falta de insumos, de personal efectivamente capacitado para realizar abortos de una manera adecuada, falta de medicamentos para garantizarlo… Creemos que ese es el siguiente paso, desde GIRE ya estamos planeando estrategias jurídicas para lograr que se garantice el acceso para todas las personas que lo necesiten”, sostiene Ayala. 

Añade que, si cualquier colectiva, asociación u organización que se dedique a la defensa de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes quiere sumarse a la estrategia jurídica de GIRE, puede hacerlo a través del e-mail [email protected], y las redes sociales de la organización están abiertas para obtener el acompañamiento jurídico, médico y psicológico necesario. 

Nuevo León: activismo por la despenalización

Mientras diversas organizaciones y colectivas dan forma a un amparo colectivo que será promovido en Nuevo León en el transcurso de las próximas semanas, una iniciativa ciudadana se presentará hoy ante el Congreso local. Ambas medidas, con la finalidad de que el estado deje de penalizar el aborto. 

Vanessa Jiménez, de la red Necesito Abortar, explica que, tras ganar el primer amparo individual en el país en noviembre pasado, para una mujer que en ese momento no estaba embarazada ni siendo criminalizada, y cuya respuesta le permitirá no serlo en el futuro, con base en argumentos de derechos humanos, desarrollo de la libre personalidad y del derecho a decidir, esta vez se busca hacerlo de manera colectiva para garantizar el acceso general, no solamente a una persona.

“En el estado habemos muchísimas más mujeres que queremos buscar esa protección y esa garantía que obligue al Estado, a través de esta herramienta legal, a garantizar un proceso de aborto seguro y digno”, subraya. Jiménez recuerda que en marzo pasado su colectivo acompañó el caso de una mujer que quería abortar por una malformación del producto. Ante ello, le hicieron una solicitud a la Secretaría de Salud estatal aludiendo a las resoluciones de la SCJN y la respuesta fue que la dependencia no interpretaba derechos humanos y no le aplicaban las resoluciones de la Corte.

“Una iniciativa que nos acerque a lo que hay en Ciudad de México ya se queda corta, y creo que con las resoluciones de la SCJN tenemos que estar pensando en estrategias que deroguen el delito de aborto, que ya no pertenezca al Código Penal, pero todas las acciones suman; creo que lo más importante es que es visible, que desde varios puntos y varias colectividades haya este interés en que el aborto ya no sea un tema de criminalización, ni sea una situación por la que quienes lo viven tengan que pasar por vergüenza, ni tampoco sea algo que no forme parte de los servicios de salud”, subraya Jiménez. 

Paralelamente, la iniciativa que se presenta en el contexto de la conmemoración de este miércoles, suscrita por Julieta Jocabeth Martínez González, propone reformas a la Ley de Salud local, el Código Penal de Nuevo León y la Ley de Protección al Parto Humanizado a la Maternidad Digna. La propuesta para modificar los artículos 327, 328, 329, 330 y 331 del segundo eliminaría el delito sin limitación de tiempo. Únicamente se conservaría la penalización en el caso de abortos no consentidos o forzados. 

En tanto, “las instituciones de salud del estado procederán a realizar el servicio de aborto seguro, en forma gratuita y en condiciones de calidad”, tanto para lo permitido en el Código Penal como para la aplicación de la NOM-046 —que obliga a las autoridades de salud a nivel nacional a garantizar el aborto en casos de violación—, establece el documento en su propuesta de reforma al artículo 174 de la Ley de Salud local.  

“Estamos realizando una propuesta de reforma a una tercera legislación que se llama Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del estado de Nuevo León. Esta es un poquito extra, porque no tiene que ver con despenalizar o legalizar, pero sí con visibilizar que justo el aborto también es parte de esta protección que debe proveer el estado”, señala Martínez González. 

Aunque la activista independiente admite que el panorama en la Legislatura local es adverso, después del llamado del gobernador Samuel García al Congreso para que en la discusión para la nueva Constitución local proteja la vida desde la concepción, señala que es importante presentar el planteamiento con la finalidad de visibilizar, no soltar el tema y seguir promoviendo iniciativas, aunque inicialmente terminen en la “congeladora”. Hasta ahora, 300 personas y colectivos han firmado la propuesta.

Para Vanessa Jiménez, a pesar del avance social, las autoridades estatales no han evolucionado, con un gobernador que se declara abiertamente antiderechos, una Secretaría de Salud que desconoce la interpretación amplia de la SCJN y legisladores que se niegan a hacer cambios. “Estoy segura de que va a pasar sí o sí, quieran o no quieran; la realidad se impone a pesar de las negatividades, porque más allá de que el aborto sea un derecho para muchas, y un delito para otros, el aborto es una realidad”, dice.

“Esta fecha nos recuerda que no somos libres de decidir sobre nuestros cuerpos, que lo que buscamos es la autonomía, la independencia de elegir en qué momento parir o en qué momento no hacerlo, y queremos seguir trabajando desde las colectivas para seguir garantizando los servicios de los que el Estado aún no puede hacerse cargo”, concluye.

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